jueves, 15 de mayo de 2008

El Gobierno de Canarias no permitirá ocupar más suelo turístico hasta 2013

SANTA CRUZ DE TENERIFE.- El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado que, en los próximos cinco años, no se podrá ocupar más suelo turístico que el existente en estos momentos en el archipiélago y el Ejecutivo regional “dirige todo el esfuerzo” a incentivar las iniciativas empresariales tendentes a la renovación de la planta alojativa que está “obsoleta”.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del anteproyecto de ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo para, a partir de ahora, iniciar un “período de contacto y transparencia” con otras instituciones públicas y empresas y, una vez que se alcance el “máximo consenso posible”, se elevará por tramitación urgente al Consejo Consultivo con las alegaciones que se puedan introducir.

Posteriormente regresará al Gobierno para su aprobación definitiva y se trasladará al Parlamento, según explicó el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, que aclaró que el objeto es tener el proyecto de ley en el Parlamento antes del verano.

Berriel indicó que entre las alternativas para el desarrollo de la economía en un momento de “desaceleración” figura que los empresarios podrán solicitar las desclasificación de suelo turístico y pedir la correspondiente indemnización o solicitar un convenio urbanístico para modificar y sustituir sus derechos urbanísticos turísticos por otros en otro lugar dedicados a suelo industrial o uso residencial, dedicando en este caso un 30% a viviendas de protección oficial.

El consejero apuntó que dicho anteproyecto se ha adoptado “de forma colegiada y además da respuesta de forma rigurosa al documento que sirvió de base para establecer el pacto de gobierno con el PP”, por lo que destacó que “no ha habido ni la más mínima discrepancia en esta cuestión”.

Berriel destacó que con este anteproyecto de ley “se trata de dinamizar la economía y los sectores productivos y retirar las trabas que pueden evitarse y desburocratizar aquello que pueda simplificarse en materia de ordenación del territorio, pensando en la dinamización del sector industrial, agropecuario y del desarrollo del medio rural”.

La nueva ley “supone desatascar bastante el nuevo marco de planeamiento urbanístico de Canarias para posibilitar también disponer de suelo necesario para las actividades productivas y los servicios públicos”, añadió.

El anteproyecto de ley permite que el planeamiento municipal habilite suelos industriales que tengan como ámbito y objetivo el municipio. Además, se mantiene la excepcionalidad para que aquellas iniciativas de interés general el gobierno pueda estudiarlas y permitir su implantación en el territorio.

Asimismo, en materia turística el principal objetivo es la búsqueda de la “modernización y adaptación de la planta que está obsoleta con la reconversión real del sector haciéndolo más competitivo, intentando llegar a la excelencia”.

Así, el Gobierno incentivará las iniciativas empresariales tendentes a conseguir esta transformación del sector, acompañando a ello inversiones públicas y facilidades en el planeamiento para poder llevarlas a cabo “mejorando aquellos lugares que estén sobresaturados y mejorando las reconversiones del modelo de ciudad constreñido”, aseveró el consejero regional.

El segundo “gran objetivo” del proyecto de ley en materia turística consiste en no consumir más suelo turístico que el que existe actualmente, ya que el Gobierno considera que la superficie que hay es “suficiente” y requiere “una mejor gestión”.

“No se puede ocupar más suelo del que ya está clasificado desde el punto de vista turístico y todo el esfuerzo va dirigido a la reconversión y en ésta es donde único se enmarca las posibilidades de crecimiento de nuevas plazas como incentivación o premio a los esfuerzos de modernización en la planta alojativa”, añadió Berriel.

Al entender de Berriel, el sector de la construcción se verá “doblemente beneficiado” a raíz de las medidas que incluye este anteproyecto “son suficientemente incentivadoras para que permitan tener la esperanza de que se va a producir la reactivación del sector a través de la renovación de la planta turística”.

Por tanto, los “proyectos que tengan verdadera solvencia económica no van a tener ningún obstáculo para poderse implantar”.

El consejero indicó que este anteproyecto contempla también la regularización de establecimientos turísticos alojativos que, tras la entrada en vigor de la Ley de Directrices, “cumplían sus parámetros urbanísticos pero estaban en construcción o tenían licencias para construir y no autorizaciones previas” o bien con condicionantes por la normativa de seguridad.

Añadió que la nueva ley “abre un camino a la posibilidad de regularización siempre y cuando se acredite que han cumplido con sus deberes urbanísticos”.

Berriel indicó que los siete cabildos deberán entregar cuanto ante sus planes insulares turísticos en la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias y su posterior elevación al Gobierno, mientras que los que no haya hecho este trámite, como Lanzarote y Fuerteventura, deberán elevar un informe al Ejecutivo para decir en qué punto de tramitación se encuentra y dar un programa de terminación que se establece en un año máximo.

Si ello no se cumple el Gobierno regional se subrogará en las competencias y hará los planes territoriales turísticos correspondientes.

Berriel también se refirió a empresarios afectados por la conocida como moratoria turística como Félix Santiago Melián en Costa Botija y Teo Gerlach en Pasito Blanco, que deben ser indemnizados con importantes cuantías por el Gobierno regional tras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por las pérdidas que han supuesto en sus proyectos en las zonas citadas en Gran Canaria.

Para el consejero, “la ley que especializa la moratoria turística está pensando no en una paralización ''sine die'', sino que en los próximos tres años el crecimiento venga como consecuencia de la renovación”, al tiempo que recordó que el Gobierno ha recurrido dichas resoluciones judiciales.

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TUI, participada por la CAM, dispara un 164% su pérdida trimestral hasta 278 millones

FRANCFORT.- El grupo turístico alemán TUI --participado por las firmas españolas Riu, CAM y Grupo Matutes-- registró una pérdida de 278 millones de euros en el primer trimestre, lo que se traduce en un incremento del 164% sobre el resultado negativo de 105 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

La compañía atribuyó este resultado negativo a la integración entre First Choice y la división turística de TUI, que supuso un sobrecoste de 69 millones de euros. Asimismo, en la pérdida del primer trimestre del año pasado se contabilizaron unas plusvalías de 181 millones por la desinversión de las terminales de Montreal y de la venta de la participación de Hapag-Lloyd en Lloyd AG.

Los ingresos del grupo se elevaron un 36,2% hasta alcanzar los 3.636 millones de euros en los tres primeros meses. No obstante, los costes también se vieron incrementados en un 30% hasta totalizar 3.572 millones de euros.

La división turística --TUI Travel, TUI Hotels & Resorts y el negocio de cruceros de Hapag-Lloyd Kreuzfahrten y TUI Cruises-- vio incrementada su cifra de negocio en un 37,2%, hasta 3.600 millones de euros. El beneficio operativo de esta división se incrementó en un 2,6% hasta registrar una pérdida de 221 millones, reflejando el carácter estacional del turismo.

En concreto, TUI Travel elevó sus ingresos en el primer trimestre un 38,6% hasta 3.470 millones de euros y un Ebita negativo de 240 millones, lo que supone una leve mejora del 2,4%. En cuanto a TUI Hotels, esta división también registró mayores ventas, un 11,5% más, al igual que la de cruceros, con un crecimiento de la cifra de negocio del 16,2%.

Camps anuncia medidas de tipo económico la próxima semana para solventar la actual situación en la Generalitat

CASTELLÓN.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, anunció hoy que la Generalitat Valenciana adoptará medidas de tipo económico la próxima semana para solventar la actual situación económica.

Camps realizó estas declaraciones durante su intervención en el acto de homenaje a las empresas de la provincia celebrado por la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) en la capital de La Plana.

Así, explicó que el Gobierno valenciano está volviendo a negociar el PAVACE con empresarios y sindicatos, pondrá en marcha los II Planes de Competitividad y la próxima semana adoptará medidas de tipo económico para solventar la actual situación ecónomica "dentro de las competencias de la Generalitat", entre las que destacó un acuerdo entre el IVF y las cajas de ahorro "para aportar liquidez al sistema financiero y que las pymes puedan acceder a programas de crédito", y un programa de capacitación rápida "para que las personas que pierdan el empleo puedan reciclarse y volver al mercado laboral".

El jefe del Ejecutivo valenciano destacó que "tenemos que seguir juntos, mirando el futuro, ya que en todos los momentos son buenas las iniciativas en las que todos tengamos mucho que decir y estemos de acuerdo, ya que las cosas se ponen en marcha de la mejor manera". Según dijo, Castellón "sigue teniendo una de las tasas de paro más bajas y unas de las tasas de actividad más altas, pero está inmersa en esta situación económica".

"Exigimos el vigor que corresponde al Gobierno de España, y desde la Generalitat seguiremos trabajando", apuntó Camps, quien resaltó que la inversión pública del Gobierno valenciano se cifra en 5.000 millones de euros, "y la idea es continuar invirtiendo y poniendo en marcha nuevos proyectos como autovías, aeropuerto o el nuevo Centro de Convenciones de Castellón que estará en marcha en dos o dos años y medio".

Camps agradeció a la sociedad de Castellón su "respaldo" a cualquier reivindicación "que hemos realizado a nivel nacional en los últimos años, y le pido ahora la misma colaboración". Según recordó, "con la nueva legislatura demandé que se acabaran los privilegios y los territorios y empezase el reconocimiento a los mismos, pues en la Comunitat Valenciana la población se ha incrementado en un millón de personas en los últimos siete años, y eso es porque los empresarios han hecho las cosas bien".

"Pero esto --agregó-- no se puede castigar con una financiación que no contemple la realidad de la población, pues sólo queremos algo que nos corresponde y que es de justicia a la hora de transferir los fondos a ls Comuntiat Valenciana".

Asimismo afirmó que "es importante que sigamos reivindicando que el AVE llegue a Castellón y un corredor ferroviario por el arco mediterráneo". Finalmente, apuntó que "hay que seguir haciendo grande Castellón y la Comunitat Valenciana reivindicando lo que es justo y sin privilegios".

El Ecofin aprueba reforzar la cooperación entre los supervisores bancarios

BRUSELAS.- Los ministros de Economía de la Unión Europea (Ecofin) aprobaron hoy reforzar la cooperación entre los supervisores bancarios de los 27 Estados miembros con el objetivo de reforzar la estabilidad financiera y responder de manera más eficaz a turbulencias financieras como las que afectan a los mercados desde el pasado verano desencadenadas por la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos.

Los Estados miembros deberán introducir como muy tarde a mediados de 2009 en el mandato de los supervisores nacionales la obligación de tener en cuenta la dimensión de la UE a la hora de llevar a cabo su tarea, según acordó el Ecofin.

Ello permitirá que los supervisores nacionales tengan en cuenta los problemas de estabilidad financiera en otros Estados miembros cuando lleven a cabo su función. "Los supervisores financieros de los países de la UE deben intensificar el trabajo para lograr un refuerzo de la convergencia supervisora europea", señalan las conclusiones aprobadas por los ministros.

En cuanto a la supervisión de grupos bancarios transfronterizos, los Veintisiete señalaron que para cumplir esta función es necesario reforzar el papel de los "colegios de supervisores" en los que participen representantes de varios Estados miembros para facilitar la cooperación e intercambiar información.

En caso de crisis, se dará prioridad a las "soluciones privadas", aunque los ministros están de acuerdo en que es necesario discutir más sobre el "reparto de la carga" entre los países afectados si es necesario usar dinero público, según explicó el ministro de Finanzas esloveno y presidente de turno del Ecofin, Andrej Bajuk.

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, insistió en que "hay que avanzar de forma muy prudente" y que "no convienen diseños teóricos sino diseños pragmáticos que tengan en consideración los problemas específicos que se plantean entre países concretos". A su juicio, ello exige memorandos de entendimiento entre los diferentes países.

Solbes dijo además que "debe quedar muy claro que, sea quien sea el supervisor, el principio de igualdad de trato a todos los depositantes, inversores y accionistas en caso de crisis tiene que salvaguardarse".

Finalmente, el vicepresidente económico abogó por "una mayor armonización de los sistemas de garantía de depósitos" porque a su juicio permitiría "avanzar en la racionalización del régimen actual de supervisión de grupos e incluso en el reparto entre las distintas autoridades".

(Banco de Francia, París)

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