MADRID.- El Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, ha acusado a
exdirectivos del Banco de Valencia de defraudar 137 millones de euros,
por lo que ha solicitado a los tribunales el embargo de sus cuentas
bancarias y de sus bienes por dicho importe.
Así figura en la denuncia que el FROB ha presentado ante el
juzgado central de instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional ante
la presunta comisión de delitos de estafa, administración desleal y
apropiación indebida por parte de exdirectivos del Banco de Valencia,
entre los que figuran los exconsejeros delegados Domingo Parra y Aurelio
Izquierdo.
En el escrito, que será
trasladado a la Fiscalía Anticorrupción, el FROB denuncia la
instrumentalización del Banco de Valencia por parte de dichos
exdirectivos y de diversos integrantes de la familia Calabuig Gimeno,
cercana a Domingo Parra.
Según la denuncia, Parra concedió préstamos para operaciones
"carentes de toda racionalidad económica" y, una vez otorgada la
financiación ilícitamente, infringió sus deberes de lealtad con el Banco
de Valencia, tanto al frente del consejo de administración como en su
calidad de representante en la sociedad Agval.
Para el FROB, lo "realmente decisivo" en este caso no es tanto el
elemento cuantitativo, sino el cualitativo "relativo a la gran
repercusión de los hechos que se describen en la seguridad del tráfico
mercantil y la economía nacional", tal y como expone en la demanda.
El organismo dependiente del Banco de España considera que la
situación en la que los denunciados han dejado a la entidad "afecta
seriamente a la economía nacional" y recuerda que ésta ha recibido un
total de 4.500 millones de euros de dinero público "para evitar
consecuencias negativas en el sistema crediticio".
En el escrito, el FROB denuncia operaciones que tienen que ver con
la Sociedad de Inversiones Financieras Agval y con la concesión de
financiación a favor de Capital Residencial. El informe señala que en
ambos casos han intervenido de forma "jurídico-penalmente relevante"
miembros de la familia Calabuig Gimeno.
Las operaciones a las que se refiere la denuncia, y que tacha de
"dudosa racionalidad económica", son la compraventa de participaciones
de Agval en el año 2008 y su efecto en el control ejercido en la
operación por Banco de Valencia, la adquisición por parte de Agval de
una serie de acciones de la sociedad Costa Bellver y la concesión de
financiación a Capital Residencial, compañía de la que es accionista
Capital Costa, firma mediante la que Parra e Izquierdo están ligados a
los Calabuig.
El FROB califica la 'operación Agval' de delito de estafa y
explica que la familia Calabuig realizó "una puesta en escena" gracias
al control que tenía de la empresa "en connivencia" con Domingo Parra.
"Mediante dicho engaño, canalizado a través de la utilización de
Agval como mera pantalla, provocó un error en Banco de Valencia como
prestamista o concesionario de financiación", señala el informe, en el
que se resalta que dicho error dio lugar a un acto de disposición
patrimonial "concediendo un crédito que le perjudicaba, todo ello
animado por un evidente ánimo de lucro".
Para el FROB, el Banco de Valencia no habría concedido esa
financiación "sin la colaboración y omisión e inveracidad de la
información que Parra transmitía a la entidad como su consejero delegado
y representante de sus intereses en la sociedad".
La denuncia del FROB no es la primera contra el Banco de Valencia
que asume la Audiencia Nacional. El Juzgado de Instrucción nº 3 de
Valencia se ha inhibido a su favor en las diligencias previas que
instruía tras la querella presentada por un grupo de accionistas contra
varios miembros del consejo de administración del banco.
En el procedimiento instruido en Valencia hay un total de 27
imputados, entre los que se encuentra el expresidente de Banco de
Valencia y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas. En un principio,
el juez valenciano iba a tomarles declaración el pasado 25 de abril,
pero se suspendieron tras solicitarlo el Ministerio Fiscal, quien
consideraba que no se disponía de suficiente documentación para comenzar
con las declaraciones.
