martes, 30 de junio de 2009

La patronal de autopistas cree que la crisis generalizará el peaje al tráfico de camiones en Europa

SANTANDER.- La crisis económica supondrá la generalización del peaje al tráfico de camiones, la denominada 'euroviñeta', que países como Alemania o Francia ya cobran a los camiones que transportan mercancías por carretera, según aseguró el presidente de la Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas (Aseta), José Luis Feito.

Feito apuntó que el cobro de dicha tasa ayudaría a financiar la construcción de nuevas infraestructuras, ya que, en su opinión, la crisis también acarreará la imposibilidad de atender en un futuro inmediato a las necesidades en esta materia sólo con gasto público.

En rueda de prensa, Feito, que participó en un encuentro sobre financiación de infraestructuras en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, recordó que España es actualmente "líder" en la oposición" a la 'euroviñeta'.

No obstante, el también presidente de la Comisión Fiscal de la CEOE, auguró que en dos o tres años ya no se hablará del rechazo a la 'euroviñeta', sino de la forma más precisa de implantarla.

En su opinión, sería "ridículo" que los transportistas españoles pagaran en el resto de los países esta tasa, que se destina al mantenimiento de las infraestructuras, y en España no.

La 'euroviñeta' se está implantando en distintas fases en la mayoría de países de la Unión Europea, donde además el sistema de peajes está bastante más generalizado que en España.

Feito recordó que el origen de la 'euroviñeta' era afrontar los gastos derivados del deterioro de las vías por la circulación de camiones de mercancías, y también sus efectos medioambientales.

Sin embargo, vaticinó que la situación de crisis económica supondrá la generalización de esta figura, con la que se podrían financiar tanto la construcción de nuevas infraestructuras como el mantenimiento de las ya existentes.

A su juicio, la deuda en la que han incurrido las administraciones, con unas finanzas "quebradas" por la crisis, dificultará la construcción de obra pública. "Va a ser imposible que el gasto público en un futuro inmediato pueda atender las necesidades de infraestructuras como en el pasado", señaló.

Por el contrario, sostuvo que los ingresos generados por la 'euroviñeta' en un año equivalen a todos las necesidades de renovación de las autopistas de primera generación, y que sólo la mitad serviría para reestructurar el sector del transporte, por lo que sería "positivo para la salud del sector".

Así, apuntó que "lo mejor" que se podría hacer es "preparar" el camino a la llegada de la 'euroviñeta' en las mejores condiciones posibles.

El Gobierno valenciano "no descarta ninguna fusión" entre cajas de la Comunidad o de fuera

VALENCIA.- El vicepresidente segundo de la Generalitat valenciana y conseller de Economía, Gerardo Camps, aseguró que el Consell "no descarta ninguna fusión" entre las cajas de ahorro de la Comunitat Valenciana, ni tampoco entre entidades valencianas y otras de fuera.

Camps se pronunció en estos términos, a preguntas de los periodistas sobre una posible fusión entre cajas valencianas, después de inaugurar las jornadas 'Momento económico empresarial: ¿El principio del fin?' organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección.

El conseller indicó que sería "ilógico" que el Consell dijera sí a unas fusiones y no a otras, ya que una operación de este tipo "depende de la eficiencia económica o de la necesidad que haya". Asimismo, recordó que el difícil momento que atraviesan los mercados financieros, también "afecta a las cajas, y si hay algún problema habrá que solventarlo".

Preguntado por si renunciaría al derecho al veto de las comunidades autónomas en la fusión de las cajas de ahorro --propuesto por el presidente del PP, Mariano Rajoy-- lo rechazó, ya que, según dijo "por qué se va a renunciar a algo que existe y que no se va a cambiar".

No obstante, garantizó que el Consell "no ejercería nunca el derecho al veto con carácter político, sino con carácter económico, buscando la eficiencia de la operación", aclaró.

Por otro lado, acerca de la despolitización de las cajas, explicó que en los órganos de administración de las entidades valencianas "no hay responsables públicos en ejercicio activo", ya que, "la última modificación se hizo bien, y en las cajas no hay ninguna presencia de políticos en activo".

Sin embargo apuntó que "lo que no puede variar, es que determinadas instituciones elijan su representante, tanto en la asamblea como en el consejo de administración".

UGT en Ford valora la reducción del ERE pero lamenta que los afectados no reciban complemento salarial

VALENCIA.- El secretario general de UGT en la factoría de Ford en Almussafes, Gonzalo Pino, valoró la reducción de 1.100 a 294 del número máximo de afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) vigente hasta diciembre, contemplada en la resolución adoptada por la Dirección General de Trabajo en la primera de las dos revisiones previstas, aunque lamentó que "los afectados sigan sin recibir complemento salarial".

Pino destacó que la decisión dada a conocer por el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, "es la acertada y responde a la realidad de la factoría", mientras que, a su juicio, "retirar el expediente en su totalidad no habría sido acertado, porque no se sabe lo que pasará en septiembre, octubre o noviembre".

En este sentido, valoró que el Consell "haya visto la realidad de los picos de producción" existentes en la fábrica por las "ayudas de los distintos gobiernos" a la compra de automóviles, gracias a los cuales "se puede sostener un mayor número de trabajadores en plantilla, aunque lamentablemente no haya la producción suficiente para emplearla a toda", apostilló.

"Al menos supone protección a los trabajadores", defendió Pino, quien recalcó que "lo negativo" es que esperaban que "el conseller le planteara a la empresa que acabara con la discriminación que supone que los trabajadores de la planta de motores --afectados por un ERE previo-- cobren complemento salarial, y los de pintura, carrocería y montajes, no reciban nada de la empresa".

Así, culpó de esa situación a CCOO, CGT y STM, puesto que "era algo que se había conseguido, que estaba avalado por la Generalitat en el Tribunal de Arbitraje Laboral, y que se perdió cuando, gracias a la actitud de los minoritarios, la plantilla rechazó la propuesta de convenio y la empresa retiró ese complemento", alegando que estaba vinculado a la aceptación de su oferta de convenio.

El representante del sindicato mayoritario en la planta criticó que "los minoritarios están actuando en perjuicio de los trabajadores y no saben dónde están llevando a los trabajadores de la fabrica, a los del polígono Juan Carlos I de Almussafes y a todos los empleos indirectos que dependen de la factoría" y sostuvo que, en su opinión, "sólo van a conseguir que haya cada día más problemas".

Respecto a la reclamación que hacen esas tres organizaciones sindicales para que se retire definitivamente el ERE, destacó que "en una situación tan compleja como la que vive el sector del automóvil no se puede negar la realidad, y esa realidad es que no hay demanda, y que de alguna forma hay que cubrir la situación de los trabajadores", sentenció.

Gonzalo Pino recalcó que "es absurdo estar pidiendo la retirada del ERE, teniendo en cuenta que si la situación no cambia, en unos meses puede ser aún peor", dado que "en este momento se está reestructurando toda la compañía porque el tamaño de las empresas se tiene que reducir, y se va a hablar de empleo".

"Y si los trabajadores de Almussafes no somos capaces de entenderlo, van a mirar mucho más de lo que debieran la situación de la planta", alertó el representante sindical, quien recordó que ésta "no se ajusta a la realidad, porque existe un exceso de plantilla tras la desaparición del tercer turno", concluyó.

Sevilla y Pujalte proponen segregar los consejos de las cajas de ahorro

MADRID.- El diputado socialista y ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el portavoz 'popular' de Presupuestos en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, abogaron este martes por una reforma de la Ley de Cajas que impida a los cargos políticos con representación en sus órganos de Gobierno "interferir" en las decisiones que afecten a la cuenta de pérdidas y ganancias" y la concesión de crédito.

Por este motivo, proponen segregar el consejo de administración de cada entidad para diferenciar el control de la actividad de la obra social, que debe adaptarse a las necesidades de cada territorio donde opere la caja, creando así un nuevo órgano que sí permitiría una mayor presencia institucional y regulación autonómica.

Así lo expresaron durante la presentación de la monografía 'Pasado, Presente y Futuro de las Cajas de Ahorro', que ambos han coordinado junto al ex secretario de Estado de Economía con el Ejecutivo de José María Aznar, Luis de Guindos, una obra que calificaron como un "ataque preventivo en defensa de las cajas de ahorro", que suponen el 50% del sector financiero español.

Jordi Sevilla destacó que su propuesta no busca modificar la naturaleza jurídica de las cajas españolas, sino garantizar su competitividad dentro de "dos o tres años", cuando la crisis financiera actual haya dado lugar a un sistema más sólido a nivel global, en el que las entidades españoles no deben comprometer su expansión y solidez a exigencias "locales".

Martínez-Pujalte incidió en que la cuestión no es expulsar a los cargos electos de los órganos de dirección de las cajas, sino de garantizar que su gestión no se vea afectadas por política de partido. "No se puede expedientar a un gestor de una caja por no cumplir con la política de partido o autonómica", aseveró el diputado 'popular', quien explicó que esta prevención se eleva a la "enésima potencia" con la entrada en juego del dinero público del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El parlamentario del PP insistió en varias ocasiones que "que se puede y se debe llegar a acuerdos" entre el Gobierno y su partido para encauzar esta salida al sistema financiero y en especial a las cajas, si bien advirtió que la posición del PP la define el coordinador económico, Cristóbal Montoro, y se traducirá en el voto durante el debate de convalidación del FROB que tendrá lugar la próxima semana en el Congreso. No obstante, señaló que esta norma debería "haber sido aprobada antes".

Por su parte, Sevilla señaló que el FROB es una sólo una herramienta, "útil" pero que se revelará "insuficiente" si no se enmarca dentro de una estrategia de reordenación de las entidades orientada a un mercado "global". Sin embargo, esta reestructuración se acompañara de un "regreso" al negocio "tradicional" de las cajas, y no a su reconversión en "bancos regionales".

En este sentido, tanto Sevilla como Martínez-Pujalte señalaron que el modelo de gestión de las cajas de ahorro en lo que se refiere a responsabilidad social y rendición de cuentas de los gestores el que debe extenderse a la banca privada, y no a la inversa.

Preguntados acerca de si dicha reestructuración debe llevar forzosamente a una reducción del número de cajas, Sevilla eludió precisar si considera excesivo el actual. "no me sentiría cómodo en un sistema con una sola caja y un solo banco, y a partir de ahí, todo está abierto", señaló. En este punto, Martínez Pujalte añadió que el número que no le parece "adecuado" es diecisiete, una por comunidad autónoma, si bien matizó que el tamaño de las entidades no guarda relación con su eficiencia.

Por su parte, Luis de Guindos admitió que "seguramente" lo peor de la crisis bancaria "ha pasado ya", pero advirtió que se producirán "bastantes tormentas" en los próximos meses, sobre todo en Europa, donde se ha "avanzado menos y existen más dudas" que en Estados Unidos en la solución a esta situación, que se extiende en un "círculo vicioso" a la economía real.

Respecto a España, auguró que en las próximas semanas y meses se verán actuaciones del FROB, que pone manifiesto que el sistema financiero español se puede ver afectado por la crisis. A su juicio, el Fondo supone una "ocasión para ir más allá" en una reordenación del sector financiero en la que las cajas tendrán un papel esencial.

El presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros, co-autor del libro, advirtió de que si hay un motivo que justifica en estos momentos un pacto nacional por la economía es el saneamiento de la baca española.

Por último, el ex presidente de la CNMV, Manuel Conthe, presente en el encuentro informativo, tomó la palabra para celebrar las propuestas "superrevolucionarias" para abordar el futuro de las cajas que contiene el libro, pero lamentó que sean difíciles de llevar a la práctica por los intereses políticos y regionales.

Frutas y hortalizas 'feas' regresan mañana miércoles a los comercios europeos

BRUSELAS.- Los pepinos curvados o las zanahorias nudosas regresarán mañana miércoles a los comercios de la Unión Europea (UE) después de haber sido prohibidos por sus malformaciones, anunció este martes la Comisión Europea.

"El 1 de julio es la fecha que señala el regreso a nuestros anaqueles de los pepinos curvos y las zanahorias nudosas", señaló en un comunicado la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel.

"No hay ninguna necesidad de regular estas cosas a escala comunitaria", dijo la comisaria, admitiendo que "carece de todo sentido" arrojar productos que están en perfecto estado "sólo porque no tienen una forma y un tamaño adecuados".

La Comisión Europea, criticada por reglamentaciones a veces incomprensibles, había impuesto unos estándares de medidas y formas para comercializar 26 frutas y hortalizas, prohibiendo los productos deformes.

Estas normas seguirán en vigor para diez productos, entre éstos las manzanas, fresas, tomates, kiwis, lechugas y melocotones, que representan el 75% del valor de los intercambios de la Unión Europea.

El resto podrá regresar a la venta a condición de que vayan etiquetados de modo que se distingan de los pertenecientes a las categorías 'extra'.

Una imputada afirma que Correa pagaba a los políticos del PP

MADRID.- Una de las imputadas en el "caso Gürtel" se ha ratificado hoy ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira en sus declaraciones anteriores, en las que dijo que la trama dirigida por Francisco Correa entregó diversas cantidades de dinero y otras dádivas a políticos del PP.

Se trata de Felisa Isabel Jordán, quien hasta febrero de 2008 fue administradora única de Good&Better, que según el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón era parte del "conglomerado empresarial" dirigido por Francisco Correa y formado por hasta 23 sociedades "de inversión especulativa", patrimoniales o de gestión.

Tras interrogarla durante más de cuatro horas, Pedreira ha imputado a Jordán los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad, aunque no le ha impuesto ninguna medida cautelar.

Entre los políticos del PP señalados por Jordán en sus declaraciones anteriores figura el senador Luis Bárcenas, tesorero nacional de este partido.

En el auto notificado el pasado 31 de marzo en el que detalló los indicios que había recabado contra él, Garzón señalaba que Jordán había declarado que participó en una reunión con el presunto líder de la trama -Correa- en la que se habló del dinero que había percibido el senador y de que éste ya no les daba trabajo.

Además, el nombre de Jordán aparece en la contabilidad B de la trama de Correa relacionada con varias entregas de dinero al ex consejero de Deportes del Gobierno de la Comunidad de Madrid y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo.

Felisa Jordán admitió esas entregas en su declaración ante Garzón, al que también dijo que los apuntes con la clave "PCSABOSCH" se referían a Pablo Crespo Sabaris -secretario de organización del PP gallego hasta 1999- y Alfonso Bosch, diputado del PP en la Asamblea de Madrid.

De hecho, según el juez, Jordán "manifestó que Alfonso Bosch participó en una reunión con Francisco Correa, Pablo Crespo" y otros "donde se abordó la posibilidad de realizar un contrato con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte por importe de dos millones de euros".

Cuando Jordán mostró su oposición a la operación, "Correa le contó que él manejaba al alcalde de Boadilla -Arturo González Panero- como quería".

Jordán reveló asimismo al magistrado que durante el tiempo en que Ginés López ocupó la alcaldía de Arganda del Rey (Madrid) se produjo la entrada en esa localidad de las empresas de Correa mediante la adjudicación de contratos públicos a Easy Concept Comunicación entre los años 2005 y 2007.

La declaración de Isabel Jordán, junto a la del sastre José Tomás, también sirvió al juez Garzón para concluir que la trama dirigida por Correa "también habría utilizado una o varias empresas para disimular facturas que ocultaban los productos reales entregados en forma gratuita" al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

Esos "productos reales" eran trajes adquiridos en las tiendas Milano y Forever Young y abonados por Orange Market.

Según el juez, Jordán fue la encargada, desde Madrid, de "preparar el proyecto técnico y de diseño" que posteriormente presentó como propio Orange Market -la filial en Valencia de Special Events, la principal de las empresas de Correa- y con el que consiguió durante cuatro años la adjudicación de los stands de la Comunidad Valenciana en una feria de turismo.

A la imputada no se le preguntó hoy acerca de la implicación que en su día realizó del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, puesto que esta parte de la investigación la dirige el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV). En sus grabaciones, Jordán implicaba a Camps en la trama por beneficiarse de trajes regalados por Francisco Correa.

Gerardo Camps fija en 294 el máximo de trabajadores que se verán afectados por el ERE de Ford Almussafes

VALENCIA.- El vicepresidente segundo de la Generalitat valenciana y conseller de Economía, Gerardo Camps, aseguró hoy que la Dirección General de Trabajo ha fijado el máximo de trabajadores que se podrán acoger al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Ford Almussafes en un total de 294, después de que la administración autonómica haya revisado la resolución que se aprobó el pasado 4 de mayo.

Camps se pronunció en estos términos, en declaraciones a los medios de comunicación, después de inaugurar la jornada 'Momento económico empresarial: ¿El principio del fin?' organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección.

El conseller aseveró que hoy mismo se firmará la resolución que responde a una de las condiciones que la Dirección General de Trabajo impuso a la multinacional del óvalo para aprobar el Expediente, y que era realizar dos revisiones a este proceso en junio y en septiembre.

En este sentido, Gerardo Camps confirmó que el número máximo de trabajadores que se verán afectados se cifra en 294, frente a los más de 1.000 que se aprobaron al inicio, en el mes de mayo, y que suponía la eliminación de un turno entero de trabajo, el nocturno, a causa de la baja demanda que estaba recibiendo la factoría.

No obstante, el conseller señaló que "a vista de la evolución del mercado y, por lo tanto de las necesidades de producción, ya se sabía" que la empresa "no había hecho utilidad" del máximo número de empleados afectados, y también "que no había visos de que tuviera necesidad de hacerlo", manifestó el vicepresidente.

En su opinión, es una "buena noticia que el mercado del automóvil salga de la situación en la que se encontraba y trae consigo que una planta como la de Ford tenga mayor productividad".

El pasado 4 de mayo la Dirección General de Trabajo aprobó un ERE que afectaba a un máximo de 1.100 trabajadores hasta el mes de diciembre para eliminar el turno de noche.

Sin embargo, el expediente, que no contó con el visto bueno de los sindicatos, nunca alcanzó este número de empleados, y a principios de junio el número de afectados se reducía a unos 360, según señalaron entonces fuentes de la compañía.

El PSPV acuerda trabajar "para restaurar las condiciones democráticas de las Corts que el PP ha endurecido"

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, aseguró hoy que los socialistas valencianos van a fijar una "nueva forma de trabajar" en el Parlamento valenciano, con el fin de "restaurar las condiciones democráticas" de la Cámara, después del "endurecimiento impuesto por el PP" tras la imputación del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en el 'caso Gürtel'.

Luna se pronunció así en un comunicado, tras la reunión que hoy mantuvo su grupo parlamentario con el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, con el fin de "fijar la estrategia" a desarrollar en las Corts ya que "a raíz del estallido del 'caso Gürtel', el endurecimiento de las condiciones de trabajo en el Parlamento valenciano es verdaderamente inenarrable".

Así, lamentó que ya no pueden "controlar al Consell, el gasto público, ni el ejercicio del poder que tienen cada una de las consellerias porque el PP ha decidido castigar el funcionamiento normal de las Corts Valencianes en perjuicio, no solamente de los diputados socialistas, sino, sobre todo, de los intereses ciudadanos".

Por ello, el síndic socialista destacó que la "misión fundamental" del grupo socialista a partir de ahora en las Corts va a ser "intentar restaurar las condiciones democráticas que tienen que regir un parlamento".

"Los diputados de la oposición tenemos que saber cómo se utiliza el dinero público, cómo se está gestionando la economía valenciana y cómo es posible que el dinero público que el Consell debería utilizar para solucionar problemas de los valencianos, como en el caso de las residencias de tercera edad o la dependencia, en despilfarro vacío de contenido, propaganda y publicidad", aseveró.

Finalmente, auguró que el trabajo de su formación "se va dar en condiciones políticas muy duras de aquí en adelante", pero destacó que la "voluntad" de su grupo "va a ser cada vez más firme para controlar un mal ejercicio del gobierno y para poner encima de la mesa soluciones eficaces a los problemas de los valencianos".

El PSPV denuncia el "ocultamiento" del fallo del TC sobre el PGOU

CASTELLÓN.- El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, denunció hoy el "ocultamiento" del fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre el PGOU y censuró la "desidia" y la "parálisis" de las institucionales del gobierno municipal "que se ha puesto en evidencia en las comisiones informativas desarrolladas hoy, en las que el PP ha vuelto a dejar patente que es el partido del 'no', el partido que se opone al progreso de Castellón, que obstaculiza la labor de la oposición y que desoye las peticiones de fiscalización del PSPV".

El equipo de gobierno --según dijo-- "ha bloqueado de nuevo la petición socialista sobre la documentación relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)", en concreto, el fallo del Tribunal Constitucional que confirma la anulación del PGOU".

El concejal Mario Edo solicitó una copia de la resolución judicial y reiteró que el PP "no ha facilitado aún el recurso de amparo interpuesto ante este tribunal tras la sentencia del Supremo que obligó a tramitar una nueva exposición al público del plan".

Calles reprochó al alcalde "la política del engaño y la omisión permanentes, que no sólo tratan de limitar la labor de la oposición, sino que impiden el acceso de la información a la ciudadanía".

"El más elevado órgano judicial español ha analizado y ha resuelto un asunto municipal y el PP se obceca en ocultar el fallo para que los castellonenses no se den cuenta de las tropelías que comete el Partido Popular", afirmó.

Reclamó responsabilidades a Alberto Fabra por la resolución judicial."La inadmisión del recurso de amparo es contundente. La última instancia judicial ha dado la razón al grupo municipal socialista, que en todo momento ha asegurado que la anulación del PGOU era inequívoca, clara e indiscutible".

"Estamos ante el penúltimo capítulo del desastre de gestión del PP, porque, desgraciadamente, mucho nos tememos que vendrán nuevos varapalos de la Justicia por el errático comportamiento político de los populares", agregó.

La Comunitat es una de las regiones con el precio de vivienda más económico en junio

MADRID.- La Comunitat Valenciana es una de las autonomías con el precio de vivienda más económico en junio, con un total de 1.882 el metro cuadrado, junto a Extremadura (1.692), Murcia (1.816), Castilla-La Mancha (1.830) y Canarias (1.898), según los datos del Indice Inmobiliario fotocasa.es.

Por provincias, Alicante es en la que el precio de la vivienda es más bajo, con un total de 1.791 euros el metro cuadrado; seguida de Castellón que registra 1.921 euros el metro cuadrado. Por último, en Valencia el precio del metro cuadrado se situó en 1.978 euros.

Por otra parte, la comunidad autónoma con el precio medio de la vivienda de segunda mano más alto es el País Vasco con 3.903 euros y le siguen Madrid con 3.219 euros, Cataluña con 3.129 euros, Navarra con 2.728 euros y Cantabria con 2.709 euros el metro cuadrado.

En cuanto a la evolución del precio de la vivienda en último trimestre por com unidades autónomas, se han constatado variaciones negativas en 15 de las 17 comunidades analizadas. Extremadura y Galicia son las únicas comunidades que registran subidas en los últimos tres meses.

En el resto de comunidades, en el segundo trimestre de 2009 se han registrado descensos que van desde el -0,1% de Cantabria hasta el -4,8% de Aragón. Extremadura ha registrado el mayor crecimiento trimestral con un 1,4%, lo que sitúa el precio medio en 1.692 euros el metro cuadrado.

Pese a este aumento, Extremadura sigue siendo la comunidad con el precio medio más económico de España. Por su parte, la comunidad gallega ha registrado un incremento del 0,5%, lo que sitúa el precio medio de la vivienda en Galicia en 2.108 euros el metro cuadrado.

El precio de la vivienda de segunda mano se situó en junio en 2.413 euros por metro cuadrado, lo que supone un descenso del 10,9% respecto al mismo mes del año anterior, con lo que ya son 20 los meses consecutivos en que la vivienda usada experimenta retrocesos en su precio.

Archivan las diligencias que implican a Barberá por la permuta de los terrenos de Mestalla

VALENCIA.- El fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Ricard Cabedo, dictó este martes un decreto por el que declara el archivo de las Diligencias de Investigación Penal 7/2009, que implican a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá -aforada por su condición de diputada autonómica-, por la permuta de terrenos para la construcción del nuevo estadio del Valencia Club de Fútbol al entender que los hechos denunciados "no constituyen ningún delito", según informaron este martes fuentes de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana.

El objeto de las primeras Diligencias de la Fiscalía Provincial de Valencia, incoadas a raíz de la denuncia de un particular, era delimitar si había existido actuación delictiva por parte de miembros del Ayuntamiento de Valencia, entre ellos la alcaldesa Rita Barberá, que es diputada autonómica, en una permuta de inmuebles entre el citado Ayuntamiento y el Valencia Club de Fútbol.

El fiscal general del Estado, en respuesta a una consulta elevada por esta Fiscalía, otorgó la competencia para conocer sobre estas diligencias al fiscal superior, al haber indicios de participación en los hechos de una persona aforada, y para que procediese de acuerdo con su propio criterio jurídico.

Así, tras realizar un examen jurídico de las diligencias practicadas, el fiscal superior llegó a la conclusión de que durante la tramitación del Convenio Urbanístico y de permuta entre el Ayuntamiento y el Valencia Club de Fútbol "no hubo daño a la causa pública" y los hechos estudiados "no inciden en ningún tipo penal".

Asimismo, el proceso administrativo contó con informes favorables de los funcionarios municipales, y "no cabe decir que su resultado sea una resolución arbitraria".

El fiscal superior tuvo en cuenta también la dificultad que supone, a juicio de todos los peritos, realizar la valoración de un suelo para construir un estadio al no haber valores de referencia ni conocer los posibles rendimientos económicos. Por todo ello, procede el archivo de las Diligencias de Investigación Penal.