El Banco de España pide a Bankia cambios en su cúpula

MADRID.- El Banco de España estaría presionando al banco presidido por el ex ministro popular y ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato, para que tome medidas rápidas y adicionales dirigidas a cumplir las exigencias de la reforma bancaria del Gobierno, dijo el sábado el diario Abc sin identificar sus fuentes.

El supervisor bancario habría pedido a Bankia cambios en su cúpula directiva, que podrían incluir el nombramiento de un nuevo consejero delegado, y la presentación de un plan "estricto" de desinversiones, indicó el diario.

Un portavoz de Bankia declinó hacer comentarios al respecto de la información de Abc.

El actual consejero delegado de Bankia es Francisco Verdú, que ocupa el cargo desde hace menos de un año, cuando se incorporó procedente de Banca March.

Por otra parte, Bankia tiene una extensa cartera de participadas, entre las que destacan las cotizadas Mapfre (15%), Indra (20%), Iberdrola (5,3%), IAG (12%), NH Hoteles (10%), Deoleo (18,6%), Realia (27%), Metrovacesa (19%) y Banco de Valencia (39%).

ABC también apuntó el sábado que Bankia realizará una emisión de bonos convertibles (cocos) por valor de 500 millones de euros que serán comprados por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Para salvar el escollo de que son necesarias fusiones a cambio de este tipo de asistencia pública, Bankia integraría a su matriz BFA, una vía que contempla la ley si se argumenta la excepcionalidad de la situación, asegura el diario.

Bankia, en el ojo del huracán por su alta exposición inmobiliaria, ha reiterado en varias ocasiones que piensa cumplir con la reforma financiera en solitario y sin necesidad de pedir ayudas públicas.

La entidad tiene que cubrir unas necesidades de 5.070 millones de euros para cumplir con los saneamientos requeridos por el Gobierno y está llevando a cabo una activa política de desinversiones en participaciones industriales y recompra de preferentes para captar fondos. A finales de marzo, el grupo vendió un 10 por ciento de Mapfre América por 244 millones de euros y colocó un 4 por ciento de NH por 70 millones.

Clemente realizará una "referencia importante" a Camps en su informe de gestión

VALENCIA.- El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, ha asegurado que en su informe de gestión, en el congreso de los 'populares' en Alicante el 19 y 20 de mayo, realizará una "importante referencia" al que fuera presidente del partido y de la Generalitat, Francisco Camps, quien dimitió tras su imputación en el caso de los trajes. Así, ha destacado que Camps "ha realizado una magnífica labor" al frente del Consell y del PPCV. 

   Clemente, que se ha expresado de esta manera, también ha apuntado que no está prevista la presencia del líder del PP y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "No está previsto que venga" pero "mi obligación es intentar que venga" aunque "lo tiene un poco complicado", ha agregado.

    Por otro lado, Clemente ha destacado la "tranquilidad" con que se está preparando el cónclave 'popular' porque el actual presidente del PPCV, Alberto Fabra, es el único candidato. De esta manera, ha asegurado que su objetivo es que este sea un congreso "de ideas y no de personas" porque "el único personalismo que debe haber es el de Fabra".

   Inquirido en este sentido por el futuro de la Secretaría General del PPCV, el actual ocupante del cargo no cree que la "máxima preocupación de los ciudadanos sea quién va a ser" el nuevo secretario general, ni "tampoco" es la suya, ha asegurado. "Con la que está cayendo, a la gente no creo que su mayor preocupación sea quién vaya a ser el secretario general" del PPCV.

    En esta línea, Clemente ha asegurado que a la gente "le da igual" quien tenga un cargo dentro de un partido. Así, ha relatado que en esta etapa como secretario general del PPCV, "por la calle hay gente que se piensa que soy conseller" y algún otro "me ha confundido" con "Antonio Alcántara", personaje de la serie 'Cuéntame' al que da vida Imanol Arias.  

   Clemente considera que el debate sobre los cargos y personas es "accesorio" porque los valencianos "esperan un debate ideológico" en el congreso. Preguntado por si eso supone un "reproche" para aquellos que sí intervienen en esos debates, el dirigente 'popular' ha remarcado que desconoce estos "intentos" de posicionar a personas en los cargos, "más allá" de los que ve en los medios de comunicación. "No es un reproche" porque "puedo entender que haya gente con aspiraciones políticas para ocupar un determinado cargo", ha agregado.

   En este sentido, Antonio Clemente ha subrayado que el responsable de formar el equipo directivo del PPCV "corresponde exclusivamente al presidente del partido".

 "Otra cosa es que quiera oír otras voces" y, en caso de pedirle su opinión, Clemente ha asegurado que se la dará "encantado".

   Este sábado se repartirán las ponencias entre los compromisarios del congreso y quedará abierto el plazo para presentar enmiendas. A cada uno de los compromisarios se les dará una contraseña para que puedan acceder a la página web del PPCV y depositar las enmiendas que consideren oportunas el texto elaborado por los ponentes del congreso. En esta ocasión, las enmiendas se remitirán telemáticamente, con el consiguiente ahorro de papel, ha destacado.

   Clemente ha explicado algunos de los puntos que se trabajarán durante el congreso. Entre ellos, ha afirmado que el "desafío" para los próximos años es el de "recuperar o mejorar la imagen exterior" de la Comunitat Valenciana. Para lograrlo, el primer paso es "denunciar" que esa imagen "perjudica a todos" y, en este sentido, ha reprochado al PSPV que se haya "prestado" a algún supuesto "interés para degradar" la Comunitat.

   Otro de los puntos que se va a debatir será el de "intentar ir un paso más allá para que exista aún más transparencia en el PP", ha declarado.

   En este sentido, Clemente considera que guardar cargos en el partido para aquellos imputados que hayan sido absueltos "tiene su lógica", aunque ha apuntado que desconoce si esa propuesta se va a llevar a cabo. "Lo desconozco, pero tiene su lógica que si una persona en estos momentos no entra en los órganos del partido, por una supuesta financiación irregular cuando sea absuelta pueda participar".  

   La crisis también centrará parte de los debates del congreso. Así, será un encuentro de "futuro" para la Comunitat, que será tratado en las ponencias. En este sentido, se ha mostrado "convencido de que ese futuro, con el PP, va a ser bueno".

   En relación a la nueva dirección socialista, Clemente considera que "va a ser más fácil llegar a acuerdos" porque los talantes del secretario general del PSPV, Ximo Puig, y de su portavoz en las Corts, Antonio Torres, son "diferentes" a los de los dirigentes anteriores.

   Clemente ha señalado la necesidad de alcanzar acuerdos con el principal grupo de la oposición "sobre los grandes desafíos para la Comunitat: economía y educación". Al respecto, ha señalado que tiene pendiente "tener una larga charla con Puig y Torres" y que será en cuanto puedan "cuadrar las agendas".

Sanz dice que Fabra "no puede seguir al frente de un gobierno que ha renunciado a reivindicar una financiación justa"

VALENCIA.- La coordinadora de EUPV y portavoz de esta formación en las Corts Valencianes, Marga Sanz, ha considerado este sábado que el presidente del PPCV y de la Generalitat, Alberto Fabra, "no puede seguir al frente de un gobierno que ha renunciado a reivindicar una financiación justa". 

   Sanz ha acusado, en un comunicado, al Consell "de abandonar sus responsabilidades de gobierno cuando no exige una financiación justa" al presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, y "castiga los valencianos con recortes de los servicios públicos esenciales".

   "Alberto Fabra no puede seguir al frente de un Consell que ha renunciado a una financiación legítima para dar aire al Gobierno de Rajoy mientras castiga los valencianos con recortes inasumibles", ha señalado Sanz en este sentido.

   Tras ello, la responsable de EUPV ha pedido la convocatoria de elecciones anticipadas. Ha criticado el "contraste" entre "la actitud sumisa actual con la financiación, cuando en el pasado fue su bandera", con la "contundencia de trasladar el peso de la crisis a la ciudadanía".

   "No sólo Fabra está incapacitado para gobernar el Consell sino el conjunto del Partido Popular valenciano, porque nos ha conducido a una situación tan grave que en este momento el propio Consell reconoce que sin los hispanobonos" la Comunitat Valenciana "se colapsa", ha argumentado.

EUPV propondrá en las Corts que la Generalitat no contrate con empresas que operan en paraísos fiscales

VALENCIA.- El portavoz adjunto de EUPV en las Corts, Ignacio Blanco, considera que la Generalitat "nunca debería haber firmado" contratos con el arquitecto Santiago Calatrava en unas condiciones "tan onerosas" para el erario público y ha anunciado que su grupo propondrá en la Cámara valenciana que el Consell no contrate con empresas que operan en paraísos fiscales o en países donde rija el secreto bancario, como es el caso de Suiza.

   En un comunicado, Blanco ha respondido así a las declaraciones efectuadas este viernes por el vicepresidente del Consell, José Císcar, quien defendió los honorarios pagados por la Generalitat a Calatrava dado que "los contratos están para cumplirse". A su juicio, estas palabras suponen "un humillante sarcasmo, dados los numerosos incumplimientos contractuales que arrastra el Consell con sus proveedores".

   El diputado ha exigido responsabilidades a quienes firmaron esos contratos "leoninos" para la administración y a aquellas personas que "por encima de ellos dieron la orden de asumir las condiciones impuestas por Calatrava, absolutamente cuestionables en cuanto a honorarios, régimen fiscal y asunción de sobrecostes".

   En este sentido, ha explicado que los últimos contratos de CACSA con Calatrava están firmados por Jorge Vela y José Manuel Aguilar, ambos imputados actualmente en el procedimiento penal seguido en Palma por el caso Nóos.

   "Nunca deberían haber firmado contratos con Calatrava en esas condiciones tan onerosas para el erario público y tan poco edificantes desde el punto de vista ético", ha resaltado Blanco, para quien la responsabilidad última está en el máximo nivel del Gobierno valenciano, "que era quien decidía en última instancia la contratación de Calatrava asumiendo sus imposiciones".

   Por ello, ha recordado a Císcar que si bien los contratos están para cumplirse, "no hay ninguna obligación de firmarlos" y ha señalado que es "de perogrullo" decir que las cuentas de CACSA están auditadas, "pero eso no quiere decir que todo esté bien, ni mucho menos".

   Blanco ha apuntado que la propia Sindicatura de Comptes afirma en casi todos los informes anuales de fiscalización de esa empresa pública que "podrían existir dudas en cuanto a la adecuada aplicación de las reglas de localización del impuesto previstas en los artículos 69 y 70 de la Ley 37/1992, reguladora del IVA".

   "Es una manera sutil y diplomática de advertir de un posible fraude a la Hacienda Pública, y desde luego de un contrasentido ético y político evidente", ha resaltado el parlamentario de la formación de izquierdas.

   Para evitar que vuelvan a ocurrir casos similares, EUPV presentará en las Corts una proposición no de Ley instando al Consell a "no contratar, ni directa ni indirectamente, con empresas que operen en paraísos fiscales o en países donde rija el secreto bancario, como es el caso de Suiza".

   El grupo de izquierdas pretende que se excluyan de la contratación y de las ayudas públicas las llamadas "sociedades offshore", llamadas así porque se domicilian en paraísos fiscales que se niegan a compartir información financiera y a respetar los estándares internacionales de intercambio de información tributaria, manteniendo el secreto bancario y la confidencialidad de sus clientes.

   A su juicio, el Consell "no puede ser cómplice o coautor de maniobras de elusión de las leyes fiscales españolas, lo que ha permitido a Calatrava ahorrarse varias decenas de millones de euros en el Impuesto de Sociedades por los casi 100 cobrados de la Generalitat".

Blanco (EUPV) responde a Calatrava: "Vamos a seguir denunciando el despilfarro"

VALENCIA.- El portavoz adjunto de EUPV en las Corts, Ignacio Blanco, se ha mostrado "tranquilo" ante las declaraciones efectuadas por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, en las que ha manifestado que se reserva la posibilidad de emprender acciones legales contra la formación por difamación, y ha anunciado que su grupo "va a seguir denunciando el despilfarro" a pesar de esta "velada amenaza".

   El diputado ha señalado que no ve "por ningún sitio" el motivo por el cual el arquitecto podría emprender acciones judiciales, ya que EUPV tan sólo "ha cumplido su función fiscalizadora", ha hecho uso de su libertad de expresar opiniones políticas y ha difundido información veraz proporcionada por CACSA.

   Blanco anunció el jueves, después de pasar cuatro jornadas en CACSA consultando los proyectos, contratos, informes previos a la contratación, pagos y facturas-- que la Generalitat pagó al arquitecto un total de 94 millones de euros en concepto de honorarios por el proyecto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, un proyecto que contempló una inversión final cifrada algo más de 1.100 millones de euros.

   Este sábado, el arquitecto ha salido al paso de la polémica generada en torno a los pagos y ha señalado que "pretender aprovechar la coyuntura económica para criticar un proyecto cuyas bondades nadie ha discutido es una actitud incalificable". Asimismo, ha lamentado la "falta de interés" de EUPV por conocer los hechos" y ha anunciado que se reserva "las posibles acciones judiciales que puedan proceder".

   Ignacio Blanco ha asegurado, por su parte, que "no entiende" a qué se refiere Calatrava con esta "velada amenaza", ya que la información aportada por EUPV se basa en documentos reales. Por ello, ha insistido en que continuarán con su labor fiscalizadora de los documentos públicos, "máxime cuando se trata de contratos que son tan onerosos para las arcas públicas". "No nos va a callar", ha agregado.

   El diputado de la formación de izquierdas ha precisado también que no están acusando a Calatrava de nada, sino a la Administración por haber suscrito los citados contratos para ejecutar un proyecto que se ha convertido en "un pozo sin fondo". "Él saca lo que puede, negocia", ha apuntado Blanco, que ha señalado que es la Generalitat quien debe defender los intereses de los valencianos a la hora de firmar un contrato.

   Por otra parte, respecto a las declaraciones del arquitecto en las que defiende que los honorarios percibidos han sido "siempre, desde el primer contrato, ajustados a la calidad del trabajo desarrollado" y al volumen de la obra, ha indicado que desde EUPV no han entrado a valorar la calidad del proyecto, sino que se centran en la fiscalización de los pagos.

   Asimismo, en cuanto a los beneficios económicos generados por el complejo esgrimidos por Calatrava, ha apuntado que se trata de una cuestión "opinable" y ha recalcado que, en cualquier caso, lo que es indudable es "el magnífico beneficio que ha obtenido él personalmente".

   También ha recalcado que, a pesar de tener la residencia familiar y profesional en Suiza, dado que el arquitecto realizó la mayor parte del trabajo de diseño y el seguimiento de la ejecución de la obra de la CAC desde Valencia, donde tiene una oficina, la facturación debería haberse realizado en esta ciudad.

   Por último, ha aclarado que el pasado año el abogado del arquitecto se puso en contacto con el abogado de la diputada de EUPV Marina Albiol para mantener una reunión "de abogado a abogado", a lo que la formación "nunca se ha negado". No obstante, ha agregado Blanco, el interés por parte del letrado de Calatrava "desapareció".

 "Nosotros estamos abiertos al diálogo, nos interesaría conocer su opinión", ha concluido.

Calatrava asegura que los honorarios percibidos se ajustan a la calidad y el volumen de las obras ejecutadas

VALENCIA.- El arquitecto valenciano Santiago Calatrava ha asegurado este sábado que los honorarios percibidos por la ejecución de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia han sido "siempre, desde el primer contrato, ajustados a la calidad del trabajo desarrollado" y al volumen de la obra, que ha sido "siempre auditada" por los órganos de control competentes. 

   En un comunicado remitido a los medios por su abogado, Calatrava ha salido al paso así de las críticas realizadas por el diputado de EUPV Ignacio Blanco sobre los honorarios recibidos por el arquitecto, que cifró en 94 millones de euros.

   Al respecto, ha destacado que durante los últimos 20 años nadie ha cuestionado estos honorarios "por considerarlos abusivos o lesivos para el interés público" y ha destacado que "pretender aprovechar la coyuntura económica para criticar un proyecto cuyas bondades nadie ha discutido es una actitud incalificable".

   "Discutir la oportunidad política de la inversión realizada es una cuestión que no me corresponde, pero es evidente que ha contado con el apoyo popular de los votos en las urnas y, por tanto, con la legitimidad que ello le otorga", señala el arquitecto en el comunicado, en el que recuerda que "todas las fuerzas políticas que en estos años han gobernado en la ciudad y la Generalitat han respaldado este proyecto, que ha trascendido las fronteras del país y han situado la ciudad de Valencia en el lugar que por su historia le corresponde".

   Asimismo, ha destacado que la inversión pública realizada en este complejo, que ha calificado como "uno de los mayores focos de difusión cultural de toda Europa", será "recuperada con creces, si no lo ha sido ya".

   A su juicio, los cuatro días que Blanco dice haber estado estudiando la documentación sobre CACSA son "del todo insuficientes" para "poder comprender y valorar  el trabajo realizado durante más de más de 20 años.

   El arquitecto ha explicado que en abril de 2011, cuando EUPV comenzó "una campaña de ataque" contra su persona, "realizando declaraciones calumniosas y presentando una denuncia ante la Fiscalía que sería archivada posteriormente", su letrado solicitó una reunión con la diputada de la formación Marina Albiol para aclarar cualquier extremo que considerase necesario en cuanto a los contratos, petición que fue rechazada.

   Un año después, ha lamentado, se insiste en esta misma "táctica difamatoria". Aunque admite que la obra que ha creado a lo largo de casi 40 años "dé lugar, en ocasiones, a la polémica", insiste en que merece "respeto en las críticas, y que las mismas se deben de ajustar a la verdad y hacerse desde el conocimiento de las circunstancias".

   "Lo contrario constituye una irresponsabilidad y una difamación, al poner en bajo concepto y estima mi persona", ha advertido el arquitecto, que ha criticado también la alusión a la residencia en Suiza de su sociedad de arquitectura e ingeniería con la no repercusión del IVA en sus honorarios.

   A su entender, estas opiniones "sólo pueden ser fruto del más absoluto desconocimiento de la naturaleza jurídica y mecanismo de funcionamiento de este impuesto", por lo que ha recomendado a Ignacio Blanco que se "ilustre" en este aspecto para evitar realizar declaraciones difamatorias.

   Ha explicado, además, que "las circunstancias" de su vida le llevaron a tener que abandonar España hace 40 años e instalarse en Suiza, donde completo sus estudios, formó una familia y fijó su sede residencia profesional, algo que "no ha sido obstáculo para desarrollar mi actividad profesional en todo el mundo".

   Por todo ello, Calatrava considera que la "falta demostrada de interés del grupo parlamentario EUPV por conocer los hechos" le hace plantearse "dudas respecto a la legitimidad de las motivaciones que se esconden detrás de estas actuaciones", por lo que, según ha anunciado, se reserva "las posibles acciones judiciales que puedan proceder".

   También ha reiterado que su filosofía de trabajo consiste en "una absoluta seriedad y ética profesional, independencia del signo político que coyunturalmente dirige la Administración pública contratante y una constante preocupación por el interés de los  ciudadanos".

El juez decano de Valencia valora la agrupación de partidos del CGPJ y dice que supondrá un ahorro enorme

VALENCIA.- El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, ha valorado la agrupación de partidos judiciales propuesta esta semana por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha destacado que esta medida "supondrá un ahorro enorme a medio plazo", además del establecimiento de servicios comunes y de la división de jurisdicciones --civil y penal--.

   Viguer se ha pronunciado en estos términos al ser preguntado por su opinión sobre la agrupación de partidos judiciales propuesta por el Consejo, órgano que también ha decidido mantener como partidos únicos el de Segorbe, Xàtiva y Ontinyent.

   El juez decano ha resaltado que el último informe del Consejo, relativo a este asunto, "es un paso en la buena dirección", y ha recordado que ya en la reunión de jueces decanos de noviembre de 2011, se apostaba por esta línea.

   Viguer ha indicado que "hay que tener en cuenta" que en España, actualmente, la reorganización territorial de los órganos judiciales es la "misma" que la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, "pero las circunstancias, sin embargo, han cambiado un poco", ha comentado.

   Por este motivo, ha afirmado que es "necesario" una agrupación de partidos judiciales, "porque hoy en día no tiene sentido que exista un partido con uno, dos o tres juzgados", ha dicho. "Concentrar juzgados --ha agregado-- es conveniente para optimizar recursos, y también es algo obvio para quienes trabajamos en la Administración de Justicia".

   A su juicio, "donde haya concentración de juzgados, la Administración funcionará mejor, con más eficacia". Así, esta media del Consejo "redundará en beneficio de los justiciable, del ciudadano", ha remarcado.

   Con la agrupación de partidos --ha agregado Viguer-- pueden haber servicios comunes y se podrán dividir las jurisdicciones de Civil y Penal, evitando los juzgados mixtos. Esto es, según ha aclarado, que "no habrá juzgados de primera instancia y de instrucción, si no que a partir de un determinado número de órganos, se podrán dividir las jurisdicciones y se conseguirá especializar los juzgados".

   Asimismo, se podrán reducir los edificios y, con ello, reducir los costes. Preguntado por si esta reorganización podría conllevar también despido de personal, ha comentado que "no" porque "se mantendrán los mismos juzgados, solo que concentrados en una misma localidad.

   Viguer ha indicado que éste es un "primer paso", pero ha dicho que "la última palabra la tiene el Ministerio de Justicia". Ahora "queda mucho camino por recorrer, habrá modificaciones y rectificaciones, y se oirá a todos los jueces decanos de los partidos judiciales de cada comunidad autónoma y a los gobiernos autonómicos para terminar de configurar la medida".

   Interpelado por quién asumirá el coste de esta reagrupación, ha contestado que "los medios materiales son competencia de las comunidades autónomas, excepto en las comunidades-ministerio".

   "No pedimos la agrupación --ha añadido-- porque se nos haya ocurrido de la noche a la mañana, si no que lo que pretendemos, desde un punto de vista estrictamente técnico, es la agrupación porque será beneficiosa para el funcionamiento de la Administración de Justicia".

 "Vemos en el día a día que hay dos velocidades: la de las grandes ciudades, y la de los pequeños partidos judiciales", ha comentado.

Gallardón: los ajustes no son "ni siquiera el principio del final" para superar la crisis

SANTANDER.- El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha advertido de que las medidas de ajustes y reformas que el Gobierno está emprendiendo no son "el final, ni siquiera el principio del final" para superar "con determinación" la actual crisis. 

   "No son el final de las medidas del Gobierno, ni siquiera el principio del final, pero sí el fin del principio", ha explicado el ministro en su discurso para clausurar el XI Congreso Regional del Partido Popular de Cantabria, que se ha celebrado este sábado en Santander.  

   Gallardón ha citado algunas de las medidas adoptadas por el PP como la reforma laboral, que, a su juicio, ha sido criticada "injustamente" por quienes "sólo pensaban en la realidad que les podía afectar y no en la generación de empleo".

   El ministro ha avanzado que el Gobierno de Mariano Rajoy continuará aprobando reformas cada viernes en el Consejo de Ministros, porque "nada es suficiente pero todo es necesario" y "necesitamos reformas para que España funcione" y vuelva a ser "una de las grandes economías de Europa".

   "Vamos a seguir gobernando y adoptando medidas que necesita el país invocando la solidaridad: pedimos más a los que más tienen", ha dicho, y al respecto se ha referido al "carácter altruista" de los votantes 'populares'.

   El titular de Justicia además ha defendido la lealtad institucional para fortalecer el Estado de las Autonomías, pero también para superar la situación "muy dura y grave" que se ha encontrado el PP, un "reto inmenso" que el Gobierno no puede superar solo y para el que es necesaria la "lealtad de todos".

   Así, ha dicho, "derrotaremos a los adversarios", que para el PP no son los rivales políticos sino la crisis económica y el paro. "Y los vamos a vencer y a superar esta crisis económica. Y lo haremos con ayuda de todos", ha asegurado, al tiempo que ha tendido la mano a los adversarios políticos para que demuestren su "grandeza" y se sumen a un trabajo común en el que "todos somos necesarios".

   Ruiz Gallardón ha insistido en la importancia de que España se adentre en el mundo del cambio y las reformas para "dimensionar la realidad"; algo que requiere "sacrificio".

   Y ha asegurado que la confianza que ha recibido el PP en las urnas la devolverá "con confianza y con lealtad, cumpliendo su programa" y en beneficio de España, mediante la generación de "seguridad, riqueza y empleo".