domingo, 19 de septiembre de 2010

Metrovalencia y el TRAM de Alicante transportan casi a diez millones de usuarios este verano

VALENCIA.- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha transportado a un total de 9.669.908 de viajeros entre las líneas de Metrovalencia y el TRAM de Alicante en los meses de julio y agosto, lo que supone un incremento del 1,71 por ciento respecto al mismo periodo de 2009, según ha informado el Consell en un comunicado.

Por las tres líneas de metro y dos de tranvía de la red de Metrovalencia han pasado un total de 8.430.568 viajeros durante los meses de julio y agosto, lo que supone una media diaria de 135.976 usuarios a lo largo de toda la red.

Los datos que más destacan, por mayor aumento de viajeros, se hacen visibles en las líneas 6 y 4. La L-6, con 54.247 pasajeros más, ha incrementado un 25,73 por ciento con respecto a los mismos meses de 2009. La Línea 4, por su parte, ha registrado, con respecto al mismo periodo del año pasado, 102.313 viajeros más, lo que supone un aumento del 18,12 por ciento.

La Línea 3, que realiza el recorrido Aeroport/Rafelbunyol, ha sido la más utilizada el cómputo de ambos meses, con 2.918.544 usuarios, seguida de la Línea 1 (Llíria-Bétera/Villanueva de Castellón) con 2.449.025 viajeros, la Línea 5 (Neptú-Aeroport/Torrent Avinguda) con 2.131.057, la Línea 4 de tranvía (Doctor Lluch-Mas del Rosari) con 666.900 viajeros y, por último, la Línea 6, también de tranvía (Marítim Serrería-Tossal del Rei), con 265.042 usuarios.

Por lo que se refiere a las estaciones más concurridas de la red de Metrovalencia, han sido Xàtiva, con 676.493 viajeros, seguida de Colón, con 631.412 usuarios. A continuación, se sitúan Túria, con 371.132, Àngel Guimerà, con 333.782 clientes, y Benimaclet, con 263.292 pasajeros.

Por su parte, TRAM Metropolitano de Alicante ha superado este verano su récord de viajeros y, por primera vez en su historia, ha cerrado dos meses consecutivos con más de 600.000 usuarios cada uno.

TRAM ha registrado en el mes de julio la "cifra histórica" de 623.412 pasajeros, superior a la de agosto, en el que ha contado con 615.928 usuarios. Por primera vez, el mes de agosto ha registrado datos de afluencia inferiores a julio, "debido principalmente a los paros parciales del colectivo de maquinistas que afectaron a las circulaciones de trenes todos los fines de semana de este mes, causando molestias a miles de personas", según la Generalitat..

En total 1.239.340 viajeros han confiado en el TRAM para realizar sus desplazamientos por la provincia de Alicante durante los dos principales meses del verano. En lo que va de año, más de tres millones y medio de usuarios han utilizado este medio de transporte "cómodo, seguro y sostenible".

El incremento de viajeros más significativo en lo que va de año respecto a 2009 se ha producido en julio, con un 18,70 por ciento más de pasajeros que en el mismo mes del pasado año. Las cifras de agosto también han sido positivas, aunque, en este caso, el aumento de pasajeros ha sido de un 15,68 por ciento por las interrupciones ocasionadas por la huelga sindical, que supuso la supresión de 340 servicios en días de gran afluencia de viajeros.

Las cuatro líneas de TRAM Metropolitano de Alicante han tenido en estos dos meses una afluencia media de viajeros de 20.000 usuarios cada día. La línea más transitada ha vuelto a ser la L-3 (Luceros-El Campello/Venta Lanuza) con 247.411 viajeros en julio y 240.004 en agosto.

Le sigue en número de pasajeros la L-1 (Luceros -Benidorm) con 192.780 usuarios en julio y 192.206 en agosto. La L-4 (Luceros-Playa de San Juan) registró 119.212 pasajeros en julio y 116.735 en agosto. Esta línea ha triplicado sus viajeros en los meses de verano respecto a enero, sobre todo a raíz del cambio de cabecera desde Puerta del Mar a Luceros, situándose como una de las preferidas por los turistas y los vecinos que acuden a la playa y lugares de ocio de la zona.

Por último, la L-9 (Benidorm-Dénia) también ha experimentado un "importante" incremento de viajeros respecto al pasado año, cifrado en un 60 por ciento, ya que 63.451 usuarios han utilizado estos trenes en julio y 66.983 lo hicieron en agosto frente a los 38.954 y 41.608 que lo hicieron en los mismos meses de 2009.

En cuanto a tránsito por estaciones, Luceros se sitúa como la más concurrida con 92.222 usuarios en julio y 88.792 en agosto. La estación de Mercado, que antes era la más transitada, ocupa ahora el segundo lugar con 77.648 usuarios en julio y 71.747 en agosto. Le siguen en el ranking la estación de MARQ, que ha registrado en julio 35.205 pasajeros y 35.508 en agosto, y la de Benidorm, con 21.989 y 22.262 usuarios en esos mismos meses.

EU pide a Barberá que "deje de meter palos en las ruedas de la Justicia" y dé licencias para la rehabilitación de El Cabanyal

VALENCIA.- El coordinador de EU en Valencia, Amadeu Sanchis, ha exigido este domingo a la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, que "deje de meter palos en las ruedas de la Justicia" y permita dar licencias de obra mayor y menor, así como licencias de actividad empresarial, "como elementos imprescindibles para la rehabilitación del barrio de El Cabanyal".

Sanchis se ha expresado en estos términos en un comunicado tras conocer el informe emitido por la Abogacía del Estado en el que mantiene que la suspensión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del barrio de El Cabanyal "no implica la necesaria e indiscriminada denegación de concesión de licencias municipales de cualquier tipo, sobre cualquier bien", ubicado en esa zona.

El dirigente de EU ha destacado que el equipo de gobierno municipal "sabe perfectamente diferenciar qué obras se pueden hacer y cuáles no", ya que ha indicado que "en el supuesto de que pudieran afectar a la conservación del conjunto histórico no deberían concederse".

En opinión de Amadeu Sanchis, "no diferenciar las obras y no conceder ninguna licencia es la prueba de que el PP no tiene ningún interés por el barrio y por sacarlo de la difícil situación en la que se encuentra".

"Parece que el PP está más interesado en su destrucción o aislamiento como única alternativa a una prolongación que no se hará", ha afirmado.

El coordinador de EU ha denunciado "lo que se ha convertido en una actitud de desprecio a la ley, inédita en nuestro país, por parte de una autoridad pública".

A su juicio, "negarse permanentemente a dialogar y encontrar una solución de consenso, como reiteradamente ha venido pidiendo la Plataforma Salven El Cabanyal, sólo se entiende por la visión que desgraciadamente tiene el PP de la democracia, donde ésta parece que sólo es válida si beneficia a sus planteamientos", ha criticado Sanchis.

Mata ya ha conseguido 300 de los 352 avales necesarios para formalizar su candidatura a primarias

VALENCIA.- El diputado del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes Manolo Mata ya ha recogido 300 de los 352 avales necesarios para formalizar su candidatura en el proceso de primarias y aspirar a encabezar la lista socialista al ayuntamiento de Valencia.

Mata ha asegurado este domingo que confía en conseguir los apoyos y que están "muy cerca del objetivo". Ha señalado que "lo que empezó por una necesidad, la democracia para decidir, ahora es inevitable" y ha subrayado que "hay optimismo en que vamos a conseguir las firmas".

En este sentido, ha informado de que "en sólo cuatro días de campaña estamos muy cerca del objetivo" y "todo ello -ha advertido-- sin medios, sin listados, sin casi teléfonos, porque los militantes son los que se ofrecen".

El aspirante a medirse en primarias con el candidato avalado por la ejecutiva, el diputado en el Congreso Joan Calabuig, ha desvelado que entre los avales recogidos se encuentran los de "dos ex-consellers, ex-directores generales, actuales directores generales del gobierno de España, diputados, concejales, profesores de universidad, sindicalistas, jóvenes, y muchísimos militantes anónimos".

Uno de los pilares de su campaña es Internet. En Facebook se han creado grupos de apoyo oficiales y no oficiales y el aspirante ha creado un blog 'primariasmata.wordpress.com.' En su opinión, "si llevamos trescientos, el objetivo es muy posible".

Valencia y Castellón estarán este lunes en alerta por lluvias y tormentas localmente fuertes

MADRID.- Un total de 27 provincias de la mitad sur y tercio oriental peninsular, entre ellas Valencia y Castellón, permanecerán mañana en alerta por lluvias y tormentas que pueden llegar a ser localmente fuertes, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, se activará la alerta naranja por riesgo importante de fuertes lluvias y tormentas en Cádiz, Málaga, Sevilla, Lleida, Tarragona, Ceuta y Castellón, por precipitaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Asimismo, la alerta amarilla por lluvias y tormentas se extenderá al resto de las comunidades de Andalucía --excepto a la provincia de Almería--, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. En principio, las precipitaciones no afectarán al noroeste peninsular ni a los archipiélagos.

Así, los cielos permanecerán poco nubosos en Galicia y en el resto del litoral cantábrico, mientras que en Baleares y Canarias se registrarán algunos intervalos nubosos.

Las temperaturas diurnas ascenderán ligeramente en el extremo norte peninsular y descenderán moderadamente en el centro y mitad sur. En general, las nocturnas presentarán un ligero a moderado ascenso.

Por último, llegará viento flojo del noreste en Canarias y de componente este al Cantábrico, Alborán y Baleares. En el resto del país, los vientos serán flojos y variables, con algún intervalo moderado y predominio de componente sur.

Más de 200 vehículos cortan la A-31 en protesta por la posible ubicación del almacén en Zarra

ZARRA.- Más de 200 vehículos han participado en la tarde de este domingo en una marcha lenta por la A-31, que se ha llegado a cortar en varias ocasiones, para protestar por la posible ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Zarra.

Los participantes, convocados por la Plataforma contra el ATC en Zarra, se han reunido a las 16.00 horas en el municipio valenciano de Ayora, desde donde han salido a la N-330, hasta llegar a Almansa (Albacete).

Una vez en este punto, los manifestantes han tomado la A-31, autovía que une Madrid y Alicante, donde han realizado una marcha lenta hasta el término albaceteño de Bonete, según ha informado una de las portavoces de la plataforma, Sofía Costa.

La marcha de protesta ha provocado unos diez kilómetros de retenciones --nivel amarillo--, en la A-31, a su paso por Bonete, en concreto entre los puntos kilométricos 133 y 143, según la Dirección General de Tráfico.

Los participantes en el corte de la autovía, en la que han participado vecinos de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, pero también de pueblos manchegos cercanos a Zarra, han ido acompañados de pancartas y camisetas en las que se podían leer lemas como 'No queremos el ATC en Zarra', 'No somos una comarca basura' o 'Ni un solo bidón radioactivo va a entrar al Valle de Ayora', entre otros.

Otro de los portavoces de la Plataforma contra el Almacén Temporal Centralizado (ATC), Pepe Cerdà, ha explicado que el colectivo está preparando diferentes "movilizaciones, acciones y reuniones" para todos los días, con el objetivo de expresar su rechazo a la instalación del ATC en el municipio de Zarra.

Entre los diferentes actividades de protesta programadas, han convocado para el próximo miércoles, a las 12.00 horas, una concentración en Madrid frente al Ministerio de Industria. Para ello, saldrán autobuses de varios pueblos cercanos a Zarra. Es el caso de los municipios valencianos de Ayora, Jarafuel y Cofrentes, y de los albaceteños Almansa, Carcelén y Alpera.

El portavoz ha señalado que la plataforma cuenta con el apoyo de varios ayuntamientos, así como con el del PPCV y del PSPV. Además, ha asegurado que el pasado viernes el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, anunció al colectivo que le "acompañaría a todas las movilizaciones".

Para Pepe Cerdà, la instalación del ATC en Zarra supondría "la muerte de la comarca". Al respecto, ha explicado que se "sobrecargaría" al Valle con "demasiadas marcas radioactivas", ya que en esta comarca ya existe la Central Nuclear de Cofrentes y "ya solo faltaba tener para la eternidad los residuos nucleares de toda España", ha manifestado.

El portavoz de la Plataforma ha aseverado que los informes técnicos "mienten", motivo por el que los denunciarán ante los tribunales.

"Dicen que la candidatura de Zarra tiene disponibilidad inmediata de los terrenos", ha recordado Cerdà, quien ha añadido que, sin embargo, los terrenos a los que se refieren cuentan con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en la que dice que "no se puede urbanizar", puesto que se trata de "terrenos agrícolas".

En opinión de Cerdà, la posible decisión de instalar el ATC en Zarra es "la más cómoda políticamente". A su entender, "es una manera de ayudar al presidente de Cataluña, José Montilla, que, según las encuestas, no ganará las elecciones".

"Supone un balón de oxigeno para que crean que sus negociaciones ha conseguido no vaya el ATC a Catalunya", ha criticado.

Además, ha manifestado que el Gobierno central "no va a mandar el problema a José Montilla ni al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que son del PSOE".

Del mismo modo, Pepe Cerdà ha asegurado que la candidatura de Zarra implica "un coste económico mayor que todas las demas", porque la posible ubicación del almacén "no será en un polígono industrial y por la zona no pasan carreteras".

Asimismo, ha recordado que se trata de un lugar "con un valor medioambiental incalculable", puesto que es "el corazon de la mayor masa de pino adulto de la provincia de Valencia".

Industria ve irrelevante la sentencia que anuló la recalificación del suelo del ATC

MADRID.- El Ministerio de Industria ha considerado irrelevante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que en septiembre de 2009 anuló la recalificación de los terrenos de Zarra elegidos para el almacén nuclear. Pese a que el fallo consideró nula la declaración de los terrenos como industriales, el ministerio le ha otorgado la máxima puntuación a "la calificación urbanística" del suelo, algo clave para que superara a Ascó en la valoración oficial de los municipios candidatos a albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

El informe puntúa la situación de las candidaturas en función de 20 factores, desde la propiedad de los terrenos hasta la contribución de los Ayuntamientos. En cada apartado, los candidatos reciben una nota de cero a 10. No todos los aspectos valen lo mismo, ya que la calificación de los terrenos o las distancias de transporte valen 10 puntos y la meteorología o la hidrología solo dos.

Zarra obtiene la máxima calificación en 11 de las 20 categorías. Ascó, segundo en la lista, obtiene la máxima nota en 14 apartados. Sin embargo, Zarra queda por delante entre otras cosas porque el informe no da la máxima nota a Ascó en la proximidad de instalaciones de riesgo, uno de los factores de mayor peso. El texto señala que "no lejos de Ascó está la industria química de Flix, pero a distancia suficiente para que no se identifique como un riesgo".

El documento valora que las obras en Zarra pueden empezar sin demoras significativas, ya que los terrenos están ya calificados como industriales, y por eso le da 10 puntos. Pero el coordinador de Ecologistas en Acción en Valencia, Carlos Arribas Ugarte, sostiene que "la calificación urbanística del suelo no es industrial, pues hay una sentencia anuló el plan parcial y el PAI que quería promover ese uso industrial".

El Gobierno de Valencia, que ahora se opone al ATC, tiene recurrida la sentencia ante el Supremo. Cuando se recalificó, el suelo era de una empresa del sobrino de Juan Cotino, vicepresidente valenciano.

Los detalles son relevantes porque es muy probable que el caso acabe en los tribunales. Los municipios que pierdan el almacén, o las comunidades y ecologistas del elegido, planean cómo recurrir la decisión del Ejecutivo y buscan ya argumentos en el informe.

El texto alude a la sentencia: "La recalificación fue objeto de Declaración de Impacto Ambiental favorable de la Generalitat Valenciana. Esta declaración fue anulada por sentencia [...] por no acreditarse la disponibilidad de suministro de agua".

El fallo anuló todo el plan, pero el departamento que dirige Miguel Sebastián considera que ese es un tema menor, formal y solventable en meses en el peor de los casos, ya que ya está pedida la concesión de agua. Arribas critica que se haya elegido un terreno con acceso por caminos rurales y opina que el informe parece "hecho a la medida de Zarra".

El informe es la base de la elección y considera que cualquiera de los cuatro primeros candidatos -Zarra, Ascó, Yebra y Villar de Cañas- podría ser elegido, ya que hay "escasas diferencias entre ellos". El texto fue aprobado el jueves por la noche por una comisión interministerial. El informe fue realizado por el Ministerio de Industria y presentado a los miembros de la comisión para que lo hicieran suyo.

Pese a que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se refirió a ese documento como "la ponencia técnica", no fue realizado por el Comité Asesor Técnico, sino por una comisión gubernamental formada por altos cargos de varios ministerios, según confirmó ayer Industria. Los técnicos habían entregado hace semanas un informe, pero que no puntuaba las candidaturas.

Finalmente, un Consejo de Ministros dividido -Sebastián, Salgado y los más técnicos, a favor de aprobarlo ya, y otros encabezados por De la Vega, en contra- paralizó la elección de Zarra, desairó a Sebastián y dio una baza electoral al presidente valenciano, Francisco Camps.

El PP de Camps acumula más de 25 imputados

VALENCIA.- El caso Brugal , una trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en Alicante, ha terminado por convertir al PP de la Comunidad Valenciana en una formación dirigida por políticos imputados. A fecha de hoy, los populares valencianos tienen más de 25 cargos públicos imputados, con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps , y los presidentes provinciales de Castellón, Carlos Fabra , y Alicante, José Joaquín Ripoll , a la cabeza, según recuerda 'El País'.

Esta cifra incluye diputados, alcaldes y cargos de la Administración local y autonómica del PP en activo, a los que, previsiblemente, se unirá alguno más a medida que avancen las investigaciones judiciales en curso. La gran mayoría de ellos están imputados por su vinculación a casos de corrupción, aunque la cifra también incluye algún imputado por delitos de otra naturaleza.

El caso Fabra , el caso Gürtel y el caso Brugal son los tres mojones que condicionan la actividad institucional del PP del norte al sur de la Comunidad Valenciana, pese a gobernar con amplias mayorías absolutas en la Generalitat, las tres diputaciones provinciales y las principales ciudades, incluidas las capitales.

Sin embargo, la sucesión de los escándalos que afectan al PP valenciano ha sido de tal magnitud en los últimos meses que ha hundido la moral de un partido que ha llegado a proyectar la película Invictus a sus diputados para insuflarles nuevos ánimos.

El presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial, José Joaquín Ripoll, ha sido el último de los altos cargos imputados. El juez que investiga el caso Brugal considera que hay indicios de que puede haber cometido los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios.

Junto a él, la secretaria provincial y alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, otros dos alcaldes de pequeños municipios, seis concejales y varios ex concejales completan el paquete de cargos populares imputados. En esta investigación también está imputado Antonio Amorós, suspendido de militancia por el PSOE y apartado de sus competencias en la Corporación.

La imputación de la cúpula de Alicante ha tenido, además, otra consecuencia: ha hecho caer en el olvido las apelaciones de Ripoll al código ético del partido para afrontar el deterioro de imagen de los populares valencianos a raíz del caso Gürtel. Es más, el presidente de la Diputación de Alicante, enfrentado hasta su imputación a Francisco Camps, se guarece ahora bajo el mismo paraguas argumental que el resto de imputados del PP valenciano.

"Defendemos la presunción de inocencia. Los únicos capacitados para juzgar son los jueces. Ni los informes policiales, ni los políticos, ni los medios de comunicación", afirma la portavoz del Gobierno valenciano y directora de la campaña electoral del PP regional, Paula Sánchez de León, que añade: "Mientras no haya sentencia firme actuaremos con respeto a estos principios". Un argumento esgrimido sistemáticamente por la Generalitat y el PP regional, que se ha convertido en un mantra desde la imputación del presidente valenciano por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio -por recibir trajes regalados por la trama corrupta del caso Gürtel-.

Junto a Camps están imputados en la misma causa quien fue su mano derecha, el ex secretario regional y diputado autonómico Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret.

A Costa, que hasta la fecha ha sido la única víctima política del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana, le fue levantada la suspensión de militancia en el PP el pasado día 3. Y todo apunta a que el presidente del partido, Mariano Rajoy, no impedirá que los populares valencianos incluyan imputados en las listas electorales, a diferencia de lo decidido en Baleares.

Aliviado por los buenos sondeos demoscópicos que mantiene el PP en la Comunidad Valenciana, Rajoy prefiere obviar los escándalos, aunque desde hace un año ha evitado coincidir con Camps, más allá de lo estrictamente imprescindible.

La situación de los populares valencianos corre el riesgo de agravarse con nuevos imputados si, finalmente, el juez Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, consigue que el TSJ de Valencia se haga cargo de la investigación que afecta a otros aforados valencianos y que está relacionada con la supuesta financiación ilegal del PP. En su auto aparecen mencionados, entre otros, el vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, y el vicesecretario de Organización del PP, David Serra.

La situación en Castellón no es mucho mejor. El presidente de la Diputación y del PP provincial, Carlos Fabra, está a las puertas de sentarse en el banquillo. Para Fabra -cuya influencia política en la Comunidad Valenciana convirtió el código ético del PP en papel mojado- las acusaciones piden hasta 20 años de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y cinco delitos fiscales.

La posición de su entorno también es mala. El vicepresidente segundo, Vicent Aparici, se sentará en el banquillo el 23 de noviembre por un delito de vertidos tóxicos y prevaricación ambiental por el que la fiscalía pide siete años de cárcel, y dos alcaldes de la provincia están pendientes también de la justicia.

Pese a todo, ninguno de los más de 25 cargos imputados ha querido renunciar a su responsabilidad política antes de acudir al juzgado.

Populares emplazados por la Justicia en la Comunidad Valenciana

- ALICANTE

El presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll; los alcaldes Mónica Lorente (Orihuela), Antonio Lorenzo (Algorfa), Javier Pérez Trigueros (Callosa del Segura), José Arronis (Rafal), José Manuel Gálvez (Jacarilla), Pedro Ángel Hernández Mateo (Torrevieja) y Ana Kringe (Dénia); los concejales Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez (Orihuela), Francisco Lancharro (Pilar de la Horadada) Aurelio Murcia (Bigastro), Juan José Moragues (Xàbia), Juan Cano (Polop), Juan Roselló (Calp), Andrés Llorens (Alicante) y Javier Bru (Albatera)

- CASTELLÓN

El presidente de la Diputación, Carlos Fabra; el vicepresidente de la Diputación Vicent Aparici y los alcaldes de Alcalà, Francisco Juan Mas, y de Borriol, Adelino Santamaria.

- VALENCIA

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el diputado, Ricardo Costa; el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret por Gürtel. Y, por otro caso distinto, el edil Jorge Bellver (Valencia).