El FMI considera a BMN una entidad financiera vulnerable

MADRID.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) habla de 10 entidades vulnerables en el panorama financiero español. Se trata de las dos entidades subastadas (CAM y Unnim), las tres que están bajo la tutela accionarial del FROB (Banco de Valencia, Catalunya Caixa y NCG Banco), Banca Cívica (en proceso de fusión con La Caixa), Caja España Duero (fusionándose con Unicaja), Caja 3, Banco Mare Nostrum (BMN) y, por encima de todos, Bankia, según publica hoy 'La Razón'.

El FMI ha evitado en todo momento citar el nombre de Bankia (como el del resto de entidades consideradas vulnerables), y se refiere a él como «el más grande» de los que tienen problemas. A lo largo de toda esta semana, algunos directivos de los principales bancos españoles han hecho referencias a Bankia como el eje principal de la reforma y como el mayor problema de la reestructuración por el tamaño de la entidad.

El informe publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) el pasado miércoles ha vuelto a despertar las dudas que existen acerca de si el sector bancario será capaz o no de «pagar» la reestructuración del sector o necesitará de ayudas públicas, como sugiere la institución que dirige Christine Lagarde. La impresión generalizada en el sector es que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) sólo podrá hacer frente a los compromisos ya adquiridos en las subastas de la CAM y Unnim y en las tres que quedan por venir: Banco de Valencia, Catalunya Banco y NCG Banco.

Pero la reforma que el Gobierno aprobó en febrero no estará completa hasta que se resuelvan las dudas sobre Bankia, impulsadas por el FMI y que hicieron circular el rumor sobre una intervención inmediata del Banco de España en la entidad durante la tarde el viernes, rumores que fueron desmentidos desde el banco que preside Rodrigo Rato.

Lo que parece que ha quedado demostrado a estas alturas de la reforma es que el capital privado no quiere saber nada del sector. El FMI asegura en su último informe sobre España que la opción del capital privado está agotada ya y que sólo será posible la recapitalización de los bancos con problemas mediante la inyección de capital público, algo que trata a toda costa de evitar el Gobierno.

Desde Madrid se exige "suficiente financiación" para los ayuntamientos españoles, "los más pobres de Europa"

MADRID.- La teniente de alcalde y delegada de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa, ha reclamado este sábado en el XV Congreso Regional del PP una "suficiente financiación" para los ayuntamientos españoles, de los que ha dicho que son "los más pobres de Europa" si se deja fuera a Grecia y Portugal.

   Durante la comunicación 'Las claves del debate sobre las duplicidades', la edil ha acusado de la situación actual a los constantes incumplimientos en lo que a reforma de la financiación local se refiere por parte de los anteriores gobiernos socialistas. "Se comprometió en el Congreso, en el Senado, en la Federación Española de Municipios y Provincias, en los programas electorales de 2004 y 2008 y se fue sin hacerlo. Esto agravó aún más las cuentas de todos los ayuntamientos de España aunque afortunadamente las cosas han cambiado mucho en cuatro meses, con medidas ya puestas en marcha que ayudan a los ayuntamientos y van a reformar la Administración", ha destacado.

   Dancausa ha apuntado que la escasez de recursos municipales "deriva de la desconexión del sistema de financiación con el de competencias". Y es que el debate de las duplicidades "no estará completo sin la reforma del sistema de financiación local, que José Luis Rodríguez Zapatero incumplió reiteradamente".

   La 'popular' ha subrayado que ni la Constitución ni la Ley de Bases de Régimen Local precisan de manera clara las competencias sino que "fomentan la concurrencia, que varias administraciones actúen sobre una misma materia, lo que es positivo en algunos casos pero en otros esa duplicidad perjudica la prestación de servicios y los hace más costosos".

   Es por eso considera que ahora se da una "oportunidad única para dimensionar bien la Administración para hacerla eficaz y transparente". Así, el dictamen de la comisión de duplicidades, desarrollada en la Asamblea de Madrid y que se dará a conocer en los próximos días, "dará luz sobre el camino a recorrer".

   Los objetivos son conseguir "ahorro" ya que "un mayor gasto no se traduce en mayor calidad" y apostar por la "racionalidad, la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas".

 "Ahora los ciudadanos tendrán claro qué administración presta cada servicio", ha manifestado haciendo especial hincapié en la necesidad de mejorar los mecanismos de control interno y externo.

Más de un millar de personas asisten a una manifestación del 25 d'Abril protagonizada por los estudiantes

VALENCIA.- Más de un millar de personas han participado este sábado en la manifestación convocada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV) que conmemora como cada año el 25 d'Abril, y que en esta ocasión ha cedido el protagonismo a los estudiantes valencianos en reconocimiento a su papel en las movilizaciones de los últimos meses en defensa de la educación y a su compromiso con la enseñanza, lengua y cultura valencianas.

   La marcha, que ha partido poco después de las 18.00 horas desde la plaza de San Agustín de Valencia, rememora la batalla de Almansa y la pérdida de los Furs y en esta ocasión tiene como lema 'O ens recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble', una frase del escritor Joan Fuster escogida por los estudiantes con motivo del 50 aniversario de la publicación de su célebre libro 'Nosaltres, els valencians'.

   Ante una fina e intermitente lluvia, la manifestación ha partido por la calle San Vicente bajo la música de dolçaines y tabalets y un grupo de manifestantes ha alzado un 'castell' ante los aplausos de los asistentes.

   El coordinador de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Toni Gisbert, ha señalado en declaraciones a los medios momentos antes del inicio de la marcha que este año la convocatoria está marcada por dos hechos: el reconocimiento a la labor de los jóvenes en las movilizaciones en defensa de la enseñanza pública y la lengua.

   En el primer caso, ha destacado que los jóvenes valencianos han demostrado en los últimos meses valencianos "un compromiso con la lengua, la cultura, los valores de la sociedad del bienestar y la enseñanza" que debe ser reconocido en un momento "particularmente difícil en lo que respecta a su futuro". Con ello, "han demostrando al conjunto de la sociedad que hay posibilidades, si se trabaja conjuntamente, de buscar vías de futuro", ha apuntado Gisbert.

   Por otra parte, ha señalado que la lengua "ha marcado últimamente la agenda de las políticas al País Valencià" con el anuncio, entre otras medidas, del borrador del decreto de Plurilingüismo del Consell. Además, ha lamentado que a fecha de hoy "se mantiene la censura de TV3" tras el cese de emisiones decretado por la Generalitat el pasado año.

   Por ello, ha señalado que tanto Acció Cultural como el resto de asociaciones de estudiantes, sindicales y sociales que apoyan la convocatoria quieren decirle al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que ya "está pasando el tiempo de pasar de los gestos, las palabras a los hechos". "Reclamamos hechos para solucionar la situación económica, social, cultural y lingüística", ha insistido Gisbert.

   A su juicio, debe producirse un cambio de política "en todos los ámbitos" porque la situación de la Comunitat Valenciana "es particularmente negativa en el conjunto del Estado desde el punto de vista de la educación, de los servicios públicos y en lo que respecta a la lengua y la cultura".

   Frente a esta situación, desde ACPV apuestan por un trabajo conjunto por parte de las entidades sociales para "trabajar por el futuro y hacer posible ese cambio".

 "Si el presidente Fabra no hace ese cambio, deberá haber otras fuerzas que lo hagan", ha concluido.

   Además de Acció Cultural, se han sumado a la convocatoria el Bloc d'Estudiants Agermanats, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, A Contracorrent, la Associació d'Estudiants de Secundària y han secundado la marcha sindicatos como UGT-PV, CCOO-PV, Intersindical Valenciana, y entidades como Escola Valenciana, Ca Revolta, la Societat Coral El Micalet y FAPA Valencia.

Compromís preguntará al Consell por las implicaciones de una empresa de EEUU en la decisión de "privatizar" la sanidad

VALENCIA.- La portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, ha anunciado este sábado que su grupo registrará la próxima semana que viene en las Corts Valencianes una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al Consell para que explique "cuáles son las implicaciones de la empresa Capio, una de las compañías sanitarias más importantes de los Estados Unidos, en la decisión anunciada ayer por el Gobierno del PP de privatizar toda la gestión de la sanidad pública valenciana".

   Para la diputada de Compromís "lo que pretende este gobierno es devaluar la sanidad pública hasta tal punto que los ciudadanos que se lo puedan permitir tengan que hacerse un seguro privado de salud".

 "Y ahí es donde está el beneficio para empresas como Capio, que ya tienen negocio en algunos centros hospitalarios de nuestro territorio", ha asegurado en un comunicado.

   Según Oltra, "la no inauguración de hospitales que ya están construidos como el de Líria o Gandia tiene mucho a ver con la estrategia que está llevando a cabo el PP". Al respecto, se ha mostrado convencida de que "son instalaciones que quieren ceder a empresas privadas después de haberse pagado con fondos públicos de todos los valencianos y valencianas".

   Desde Compromís se oponen a la "estrategia de devaluación" de la sanidad pública y trabajarán "para destapar el negocio que hay detrás de la privatización de la sanidad". 

"Un negocio de unos cuántos a expensas de mucho sufrimiento para la gente, que tendrá una sanidad pública devaluada, que no estará a la altura de la dignidad con que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que recibir los servicios públicos", ha concluido Oltra.

El PSPV denuncia que el PP "ha iniciado la demolición del sistema sanitario público"

VALENCIA.- El portavoz de Sanidad del grupo parlamentario socialista en las Corts y miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, Ignacio Subías, ha lamentado que "se han cumplido los peores pronósticos". "El PP está atacando directamente los derechos de los ciudadanos como usuarios del Sistema Sanitario Público y ha iniciado lo que podemos denominar la demolición del sistema sanitario", ha declarado.

   Subías, que se ha pronunciado en estos términos en un comunicado. tras los últimos recortes anunciados por el Gobierno central y tras la decisión de la Generalitat de "privatizar" la gestión de la sanidad valenciana, ha asegurado que "tanto Mariano Rajoy como Alberto Fabra están poniendo en riesgo la universalidad y la equidad del sistema sanitario".

   En ese sentido, ha explicado que "están desmantelando un derecho ligado a la condición de ciudadanía e igualdad para todo ellos y están distinguiendo entre titulares y beneficiarios". 

"¿Han olvidado que la asistencia sanitaria está definida como una prestación universalizada?", ha preguntado.

   Por lo que se refiere al anuncio que realizó ayer el Gobierno de Fabra, en el que se confirmó que se incrementa el peso del sector privado en la Sanidad pública valenciana, ha lamentado que el presidente de la Generalitat "nos ha convertido en las cobayas de Rajoy en la destrucción del sistema de salud, cuyo modelo, tal y como lo conocemos actualmente, ya está en riesgo".

   Además, ha asegurado que "esta privatización que llevará a cabo el PPCV es consecuencia de su propio despilfarro y su falta de prioridades".

 "Tras 17 años de Gobiernos del PP en la Comunitat y de sus derroches, están sobrepasados", ha matizado.

   De ese modo, ha subrayado que el PSPV ya ha reclamado la comparecencia "urgente" del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y del conseller de Sanidad, Luis Rosado, en las Corts "para que den una explicación clara de estas medidas", pues "frente a ellas va a estar toda la sociedad valenciana".

   En cuanto a las decisiones adoptadas por el Gobierno de Rajoy, para el dirigente socialista, "nunca nadie en tan poco tiempo gobernando ha hecho tanto daño a los derechos de los ciudadanos". Además, ha incidido en que "estos recortes suponen un cambio en el modelo sanitario y genera injusticia social y desigualdad".

   El portavoz de Sanidad ha denunciado que "el PP ha engañado a los ciudadanos y ha tomado decisiones en contra de sus compromisos", ya que "dijeron que no recortarían en sanidad, ni en prestaciones ni derechos y repitieron hasta la saciedad que no al copago".

 "Todo mentiras", ha aseverado.

   Así, ha indicado que "hay otra forma de hacer las cosas" y, por ello, los socialistas valencianos se oponemos "frontalmente" a estas medidas". En esa línea, ha subrayado que "agreden derechos constitucionales" y, en el caso de las decisiones adoptadas por el Gobierno de Rajoy, "pueden vulnerar competencias de las Comunidades Autónomas".

   A ese respecto, ha recordado que desde el Gobierno central se exige a la Comunitat Valenciana recortar 700 millones de euros más en sanidad, "ante la sumisión y comprensión del presidente Fabra y el conseller Luis Rosado".

   "La razón, evidentemente, es que estamos intervenidos de facto y las decisiones ya no las toma el Gobierno valenciano", ha destacado. "El PP, que era tan reivindicativo y tan victimista -ha continuado-, ahora todo es sumisión, poniendo por encima de los intereses de la ciudadanía valenciana, la obediencia irreflexiva a su partido".

   Subías ha reclamado a Fabra que explique "cómo van a recortar 1.200 millones de euros del sistema sanitario público valenciano", pues a los 700 millones que solicita el Gobierno central hay que sumar los 530 millones a los que aludía el Decreto 1/2012 del Consell y los posteriores recortes.

   El diputado socialista ha detallado que con el nuevo Real Decreto Ley "se cargan la universalidad y la equidad", ya que, "además del 'medicamentazo', que supone un mayor copago sobre aquellos colectivos que más necesidades tienen, se van a excluir algunos medicamentos de uso corriente de la prestación".

   Asimismo, ha criticado que "habrá que pagar una cantidad por el transporte sanitario no urgente; por las prótesis externas; parte de la dieta terapéutica", que "las personas mayores de 26 años que no hayan accedido a un primer empleo pueden quedar desprotegidas, a no ser que acrediten que no superan un límite determinado de ingresos", y que se excluye a los inmigrantes sin papeles.

 "Y, ¿qué pasará con las mujeres separadas o divorciadas que nunca hayan cotizado?", se ha preguntado.

   "La consecuencia será, sin duda, más desprotección, menos derechos y un sistema sanitario público de peor calidad que derivará en su privatización total", ha concluido.

El Defensor del Paciente aboga porque se devuelva Sanidad al Estado

VALENCIA.-   El Defensor del Paciente denuncia que la Generalitat valenciana "por su cuenta y riesgo" haya decidido "privatizar los servicios públicos". En este sentido, pide a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que intervenga "para evitar el dispendio que está ocurriendo en las comunidades".

   Así consta en una carta remitida por la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, a Ana Mato, en la que señala que sería "deseable" que las competencias en materia de Sanidad volvieran al Estado.

   Flores ha enviado esta misiva después de que el Consell haya anunciado que está trabajando en la elaboración de un nuevo modelo sanitario para extender la iniciativa privada en los hospitales de la Comunitat Valenciana.

   La presidenta de la institución critica que la Comunitat, una de las autonomías "más desastrosas en su gestión con un aumento espectacular en denuncias, se permite la licencia de atentar aún más contra los derechos establecidos en la Constitución, los servicios públicos".

   Carmen Flores recuerda que el PP, en campaña electoral, aseguró que "no tocaría la sanidad", y además, añade que desde el Ejecutivo valenciano "incumplen con el sagrado deber de un gobierno de proteger los servicios públicos".

 "Están desahuciando la sanidad" y "desprotegiendo a los más débiles", lamenta.

   Del mismo modo, subraya que los poderes públicos "tienen como primera obligación inexcusable salvaguardar la salud de todos los ciudadanos que se encuentren en el país, sean de la nacionalidad que sean, y sobre todo si estos carecen de recursos".

   Por todo ello, el Defensor del Paciente solicita la intervención de la ministra de Sanidad "para evitar el dispendio que está ocurriendo en las comunidades". Asimismo, cree que sería "deseable" que las competencias sanitarias volvieran al Estado y que estos servicios siguieran siendo públicos.

   También considera necesario que quienes han "dispendiado", "robado" o "defraudado" devuelvan el dinero y que se eliminen "privilegios exagerados". De esta forma, "la deuda española se solventaría en un abrir y cerrar de ojos".

   "Los ciudadanos estamos siendo víctimas de los desmanes que en una y otra comunidad han hecho, da lo mismo el color político, y esto es por lo que hemos llegado a esta situación", destaca Flores en la misiva, en la que añade que "la única ocurrencia es que lo subsanemos los ciudadanos con menos poder adquisitivos".

   Finalmente, solicita a los dirigentes del Gobierno central que  actúen "con respeto, sin altanería, con dignidad, sin dictadura y tan fácil como hacer las cosas justas". 

"¿Quiere que les enseñemos?", pregunta.

Compromís-Equo presenta 79 enmiendas a los PGE porque la Comunitat sale "gravemente perjudicada"

VALENCIA.- El diputado de Compromís-Equo en el Congreso, Joan Baldoví, ha anunciado que su formación ha presentado 79 enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012 porque, según ha señalado, la Comunitat Valenciana "sale gravemente perjudicada por unos presupuestos que nos recortan y que nos marginan, que nos sitúan por debajo de la media estatal en inversión y también en gasto del Estado". 

   A su juicio, "da igual que esté el PP o el PSOE en La Moncloa, porque aquí continuamos recibiendo mucho menos de lo que aportamos a la administración central". Baldoví, en un comunicado, ha señalado que a la Comunitat "en vez de 1.008 millones de euros de inversión que nos asignan en 2012, nos corresponderían 1.619 millones, es decir, un 38 por ciento más de lo que nos da el Gobierno de Rajoy".

   El parlamentario de Compromís ha denunciado que algunas de las inversiones recortadas "afectan seriamente a nuestro progreso económico y social y demuestran que el PP ha mentido gravemente en temas como el Corredor Mediterráneo, un proyecto tan importante para el futuro de este pueblo que el gobierno central recorta un 36 por ciento, o como el Plan de Cercanías, que tanta falta hace para unir Vinaròs con Castellón o Gandia-Oliva-Dénia entre otros, que pasa de 500.000 euros de 2011 a 47.000 euros para 2012, una inversión que es totalmente testimonial, insuficiente y ridícula".

   Según Baldoví, el PP dijo que cuando llegara Mariano Rajoy al gobierno "se acabaría la discriminación" a la Comunitat, pero "no es así".

 "Los presupuestos son una buena muestra de que los valencianos y valencianos sólo importan en época electoral y después, son historia", ha criticado.

   No obstante, ha señalado que "lo más lamentable" es "el servilismo y sumisión a Madrid de los diputados y diputadas y de muchos cargos públicos del PP, que ahora que mandan los suyos no reivindican inversiones para esta tierra y dicen que no es tiempo de mirarse el ombligo".

   "Quizás no sea tiempo de mirarse el ombligo, pero sí que es hora de mirarse los bolsillos y a las valencianas y los valencianos nos faltan 122 euros por cada uno respecto al resto de habitantes del estado y que no podremos dedicar a inversiones nuestras", ha asegurado.

   El diputado de la coalición considera que los primeros presupuestos de Mariano Rajoy "son insolidarios, injustos y discriminadores". Por este motivo, desde Compromís han abierto la participación a la ciudadanía y están recopilando las propuestas y las enmiendas que la gente les están haciendo llegar a través de su página web. Asimismo, ha avanzado que también presentarán enmiendas de las Islas Baleares, "porque ellos tienen voz en el Congreso también con Compromís".

Betoret reitera que no tenía "ninguna competencia" en las adjudicaciones de Turismo

VALENCIA.- El exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, ha insistido en su declaración en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), donde se instruye la causa por la presunta financiación irregular del PPCV y la adjudicación irregular de contratos públicos a la trama 'Gürtel', en que él no tenía "ninguna competencia" en las adjudicaciones de Turismo.

   Así se ha manifestado Betoret a su salida del tribunal valenciano, donde ha declarado durante cerca de cuatro horas y media. Preguntado por el desarrollo del interrogatorio, ha señalado que ha ido "bien", y ha explicado que en su comparecencia ha declarado "que no tenía ninguna competencia en las adjudicaciones" y ha respondido a todas las preguntas planteadas por los letrados del resto de imputados.

   "Espero que vaya bien, estoy satisfecho", ha indicado el exjefe de Gabinete de Turismo, tras retrasarse su comparecencia.

   Betoret llegó a pie al tribunal y se mostró "muy tranquilo", al tiempo que afirmó su intención de declarar. "Estoy muy tranquilo, no os preocupéis, gracias por estar aquí", señaló ante los numerosos medios congregados a las puertas del TSJCV.

   En la segunda jornada de declaraciones ha prestado declaración también la exadministradora de varias empresas de la trama, Isabel Jordán. La empresaria ha negado que tuviera conocimiento previo del pliego de condiciones técnicas del concurso para el montaje del expositor de la Comunitat Valenciana en Fitur 2005 y ha demostrado que la información de que disponía era de concursos anteriores, según ha indicado uno de los abogados presentes en la declaración.

   Las declaraciones proseguirán el próximo 7 de mayo con las declaraciones de dos testigos, Juan Bover y Joaquín Valera.

El PSPV critica que el Ayuntamiento de Valencia "renuncia" a ingresar el dinero del Fondo de Cooperación de 2011

VALENCIA.- El concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia Pedro Sánchez ha criticado este sábado que la alcaldesa, Rita Barberá, ha "renunciado" a ingresar los 816.211 euros del Fondo de Cooperación que la Generalitat valenciana debería haber pagado al Ayuntamiento en 2011. 

   Así se desprende de las respuestas a las preguntas que el edil socialista presentó en el pleno del mes de abril, en las que pedía a la Delegación de Hacienda información sobre la cifra que el Consell tiene pendiente de ingresar al consistorio por este concepto correspondientes a los años 2011 y 2012.

   Según ha indicado, en un comunicado, el Ayuntamiento señala en su respuesta que "no tiene ningún documento" de la Generalitat que permita consignar la cantidad que debería haber ingresado el pasado año por el Fondo de Cooperación como "derecho liquidado", algo que --ha precisado el socialista-- "sí ocurre con los 30 millones de partidas de los años 2005 a 2011, de las que sí hay convenios o solicitudes firmadas con el Consell".

   Para Sánchez, esta respuesta "corrobora la sumisión del equipo de gobierno a los dictados del Partido Popular" y supone "un reconocimiento implícito de que no se van a cobrar las cantidades pendientes". "Y lo peor es que parece que dé igual", ha subrayado.

   De este modo, ha explicado que a 31 de diciembre de 2011 el Ayuntamiento "no había recibido ni un euro de los 816.320 previstos y reconoce que renuncia a ingresarlos en este ejercicio", aunque "lo más esperpéntico" es que en 2012 la Generalitat "vuelve a consignar una partida para el Fondo de Cooperación y el Ayuntamiento le sigue el juego al incluirlo en el presupuesto, aunque reduciendo la previsión a 490.760 euros", cantidad de la que "todavía no ha ingresado ni un solo céntimo", ha apostillado.

   Por todo ello, Sánchez ha lamentado la "sumisión" de Rita Barberá a las instituciones en las que gobierna el Partido Popular, porque "es incapaz de reclamar la deuda de la Generalitat con Valencia", que asciende a 1.311,3 millones de euros, según ha indicado.. De esa cifra, 560 millones corresponden al Fondo de Cooperación Municipal, 30 millones por transferencias de ejercicios cerrados 2004-2011, otros 600 millones de deuda social y 122,7 millones por el Plan Confianza, ha detallado.

   Asimismo, ha criticado que desde que llegó al Gobierno, el PP "ha dado la espalda a la ciudad" y "ha mentido sistemáticamente a los ciudadanos" con la "complicidad" de una alcaldesa "que se quedó muda para denunciar que en el primer trimestre de 2012 Mariano Rajoy recortó alrededor de 224 millones de euros las inversiones para la ciudad".

El ministro Soria cree que el turismo en España se tiene que reinventar para competir más

LAS PALMAS.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado hoy que el sector turístico español tiene "una enorme oportunidad" para tomar ventaja de su posición mundial, pero ha advertido que se tiene que reinventar porque cada vez encontrará más destinos competidores.

"Hay que ser capaces de adaptarse a los cambios que son necesarios en esta industria tanto el Estado como las autonomías, cabildos, diputaciones y ayuntamientos", ha destacado.

Soria ha pedido una "mayor relación" de las instituciones con el sector privado porque, a su juicio, los empresarios son "los que mejor saben cómo, cuándo y dónde invertir", y en esa línea ha adelantado que serán integrados en Turespaña para mejorar la política de promoción.

El ministro ha recordado que el turismo en España tuvo una evolución muy positiva el pasado año y que se mantiene la dinámica en estos primeros meses: "2011 fue un año récord con 57 millones de turistas, con un incremento del 8 por ciento en visitantes y gasto, pero se debió más a factores exógenos que endógenos"

"Tres de cada cuatro turistas que vienen a España lo hacen por sol y playa, y muchos nos han llegado por los hechos acaecidos en la primavera árabe. Mientras eso siga así seguiremos en las cifras de 2011, pero no podemos basar la competitividad en el mal ajeno y el desvió de visitantes", ha señalado.

José Manuel Soria ha subrayado que España tiene que ser capaz de impulsar "desde dentro" el sector, para lo cual ha pedido a sus protagonistas que se dinamicen, ya que el Ministerio tiene "una hoja de ruta para que el turismo se consolide aún más como un importante motor económico".

El político grancanario se ha congratulado porque el país haya vivido "40 ó 50 años" del turismo, pero ha apostado por seguir haciéndolo durante otro periodo de tiempo igual o superior.

Para ello, Soria ha pedido una legislación única para todas las costas del territorio español y que la preservación del entorno y medioambiente sea compatible con su utilización -"como se hacen en otros países"-, al tiempo que se preguntó cuál es la razón para no utilizar el litoral para el disfrute.

En ese sentido, el ministro ha adelantado que el Gobierno pretende impulsar un cambio en la Ley de Costas.

Al menos cuatro entidades pujarán por Banco de Valencia en la primera fase de la subasta

MADRID.- Al menos cuatro entidades han presentado ante el Banco de España una oferta de compra no vinculante por Banco de Valencia, intervenido por el supervisor el pasado mes de noviembre debido a sus graves problemas de solvencia tras la negativa de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) a prestarle ayuda financiera, según han informado fuentes del sector financiero. 

   Las mismas fuentes apuntaron que al menos BMN, Santander, Sabadell e Ibercaja habrían acudido previsiblemente a la primera fase de la subasta para conocer cuáles son las ayudas que ofrece el organismo presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

   Además, aseguraron que otras entidades podrían haber acudido a la puja por Banco de Valencia, si bien matizaron que lo más "probable" es que algunas de ellas se retiren después de esta primera "toma de contacto".

   Desde BMN confirmaron que la entidad formada por CajaGranada, Caja Murcia, Caixa Penedés y Sa Nostra está "bastante interesada" en el único banco rescatado, habida cuenta de su presencia en Valencia y en Castilla.  

   El Banco de España tendrá que dar su visto bueno a los planes de cada uno de los pujantes y a la inyección de liquidez que reclamen para sanear a la entidad subastada. El próximo 27 de mayo será el momento en el que las entidades tendrán que decidir si convierten sus ofertas en vinculantes y se lanzan a competir por Banco de Valencia.  

   En concreto, la banca deberá aportar un máximo de 4.000 millones de euros al comprador del Banco de Valencia, según fuentes financieras. El cuaderno de venta repartido por el banco de inversión japonés Nomura contempla un esquema de protección contra pérdidas futuras sobre una cartera de activos de 6.000 millones de euros, lo que supone el 27% del total de la cartera crediticia de la entidad.

   Las primeras pérdidas que registre la entidad serían cubiertas por las provisiones constituidas por Banco de Valencia por importe aproximado de 1.000 millones de euros, por lo que dicho esquema de protección de activos (EPA) se constituye sobre 5.000 millones.

   El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones privadas de las entidades financieras, cubriría el 80% de las pérdidas sobre dicha cartera de 5.000 millones, por lo que pagaría una factura de 4.000 millones de euros para sanear Banco de Valencia.

   Actualmente, el FGD cuenta con recursos de apenas 2.000 millones de euros, después de las adjudicaciones de CAM a Banco Sabadell y de Unnim a BBVA. Es decir, dispone de la mitad de lo que va a ser necesario para culminar el rescate del Banco de Valencia.

   En las últimas semanas el Banco de España y el Gobierno negocian contrarreloj con la banca para o bien incrementar su aportación al FGD o bien adelantar las cuotas de los ocho próximo años, según fuentes financieras.

   De acuerdo a estos cálculos, el adelanto de aportaciones engrosaría la liquidez de este fondo entre 16.000 y 20.000 millones de euros. Los ejecutivos de la gran banca parecen haber asumido ya que será el sector quien financie la limpieza de balances, pese a la recomendación del FMI de dotar a la reestructuración con más recursos públicos. Y el Gobierno cumpliría con su objetivo de afrontar la remodelación bancaria sin coste para el contribuyente.  

   En la actualidad, el FGD se nutre de las aportaciones privadas que las entidades realizan, correspondientes al 2 por mil de los depósitos, aunque se contempla la posibilidad de elevarlas hasta el 3 por mil y de que se lleven a cabo contribuciones extraordinarias. Santander, por ejemplo, prefiere no elevar aportaciones para dar liquidez al fondo.

El sistema sanitario español acumula pérdidas millonarias por la mala gestión

MADRID.- El sistema sanitario español está plagado de fallos administrativos que ocasionan pérdidas millonarias debido, principalmente, a la mala gestión hecha por las administraciones de la atención sanitaria a extranjeros.

Así se desprende de un informe del Tribunal de Cuentas que tras fiscalizar el ejercicio 2009 ha detectado numerosos fallos burocráticos y administrativos de los que responsabiliza tanto al Sistema Nacional de Salud como a las comunidades autónomas.

La falta de actualización de tarifas, la concesión de tarjetas sanitarias a ciudadanos extranjeros que no cumplían los requisitos, la duplicidad de tarjetas, la falta de informatización, la asunción de pagos que no les corresponden o la dejación a la hora de facturar los servicios sanitarios a los países de origen de los pacientes, son las principales irregularidades detectadas en el sistema sanitario español.

Uno de los principales "agujeros" se encuentra en la facturación de las prestaciones farmacéuticas a extranjeros, concepto por el que en 2009 se facturaron 1.452.207,73 euros por la asistencia prestada en atención primaria.

Tras inspeccionar este servicio, el Tribunal constató que los servicios de salud de las comunidades autónomas dejan de facturar de media el 45% del coste de estas prestaciones farmacéuticas servidas a asegurados de los 37 países objetos de fiscalización, lo que supone unas pérdidas de, al menos, 4,5 millones de euros en un solo año.

Las administraciones autonómicas tampoco facturan, según el Tribunal, las prestaciones que sus servicios de emergencia ofrecen a asegurados de otros países.

En este caso, la facturación no realizada por las comunidades autónomas ascendió, al menos, a 3,55 millones de euros en un ejercicio.

Otro de los "agujeros" por el que el sistema sanitario española pierde dinero es el de la fijación de precios públicos que aplica cada comunidad en la atención sanitaria a extranjeros.

Según el Tribunal, la falta de actualización de los mismos hace que, en la mayoría de los casos, ni siquiera sirvan para cubrir los costes de las prestaciones servidas a los pacientes extranjeros.

Así, existen diferencias significativas de precios entre comunidades que pueden oscilar entre los 2.245,21 euros que estipula Andalucía por una litotricia renal (tratamiento para eliminar cálculos del riñón) o los 849,64 de Galicia por la misma prueba; o entre los 548 euros calculados por Aragón por la estancia en la UCI y los 2.035,55 de Extremadura.

El Tribunal también ha detectado "incoherencias" en la base de datos de la mayoría de las regiones respecto a los ciudadanos extranjeros procedentes de países donde son aplicables los Reglamentos comunitarios.

En su informe también denuncia que las bases de datos de los pacientes extranjeros están incompletas, lo que hace imposible cobrar muchas de las facturas en sus países de origen.

Otra de las anomalías se refiere a los extranjeros con derecho a asistencia sanitaria por carecer de los recursos económicos suficientes.

En este caso ha comprobado que de los 453.349 extranjeros en esta situación, 2.586 eran a su vez titulares de una Tarjeta Sanitaria Española (TSE) emitida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), algo incompatible.

El fraude, explica, se debe a que la tarjeta de los extranjeros sin recursos tiene una validez de 90 días frente a los dos años de la TSE, periodo en el que, además, estas personas pueden regresar a sus países y recibir allí atención médica con cargo a España.

Así, explica puede darse el caso de ciudadanos marroquíes que hayan vuelto a su país se desplacen a Ceuta o Melilla a recibir atención sanitaria con cargo al sistema español.

El Tribunal denuncia, además, que en la mayoría de las bases de datos el campo relativo a la nacionalidad "estaba vacío", y tampoco figuraba la fecha de caducidad de la tarjeta, ni la fecha de baja, lo que facilita que un número importante de ciudadanos extranjeros continúe utilizando tarjetas caducadas.

Según el informe, los servicios de Salud de las comunidades autónomas emitieron, en 2009, 1.112.085 tarjetas sanitarias individuales a extranjeros procedentes de países del Espacio Económico Europeo y Suiza.

No obstante, 59.088 de estos extranjeros, figuran en las bases de datos como personas sin derecho a asistencia sanitaria.

En este caso, advierte de la dificultad añadida de conocer qué comunidades autónomas emitieron las citadas tarjetas.

También advierte de más de un centenar de extranjeros que tienen la tarjeta sanitaria de su país y la tarjeta sanitaria individual española, dos documentos incompatibles.

Además, la mayoría de centros sanitarios españoles dispensan a extranjeros con tarjetas sanitarias temporales tratamientos que no son urgentes y que pueden posponerse hasta la vuelta a sus países como mecanoterapia, masoterapia, cinesiterapia o termoterapia, entre otros.

Estos tratamientos cuestan miles de euros que, por otra parte, y según el órgano fiscalizador, nunca se facturaron o cobraron a los países afectados.

Afectados por la Hipoteca recoge firmas para defender la dación en pago

VALENCIA.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Comunitat Valenciana ha iniciado la recogida de firmas para que el Congreso debata una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama la dación en pago con efectos retroactivos y promover el alquiler social.

   El colectivo ha dado el pistoletazo de salida a la recogida de firmas en un acto celebrado en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia en el que miembros de la plataforma han justificado la necesidad de conseguir antes del 5 de noviembre las 500.000 necesarias para que se discuta la medida.

   La decena de personas presentes en el acto han coreado consignas como 'sí se puede' o 'no puede ser: gente sin casa y casas sin gente', mientras que en algunas pancartas podían leerse proclamas como 'no pongan techo a la deuda, pónganlo a las familias' o 'la usura es basura'.

   Uno de los miembros de la PAH, José Luis González, ha detallado en declaraciones a los medios que la ILP persigue tres grandes objetivos. El primero es la dación en pago con efectos retroactivos, que beneficiaría también a aquellas personas a las que se ha subastado la vivienda habitual y se han quedado con una deuda.

   Asimismo, se pretende paralizar los desahucios y promover una política de alquileres sociales "que permita a la gente vivir" bajo un techo. "No tiene sentido que el sistema financiero eche a miles de personas fuera de su casa y haya millones de viviendas vacías", ha indicado José, para quien esta situación es "intolerable" y debe ser frenada "de una forma radical y definitiva".

   Según ha indicado, en los últimos cuatro años cerca de 350.000 personas han sido objeto de demandas hipotecarias, que "normalmente van acompañadas de niños y personas mayores, y la Comunitat Valenciana tiene la "honrosa" primera plaza en desahucios, ha agregado. La PAH calcula que cada día más de 37 familias son desalojadas de sus casas en la región.

   Desde la plataforma han mostrado su oposición al código de buenas prácticas aprobado por el Gobierno "por el mismo motivo por el que la mayoría de entidades financieras se han adherido a él sin la menor objeción: no cambia absolutamente nada y los bancos continuarán teniendo la última palabra a la hora de decidir el desahucio".

    Además, critican que establece unos requisitos para evitar el embargo que, según sus estimaciones, tan sólo reúnen el 10 por ciento de los afectados. Por tanto, sostienen desde la PAH que esta norma "sigue sin solucionar el drama de las familias que cada día son desalojadas de sus casas".

El sindicato médico valenciano estudia una posible huelga en la sanidad

VALENCIA.- El sindicato médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) se plantea una huelga en la sanidad publica "en defensa de los derechos de tanto de los médicos, trabajadores y ciudadanos a una sanidad general para todos". Asimismo, pedirá a los demás sindicatos de la sanidad una medida parecida.

   CESM-CV, según ha indicado en un comunicado, espera un "desmentido" de la Conselleria de Sanidad sobre las acciones del Consell y de su vicepresidente, José Císcar para tomar "otras decisiones distintas".

   El sindicato médico se ha sumado a las manifestaciones en defensa del estado del bienestar y de los servicios públicos que se celebrará este domingo y ha hecho un llamamiento a todos los médicos para que también se sumen.

   "Tras las últimas agresiones al Sistema Nacional de Salud (SNS), los derechos de los ciudadanos y de los profesionales sanitarios", CESM-CV considera "imprescindible que todos los sindicatos sanitarios estemos unidos para evitar el desmantelamiento de la sanidad publica".

 "El decreto nacional y las decisiones del Consell en el día de ayer hacen imprescindible una respuesta drástica, ha subrayado.

   Asimismo, como integrante de Cemsatse, se ha sumado a la manifestación convocada para el 10 de mayo en todos los centros sanitarios en contra de las medidas de recorte.

   Como miembro de la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES), CESM-CV ha denunciado "el regreso a situaciones hace ya décadas, superadas en cuanto a la garantía de los derechos básicos de los ciudadanos". Asimismo, ha criticado "el desprecio más absoluto que se está mostrando desde los poderes públicos con los derechos laborales de los médicos y los empleados públicos en general".

   "Se modifican sistemas retributivos y horarios, se suprimen categorías profesionales de un día para otro, todo ello sin negociación colectiva ni diálogo alguno con los agentes sociales", ha censurado.

   En esta línea, el sindicado entiende que "no resulta permisible que nuestro país vuelva al modelo social vigente en el primer tercio del pasado siglo por la incapacidad o la mala fe de nuestros gobernantes".

   Para esta entidad, "destruyendo nuestro Sistema Nacional de Salud no van a solucionarse los problemas de su financiación". Además, ha añadido: "no es imponiendo a los médicos una conducta impropia tanto en la prescripción de medicamentos como en el rechazo a la atención sanitaria de determinados colectivos como va a conseguirse su implicación con ningún tipo de reforma".

   "No es responsabilidad de los profesionales sanitarios definir la política de inmigración ni, mucho menos, incurrir en omisión de socorro ante una persona que requiera de asistencia. No podemos ser los rehenes ni los cómplices de las erráticas políticas seguidas en este terreno", ha subrayado.

   CESM-CV ha expresado su defensa al "derecho de todos los españoles, por el mero hecho de serlo, a recibir una atención sanitaria de calidad financiada mediante los presupuestos generales del Estado y sin copagos discriminatorios".

   En este sentido, considera que contribuir a la prestación farmacéutica en función de la renta "genera un deterioro de la sanidad como derecho de ciudadanía, dado que el sistema se financia mediante impuestos progresivos en los que los que ya aportan más los que más tienen".

   Así, entiende que en el momento de la asistencia, "debe primar la igualdad económica en el acceso a los servicios porque ello es una garantía de cohesión social: no hay ricos ni pobres en el acceso a la sanidad sino ciudadanos libres e iguales".  

   CESM-CV ha insistido en que el Consell "está cometiendo un grave e irreversible error al negarse a negociar una solución al decreto de recortes que ha impuesto a todos los empleados públicos y, ahora, además --ha añadido-- privatiza la Sanidad sin contar con la mesa sectorial e ignorando a los trabajadores".