Alarte cree que PPCV está en "situación insostenible" y que los valencianos lo limpiarán antes que la Justicia

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha afirmado este lunes que el Consell y el PPCV está "desde hace meses en una situación insostenible" y considera que el presidente del PP, Mariano Rajoy, se ha equivocado con los cálculos de que sea la Justicia la que "limpie" el partido porque lo harán los valencianos en las elecciones. 

   Alarte se ha pronunciado de esta manera en rueda de prensa al ser preguntado por el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que considera que existen indicios de que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, pudo facilitar información privilegiada al constructor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, sobre la tramitación del nuevo PGOU.

   Al respecto, ha apuntado que será la candidata socialista a la Alcaldía de Alicante, Elena Martín, la que haga las valoraciones sobre esta cuestión, "en cuanto conozcan las acusaciones formales que hace la Fiscalía, "que desconocemos", ha apuntado.

   Por otro lado, opina que el presidente del PP, Mariano Rajoy, "está equivocándose con un cálculo que ha hecho", que es que los "tribunales, fiscal y Policía, hagan su trabajo de limpieza del PPCV. A cambio, los valencianos sufrimos una situación terrible".

   "Se ha equivocado en el cálculo porque es muy probable que los valencianos le acaben haciendo el trabajo y de paso, que él tampoco gane las elecciones", ha apostillado.

Los empresarios piden que los nuevos funcionarios tengan "remuneraciones variables"

SANTANDER.- El nuevo presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Isak Andic, ha reclamado que los funcionarios que se vayan incorporando a la Administración tengan remuneraciones variables y una estabilidad laboral similar a la de los trabajadores de la empresa privada. 

   Andic ha apostado por "una retribución variable y una estabilidad en los puestos de trabajo similar a la empresa privada, de cara a las nuevas incorporaciones porque se entiende que los derechos adquiridos no se pueden tocar", aclaró anoche en el marco del XIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar.

   El presidente de Mango, que sustituye a Simón Pedro Barceló tras dos años en el cargo, ha matizado que las remuneraciones de los empleados públicos deben ser "variables para ganar eficacia y rentabilidad" en la administración pública.

   Andic ha adelantado algunos de los objetivos de su programa al frente del IEF y ha solicitado una mayor flexibilidad laboral, la reducción de las cotizaciones sociales, mejorar el marco fiscal para facilitar la exportaciones de las empresas españolas al extranjero y ayudas fiscales a la contratación de los jóvenes para que estén dos años exentos de cotizar a la seguridad social.

   Además, el presidente de IEF ha pedido al Gobierno que aumente el gasto destinado a educación y formación profesional para preparar a los jóvenes y luchar para que el abandono escolar baje del actual 30%. Andic también ha destacado la importancia de fomentar el inglés entre los jóvenes como sucede en países como Francia y Alemania.

   Por último, Andic ha pedido al Gobierno que lleve a cabo "sin dilación" todas las promesas económicas que "tenía hechas" y ha alabado el reciente cambio del Ejecutivo porque "da confianza".

   En este sentido, el director general del Instituto de la Empresa Familiar, Fernando Casado, ha añadido que el Gobierno "tiene que adelantar las reformas, decir cómo van a desarrollarse" para "dar confianza a las entidades financieras extranjeras porque la necesidad de España está en la financiación".

Aristóbulo de Juan aboga por iniciar otra oleada de fusiones e intervenir cajas infracapitalizadas

VALENCIA.- El primer secretario general del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y ex director general del Banco de España, Aristóbulo de Juan, ha abogado por acometer una "segunda oleada de fusiones" entre cajas de ahorro, que sea "muy diferente" a la realizada en los últimos meses e incluya intervenciones del Banco de España en entidades "infracapitalizadas" o "en situaciones de insolvencia no detectadas".

   Así lo ha señalado en la conferencia 'Enseñanzas (vigentes) de la patología bancaria y su aplicación en España' que ha pronunciado este lunes en Valencia y en la que ha planteado, a modo de hipótesis, la "estrategia alternativa" que se debería seguir "si el diagnóstico oficial, basado en que el sector de cajas tiene problemas de dimensión y de eficiencia, pero no de solvencia, no es el acertado". "Aunque ojalá lo sea", ha recalcado.

   En su opinión, "debería diseñarse ya un nuevo paquete de medidas con una alternativa diferente" que pase de "basarse en mecanismos de liquidez" a centrarse en "mecanismos de capitalización y cambios en el sistema de gestión de las entidades", para lo que considera "requisito indispensable" que exista "voluntad política".

   Ha remarcado que deberían producirse "nuevas intervenciones en entidades infracapitalizadas, con cambios inmediatos de consejeros y directivos y una investigación profunda de la situación real" de la entidad, para después inyectar capital, "comprar los activos malos" según el valor que poseen "en los libros" y estudiar "un préstamo o aval, pero siempre como complemento".

   De Juan considera que, para lograrlo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) "no es la solución" dado que obliga a las cajas a devolver las ayudas en cinco años a un precio "caro", en vez de obtener "inyecciones de capital fijo, que es lo que necesitan".

   Por este motivo, ha instado a recurrir al Fondo de Garantía de Depósitos "porque así quienes lo sufragarían serían las entidades privadas" y ha defendido que éstas podrían aumentar su aportación al FGD --1 por mil de la base de cálculo para las cajas y 0,6 para los bancos-- mientras que el propio fondo también puede recibir préstamos del FROB a través de emisiones de crédito.

   De Juan, que desde 1978 trabaja en crisis bancarias, ha destacado que la causa de la crisis de las cajas es la "mala gestión", por haber registrado "un crecimiento demasiado rápido y una asunción de riesgos desmedidos" concentrados en el sector inmobiliario.

   Así, ha hecho hincapié en que "el supervisor debe intervenir en cuanto detecta un nivel suficiente ende insolvencia en que apoyarse jurídicamente" para "investigar dentro de la entidad" porque "cuanto más tarde se aborda a fondo la insolvencia, más costoso resulta".

   "Una supervisión eficaz debe conllevar la comprobación directa e in-situ de la salud de las entidades", ha recalcado el ex director general del Banco de España, quien ha subrayado que las pruebas de esfuerzo "pueden ser instrumentos útiles, pero no siempre son inteligibles y realistas", por lo que "pueden equivocar al supervisor y hacerle bajar la guardia a la hora de valorar los activos e identificar la necesidad de provisiones específicas".

   En este punto, ha resaltado que "cuando las entidades tienen problemas serios, sus gestores suelen ocultar los problemas mediante el maquillaje de sus cuentas" --con instrumentos como "refinanciaciones de operaciones inviables" o la "sobrevaloración de los bienes recibidos en pago de deuda y de las acciones canjeadas por créditos--, de modo que "los peores créditos, aquellos que pueden cargarse a una entidad, nunca están contabilizados como morosos".

   Así, ha denunciado que ese "infraprovisionamiento" debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar la solvencia de esas entidades porque debería estar contemplada en el cálculo de los recursos propios --capital más reservas menos insuficiencia de provisiones-- y, de no ser así, "el capital regulatorio y el capital contable pueden servir para poco como indicadores de solvencia" e "incluso ocultar contablemente situaciones de descapitalización real".

   "Las situaciones de insolvencia nunca son declaradas por el banquero, o casi nunca", ha recalcado De Juan, quien ha agregado que "con frecuencia, tampoco son identificadas por los auditores ni por el supervisor hasta que la entidad se queda ilíquida", con lo que si esa insolvencia es "profunda", las "escasas pérdidas" que declara el banquero se doblan cuando son detectadas por el auditor externo, vuelven a duplicarse con la llegada de los inspectores y se multiplican nuevamente por dos con la intervención del regulador.

   "Y al final, se pone la entidad en venta y las pérdidas fruto de una 'due-diligence' --radiografía completa de la sociedad-- multiplicarán por dos las identificadas por los interventores".

   De Juan ha apuntado que, "en los procesos de saneamiento, resulta inevitable la adopción de medidas de repugnan" y ha precisado que "suele corresponder al Gobierno la asunción de pérdidas", que "constituye un pecado fiscal" pero "debe aceptarse con realismo" por tratarse de "un mal menor".

   Es más, ha defendido que "cualquier pérdida en que se incurra es buena, si resulta ser la última", y ha indicado que la "prueba de fuego" de una operación de saneamiento requiere "la pronta regeneración de la función del crédito y la capacidad de atraer inversiones fuertes que aseguren un futuro sostenible".

González Pons insta a Wikileaks a investigar a Rubalcaba para revelar "secretos oficiales" y "verdades"

SANTIAGO.- El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha invitado este lunes al portal de información Wikileaks a descubrir al vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, porque "tendrá oportunidad de sacar no sólo secretos oficiales, sino verdades que llevan mucho tiempo pidiendo ser desveladas".

   "Rubalcaba es candidato a la siguiente investigación de Wikileaks si es que apostamos por la libertad de información y el esclarecimiento de todas las verdades donde haya una democracia", ha advertido el dirigente popular, en declaraciones a los medios, antes de pronunciar la conferencia 'Nuevas tecnologías, nuevos derechos y nuevos ciudadanos'.

   Tras señalar que el Gobierno debería "replantearse" la acumulación de poder que queda en manos del vicepresidente Rubalcaba, González Pons ha señalado que la web que reveló información secreta en Estados Unidos (EE.UU.) sobre las guerras de Afganistán e Irak y Pérez Rubalcaba "son el uno para el otro".

"Son como el sheriff de Nottingham y Robin Hood", ha ironizado.

   "El día que Wikileaks descubra a Rubalcaba, sus años en la época de los GAL y en el actual Ministerio del Interior y su paso a la portavocía del Gobierno tendrá oportunidad no sólo de sacar secretos oficiales sino verdades que llevan mucho tiempo pidiendo ser desveladas", ha ratificado.

   Al tiempo, ha incidido en que el vicepresidente maneja "todas las fuentes de información confidencial del Gobierno", mientras que gestiona también "intereses de los medios públicos y privados", y se ha mostrado convencido de que, con esta acumulación de cargos, la libertad de expresión "sufre".

   "Que ningún español espere que Rubalcaba genere ningún puesto de trabajo porque no va a garantizar nada más que el suyo y el de Zapatero --el presidente José Luis Rodríguez Zapatero--", ha advertido, para concluir que, cuándo éste "llega", la verdad "siempre es la primera víctima".

La alcaldesa de Alicante niega trato de favor a Ortiz en el PGOU ante el escrito de Fiscalía pero no admite preguntas al respecto

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha afirmado este lunes que en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad "no hubo trato de favor ni a Enrique Ortiz ni a empresario alguno" y ha negado haber recibido dádivas de este constructor, al que la Fiscalía Anticorrupción cree que hay indicios de que la primera edil pudo facilitar información privilegiada en relación con el planeamiento de la capital alicantina.

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, imputa a la regidora los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. En esta causa, y de acuerdo al informe policial, también está implicado el ex alcalde de Alicante y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, así como el subdirector general de Bancaja, José Cortina.

 La acusación del fiscal, basada en las escuchas telefónicas del caso Brugal, describe tres supuestos hechos delictivos en los que habría estado implicada Castedo en calidad de concejal de Urbanismo de Alicante, cargo que ostentó hasta su llegada a la alcaldía en septiembre de 2008. El primero de estos hechos está relacionado con una supuesta información privilegiada al promotor Ortiz sobre la elaboración del nuevo PGOU.
En este apartado, Briones relata hasta tres encuentros de la entonces edil y el responsable del equipo redactor del planeamiento, el arquitecto Jesús Quesada, en las que supuestamente Castedo facilitó datos del PGOU. "El día 3 de julio de 2008 se produce una cita con Enrique Ortiz para proporcionarle el plano del plan general y se interviene una conversación entre ambos en la que Enrique Ortiz reconoce que el plano entregado es uno que él ya poseía pero sin la última modificación", reza el escrito.
El segundo hecho supuestamente delictivo hace referencia a "diseños a la medida de Ortiz" de otros aspectos del PGOU relacionados con los índices de edificabilidad previstos en distintos programas urbanísticos, entre ellos el APA-9, el PAU-3, Lomas Garbinet y Rico Pérez.
"El día 30 de julio de 2008 se produce una llamada con Enrique Ortiz en la que Sonia Castedo confirma que tiene un plano del PGOU y en la que el empresario le pide que "le pinte de azul" tres parcelas. Al parecer es lo que queda pendiente de cambiar, reconociendo dos zonas: al lado de Rabassa y la planta suya de Tizor", afirma el fiscal.
Y el tercer hecho supuestamente delictivo está vinculado a la remodelación del estadio Rico Pérez, donde juega el Hércules, cuyo máximo accionista es precisamente Enrique Ortiz. "En fecha 26 de junio de 2008 se interviene una conversación entre Enrique Ortiz y Jesús Quesada en la que el jefe redactor del PGOU accede a prestar auxilio en el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez con la anuencia de Sonia Castedo, extremo este último que se confirma en la llamada al efecto", concreta el fiscal.
El escrito del ministerio público concluye con la relación de dádivas que Castedo habría recibido presuntamente por parte de Ortiz para garantizar esos favores urbanísticos. La lista de regalos, que incluye su primera etapa ya como alcaldesa, es la siguiente: Alojamiento y transporte a Andorra en las vacaciones invernales durante al menos los años 2008 y 2009; viaje y transporte a Ibiza con familia y amigos en las vacaciones veraniegas de 2009; regalo de un turismo de la marca Mini modelo Cooper para una persona de confianza de Sonia Castedo, a petición de esta última; solicitud a Enrique Ortiz, directa o a través de personas de confianza de Castedo, de la contratación de personal en sociedades de su órbita, según 'El País'.

   Castedo, que ha comparecido en rueda de prensa convocada hoy mismo y en la que no ha admitido preguntas, ha facilitado el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, --en relación con una de las causas del 'caso Brugal' que el juzgado de Orihuela remitió a un órgano de Alicante-- que considera que existen indicios de que la alcaldesa pudo facilitar información privilegiada al constructor y máximo accionista del Hércules C.F., Enrique Ortiz, sobre la tramitación del nuevo PGOU.

   En el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, este órgano cree que  Castedo pudo pactar con Ortiz la remodelación del estadio Rico Pérez y recibir dávidas del empresario, algo que la primera edil ha negado. Según Fiscalía, Castedo podría haber diseñado y resuelto aspectos de la redacción del planeamiento "a la medida de Ortiz".

   La alcaldesa de Alicante ha asegurado que durante la elaboración del PGOU de la ciudad "no hubo trato de favor ni a Enrique Ortiz ni a empresario alguno" y ha señalado que no ha recibido dádivas de este empresario.

   La Fiscalía ha apreciado estos indicios en base a unas escuchas telefónicas, en 2008, de conversaciones intervenidas por la Policía entre Ortiz y Castedo, en las que se señala un "apaño" en el APA-9, en las 'Lomas Garbinet', en la zona del estadio Rico Pérez, y un cambio de ordenación en el PAU 3.

   Así, Castedo ha destacado que el APA-9 fue aprobado en 1993, su programa de actuación integrada se aprobó en 2003, y "se mantiene en el nuevo PGOU sin variación" respecto a lo que se autorizó en su momento. Del mismo modo, la alcaldesa ha señalado que no ha habido "incremento en la edificabilidad" ni en el APA 9 ni en el PAU 3.

   Además, la primera edil ha indicado que la remodelación del estadio José Rico Pérez se trataba de un proyecto "conocido perfectamente por todos los alicantinos", que Enrique Ortiz presentó al PP y al PSPV en el Ayuntamiento, y que "finalmente se frustró" porque se concluyó "que no era económicamente viable, ni aconsejable".

   También se ha referido Castedo a las acusaciones de "acuerdo lucrativo" para Enrique Ortiz "con la recalificación del estadio José Rico Pérez", una recalificación que fue "rechazada". Castedo considera que la Fiscalía entiende que el empresario tuvo información privilegiada al entregarle el equipo redactor del PGOU el "proyecto de finalización" del Plan, así como la ficha de planeamiento del sector que comprende el estadio.

   Sobre esto, la alcaldesa ha destacado que el artículo 83 de la Ley Urbanística Valenciana especifica que durante la redacción técnica del PGOU el ayuntamiento "formulará consultas y formalizará acuerdos con otras administraciones o entidades representativas de los colectivos ciudadanos particularmente afectados, reflejando su resultado en el expediente". En esta línea, ha añadido que Enrique Ortiz es "representante del Hércules C.F.", una entidad "representativa de la ciudad" y afectada por el Plan.

   Por último, la alcaldesa ha negado haber recibido dádivas por parte de Ortiz. En concreto el escrito hace referencia a un viaje a Andorra en 2008 y 2009, del que Castedo ha presentado facturas a su nombre; de un viaje en yate a Ibiza, que ha reconocido haber hecho; del regalo de un coche a una persona de confianza, que Castedo ha negado y del que ha enseñado facturas de compra, así como de la solicitud a Ortiz de contratación de personal en sus sociedades.

   Sobre este último punto, Castedo ha señalado que se ha valido "de sus influencias" para ayudar a personas que acuden diariamente al Ayuntamiento, en situaciones "dramáticas" por estar en paro, para lo que ha acudido a la empresa de Ortiz y "a todas las mercantiles con las que tiene relación el Ayuntamiento", algo que ha afirmado que seguirá haciendo.

   Por último, la primer edil del consistorio alicantino ha considerado que en "todas las acusaciones" que realiza la Fiscalía sobre ella ha existido "tergiversación", puesto que el Ministerio Fiscal "no ha concluido su investigación", ya que el documento oficial del PGOU "demuestra que no hubo trato de favor ni a Enrique Ortiz ni a empresario alguno de esta ciudad".

   Para Castedo, la no finalización de la investigación "quiebra el principio de inocencia" y se adentra en "la presunción de culpabilidad, valiéndose de información sesgada y no contrastada".

   "Si el fiscal hubiera terminado la investigación habría concluido que ninguna de las aspiraciones del empresario en cuestión fue atendida en el planeamiento urbanístico", por lo que "Enrique Ortiz no consiguió nada de lo que pidió", ha destacado Castedo.

   La primer edil ha considerado que se encuentra en un caso "jurídicamente inconsistente, que no se sostiene", por lo que no se trata de "un asusto judicial", sino del "comienzo de la campaña electoral de quienes ven en el PP no un adversario político, sino un enemigo al que hay que destruir", puesto que "se busca una condena mediática, conscientes de que una derrota electoral es harto improbable".