El PSPV alerta de que "los impagos de la Generalitat pueden paralizar la sanidad y la educación pública"

VALENCIA.- La portavoz adjunta del PSPV en las Corts y responsable de Economía de la dirección de los socialistas valencianos, Cristina Moreno, ha alertado de que "los impagos de la Generalitat pueden paralizar la sanidad y la educación pública" de la Comunitat.

   Moreno, en un comunicado, ha lamentado que el Consell "sigue en su empeño de resistir hasta las elecciones autonómicas del próximo 22 de mayo sin pagar a su gran mayoría de proveedores de bienes y servicios".

   En este sentido, ha denunciado que "además del grave problema con Correos y su influencia en el normal funcionamiento de la Justicia, muchas empresas pueden dejar de servir a los hospitales y colegios de la Comunitat Valenciana, con lo que el problema social podría no tener precedentes porque los impagos del Consell de la Generalitat pueden paralizar el normal funcionamiento de la sanidad y la educación públicas de la Comunitat Valenciana".

   Según la portavoz socialista, los empresarios valencianos "ya han alertado de que es necesario que la Generalitat pague lo que les debe a muchas empresas de nuestra Comunitat, las mismas que están solucionando muchos problemas logísticos a la Generalitat Valenciana. Empresas que, por ejemplo, sirven a los hospitales y colegios y, si dejan de hacerlo, hospitales y colegios pueden dejar de funcionar en la Comunitat Valenciana", ha recalcado.

   A este respecto, la portavoz socialista ha exigido al Consell "sentido de Estado para abordar en su ámbito competencial, sin demagogias victimistas, el grave problema financiero de la Generalitat Valenciana antes de que nos estalle en la cara de la sociedad valenciana".

   Moreno ha destacado que los socialistas valencianos "sabemos cómo salir de este atolladero" y, por este motivo, "en un ejercicio de responsabilidad institucional más allá de cualquier circunstancia política, le volvemos a pedir al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que nos escuche".

   Asimismo, la portavoz socialista ha destacado que "otro camino es posible a través de la reforma de nuestras instituciones económicas y financieras, el IVVSA, el Instituto Valenciano de Finanzas, el IMPIVA; los institutos tecnológicos para ponerlos al servicio de los nuevos objetivos de la economía, una nueva economía valenciana, la de la reindustrialización, la de la cohesión territorial".

   En definitiva, "una economía que apueste por la industria, la agricultura y el turismo de calidad como apuesta para salir de la crisis", ha sentenciado.

   En este punto, Moreno ha recordado la última sesión plenaria de las Corts le preguntó al vicepresidente económico, Gerardo Camps, por los impagos del Consell a las pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana. 

Según la portavoz socialista, el vicepresidente Camps "ha llegado a decir en esta Cámara que pagaban a los proveedores a los 90 días y minimizó el grave problema en una nueva  escenificación de la gran mentira del Consell".

   "Y eso --ha continuado-- sin contar con las facturas que se quedan en el cajón, facturas que emiten los proveedores al Consell cuando ya les han prestado el servicio. Se trata de facturas de pequeñas y medianas empresas que están ahogadas y acaban cerrando por los impagos del Consell", ha concluido Moreno.

Morera afirma que "los únicos proveedores que cobran del Consell son los amigos personales"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha asegurado este miércoles que  "los únicos proveedores que cobran del Consell son los amigos personales". En este sentido, ha remarcado que "lo que pasa en RTVV es espejo de lo que pasa en la Generalitat Valenciana, donde sabemos que sólo aquellos que dicen públicamente que son amigos del presidente Francisco Camps o de los consellers cobran pronto y bien, a pesar de no hacer el trabajo, como ha pasado con el caso de Calatrava". 

   Morera, en un comunicado, ha señalado que, por el contrario, "son muchos los proveedores que pasan por una situación delicada porque la Generalitat hace meses y meses que no les paga, a pesar de haber prestado sus servicios".

   El síndic de Compromís se ha referido a esta situación tras la contestación parlamentaria del director general de RTVV, José López Jaraba, a unas preguntas formuladas la coalición sobre la página web multimedia que el ente público ha adjudicado a empresas externas.

   En estas respuestas, Jaraba asegura que las empresas que se han contratado para elaborar la web cumplen con "todos los requisitos" del pliego. En este sentido, Morera, ha lamentado que "una vez más, no nos han aclarado nada, ni las relaciones de amistad manifiestas ni por qué sólo se ha presentado una empresa para el asesoramiento".

   Por otro lado, considera que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "tendría que dar explicaciones urgentes a la sociedad de cómo y de qué manera se gasta el dinero de las valencianas y los valencianos. Muchas empresas, entre estas Correos, tienen mucho interés por saber por qué no cobran mientras que los amigos de Camps sí que cobran por trabajos que ni han hecho".

   Para Morera, "la situación es de extrema gravedad porque nos encontramos que Camps está colocando a muchos amigos, conocidos y saludados en la administración valenciana mediante las conselleries, fundaciones y empresas públicas y, además, pagan a los amigos y dan contratos también a sus conocidos. Estamos llegando a unos niveles de descontrol muy peligrosos de los cuales Camps es el principal culpable".

   Morera ha insistido en que la responsabilidad del Consell "es gestionar bien el dinero de todas y todos y esto se hace contratando aquello que es necesario y pagando en tiempo y forma a los proveedores que cumplen con su trabajo y servicios". Pero, "por desgracia, tenemos una Generalitat que no respeta la ley de morosidad y que no paga a las empresas que cumplen, sólo a quienes van a aprovecharse de la administración pública", ha finalizado.

IU pregunta al Gobierno si hay alternativas para que el AVE Sagunto-Teruel no pase por la Sierra de Espadán

MADRID.- El diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha presentado una serie de preguntas dirigidas al Gobierno para conocer si hay alternativas para que el AVE Sagunto-Teruel no pase por el parque natural de Sierra de Espadán, situada en la provincia de Castellón. 

   En concreto, Llamazares interroga al Ejecutivo central a cerca de si son definitivas las alternativas para el trazado del AVE Sagunto-Teruel que ha presentado el Ministerio de Fomento o si se valoran otras que excluyan en su trazado la Sierra de Espadán.

    Asimismo, le pregunta si se ha elaborado algún estudio de impacto ambiental de los itinerarios que prevén atravesar la Sierra de Espadán, así como si el Gobierno se ha puesto en contacto con grupos ecologistas y las poblaciones del entorno del parque natural para conocer sus criterios sobre el paso del tren de Alta Velocidad por la zona.

   El parlamentario de IU, por último, también pregunta al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero si tiene previsto compatibilizar la vertebración territorial y el desarrollo económico con la protección ambiental íntegra de la Sierra de Espadán.

   En el escrito dirigido a la Mesa del Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares asegura que el anuncio de Fomento de redacción de cuatro itinerarios para el trazado AVE Sagunto-Teruel que afectan a la Sierra de Espadán ha generado "preocupación" en diversos ámbitos por el "importante impacto ambiental que supondría un trazado que perjudicaría gravemente el paraje".

   Las cuatro alternativas que ha presentado el Ministerio para este itinerario del AVE "todavía se encuentran en fase de estudio" y el diputado de IU considera que "es probable que en su presentación hayan primado cuestiones propagandísticas o electorales, antes que la protección del medio ambiente.

El PSPV denuncia que la deuda de la Diputación es de 440 millones de euros, cercana al "máximo legal"

VALENCIA.- El portavoz socialista en la Diputación de Valencia, Rafael Rubio, ha denunciado este miércoles que la deuda de la corporación provincial asciende a 440 millones de euros y se sitúa "en un 123 por ciento, a dos puntos del máximo legal".

   Rubio ha criticado que mientras la institución "aumenta su deuda cada año, las inversiones en la provincia disminuyen". De esta manera, ha asegurado que la deuda de la Diputación asciende a 440 millones de euros y, sin embargo, "en 2010 sólo se ha ejecutado el 30 por ciento del presupuesto del capítulo de inversiones reales".

   El responsable socialista ha destacado, durante el debate en el pleno de la liquidación presupuestaria de 2010, el "bajo grado de ejecución" del presupuesto y ha advertido de que la Diputación "se está endeudado pero no invierte en la provincia". Es más, ha asegurado que "cuando más necesita la sociedad, menos inyecta la corporación en el sistema productivo y económico valenciano".

   Por ello, los socialistas han planteado en el pleno de este miércoles que "con 260.000 parados en la provincia y la constante disminución de pequeñas y medianas empresas valencianas", la Diputación debe poner "en circulación el dinero que tiene paralizado en cuentas corrientes y en los bancos".

   Un dinero que asciende, según el informe del interventor, a 295,4 millones de euros, ya que la institución posee 157,4 millones en cuentas corrientes y otros 138 millones en préstamos y créditos que "ha solicitado pero que todavía no ha dispuesto de ellos".

   Ante esto, los socialistas han exigido a Rus que preste parte de ese dinero, que tiene parado en los bancos, a los ayuntamientos para "que paguen sus deudas con las empresas valencianas y así se evite el cierre de pymes y se salven empleos". Sin embargo, el equipo de gobierno del PP ha rechazado la propuesta socialista aunque, tanto Rus como el responsable de economía, Máximo Caturla, han reconocido que la ejecución "ha sido baja".

   El responsable socialista ha destacado que la "dinámica" de estos años ha consistido en "pedir préstamos pero no gastar el dinero" y ha advertido de que la ejecución presupuestaria de 2010 "ha sido la más baja de los últimos años".

   Rafael Rubio ha indicado que "el endeudamiento en épocas de crisis económica puede ser positivo si el dinero se invierte adecuadamente", sin embargo, "éste no es el caso" porque, según ha denunciado, las inversiones reales y las transferencias de capital están "paralizadas" porque "no se ejecutan en su totalidad".

   De hecho, ha apuntado que de los 221,8 millones que debían gastar en el capítulo seis de Inversiones Reales "solo gastaron 68,5 millones, es decir, el 30,9 por ciento", y en el capítulo de Transferencias de Capital "sólo invirtieron 61,8 millones de los 155,6 presupuestados, un 39,7 por ciento".

   Para el portavoz del PSPV, esto demuestra que Rus gestiona la institución provincial de forma "muy lenta" y va "acumulando el dinero de un año a otro y lo único que hace es generar intereses en los bancos pero no se inyecta en el sistema económico valenciano".

Blanco afirma que el aeropuerto "es la primera empresa" de Alicante y creará 1.270 empleos

ALICANTE.- El ministro de Fomento, José Blanco, ha destacado que el aeropuerto alicantino de El Altet es la "primera empresa de la provincia", y con la nueva terminal de pasajeros que entrará en funcionamiento mañana jueves, creará 1.270 puestos de trabajo y tendrá capacidad para asumir un tráfico de 20 millones de pasajeros anuales.

El ministro de Fomento, José Blanco, ha destacado que el aeropuerto alicantino de El Altet es la "primera empresa de la provincia", y con la nueva terminal de pasajeros que entrará en funcionamiento este jueves, creará 1.270 puestos de trabajo y tendrá capacidad para asumir un tráfico de 20 millones de pasajeros anuales.

   En la inauguración de las nuevas instalaciones, Blanco ha recordado que esta obra ha requerido una inversión de 628 millones de euros, que harán de este nuevo aeropuerto una instalación "para viajes de ida y vuelta, viajes de ida para conectar a los alicantinos con el resto del mundo, y viajes de vuelta que traerán a esta tierra más proyección empresarial, turística y más capacidad económica".

   Así, ha explicado que en la actualidad el Aeropuerto de El Altet "es la primera empresa de la provincia de Alicante", y a nivel nacional es el sexto aeropuerto del país. "Desde 2001 ha experimentado un incremento del tráfico de pasajeros del 43 por ciento, con vuelos semanales a más de 75 destinos internacionales, 14 nacionales, con más de 25.000 pasajeros al día", ha subrayado.

   La puesta en marcha de la nueva terminal a partir de este jueves permitirá, según ha adelantado, la creación de 1.270 puestos de trabajo --410 de ellos directos--, y las previsiones de Aena apuntan a que en 2011 ya alcanzará los 10 millones de pasajeros, con siete nuevas rutas internacionales para este verano.

   "Con esta nueva infraestructura multiplicamos por seis la superficie terminal para pasajeros, y duplicamos la capacidad operativa del aeropuerto para atender a más de 55.000 pasajeros al día, frente a los 25.000 actuales" y a un total de 20 millones de pasajeros anuales en 2020, ha detallado.

   José Blanco ha aclarado que esta obra ha sido posible gracias al "compromiso" del Gobierno español con la provincia de Alicante, donde han ejecutado inversiones en la mejora y modernización de infraestructuras por más de 2.300 millones de euros, porque, según ha justificado, "ésta era una apuesta justa y necesaria".

   Por otra parte, ha avanzado que el AVE llegará a Alicante el próximo año y a Elche en 2014, situando de este modo "esta tierra como punto estratégico de comunicación en la red ferroviaria de alta velocidad española", tal y como prevé articular también el futuro Corredor Mediterráneo, que, según ha dicho, además conectará a la ciudad de Alicante y Elche con la nueva terminal del Aeropuerto.

   "Alicante inicia una nueva etapa de profundas transformaciones: hoy, con la nueva terminal del Aeropuerto,Alicante se consolida como uno de los destinos turísticos y de negocios más importantes de España, y el próximo año, la llegada del AVE será la lanzadera definitiva del desarrollo económico y social del área metropolitana de Alicante, Elche y de toda su área de influencia", ha concluido.

Un aeropuerto de 'cine'


La nueva terminal de Alicante forma parte del Plan Levante impulsado por este departamento a través de AENA para llevar a cabo una "completa renovación y modernización" de las infraestructuras aeroportuarias.
   El conjunto de las actuaciones del plan permitirán al aeropuerto de Alicante duplicar su capacidad, ya que podrá atender a 20 millones de pasajeros al año. La nueva terminal está compuesta por un dique de embarque paralelo a la pista y por un edificio procesador perpendicular a ella. Su superficie total es de 333.500 metros cuadrados, frente a los 54.800 de las Terminales 1 y 2, lo que supone multiplicar por seis la superficie inicial.
   Las nuevas salas de embarque cuentan con una superficie total de 27.000 metros cuadrados y con 26 puertas de embarque frente a las 16 que suman las Terminales 1 y 2. Además, las nuevas instalaciones disponen de 16 pasarelas de conexión directa al avión, frente a las cinco que dan servicio a la Terminal 1.
   Asimismo, la nueva terminal dispone de un hall de facturación con una superficie de 15.500 metros cuadrados frente a los 5.700 de la Terminal 1 y pasa de 53 mostradores (Terminales 1 y 2) a 98, dos de ellos para equipajes especiales.
   En cuanto a los hipódromos de entrega de equipajes, la Nueva Terminal cuenta con 16 cintas (dos de ellas para equipajes especiales) y la superficie de las salas de recogida de equipajes es de cerca de 15.900 metros cuadrados (la de la Terminal 1 abarca 4.300).
   Además del nuevo edificio terminal, se ha construido un nuevo edificio de aparcamiento de vehículos. Este edificio está compuesto por seis plantas, con una superficie total de 122.500 metros cuadrados y  capacidad de 4.200 vehículos que se sumarán a las 2.000 plazas actuales.
   Otra actuación incluida en el plan de ampliación es la de los nuevos accesos y urbanización, adaptados a los viales que ya existían, así como la ejecución de una nueva central eléctrica, que cuenta con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, FEDER. Esta instalación ha permitido que la tensión de distribución eléctrica del aeropuerto se eleve de 3 Kv a 20 Kv.
   La nueva terminal cuenta con un Sistema Automático de Tratamiento de Equipajes (SATE), con capacidad para procesar 7.880 maletas a la hora y realizar la inspección del cien por cien del equipaje. El sistema funciona mediante bandejas en las que se les ha instalado un chip de radiofrecuencia lo que permite una total trazabilidad del equipaje y disminuir al máximo las posibles pérdidas.
   Otra prestación del SATE es la posibilidad de facturar palos de golf como equipaje normal (hasta ahora se facturaba como especial) gracias al tamaño de sus bandeja. Asimismo el sistema está preparado para recibir equipaje facturado desde hoteles o cruceros y dispone de un almacén de equipajes tempranos (facturados con dos horas de antelación al vuelo) con capacidad para 1.074 maletas.

España adaptará su normativa para cumplir con la nueva gobernanza europea

MADRID.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha asegurado que tanto el Estado como las comunidades autónomas acatarán la nueva gobernanza europea y adaptarán a la normativa española para poder cumplirla.

   "Adaptaremos nuestras normas en todo aquello que sea necesario para cumplir ese pacto de gobernanza y tendrán ustedes cumplida cuenta de todos los pasos que se vayan dando", ha señalado Salgado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso a la diputada 'popular' Soledad Becerril.

   Salgado ha recordado que España está contribuyendo "muy activamente" al paquete de gobernanza económica y que, por tanto, aplicará las modificaciones que sean necesarias para aplicarla en España a todos los niveles.

   La 'número tres' del Gobierno ha explicado que se trata de un conjunto de normas que tratan de mejorar la supervisión y moderar los desequilibrios macroeconómicos, además de incluir la deuda como un criterio operativo, lo que beneficia a España porque cuenta con una situación mejor que el resto de países.

   Por su parte, Becerril ha recordado al Gobierno que la nueva gobernanza implica también más vigilancia y control, al tiempo que ha pedido al Ejecutivo que piense cómo va a adaptar las nuevas exigencias a la normativa española y que tenga sentido de democracia y lo lleve al Congreso antes de tomar la decisión.

Salgado: imponer un techo de gasto a las CC.AA. no garantiza el cumplimiento del déficit

MADRID.- La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha remarcado en el Congreso de los Diputado que el Ejecutivo no va a imponer a las comunidades un "techo de gasto" y, aunque ha admitido que es una herramienta "útil" que el PSOE llevará en su campaña electoral para las elecciones autonómicas de mayo, no "garantiza en sí mismo" el cumplimiento de los objetivos de déficit. 

   En respuesta a una interpelación del portavoz de ERC, Joan Ridao, Salgado ha precisado que lo que se discute en Bruselas en el marco del Pacto por la Competitividad es que haya una "regla de gasto" que se adapte el ciclo económico, lo que en principio se ciñe a la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria que reformó la anterior Ley del PP, que fijaba objetivos "año a año".

   En este sentido, el planteamiento busca una estabilidad a lo largo del ciclo que permita adoptar estímulos en los "momentos bajos" del mismo, aunque esto, "evidentemente", no ha sido suficiente el caso de la actual crisis para frenar el déficit y el endeudamiento público, que "en buena parte" responde a las ayudas a entidades financieras "radicadas en toda las comunidades autónomas".

   En este sentido, la vicepresidenta ha descartado que el Pacto por la Competitividad suponga grandes cambios en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si bien alterará al "cadencia" de los marcos plurianuales respecto a los Presupuestos del Estado, lo que también repercutirá en los procedimientos del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   Salgado estima que este nuevo "paquete de gobernanza" se aprobará previsiblemente en el mes de junio y tendrá un "tiempo dilatado" para su establecimiento, y ha remarcado que en estos momentos todo lo que se refiere a política presupuestaria está más delimitado por el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit que por los nuevos acuerdos en el marco de la Unión Europea.

   Así, Salgado ha remarcado que la "máxima prioridad" es la reducción de los niveles de déficit público, para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas y la rebaja de los intereses de la deuda pública, lo que mejorará también la capacidad de endeudarse de las comunidades autónomas. De hecho, ha lanzado un mensaje a las comunidades al recordar que todas las administraciones pueden hacer "algo más" para ganar en eficiencia en un momento de crisis y reducción de ingresos.

   Salgado ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011 son los primeros que recogen íntegramente el nuevo modelo de financiación autonómica, lo que ha hecho innecesario conceder anticipos adicionales. Este, precisamente, es uno de los argumentos que el PP ha esgrimido para presentar un recurso contra las cuentas públicas ante el Tribunal Constitucional.

   En este sentido, Salgado ha asegurado que "todos los informes jurídicos" avalan al Gobierno, que está "cumpliendo escrupulosamente" con todos sus compromisos financieros, incluidos los recogidos en la Disposición Adicional Tercera del Estatut catalán.

   "Hemos cumplido, pero algunas comunidades deberán hacer un esfuerzo más decidido", ha insistido la 'número tres' del Ejecutivo, tras recordar que los objetivos de déficit se acordaron en el seno del CPFF y no son una "imposición" del Gobierno.  

   Por último, ha reiterado el compromiso expresado hace una semana por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de publicar las balanzas fiscales cuando se tenga al liquidación de 2010, año en que entró en vigor el nuevo sistema de financiación, pues no es "razonable" presentar datos del anterior.

   También ha aceptado la propuesta de ERC de estudiar un sistema periódico para difundir estos informes, si bien no de carácter anual, pues los datos serían poco relevantes frente al esfuerzo que supondría elaborarlos.

Rubalcaba descarta imponer por ley un techo de gasto a las CC.AA.

MADRID.- El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que el Gobierno no va a imponer por ley un techo de gasto a las comunidades autónomas porque va contra la Constitución pero ha propuesto al Partido Popular que ambas formaciones planteen en cada Parlamento autonómico establecer un techo de gasto.

   De esta forma ha respondido, en la sesión de control del Congreso, a la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, que le ha reprochado que en enero el PSOE votara en la Cámara en contra de una propuesta del PP para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y ahora "esa misma propuesta se vaya a aprobar en el Consejo Europeo de mañana". "No sé con qué cara van a ir a Bruselas, pero espero que no vayan con los mismos argumentos", ha enfatizado.

   Según Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo se ha opuesto hasta ahora a cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque "es reconocer que el gobierno se equivocó de principio a fin en la gestión de la crisis" y porque "PSOE y estabilidad son conceptos antagónicos". Según ha agregado, no quiere cambiar la Ley "porque tienen tanto ruido dentro del Partido Socialista que no escuchan lo que está diciendo la gente fuera".

 

   "No quisieron cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque era una propuesta del PP y no hacen caso cuando es del PP. Entienden mejor cuando se lo dictan desde el pinganillo de Bruselas, que son los que mandan aquí", ha aseverado, cosechando un aplauso de la bancada 'popular'.

   En el primer rifirrafe parlamentario que mantienen tras la enfermedad del ministro, Rubalcaba ha admitido que es posible que el Consejo Europeo, en el marco de la discusión sobre la competitividad, se adopten "algunas decisiones sobre el control de gasto y deuda en los Estados" que pueden hacer necesarios "pequeños cambios en nuestra legislación". Eso sí, ha recalcado que en todo caso serán "pequeños cambios".

  

Tras espetar a Sáenz de Santamaría que "de economía anda regulín", el vicepresidente ha explicado que no van a "imponer" por ley un techo de gasto a las CC.AA. "No lo vamos a hacer porque creemos que va contra la Constitución y ustedes también cuando hicieron la ley en 2001", ha añadido, en referencia a la ley de financiación que aprobó el Gobierno de José María Aznar.

   Eso sí, ha reconocido que "es bueno" que haya techo de gasto y, de hecho, ha subrayado que el PSOE lo incluirá en su programa electoral para aplicarlo en las comunidades en las que ganen las elecciones.

"Esperamos que ustedes lo hagan donde gobiernen. Aquí tiene un buen acuerdo, pongámonos de acuerdo en que los dos grupos vamos a llevar a los Parlamentos autonómicos que en el uso de su autonomía establezcan un techo de gasto", ha planteado.

   El ministro del Interior ha subrayado que el Ejecutivo ha hecho de la estabilidad "uno de los ejes" de su política presupuestaria y ha recordado que han alcanzado un acuerdo fiscal con las comunidades para conseguir que cuadren las cuentas públicas. "Hemos tomado medidas de recorte nosotros y las CC.AA. --ha recalcado--. Aquí nosotros solos, con nuestras manitas y sin su ayuda. Y por eso estamos saliendo de la crisis económica, nosotros solitos, sin su ayuda", ha dicho a Sáenz de Santamaría.

Salgado niega que el Gobierno señale a las CC.AA. como culpables del incremento del déficit

MADRID.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha negado que el Gobierno señale a las comunidades autónomas como las culpables del incremento del déficit público y principales incumplidoras del programa de consolidación fiscal.

   Así lo ha puesto de manifiesto Salgado en la sesión de control al Gobierno ayer en el Senado, en respuesta a una pregunta del senador de CiU Jordi Vilalloana i Rovira que ha acusado al Gobierno de señalar a las comunidades cuando la Administración central es la principal responsable del endeudamiento público español.

   "Ningún señalamiento", ha contestado Salgado a Vilalloana, a quien ha recordado que el Estado cerró el año con un déficit del 5,1% del PIB frente al 5,9% esperado inicialmente, mientras que las comunidades cerraron el año con un saldo negativo del 2,8% frente al 2,4% que acordó el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

   "Ningún señalamiento como incumplidoras, sino percepción de lo que dicen los datos", ha subrayado la vicepresidenta económica, tras mostrarse "sorprendida" ante la afirmación de Vilalloana de que el Estado es el principal responsable del déficit, ya que la Administración Central ha transferido los servicios públicos, pero nunca la deuda que habían generado hasta entonces en el Estado.

   Además, ha recordado que, a pesar del incremento que se ha producido en el nivel de endeudamiento de todas las administraciones por la crisis, el PSOE consiguió alcanzar un mínimo de deuda española del 36%, lo que ha permitido "margen a todos" para hacer frente a los efectos del ajuste económico.

   De la misma forma, ha indicado al senador de CiU que el Estado ha financiado 30.000 millones de euros que le deberían haber devuelto las comunidades autónomas por los anticipos a deuda y que, en lugar de reclamarlos, permitirá que los devuelvan en un periodo de seis años, uno de carencia y cinco de devolución.

   Finalmente, ha resaltado que la Administración central también se ha endeudado en los últimos meses por las ayudas al sistema financiero y ha puesto como ejemplo a las entidades con sede en Cataluña, que han recibido más de 1.500 millones de euros del FROB, lo que ha ayudado a generar deuda y déficit.

   Vilalloana, por su parte, ha asegurado que no es "correcto ni adecuado" decir que las comunidades son las principales generadoras de déficit, ya que el Estado cuenta, según datos del Banco de España, con un nivel de deuda que supera en cuatro veces el de todas las administraciones juntas.

   A su parecer, el Gobierno no supo prever la crisis ni su duración, lo que ha llevado al país a una situación "gravemente compleja" que obligará a las comunidades autónomas a tocar los ingresos, como ha hecho Cataluña. "Espero que otras lo hagan a partir de mayo", ha indicado.