viernes, 20 de mayo de 2011

El Tribunal Constitucional inadmite el recurso contra la prohibición de las manifestaciones

MADRID.- El TC inadmite el recurso contra la prohibición de las manifestaciones porque no se han agotado las instancias anteriores.

Izquierda Unida presentará antes de la medianoche un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional como respuesta a la decisión del Supremo de rechazar la demanda en la que solicitaba la suspensión cautelar de la prohibición de las concentraciones del movimiento 15M previstas para este fin de semana, según han informado fuentes de la coalición.   

Los servicios jurídicos comenzaron a preparar el recurso de amparo esta tarde ante la previsión de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo decidiera no admitir a trámite su recurso, como finalmente ha ocurrido.

El Supremo rechaza el recurso de IU contra la prohibición de las manifestaciones

MADRID.- El Tribunal Supremo ha acordado, por unanimidad, pasadas las 22.00 horas de este viernes no admitir a trámite el recurso presentado por Izquierda Unida al considerar que carece de "legitimación" para impugnar la decisión de la Junta Electoral Central, según informaron fuentes del alto tribunal.

   La coalición solicitaba la suspensión cautelar de la decisión adoptada por la Junta Electoral Central (JEC) por la que se declaraban "contrarias a la legislación" las concentraciones del movimiento 15-M previstas para este fin de semana.

   Así lo ha decidido el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo José Manuel Sieira y los magistrados Pablo Lucas Murillo, José Díaz Delgado Nicolás Maurandi y Vicente Conde. El magistrado Vicente Conde, que ha sustituido a Juan José González Rivas, es el encargado de redactar la ponencia del auto, cuyo contenido se conocerá próximamente.

   Por su parte, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional también ha rechazado la admisión a trámite del recurso presentado por el abogado murciano José Ríos Bravo en contra de la prohibición de la celebración de manifestaciones en las distintas plazas españolas durante la jornada de reflexión y el día de las elecciones. El alto tribunal ha argumentado que el demandante no agotó los recursos de la vía judicial al no acudir antes al Supremo.

   La sección séptima de la Sala Tercera del Supremo comenzó a reunirse a las 17.00 horas de este viernes para valorar la medida cautelar que reclama Izquierda Unida en la demanda interpuesta a última hora de la mañana. En el recurso contencioso-administrativo ordinario, la coalición defendía que las movilizaciones previstas para la jornada de reflexión son "actos ajenos a la campaña electoral", por lo que se encuentran amparadas por los derechos de reunión y libertad de expresión.

  Debido a la "gravedad de la vulneración de derechos fundamentales", la formación solicitaba como "medida cautelar" la suspensión de la resolución de la Junta Electoral Central por la que se declaraban las concentraciones "contrarias a la legislación electoral" y en consecuencia no podían "celebrarse".

  Sin embargo, la Fiscalía del Supremo ha presentado un escrito de alegaciones en el que defendía que IU carecía de "legitimación activa" para impugnar el acuerdo adoptado anoche por el máximo organismo de arbitraje y acusaba a la coalición de pretender "arrogarse" y ejercitar "el ejercicio de derechos fundamentales de otros", en referencia a los organizadores de las protestas.

   Con todo, el Ministerio Público entiende que la Junta ha tenido "razones fundadas" para considerar que estas protestas pueden "incidir o perturbar la neutralidad política propia de la jornada de reflexión". La Junta Electoral Central también ha presentado un escrito de alegaciones y ha remitido a la Sala Tercera del Supremo el expediente sobre esta decisión.

   Tras ello, el alto tribunal decidió conceder un plazo que se extendía hasta las 20.00 horas para que Izquierda Unida justificara su "legitimidad" para impugnar el acuerdo del máximo organismo de arbitraje.

   Mientras tanto, miles de personas se mantienen reunidas en la Puerta del Sol y en otras ciudades españolas para expresar su descontento con la situación política, social y económica. El Cuerpo Nacional de Policía ha recibido la consigna de no desalojar la acampada del kilómetro 0 mientras no se produzcan incidentes.

La Delegación del Gobierno insta a los acampados a seguir las órdenes policiales y no pedir el voto en la jornada de reflexión

VALENCIA.- La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha respondido en la tarde de este viernes a la petición de autorización del denominado 'Movimiento 15M' para reunirse en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia durante este fin de semana con un documento en el que no autoriza ni prohíbe expresamente la concentración, sino que se limita a recordar a los manifestantes que no podrán pedir el voto para ningún partido durante la jornada de reflexión y les comunica que dispondrán de un servicio propio de orden para el normal desarrollo del acto.

   El documento remitido por Delegación señala que los concentrados "seguirán las instrucciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado" y les advierte de que, en cualquier caso, "durante las jornadas de reflexión y votación la legislación electoral prohíbe realizar acto alguno de propaganda o campaña electoral".
   Asimismo, recuerda que queda prohibido "formar grupos susceptibles de entorpecer, de cualquier manera que sea, el acceso a los locales electorales, así como la presencia en sus proximidades de quienes puedan dificultar o coaccionar el ejercicio del derecho de voto".
   También les recuerda que no podrán pedir la petición de voto a favor de candidaturas concurrentes a los comicios "ni la invitación a excluir a cualquiera de esas candidaturas en el ejercicio del derecho de voto".
   Por último, establece como medidas de seguridad que los organizadores "dispondrán de un servicio propio de orden para el normal desarrollo del acto" y que, de acuerdo con la legislación vigente, los organizadores de la concentración "responderán subsidiariamente de los daños que los participantes causen a terceros".
   Por otro lado, en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia se han reunido miles de personas en torno a las 20.00 horas, donde se ha celebrado una multitudinaria asamblea en la que los manifestantes han celebrado que Delegación de Gobierno "acepte" su solicitud de permanecer en este espacio entre las cero horas del sábado, jornada de reflexión, hasta las 24 horas del domingo, día de las elecciones.
   Uno de los portavoces ha recordado a todas aquellas personas que han asistido por primera vez las normas que rigen esta asamblea ciudadana que se lleva celebrando desde el pasado lunes y ha explicado que el primer día a la reunión acudieron unas 70 personas, 400 el martes, 3.000 el miércoles y 8.000 el jueves. El número de personas concentradas este viernes supera esta última cifra.
   Asimismo, otro organizador ha pedido a los que asistan a la concentración del sábado y del domingo que no consuman alcohol ni drogas porque esto, ha dicho, "no es un botellón, es un encuentro de ciudadanos". También ha exigido no llevar folletos ni símbolos de nada y no dar ninguna excusa a las Fuerzas del Orden para que tengan que desalojar y ha emplazado a convertir la plaza en "un gran centro cultural".
   Además, ha destacado que "no es hora de dudar", sino que "es la hora de seguir" porque "son horas decisivas".
"Hemos tomado el cielo por asalto y nos gusta. Hay momentos históricos en los que las Fuerzas del Orden se unen y a eso se le llama revolución", ha subrayado.
   En este sentido, ha manifestado que en estos momentos hay 370 ciudades en todo el mundo donde se están celebrando iniciativas similares al 'Movimiento 15M'. Las plazas de ciudades como Nueva Zelanda, India, China, Australia, Rusia, Europa, Canadá, Brasil o Chile están siendo ocupadas por la ciudadanía de estos países con reivindicaciones similares a las de los españoles.

Zaplana dixit sobre los indignados: 'Merecen respeto y un análisis adecuado'

ALTEA.- El ex ministro de Trabajo y ex presidente de la Generalitat valenciana, el político cartagenero Eduardo Zaplana, ha considerado que las concentraciones como las iniciadas por el movimiento del 15-M "no son fáciles de analizar", por lo que "se equivoca quien piense que responden solamente a un objetivo y no a múltiples sensaciones y manifestaciones de la gente que acude a ellas".

   En un encuentro con empresarios mantenido este viernes en la localidad alicantina de Altea, donde ha acompañado al candidato popular a la alcaldía de la localidad, Miguel Ortiz, Eduardo Zaplana ha declinado hacer ningún análisis de la situación actual porque, según ha reiterado, permanece apartado de la política desde 2008.
   No obstante, en referencia al movimiento de 'Democracia Real Ya', ha opinado que "este tipo de concentraciones no son fáciles de analizar".
"Quien piense que responde solamente a un objetivo, y no a múltiples sensaciones y manifestaciones de la gente que acude a ellas, creo que se equivoca", ha comentado.
   Al respecto, además ha indicado que estas corrientes, "como todas las manifestaciones de estas características, son complejas y desde luego no se pueden analizar de una forma muy concreta o simple". En cualquier caso, según ha puntualizado, "merecen respeto y un análisis adecuado".

Las elecciones pueden descubrir "montones de deuda" en ayuntamientos, diputaciones y CC AA

NUEVA YORK.- El diario 'Wall Street Journal' advierte de que las elecciones municipales y autonómicas que se celebran este domingo en España podrían conllevar una "sorpresa desagradable", ya que pueden sacar a luz "montones de deuda no desvelada" en los gobiernos locales y regionales que podrían socavar la campaña del país para evitar un rescate internacional. 

   En un artículo en su edición digital junto a una fotografía de las concentraciones del movimiento 15M en la Puerta del Sol, el 'WSJ' recuerda que hace cinco meses el cambio de Gobierno en Cataluña reveló un déficit presupuestario que superaba en más del doble el dato anunciado por el anterior ejecutivo.
   "Ahora, un creciente coro de economistas, políticos locales y líderes empresariales dicen que los nuevos gobiernos es probable que descubran, como hizo Cataluña, montones de 'deuda escondida' adeudada a clínicas de salud y otros proveedores", apunta el diario.
   En esta línea, incide en que economistas, analistas e informes de empresas que proveen a los gobiernos locales sugieren que hay una deuda "generalizada y no registrada". De hecho, algunas empresas se quejan de que algunas administraciones frágiles fiscalmente están presionándoles para realizar negocios que no quedan reflejadas en la contabilidad oficial, según el vicepresidente del Círculo de Empresarios de Madrid, Fernando Eguidazu.
   Así, señala que estas facturas podría añadir decenas de miles de millones de euros a las cifras de deuda oficiales de estas administraciones. "Si estos cadáveres salen del armario en las próximas semanas, el coste de financiación de España podría seguir subiendo, devolviendo al país al centro de atención después de haya luchado por demostrar que no necesita ser rescatado como Grecia, Irlanda y Portugal", apunta.
  Por otra parte, recuerda que España ha calmado las preocupaciones sobre sus finanzas gracias al recorte presupuestario realizado en 2010, pero añade que esto se debió principalmente a los recortes del Gobierno central y que los gobiernos regionales y municipales, que controlan la mitad del gasto en España, han realizado pocos progresos en este sentido.

Rubalcaba dice que la Policía cumplirá la ley con "proporcionalidad" pero no aclara si habrá desalojos de las concentraciones

MADRID.- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no ha aclarado si la Policía Nacional desalojará a partir de esta medianoche la Puerta del Sol si se producen manifestaciones no autorizadas por la Junta Electoral Central y ha explicado que las fuerzas de seguridad actuarán en función de las circunstancias, siempre cumpliendo la ley con tres principios: "oportunidad, congruencia y proporcionalidad".

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha tratado casi monográficamente las protestas que se mantienen en muchas ciudades españolas desde el pasado domingo, Rubalcaba ha subrayado que la acción del Gobierno tendrá el objetivo de hacer cumplir la ley y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos.
   "Haremos todo cumpliendo las leyes y de forma proporcional. La Policía no crea problemas, los resuelve. Veremos los acontecimientos y en función de ellos la Policía tomará sus decisiones", ha enfatizado antes de una breve explicación de lo que supone un régimen democrático y de advertir de que "no existe democracia si no se cumplen las leyes".
   El vicepresidente primero, que ha suspendido su agenda de campaña electoral de este viernes porque considera que esta tarde su "obligación" es permanecer al frente del Ministerio del Interior, ha recordado que la Policía española tiene "muchos años de experiencia" durante los que se ha encontrado "con todos los supuestos posibles" y "los ha resuelto bien".
   "La Policía es profesional y los ciudadanos pueden estar tranquilos y seguros porque así lo permite su experiencia", ha insistido al recordar que las concentraciones del denominado movimiento 15-M tiene "más cobertura mediática" que otras acciones de protesta pero sin embargo las fuerzas de seguridad se encuentran situaciones "parecidas" todos los días.
   Rubalcaba ha insistido de esta manera en que la Policía hará cumplir la ley, como ha asegurado que se ha cumplido "impecablemente" durante los pasados días, y ha aprovechado también para resaltar que hasta ahora las concentraciones se han desarrollado de manera "absolutamente pacífica", algo que es "tranquilizador".
   "La democracia es un conjunto de reglas que nos hemos dado el conjunto de los españoles, esas reglas se llaman leyes y no hay democracia sin su cumplimiento", ha advertido a la vez que ha reiterado que el objetivo será aplicar esas leyes en su actuación con las concentraciones. 
Fuentes del Ejecutivo han aclarado que las leyes a las que se ha referido Rubalcaba son las de reunión, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la de seguridad ciudadana y la resolución de la Junta Electoral Central.
   Sobre estas actuaciones, ha desvelado que mantiene conversaciones con los responsables de Interior de País Vasco y Cataluña, que cuentan con policías autonómicas, porque "lo razonable" sería coordinar los "principios y fórmulas de actuación". Sin embargo, ha reconocido que no puede "asegurar" que vaya a haber la misma respuesta en todo el Estado porque "cada consejero tiene sus prioridades y cada policía sus métodos operativos".
"Lo razonable es que nos pusiéramos de acuerdo, pero no lo puedo garantizar", ha confesado.
   Rubalcaba ha reconocido que las movilizaciones han sido objeto de conversación en el Consejo de Ministros pero no ha querido analizarlas desde el punto de vista político ni electoral, argumentando que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ya ha hecho un análisis pormenorizado. "El presidente lo ha dicho muy bien y como no es superable me remito a ello", ha señalado.
   Además, ha asegurado que el Ejecutivo no se ha planteado en ningún momento si son necesarios cambios en la legislación que establece la jornada de reflexión previa a cada cita electoral y ha avanzado que tampoco tienen previsto ningún encuentro con representantes del movimiento de protesta.
   También ha reconocido que cuenta con datos sobre las cifras globales de protesta en todas las ciudades españolas, y aunque no ha detallado los números ha avanzado que la protesta más numerosa es "significativamente" la que tiene lugar en la Puerta del Sol de Madrid.
   El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que su Departamento no ha previsto ningún dispositivo especial con motivo de las movilizaciones registradas estos días en Madrid y otros puntos de España. Según ha dicho, la estrategia de seguridad es la misma que en anteriores procesos de campaña electoral. 
   "Los dispositivos son los habituales. En momento electoral, en la campaña hay un dispositivo especial para garantizar la seguridad de los ciudadanos y los derechos de los ciudadanos. Ese dispositivo que lo hay en todas las elecciones es amplísimo y, como verán, en la calle hay mucha presencia de policías y guardias civiles. No hay un dispositivo especial con respecto a otros procesos electorales", ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
   En ese sentido, ha añadido que la Policía "se enfrenta todos los días a situaciones como estas con menos cobertura mediática".
"La Policía sabe perfectamente lo que tiene que hacer para garantizar los derechos de todos los ciudadanos", ha concluido.

Los acampados de Valencia ocupan la sede de un banco para protestar contra "la corrupción del capitalismo"

VALENCIA.- Más de 200 personas de la acampada de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia vinculadas al movimiento 15M han ocupado pacíficamente la sede del Banco de Valencia, situada en la calle de las Barcas, donde han hecho una sentada de unos cinco minutos para protestar contra "la corrupción del capitalismo". El Banco Santander, Bancaja y BBVA han cerrado las puertas a su llegada y no les han permitido entrar.

   Los manifestantes, que han accedido al Banco de Valencia con las manos en alto al grito de "manos arriba, esto es una atraco", se han sentado en el interior de la entidad bancaria coreando lemas como "si no los hemos votado ¿por qué mandan los bancos?", "revolta social", "para tanto chorizo no nos queda pan", "no nos moverán", "el capitalismo es corrupción" o "esta es la dictadura del burgués".
    Pasados cinco minutos de lemas y aplausos, los ocupantes han abandonado el lugar pacíficamente y se han dirigido a otro banco para continuar con la protesta. De hecho, antes de lograr entrar en el Banco de Valencia, han intentado entrar en la oficina del Banco Santander de la misma calle, pero a su llegada, han cerrado las puertas para impedirles la entrada.
   Los manifestantes han continuado el recorrido hacia el BBVA y el Bancaja de la calle de Pintor Sorolla, donde tampoco les han permitido el acceso, por lo que han decidido hacer una sentada de varios minutos a las puestas de cada una de estas entidades frente a las que han advertido que "el pueblo unido, jamás será vencido" o "no tenemos miedo, queremos un futuro".
   La protesta, que había sido aprobada en la asamblea de ayer por la tarde, se había cancelado a primera hora de la mañana. No obstante, tras una asamblea extraordinaria en la misma Plaza del Ayuntamiento, en la que no han faltado votos a favor y en contra de la acción, se ha decidido llevar adelante.
   Previamente, sobre las 11.30 horas de la mañana, se ha realizado una pegada de carteles sobre las placas en las que se lee Plaza del Ayuntamiento de Valencia' para cambiar su nombre por el de 'Plaza del 15 de mayo'.
   Esta acción ha motivado que la Policía Local pidiera la identificación a uno de los acampados. Al respecto, Adoración, una de las acampadas y miembro de la Comisión jurídica del movimiento 15M en Valencia, ha explicado que algunas personas han colocado "en las esquinas, fuera de la Plaza" y por tanto "fuera del sitio donde nosotros estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho de reunión, unas pegatinas que están tapando mobiliario público y fácilmente desenganchables".
   Los agentes "han oído que un compañero por el megáfono ha dicho que se han colocado pegatinas y han ido" a preguntarle pero "todo el mundo le ha dicho en ese momento que les daba el carnet a la Policía porque toda la gente de la Plaza quería hacerse responsable, porque somos un colectivo, no hay líderes, somos todos", ha sentenciado.
   Finalmente, los agentes, con quienes hasta ahora ha asegurado que se mantiene una relación "muy tranquila" y "cordialidad", se han marchado y han permitido continuar las acciones de protesta de la acampada, que poco después ha protagonizado una cacerolada en la que han cantado "queremos democracia", "libertad de expresión", "no queremos represión" o "lo llama democracia y no lo es".
   La responsable de la Comisión Jurídica de la acampada ha anunciado también su intención de pedir permiso al Ayuntamiento y Delegación de Gobierno para continuar la acampada mañana sábado, durante la jornada de reflexión y el mismo domingo, durante la jornada electoral.
   En este sentido, ha recordado que Junta Electoral Central ha advertido de que "no se puede vulnerar jornada de reflexión y jornada electoral para pedir el voto" pero en la acampada "no estamos pidiendo el voto ni el no voto, estamos ejerciendo nuestro derecho de ciudadanía, estamos reivindicando todo tipo de cuestiones como cambio de sistema económico, derechos sociales. Eso no es pedir el voto es ejercer el derecho de ciudadanía", ha remarcado. Y para esta misma tarde ha previsto la asistencia a la asamblea de "entre 15.000 y 50.000 personas".

Según el Gobierno, la Legislación no permite disolver una manifestación pacífica

MADRID.- El Gobierno español cree que la Legislación española y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no permiten disolver una manifestación pacífica, aunque esta no esté autorizada, según informaron esta tarde fuentes del Ejecutivo.

   Las mismas fuentes recuerdan que hay que tener presente a la hora de tomar cualquier decisión al respecto la Ley de Seguridad Ciudadana, el derecho de reunión y sentencias del TEDH en las que se pide a los poderes públicos que tengan "especial tolerancia" cuando la protesta no es violenta.
   Según la Legislación y la jurisprudencia recopilada por el Ejecutivo, tras la decisión adoptada por la Junta Electoral Central de prohibir las concentraciones y manifestaciones del movimiento 15M en las jornadas de reflexión y votación, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ajustará plenamente a la legalidad, que no permite a la autoridad gubernativa la "disolución automática" de las concentraciones que se desarrollen sin autorización.
   El Gobierno, se basa, para llegar a esta conclusión, tanta en las leyes españolas como en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En concreto, las fuentes consultadas apelan al artículo 16 de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana según la cual el Ejecutivo podrá recurrir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para disolver, en la forma que menos perjudique la reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones en los supuestos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión".
   Así, y de acuerdo con el artículo mencionado, las reuniones y manifestaciones sólo podrán ser disueltas en tres supuestos. 
En primer lugar, cuando constituyan un ilícito penal. Sin embargo, estas mismas fuentes señalaron que, aunque las decisiones de la Junta Electoral Central son de "obligado cumplimiento para cualquier ciudadano", el hecho de que se incumplan de forma individual, no supone la comisión de un "ilícito penal", sino de una "infracción administrativa". 
   En segundo lugar, pueden ser disueltas cuando provoquen alteraciones del orden público con peligro para las personas o los bienes. Esta situación podría darse en el caso de que hubiera grupos o personas que provocasen altercados como sucedió el pasado domingo, si bien, las fuentes consultadas se han remitido a las palabras del ministro Rubalcaba, quien ha asegurado que, en todo momento, se aplicará el criterio de proporcionalidad en la actuación de las FCSE.
   Y finalmente, el tercer supuesto que da pie a disolver sería en caso de que los asistentes hicieran uso de uniformes paramilitares.
   En cualquiera de los casos, si se adoptara la decisión de disolver, esta debería comunicarse "previamente" a los concurrentes y en la "forma legalmente prevista".
   Además, las fuentes del Ejecutivo alegan que la Legislación española es "compatible" con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ya ha condenado a algún país por utilizar la fuerza ante manifestaciones pacíficas. Entre ellos, a Turquía.
   De hecho, citan unas resoluciones del referido tribunal, del pasado 8 de febrero de 2011, en las que se advierte de que "en ausencia de actos de violencia por parte los manifestantes, al menos antes de utilizar la fuerza por parte de la policía, es importante que los poderes públicos demuestren una especial tolerancia hacia las concentraciones pacíficas para no privar de contenido la libertad de reunión garantizada por el artículo 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos". 
  En cualquier caso, la decisión de la Junta Electoral Central es recurrible por parte de los afectados, que hasta ahora se han escudado en que no han convocado nada y que las concentraciones son espontáneas, y también por parte del Ministerio Fiscal. Ambos están facultados por la Legislación para plantear recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que debería pronunciarse, en su caso, antes de las doce de esta noche, que es cuando da comienzo la jornada de reflexión.
   Por otro lado, fuentes jurídicas consultadas mostraron sus dudas de que estén legitimados para recurrir los partidos políticos que concurren a los comicios y es algo que tendrá que determinar el Tribunal Supremo.
   No obstante, IU ha presentado en torno a las dos del mediodía de hoy un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo pidiendo que se anule la prohibición de las concentraciones del movimiento 15M.

La Fiscalía del Supremo, a favor de mantener la prohibición de las concentraciones

MADRID.- La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto este viernes al recurso presentado por IU contra la decisión de la Junta Electoral Central que consideraba que las manifestaciones del movimiento 15M con "contrarias a la legislación", han informado fuentes de la propia Fiscalía.

   Así pues el Ministerio Público concreta en las alegaciones que ha presentado ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal supremo, que es favorable a mantener la prohibición de las concentraciones durante el sábado y el domingo.
   Izquierda Unida (IU) ha argumentado en el recurso contencioso-administrativo que ha presentado ante el alto tribunal que las concentraciones convocadas por el movimiento 15M durante la jornada de reflexión son "actos ajenos a la campaña electoral", por lo que se encuentran amparadas por los derechos de reunión y libertad de expresión.
   Así consta en el escrito registrado por la coalición en el que, debido a la "gravedad de la vulneración de derechos fundamentales", se solicita como "medida cautelar" la suspensión de la resolución de la Junta Electoral Central por la que se declaraban las concentraciones "contrarias a la legislación electoral" y en consecuencia no podían "celebrarse".
   "Ninguna de las concentraciones o manifestaciones llevadas a cabo en estos últimos días en diferentes ciudades ha sido convocada por partido político, coalición o agrupación electoral que concurra a las presentes elecciones locales y autonómicas, lo que debe determinar que las mismas constituyen actos ajenos a la campaña electoral", señala el escrito.
   Tras apuntar que "la posibilidad de que una reivindicación pueda incidir de una u otra forma en el electorado" constituye una "hipótesis insuficiente para limitar el derecho de reunión en periodo electoral", IU asegura que la medida de la Junta Electoral Central es "claramente desproporcionada" y que este organismo no ha realizado "una adecuada ponderación de los valores y bienes en conflicto".

Zapatero dice que 'Interior actuará con inteligencia' si mañana hay protestas

MADRID.- El presidente del Gobierno ha evitado "adelantar acontecimientos" ante lo que pueda suceder mañana, jornada de reflexión, en la que el movimiento 15-M mantiene las movilizaciones convocadas pese a la prohibición expresa dictada por la Junta Electoral Central (JEC). A este respecto, José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado: "El Ministerio del Interior actuará bien, actuará correctamente y actuará con inteligencia".

 Zapatero ha señalado que el Ministerio de Justicia está estudiando en estos momentos la resolución de la JEC y ha añadido que el Gobierno quiere "que se garanticen todos los derechos y también se respete la jornada de reflexión". No obstante, ha reiterado hasta en tres ocasiones: "Vamos esperar a ver lo que sucede mañana".
El jefe del Ejecutivo ha mostrado un alto grado de "comprensión" respecto al malestar y las reivindicaciones que expresan los indignados del Movimiento 15 de mayo. Zapatero ha asegurado que él se siente "el principal interpelado" por las protestas que surgen de la calle y cuya raíz, en su opinión, se encuentra en la "grave crisis económica" que ha impactado sobre todo en el empleo alcanzando ya un 45% de paro juvenil.
Pese a todo, el presidente ha señalado que la mejor forma de afrontar los problemas es la "participación política".
"Las cosas", ha dicho, "cambian y mejoran con el voto", y después, ha añadido, "también con el derecho de manifestación". Su defensa del voto ha sido cerrada porque se trata del instrumento con el que en España "se han hecho grandes cosas".
Zapatero ha insistido en mostrar "respeto, comprensión y sensibilidad" respecto "a lo que hay detrás, de fondo, tras la movilización", pero ha asegurado que el Gobierno, a partir de las 24.00 horas, cuando se inicie la jornada de reflexión previa a las elecciones municipales y autonómicas, hará lo necesario para "garantizar el derecho de todos".
Pese a ello, el presidente no ha querido avanzar cuáles serán las órdenes que recibirán los cuerpos y fuerzas de seguridad en caso de que sea necesario impedir manifestaciones prohibidas o desalojar a los concentrados en las plazas de las principales capitales y especialmente en la Puerta del Sol, epicentro de la protesta.
El presidente, que ha vuelto a defender la necesidad de que los ciudadanos acudan a las urnas y voten " de forma crítica pero respetuosa", ha recalcado que "no son lo mismo todas las opciones", en un intento de marcar las diferencias entre PSOE y PP, un partido, este último, que cuando gobernó, en su opinión, no se preocupó por articular políticas de protección social.
Zapatero ha asegurado, además, en relación con el sistema financiero, otro de los ámbitos en los que ponen el foco las críticas del movimiento 15 de mayo, que "los excesos del pasado no volverán a repetirse".
En cuanto a la posibilidad de que, tras una hipotética debacle del PSOE en las urnas, pueda cambiar su decisión de agotar la legislatura convocando elecciones generales, Zapatero lo ha negado tajantemente: "En absoluto, en absoluto. La democracia tiene sus reglas, Es bueno que los periodos duren su mandato y más en estas circunstancias en las que empezamos a crear empleo, a crecer, en las que tenemos que cerrar algunas reformas. Introducir ahora un debate electoral creo que no sería positivo para la economía española".

La Junta Electoral Central prohíbe todas las protestas del sábado y el domingo

MADRID.- La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido finalmente impedir que las manifestaciones del llamado 'movimiento 15-M' se celebren en el día de reflexión tal y cómo habían anunciado los convocantes. Así pues, desde las 00.00 del sábado y hasta el domingo, las acampadas de la Puerta del Sol en Madrid y otras ciudades quedan prohibidas.

El acuerdo se ha tomado por cinco votos a favor, cuatro en contra y una abstención. Los magistrados del Tribunal Supremo Luciano Varela y José Manuel Maza han anunciado votos particulares discrepantes. La decisión de prohibir las reuniones y concentraciones del movimiento 15-M ha dividido al organismo arbitral, que habitualmente toma sus decisiones por unanimidad.

La Junta Electoral Central cree que pedir el voto "a favor de candidaturas concurrentes a un proceso electoral" y "la invitación a excluir a cualquiera de esas candidaturas en el ejercicio del derecho de voto" no es legal y "excede del derecho de manifestación" recogido en la Constitución.
Éste es uno de los argumentos en los que la JEC sustenta su decisión de prohibir las concentraciones. Advierte el máximo intérprete de la normativa electoral de que el ejercicio de un derecho fundamental como el de reunión "se ve modulado durante el desarrollo de la campaña electoral" por varias normas que pretenden "compatibilizar su pleno disfrute" con las celebración de un proceso electoral "limpio, transparente, objetivo y en condiciones de igualdad para todos".
En este sentido, recuerda que la Ley Electoral limita los actos de campaña al tiempo establecido para este período y por ello, considera que "extender el ejercicio del derecho fundamental de reunión más allá de lo solicitado" resultaría "no sólo incongruente, sino contrario a la propia legalidad".
En este punto, explica que los solicitantes de autorización para las manifestaciones objeto de su resolución han especificado que lo serán "mientras dure la campaña electoral".
Sobre lo que puede hacerse o no el día de votación y su víspera, la JEC remarca que la ley prohíbe cualquier acto de propaganda en ambas jornadas.
Además, en el día de las elecciones "prohíbe formar grupos susceptibles de entorpecer, de cualquier manera que sea, el acceso a los locales electorales.
Explica a continuación su acuerdo que todas estas medidas legales "están destinadas a garantizar el ejercicio con plena libertad del derecho de sufragio" reconocido en la Constitución.
Y sobre el caso concreto sometido a consulta, entiende que incluso "la invitación a excluir" a cualquier candidatura electoral no es acorde con la ley, y ello "con independencia de los sujetos" que hagan este llamamiento, en este caso los ciudadanos que se concentran en el llamado 'Movimiento 15-M'.
La JEC estaba reunida en el Congreso desde las cinco de la tarde del jueves analizando la repercusión que las protestas podían tener en la campaña electoral. La Junta Electoral de Madrid, entre otras, ya había prohíbido las manifestaciones el miércoles, pero el órgano central no había unificado el criterio hasta ahora.
Aquellos manifestantes que decidan no acatar la orden de la JEC y se concentren a pesar de la prohibición cometerían un infracción electoral de tipo administrativo que está castigada con multas de entre 100 y 1.000 euros, según la opinión de distintos juristas consultados.
Más de 109.000 personas han firmado ya una carta en la plataforma web Actuable que sostiene que "se está abriendo un debate social sin precedentes, que va más allá de cualquier partido político y que sólo plantea alternativas viables en una situación de crisis económica alarmante".

The New York Times 'responsabiliza' a Camps de los indignados del 15-M

VALENCIA.- Las elecciones autonómicas del 22-M, el movimiento 'Democracia real ya' y las cuitas judiciales del jefe del Consell, Francisco Camps, han cruzado el charco. En un artículo publicado en 'The New York Times', con la firma de Raphael Minder, se hace referencia "a las elecciones programadas para este domingo en España en más de 8.000 municipios y 13 de sus 17 regiones".

"El domingo se espera que Francisco Camps sea reelegido como jefe del gobierno regional de Valencia, que incluye la tercera ciudad más grande de España y algunos de los centros turísticos españoles más populares", dice el periodista americano, quien añade que el señor Camps se enfrenta en los tribunales a las acusaciones de soborno como parte de una "vasta investigación de corrupción, conocida como el 'caso Gürtel'", que también incluye a "otros políticos del Partido Popular".
"El señor Camps fue acusado en febrero por supuestamente recibir trajes a medida a cambio de la concesión de contratos públicos, con más posibles irregularidades financieras que aún se están investigando", continúa Minder, quien recoge también en su texto que "otros nueve políticos del Partido Popular están siendo investigados o han sido acusados de fraude", mientras "el señor Camps y sus compañeros candidatos niegan las acusaciones".
"Por ahora, las acusaciones de corrupción no han obstaculizado las posibilidades del señor Camps a la reelección, según las últimas encuestas de opinión", apunta el periodista americano en su artículo, en el que compara a Francisco Camps con el primer ministro italiano: "Al igual que Silvio Berlusconi, que está envuelto en el escándalo, el señor Camps se ha presentado como la víctima de una caza de brujas de los opositores políticos, jueces y medios de comunicación de izquierda".
Minder llega a rescatar unas declaraciones de Camps en las que manifestaba que "nadie debe creer la propaganda al estilo soviético contra todo lo que se ha logrado en Valencia".
También recurre el periodista de 'The New York Times' a una cita del diputado socialista Ferran Bono, quien habló de "la berlusconización de nuestra sociedad". 
"Algunas personas han visto tantos escándalos políticos que acaban de tratarlos como banales", considera Minder, quien añade que muchos también creen verdaderamente en la teoría de la conspiración de Camps.
Raphael Minder cifra en 170 millones de dólares los fondos públicos malgastados por los políticos a cambio de sobornos, de acuerdo con un resumen de los cargos presentados por la fiscalía este año, y recuerda que el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, está en la cárcel en espera de juicio.
El artículo del rotativo americano sitúa a Francisco Camps como ejemplo de la sospecha de la corrupción entre los partidos políticos en España, al tiempo que destaca "el fracaso de los políticos para aliviar las penurias de una población que lucha por una tasa de desempleo del 21%" como lastre que "alimenta la ira de los manifestantes".
Minder engloba los plantones, las protestas en las calles y en las redes sociales en "una campaña alternativa que podría eclipsar la de los partidos establecidos y dar lugar a una disminución de la participación electoral el domingo".
Por su parte, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha afirmado, tras ser preguntada en un acto de campaña por el artículo del New York Times, que "desgraciadamente no sé inglés y no leo el New York Times", aunque sí ha declarado, en relación a las protestas de los indignados, que "la culpa la tiene este desastre de Gobierno", en referencia al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.

Por la regeneración, vota en blanco y si lo haces, con los nadies / Fernando Urruticoechea *

Por fin ha llegado la primera condena contra los que gobernaron Castro Urdiales de 2003 a 2007 y contra el funcionario D. César colaborador de tanto disparate, pero tras la lógica alegría inicial viene la amargura de tanto sufrimiento, no sólo el mío, sino también el recuerdo de las personas aplastadas en estos años de poder despótico.

Esta es una de las caras desconocidas de la corrupción, el del dolor que genera en los ciudadanos, funcionarios honestos que se enfrentan a un poder absolutamente arbitrario.

La segunda persona en llamarme ayer para darme cuanta de la sentencia, fue un/a funcionario/a que llorando me dijo que ya no podía aguantarles más en el ayuntamiento. Hay pocas, muy pocas, pero de las 300 de la plantilla hay unas cuantas más que habrán llorado ayer de emoción y de rabia, de alegría y de pena, porque el sufrimiento y el miedo padecido no tiene vuelta atrás.

Gracias a la sentencia, los tres máximos responsables municipales en estos años, el alcalde Muguruza (PRC), el teniente alcalde  KyK (PP) y el concejal  Chito (IU) ya no volverán a gobernar más y los dos primeros se ven apeados de la nueva candidatura ACAI que habían montado a la desesperada para poder seguir en el tinglado.

Pero el problema es si se habrá aprendido la lección y aquí es donde tengo severas dudas, ya que las candidaturas que se presentan vuelven a ser más de lo mismo. Nadie ha hecho una reflexión de lo sucedido, ni un mea culpa y se vuelven a repetir los colaboradores, hasta en la nueva candidatura CASTROVERDE y posiblemente se volverán a repetir los mismos modos despóticos y delictivos.

Es imprescindible una regeneración del sistema, no podemos seguir así, porque Castro Urdiales no es un caso aislado, sino un ejemplo de lo que esta sucediendo en casi todas las instituciones públicas dirigidas por los partidos políticos.

No he visto aquí en Murcia, ni en Alicante ninguna candidatura que diga SOMOS GENTE HONESTA Y CAPACITADA y sin embargo, esto es lo que necesitamos hoy en España, para salir del pozo de la corrupción y de la ruina a la que han llevado a la mayoría de ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

Este domingo día 22 de mayo de lo que se trata es de elegir a la gente que debe gobernar nuestros ayuntamientos y CCAA, por lo que dada la corrupción y ruina existente, creo que sólo cabe la regeneración completa del sistema.

 Para ello debemos impulsar una ola ciudadana que se lleve por delante a los partidos actuales, tal como sucedió en Italia, aunque cuidando que el resultado sea la depuración y no la putrefacción.

La ola ha empezado el 15M, continuemos con cientos de miles de votos en blanco y sigamos luego las movilizaciones contra los nuevos gobernantes pidiendo democracia real como están clamando ahora en las calles. Para mí resulta imprescindible:

- Listas abiertas y un sistema electoral más proporcional
- Limitación a 8 años de cada mandato público
- Transparencia y control del gasto electoral de cada candidatura en cada municipio y CCAA
- Obligatorio balance de gestión anual, con presentación pública, de cada corporación o institución pública

Con la actual Ley electoral debe considerarse voto en blanco, un papel blanco con un poema. Te brindo el de "Los nadies" de Galeano, como vengo haciéndolo desde el año 2003 en que lo descubrí en casa de unos buenos amigos de Bilbao.
Besos y saludos

P.D.- Como soy un pesado crónico, no he podido resistir la tentación de adjuntaros el correo que mandé en las anteriores elecciones generales de 2008, ya que ahora resulta evidente que es el terror es la doctrina que guía las actuaciones públicas para poder implantar el capitalismo del desastre. Recomiendo la lectura de "La doctrina del shock" de Naomi Klein.
 
(*) Ex interventor del Ayuntamiento de Castro Urdiales