lunes, 25 de junio de 2018

Eduardo Zaplana, trasladado al hospital con problemas respiratorios de su pulmón izquierdo

VALENCIA.- El exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana ha sido trasladado este lunes al hospital de La Fe de Valencia desde la prisión de Picassent con problemas respiratorios derivados de un mal funcionamiento de su pulmón izquierdo, han informado fuentes próximas a su familia.

Tanto Instituciones Penitenciarias como el hospital valenciano han confirmado el traslado de Zaplana, que padece leucemia desde hace tres años, aunque no han detallado los motivos del mismo por razones de confidencialidad de la información clínica.
El exministro está en prisión desde el 24 de mayo tras ser detenido por el caso Erial, en el que se le investiga por delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.
Su abogado, que ya pidió sin éxito su libertad por razones humanitarias, ha remitido hoy un nuevo escrito a la titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia para reclamar su puesta en libertad condicional o, en su defecto, una medida de prisión atenuada.
En el escrito, según fuentes consultadas, apela al riesgo vital del exministro ante la gravedad de su estado de salud, pues padece un cuadro profundo de inmunosupresión y un riesgo mayor de contraer infecciones.
La jueza ya rechazó a comienzos del mes de junio su puesta en libertad de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, que estima que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
El pasado 5 de junio, el expresidente valenciano fue trasladado durante unas horas al mismo centro hospitalario, en ese caso para recibir el tratamiento y pasar los controles habituales por la leucemia.
Según las fuentes de Instituciones Penitenciarias, hoy ha ingresado por decisión de los sanitarios de la prisión de Picassent. Las fuentes próximas a la familia han añadido que el traslado se ha realizado de urgencia ante los problemas respiratorios que presentaba.

Banco Sabadell perdonará al Estado parte de la factura del Fondo de Garantía

MADRID.- Las negociaciones del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) con la banca están cerca de llegar a buen puerto. El organismo público encargado de asegurar los depósitos de los bancos tiene sobre la mesa una oferta de BBVA y Banco Sabadell que resolvería todos los problemas, evitando un agujero inasumible al FGD y la posibilidad de que Estado asuma más déficit.

Tras meses de negociaciones estancadas, las dos entidades han ofrecido asumir algo más de la factura pendiente de los esquemas de protección de activos (EPAs) de CAM –que asumió Sabadell- y Unnim –comprada por BBVA-, según fuentes financieras consultadas por Vozpópuli. Un gesto que ha sido bien recibido por la Comisión Gestora del FGD, compuesta por el Banco de España, el Tesoro, Hacienda, Santander, BBVA, la Ceca y Caja Laboral. Ninguna de las entidades hizo comentarios.
La clave de la negociación es encontrar una solución para liquidar de forma acelerada los EPAs de CAM y Unnim sin generar un agujero inasumible al Fondo ni déficit al Estado. La liquidación se hará con una venta de activos a Cerberus, en el caso de BBVA; y a otros fondos, en varias subastas que tiene en marcha Sabadell.

Más del 20% de coste

Además, las negociaciones persiguen otros dos objetivos: que el FGD ponga ya un precio definitivo a estas ayudas concedidas al comienzo de la crisis, de cara a una liquidación de las mismas; y permitir a Banco Sabadell y BBVA vender aceleradamente sus carteras de activos problemáticos y sanearse como pide el Banco Central Europeo (BCE).
La oferta de BBVA y Sabadell todavía no se ha cerrado con números, aunque las fuentes consultadas descartan que se alejen en más de 10-15 puntos del 20% del coste del EPA que les corresponde.
Cuando Sabadell compró CAM en 2011 y BBVA hizo lo propio con Unnim en 2012, el Estado les dio unas garantías públicas para cubrir parte de la cartera problemática de estas entidades. Como entonces el Frob no tenía las mismas competencias que ahora, se hizo a través del Fondo de Garantía.
En CAM, se acordó que el FGD asumiría el 80% de las pérdidas de una cartera de 24.644 millones, el resto Sabadell, durante un periodo de diez años hasta mediados de 2021. Pasado dos tercios de este periodo, el Fondo pública calculaba que esta cartera sufrirá pérdidas por 12.248 millones –la mitad de lo cubierto- de lo que el Fondo tendría que pagar casi 6.700 millones.
Lo que ahora quiere hacer Sabadell es traspasar gran parte de su exposición inmobiliaria –propia y de CAM- a fondos oportunistas. Estas operaciones son a un mayor descuento, lo que implicaría un agujero al FGD, de ahí que Sabadell ofrezca cubrir parte.
El caso de BBVA es parecido, sólo que la entidad presidida por Francisco González ya tiene un acuerdo de traspaso del ladrillo a Cerberus. Este pacto sólo está pendiente del Fondo de Garantía.
En el caso de Unnim, la cartera cubierta con el mismo esquema que la de CAM -80/20- es de 7.359 millones. A finales de 2017, el fondo calculaba pérdidas para la cartera de 3.633 millones, de los que al Fondo le corresponden 1.842 millones.
Este rompecabezas está cerca de solucionarse tras el gesto de las dos entidades. Las distintas partes involucradas temieron por las negociones con el cambio de Gobierno. Aunque, añaden las fuentes consultadas, las primeras señalas enviadas por la ministra Nadia Calviño han sido buenas.

'Vocento', editora de 'Las Provincias', planea implantar muros de pago en todos sus regionales antes de un año

MADRID.- “Los medios que dependan exclusivamente de la publicidad lo van a pasar mal”. La frase la pronunció el consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez, para advertir de la necesidad de que la prensa digital comience a cobrar a sus lectores por los contenidos que ofrece para poder sobrevivir en la 'era de internet', recuerda hoy Vozpópuli

Vocento lanzó en 2015 On+, un muro de pago que hasta el momento ha aplicado en cuatro periódicos de su propiedad y con el que pretende obtener un importante caudal de ingresos en el futuro. Según han explicado a Vozpópuli fuentes del grupo, su intención es acelerar su implantación en el resto de la prensa regional del grupo, hasta el punto de que esté en funcionamiento en todas las cabeceras durante el primer semestre de 2019.
Los directivos de la compañía trabajan actualmente en una redefinición de On+ para tratar de adaptarlo a las nuevas exigencias del mercado. El resultado de este proyecto lo aplicarán en los próximos meses en todos los rotativos regionales del grupo, que cuentan con una cuota de difusión en las provincias en las que se publican que alcanza el 84,3% en el caso de El Diario Vasco, el 73,5% en el de El Diario Montañés; y el 72,8% en el de El Correo.
El proyecto no se pondrá en marcha en ABC debido a la complejidad que implica cerrar contenidos en la prensa generalista, donde ninguna de las grandes cabeceras ha dado pasos definitivos para cobrar por contenidos. A este respecto, Luis Enríquez fue claro hace unos meses: “Sería como ofrecer Netflix de pago en un mercado en el que otros lo ponen sin coste”.
Ahora bien, los editores de las grandes cabeceras españolas tienen claro que tarde o temprano deberán cobrar por sus noticias, si bien nadie se ha atrevido a dar el primer paso y cerrar los principales contenidos de un generalista.
En cualquier caso, la apuesta de Vocento por introducir los paywall en los periódicos regionales es firme y esperan que se materialice durante el próximo año. Durante este año, ha puesto en marcha On+ es Ideal de Granada; y previamente lo hizo en sus dos rotativos vascos y en el cántabro, con resultados que, según ha precisado la compañía en más de una ocasión, han sido satisfactorios.

Contenidos del muro de pago

Los clientes de este muro de pago tienen la posibilidad de acceder a todo el contenido de los diarios, a una serie de publicaciones sectoriales y a una plataforma denominada 'Club del suscriptor'. Es decir, una idea similar a la que se ha llevado a cabo en diarios de varios países.
El objetivo de Vocento es hacer un lavado de cara al producto en los próximos meses, aunque sus fuentes oficiales inciden en que todavía no está decidido qué servicios incluirá el nuevo muro de pago.
Con el desarrollo de este tipo de paquetes de pago por contenidos, Vocento tratará de sobreponerse a los duros efectos de la crisis del papel. No hay que olvidar que la actividad de este grupo ha estado centrada tradicionalmente en la prensa escrita, un sector que se encuentra en declive desde hace una década como consecuencia de la revolución digital. De ahí la necesidad de buscar alternativas.
“El negocio periodístico, tal y como estaba concebido, ya no se puede sostener. Por eso hay que explorar nuevas vías de ingresos. En un momento en el que los ciudadanos están abriendo la puerta a suscribirse a empresas de contenidos de entretenimiento, como Netflix o Spotify, es necesario que la prensa amplíe sus miras y explore nuevas vías para obtener ingresos”, explicó Luis Enríquez hace unos meses.

La crisis, en datos

Para hacerse una idea de la magnitud de la crisis del negocio, basta con consultar los datos de difusión de los diarios de Vocento. Entre 2017 y 2018 esta variable descendió en El Correo, el 7,3%, en El Diario Vasco, el 7,4%, en El Diario Montañés, el 9,8%, en Ideal, el 8,4%, en La Verdad, el 14%, en Hoy, el 6,6%, en Sur, el 8,1%, en La Rioja, el 9,7%, en El Norte de Castilla, el 9%, en El Comercio, el 9,5%; y en Las Provincias, el 10,3%. Por su parte, ABC perdió el 12,3% de lectores.
En este tiempo, los ingresos por venta de ejemplares cayeron el 6,4%, según las cuentas presentadas este martes por la compañía ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La bajada fue más pronunciada en ABC (8,2%) que en los rotativos autonómicos (-5,5%).

Casado, acorralado por su polémico master universitario / José Hervás *

Los can­di­datos a la pre­si­dencia del Partido Popular han ini­ciado la cam­paña sin más so­bre­salto que el anuncio de José Luis Bayo de acudir a los tri­bu­nales al no ad­mitir la Comisión Organizadora del Congreso su can­di­da­tura al haber pre­sen­tado avales de mi­li­tantes que pre­sun­ta­mente no están al co­rriente de pago. 

Al margen de este incidente todo va sobre ruedas. Los equipos de los candidatos están eufóricos. Los tres con más posibilidades de pasar a la segunda vuelta ya están preparando los papeles de cara al debate previo a la celebración de la segunda vuelta.

Los más activos parecen ser los miembros del equipo de Sáenz de Santamaría que han constituido en el edificio de despachos de los parlamentarios del Congreso de los Diputados su base de trabajo. Quienes le preparan los trabajos son hombres y mujeres muy experimentados en hacer este tipo de informes, exministros y exsecretarios de Estado codirigidos por los hermanos Nadal. Pero todos miran con mucha atención lo que vaya a ocurrir esta semana en las declaraciones que habrán de producirse ante la jueza Carmen Rodríguez Medel, que investiga el caso Cifuentes.

Es la misma magistrada que ha preguntado al Congreso de los Diputados por la situación de aforado de Pablo Casado. En su providencia la jueza especifica que actúa de acuerdo con los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Constitución Española que establece que corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo investigar, entre otros, a los diputados del Congreso.

La providencia se lleva a cabo en el marco de la pieza separada del caso Cifuentes que abrió la magistrada tras oír la declaración como testigo a Ignacio Escolar, director de eldiario.es que destapó el caso. La primera diligencia fue solicitar a la universidad toda la información sobre el máster de Pablo Casado en el mismo Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos.

La investigación sobre Pablo Casado es una pieza separada del caso Cifuentes. En el marco de esta pieza separada, la misma jueza ha decidido imputar a la profesora Alicia López de los Mozos; al exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde; y al anterior rector de la URJC Fernando Suárez. Los tres están citados a declarar el próximo 1 de agosto en calidad de investigados, pese a ser tradicionalmente un mes no hábil en materia de trámites de los tribunales.

Al menos dos de los citados en el caso específico de Pablo Casado están citados también esta semana en el caso de la expresidenta de la Comunidad, como son la profesora Alicia López de los Mozos y el exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, lo que podría anticipar el futuro del candidato que cuenta con más apoyos de los afiliados del Partido Popular para que rija los destinos del partido.

Por eso tanto el propio caso de los masters, como las candidaturas de la presidencia del PP entran en una semana clave.

En el caso máster, donde habrá una docena de comparecencias, destacan las del exdirector del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos Enrique Álvarez Conde, hoy mismo lunes, y la de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, que se producirá mañana martes. Ambos acuden como investigados.

El lunes también han sido citadas Alicia López de los Mozos, presidenta del tribunal del trabajo de fin de máster de Cifuentes, que ya ha anticipado que su firma fue falsificada en el acta de evaluación y Cecilia Rosado, secretaria del tribunal encargado de examinarla, la única que sí firmó el acta.

También comparen los profesores Susana Galera y Rodrigo Martín y María Teresa Feíto, exasesora del Gobierno madrileño que acudió a la universidad para eventualmente presionar sobre el esclarecimiento del caso, tras difundirse las presuntas irregularidades que confesó haber destapado el profesor de la universidad, Salvador Perelló.

El martes será el día de la declaración de Cristina Cifuentes. Pero ese mismo día también lo harán Jesús Primitivo González, Manuel Arenilla Sáez, Elena Pérez Martín y Esther González Hernández, todos ellos profesores del curso en el que la expresidenta estuvo matriculada. Además, en este caso lo harán como testigos, el responsable de Informática de la URJC, Juan Manuel Dévora y Daniel Herrero.

Todos ellos presuntamente conocen los procedimientos de convalidación a los que se habría acogido Pablo Casado. La jueza no puede intervenir en el caso de Casado, porque le corresponde al Supremo, pero todos los que tienen el conocimiento de lo que ha sucedido hablan esta semana. ¿Habría contaminación en el caso si hablaran de Pablo Casado? ¿Quedarías anulado el mismo por una imprudencia judicial?

Parte de los interrogantes se resolverán en los próximos siete días que viene cargados de mucha información y en los que además se aprobarán los Presupuestos Generales del Estado sin la presencia del Presidente del Gobierno que estará en Bruselas en el Consejo Europeo. Cómo ha cambiado la vida.


(*) Periodista