lunes, 29 de junio de 2009

Ford adjudica la producción europea del C-MAX y un nuevo motor a Almussafes

MADRID.- El grupo automovilístico Ford ha decidido concentrar la producción europea del monovolumen C-MAX en la planta valenciana de Almussafes, que fabricará también un nuevo motor y mantendrá la producción del Fiesta, aunque perderá la del Focus, según avanzó la compañía.

"La planta valenciana de Almussafes fabricará el nuevo C-MAX para todos los mercados europeos y potencialmente para otros mercados de fuera de Europa", anunció el presidente de Ford Europa, John Fleming, quien no detalló estos mercados potenciales.

Junto al nuevo C-MAX, Almussafes mantendrá la producción del Ford Fiesta e iniciará, a finales de este año, la fabricación de un nuevo motor de 2.0 litros 'Ecoboost' de inyección directa de gasolina, que se lanzará en 2010.

De esta forma, la planta valenciana será la primera factoría europea de la firma del óvalo en fabricar un propulsor con la tecnología 'Ecoboost'. Por contra, la fábrica de Almussafes dejará de producir el modelo Focus, ya que Ford ha decidido concentrar la fabricación de la nueva generación de este modelo en la planta alemana de Saarlouis.

"Ya anunciamos en marzo que Saarlouis sería la planta líder para la nueva generación del Ford Focus. Aunque también contemplábamos la posibilidad de posibilidad de una segunda planta de producción, finalmente y por motivos estratégicos, hemos decidido que la nueva generación del Focus se concentrará en Saarlouis y la del C-MAX en Valencia", explicó John Fleming.

Según el máximo responsable de Ford Europa, esta decisión se ha tomado en línea con la estrategia global de fabricación de la corporación, basada en maximizar la eficiencia de las inversiones y la capacidad de fabricación y flexibilidad.

"Nuestro objetivo es volver cuanto antes a una situación de beneficios sostenibles. Haremos todo lo posible para asegurar que Ford Europa resurja de esta situación como una compañía más eficiente y fuerte, preparada para aprovechar las oportunidades que se presenten cuando mejore la situación económica", añadió Fleming.

Ford recordó que el pasado mes de marzo anunció diversas medidas orientadas a ajustar la producción a las necesidades de una industria caracterizada por la caída de las ventas.

La compañía ajustó su plan de fabricación para hacer frente a futuras necesidades del negocio, ya que, a corto plazo, no se prevé ninguna mejora significativa del mercado europeo.

Acciona construirá el nuevo edificio de las Cortes Valencianas por 8,9 millones

VALENCIA.- Acciona se ha adjudicado el contrato de obras de construcción del nuevo edificio de las Cortes de Valencia por un importe de 8,92 millones de euros, informaron fuentes parlamentarias.

El edificio que se construirá será la nueva sede de los grupos parlamentarios. El grupo constructor abordará el proyecto en consorcio con Arción.

La presidenta de la Cámara, Milagrosa Martínez, señaló a principios de junio que propondrá a la Mesa de las Corts una modificación puntual del proyecto original del nuevo edificio para "integrar" las ruinas arqueológicas encontradas en el solar destinado a las obras y para que puedan ser visitadas.

Hasta el momento, los arqueólogos encargados de las investigaciones del solar han descubierto un tramo de la Vía Augusta, de unos 20 metros de largo por 4,20 metros de ancho, además de una cloaca que pasaba por debajo de la calzada, casa noble romana y diversos utensilios de esta época, siglo II después de Cristo y otros de la árabe y cristiana.

España, a la cola de la UE en lucha contra la corrupción

WASHINGTON.- España está a la cola de la UE en cuanto a burocracia y a control de la corrupción, según el informe Los Indicadores Mundiales de Buen Gobierno, que ha publicado el Banco Mundial (BM).

El documento, que evalúa la situación de 212 países en 2008, califica la calidad democrática de los Estados en función de seis criterios, incluidos los dos citados. La lucha contra la corrupción, en la que España no hace progresos desde 2003, sitúa al país en el puesto 36.

En efectividad gubernamental, que determina el nivel de burocracia de las naciones, España aparece en el puesto 41.

En ambos casos, en los últimos lugares de la Unión Europea (27 miembros) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 30 miembros). Sólo Italia, Grecia o Chipre aparecen todavía más abajo que España en la tabla.

La evolución de España en el resto de evaluaciones, como la protección de las libertades colectivas e individuales, el respaldo al Estado de derecho o el impulso al sector privado, no varía sustancialmente con respecto a años anteriores.

"Algunos países industrializados afrontan desafíos en varias dimensiones de gobernabilidad que no son siempre modelos a seguir", subraya el chileno Daniel Kaufmann, ex director anticorrupción del BM y uno de los autores del informe.

La clasificación la encabezan Noruega, Suecia, Nueva Zelanda y Luxemburgo.

Afirma pacta la renegociación del 40% de su deuda y prevé cerrar el 100% antes del 10 de julio

VALENCIA.- Afirma suscribió hoy con distintas entidades financieras la renegociación del 40% de su deuda, cercana a los 1.500 millones de euros, y prevé firmar la reestructuración del resto del pasivo antes del 10 de julio.

El acuerdo permitirá a la inmobiliaria "subsistir hasta mediados de 2012, aunque el contexto siga siendo tan malo o incluso algo peor que el actual", según anunció hoy el presidente de la compañía, Félix Abánades.

Durante su intervención en la junta de accionistas explicó que el acuerdo tiene como objetivo "adaptar" la deuda bancaria de la compañía a un entorno económico "mucho más negativo de lo previsto el año pasado".

El acuerdo contempla aplazar hasta 2012 la amortización tanto del préstamo sindicado, el principal, como de los préstamos bilaterales, financiar el pago de intereses durante el mismo periodo, y dotar a la compañía de una línea de liquidez de cerca de 70 millones de euros para afrontar sus compromisos de pago.

De este modo, se pospone la primera amortización del préstamo sindicado prevista para 2010 a diciembre de 2012, y se completará en 2015; se financiará mediante una póliza nueva de préstamo los intereses correspondientes a esos tres ejercicios, de modo que los ingresos que se obtengan sirvan para los gastos corrientes, y se establece un acuerdo análogo para todos los préstamos bilaterales (promoción y de suelo), de modo que todos vencen después de 2012.

Por su parte, la línea de tesorería permitirá a Afirma "hacer frente a los compromisos de pago previstos durante un periodo de tres años en un escenario de evolución de la actividad muy desfavorable", según resaltó Abánades, quien se mostró convencido de que "se van a ir adhiriendo a lo largo de esta semana y la que viene el resto de entidades", más de 30 en total, puesto que no les "consta" que "ninguna entidad esté rechazando la propuesta".

Aclaró que en el tramo de préstamos bilaterales podría no adoptarse el acuerdo con la totalidad de entidades, aunque auguró que podrán "cerrarlo con la totalidad" de las mismas, mientras que el sindicado requiere ser aprobado por el 100%. Reiteró sobre este punto que "no hay ninguna entidad que haya dicho que no esté conforme" con suscribir dicho acuerdo.

Respecto a las perspectivas de futuro, señaló que la restricción del crédito, unida al importante 'stock' de viviendas sin vender acumulado en los últimos años, "hacen presagiar expectativas poco positivas para lo que resta del presente año" y agregó que, de hecho, "2009 y 2010 seguirán siendo difíciles para el sector" por el "muy estrecho margen" que se obtiene de las ventas cerradas en la actualidad.

No obstante, recalcó que "el sector inmobiliario está en plena transformación y no en extinción", y avanzó que Afirma, que tenía la gestión de suelo como "una de las principales fuentes de ingresos" del grupo, optará ahora por "profundizar en el grado de gestión urbanística de los activos", consolidando así su valor, ante la "paralización" actual de las transacciones en el mercado de suelo.

Moody's coloca en vigilancia negativa cédulas hipotecarias de Bancaja y la CAM

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Moody's Investors Service ha colocado en revisión para una potencial rebaja de 'rating' las emisiones de una serie de bonos hipotecarios de Bancaja, CAM, Cajamar, Pastor, Caja Laboral y Caixa Catalunya, según informó este lunes la firma de medición de riesgos.

Moody's explicó que la decisión de poner bajo vigilancia negativa estas emisiones se produce como consecuencia de la rebaja de calificación de las citadas entidades adoptada el pasado 15 de junio.

En concreto, la agencia rebajó la calificación de la deuda senior de 25 bancos y cajas españoles, 18 de ellas en un escalón y siete en dos, debido al deterioro de sus activos, informó la agencia de calificación.

"La creciente presión que enfrentan muchas entidades españolas ante un fuerte deterioro de la calidad de los activos queda reflejada en sus ratings de fortaleza financiera, un tercio de los cuales han bajado hasta 'D-' o incluso más bajo", indicaba la agencia.

De este modo, la decisión de Moody's afecta a unos 326 millones de euros en títulos emitidos por Bancaja bajo la denominación Bancaja 3 FTA. En el caso de Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) las titulizaciones afectadas son TDA CAM 5, TDA CAM 6, TDA CAM 7 y TDA CAM 8, así como los ABS Empresas TDA CAM 6 y 7.

Por su parte, Moody's colocó en vigilancia negativa los bonos hipotecarios de Bancaja correspondientes a las emisiones IM Cajamar 3, 4, 5 y 6. En el caso de Banco Pastor los productos afectados son TDA Pastor 1, IM Pastor 3 e IM Pastor 4.

En el caso de Caixa Catalunya, los productos afectados son Hipocat 14 y 16, así como GAT FTGENCAT 2008, mientras que en el caso de Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito la decisión coloca en vigilancia negativa unos 671 millones de euros en títulos correspondientes a IM Caja Laboral 1.

Malas noticias en el periodismo valenciano

VALENCIA.- Diario de Valencia cerró. Valencia Hui también murió. A la lista desoladora de cabeceras fallecidas se le han sumado en los últimos dos años los gratuitos Minidiario, Metro, algunas ediciones de 20 minutos, Valencia Express, Micalet, Hoja de la Tarde, etc., se recuerda en 'Diario Crítico'.

Resulta difícil poner fecha al comienzo de la criba en los medios de comunicación tradicionales valencianos. Quizás hubo primero una crisis de modelo que se ha visto acuciada por la recesión. El caso es que las empresas periodísticas tienen la desgracia de compartir con otras empresas los males endémicos del momento como son los problemas de liquidez, morosidad, y dificultades de acceso al crédito.

Pero a estos hay que añadir los de viabilidad y los retos a los que se tienen que enfrentar en el medio plazo la prensa escrita, como son la sustracción de lectores por parte de Internet, los elevados costes de producción y la caída de los ingresos publicitarios.

Todavía no ha habido nadie que mida el impacto de la crisis sobre el empleo. En España se habla de más de 2.000 periodistas despedidos. En lo que llevamos de año, los dos periódicos locales de mayor tirada, Las Provincias y Levante, han despedido a medio centenar de profesionales, además de los cambios en las direcciones de ambas cabeceras.

A ellos hay que sumar una importante cantidad de columnistas, colaboradores y fotógrafos que han sido relegados en éstos y en otros importantes periódicos de la Comunidad Valenciana, como en La Verdad, Información, Mediterráneo y en los grandes grupos editoriales de ámbito nacional que publican El País, El Mundo y ABC.

Si a ello sumamos los puestos de trabajo que se han perdido con los cierres de las cabeceras mencionadas al comienzo del artículo, podríamos estar hablando de varios cientos de periodistas de la Comunidad Valenciana que han quedado en paro. Y a ello hay que añadir que cada año más de un centenar de universitarios valencianos terminan los estudios de periodismo con la pesadumbre de que la industria no puede absorber toda la nueva demanda de empleo.

Dos profesores de la Universidad de Princeton, Miguel Garrido y Sam Schulhofer-Wohl, publicaron recientemente un estudio sobre el impacto del cierre de un periódico. Para ello, tomaron como ejemplo el caso de la desaparición a finales de 2007 del “The Cincinnati Post” que dejó como único superviviente en la misma ciudad que le puso nombre al diario el “Cincinnati Enquirer”.

Los dos investigadores concluyeron a grandes rasgos que la desaparición de la cabecera se ha traducido en este período en una menor participación política por parte de los ciudadanos en las elecciones; mayor desafección política y menos oportunidades de renovación política.

¿Es ese un escenario que azota las conciencias de nuestros gobernantes? Lo cierto es que en España a diferencia de otros países como Francia no se ha previsto ningún plan de ayuda para la prensa escrita.

Poco parecen importar aquellas palabras de hace 200 años de Thomas Jefferson quien dijo preferir un país sin gobierno antes que sin periódicos. Incluso la administración Obama reconoció en mayo que los EE UU no son viables “sin el pálpito de los medios de comunicación”.

Pero si descendemos al ámbito autonómico, el conseller de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, reconoció recientemente que los problemas de las empresas periodísticas no son distintos a los de las miles de empresas que hacen frente a la crisis. La diferencia estriba en el papel que ejercen los medios de comunicación en la defensa del artículo 20 de la Constitución, olvidó el conseller.

La hemorragia no es exclusiva de la prensa tradicional. También afecta a otros modelos periodísticos como los de las televisiones locales y, sobre todo, a las aparecidas hace dos años con las adjudicaciones de las licencias de TDT.

Algo no se hizo bien a la hora de redactar los pliegos de condiciones porque varias de esas televisiones están a punto de desaparecer. Así, en los próximos días un centenar de trabajadores de Tele 7 en las poblaciones de Valencia, Alicante, Castellón y Elche serán despedidos.

Problemas similares se vivieron en marzo cuando una quincena de trabajadores de Libertad Digital TV también fueron destituidos en Valencia.

El problema de dichas televisiones es que muchas de ellas presentaron desde el principio modelos de negocio insostenibles, nacieron entre fuegos artificiales y han consumido el presupuesto millonario en dos años.

La pregunta que cabe formular es cómo va a actuar la administración autonómica dado que la ley no permite la compraventa de licencias.

Mientras todo esto ocurre y los únicos supervivientes constatan que el viejo modelo está roto, se impacientan por saber cuál funcionará en su lugar.

La banca española cerrará 10.000 sucursales y despedirá a 35.000 empleados

MADRID.- España se ha caracterizado por tener más oficinas, más cajeros y más empleados de banca que Alemania, Francia, Italia o Reino Unido en propoción a la población. En España hay una oficina por cada 986 habitantes; en la eurozona, una por cada 1.735. Hasta la llegada de la crisis no se encendían las alarmas porque el negocio crecía más que en el resto de países europeos. Pero no era oro todo lo que relucía. La financiación del ladrillo -ahora en franco declive- justificó hace años la fuerte expansión de oficinas, pero hoy es insostenible. Toca cerrar sucursales y reducir plantillas: una reconversión industrial en toda regla. Hasta ahora estos ajustes se han soportado con los altos beneficios, pero hoy la cuenta de resultados no aguanta ese golpe, según 'El País'.

¿Cuántas oficinas sobran? Esa es la pregunta del millón. Dependerá de la rapidez de la recuperación económica, la estabilización del sector inmobiliario y la capacidad de las entidades para fusionarse. Se especula con un excedente de "entre el 20% y el 25% de la red actual", según Juan María Nin, director general de La Caixa. Eso supondría unas 10.000 oficinas y 30.000 trabajadores.

Hay varios análisis parecidos: el FMI también habló de un 20% de exceso en la red española. PriceWaterhouse va más lejos: sobra el 30% del sector, unas 12.000 oficinas y 35.000 empleados. Joaquín Maudos, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, cifra el sobrante en unas 7.000 sucursales; dos terceras partes corresponde a las cajas.

José María Martínez, líder de Comfia-CC OO, considera que puede quedar ocioso el 15% de la red, "pero sólo unos 6.000 empleados", por la capacidad de la banca para reabsorber plantilla.

Si las entidades no pueden asumirlo, ¿quién pagará esa factura? En principio, el Gobierno (es decir, los ciudadanos), que acaba de aprobar el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que podría inyectar hasta 100.000 millones bajo el control del Banco de España.

El objetivo es que al final de esta crisis el sistema financiero "no esté debilitado, destrozado", en palabras de Juan Ramón Quintás, presidente de la patronal de las cajas. Aunque ese dinero no saldrá gratis: las entidades deberán devolverlo tras las fusiones, absorciones o reestructuraciones en un plazo máximo de siete años. Al menos en teoría.

El Gobierno y los expertos consideran que hasta que no se saneen los bancos y cajas débiles -y desaparezcan buena parte de ellos- no llegará el crédito a empresas y familias. En pocos meses, en cuanto se ha pinchado la burbuja y se ha disparado el paro, se han multiplicado los problemas del sector en forma de morosidad, caída de provisiones, excesivo endeudamiento y falta de liquidez. Con tantos quebraderos de cabeza, conceder créditos ha dejado de ser un objetivo prioritario.

Llegada la hora de reestructurar, el Gobierno ha tenido en cuenta que el sector tiene dos caras bien distintas. Las cajas poseen 24.822 oficinas, frente a las 15.372 de los bancos hasta marzo pasado y las poco más de 5.000 de las cooperativas de crédito.

El problema es que desde el inicio de la burbuja, en 2001, las cajas han abierto 5.000 oficinas y han contratado a 44.000 empleados. Sus competidores han aumentado la red en sólo 616 sucursales y han reducido plantilla en 20.000 personas. Alguien se ha equivocado.

Hay más diferencias. Los bancos manejan 53 millones de crédito por oficina mientras sus competidores tienen 35 millones, un 33% menos. Y, según los datos del Banco de España, el 60% del crédito está relacionado con el sector inmobiliario. Pero esos préstamos pesan más en el balance de las cajas, más expuestas que los bancos al pinchazo del ladrillo.

Por eso, a la hora de reducir sucursales, las cajas tienen más papeletas para llevarse la palma. José María Martínez, de CC OO, cree que si se sigue el modelo puesto en marcha por La Caixa, Banesto y el Banco Popular, se podrá "recolocar parte del personal excedentario, prescindiendo de los trabajadores eventuales pero sin grandes despidos o prejubilaciones".

Ese sindicato calcula que unos 13.500 trabajadores de las cajas, el 10%, tienen más de 55 años. Es una buena pista.

José Miguel Villa, secretario general de la Federación de Servicios de UGT, considera muy difícil hacer cálculos de cierres "hasta que no se sepa si habrá o no fusiones interregionales". "Si se unen entidades de una misma región, el solapamiento de oficinas y excedentes de empleo será mayor, porque también sobrarán servicios centrales".

En opinión de Villa, lo ideal sería seguir el modelo de los grandes bancos, que han reducido plantilla de manera pactada con prejubilaciones.

Los expertos consideran que si algo tiene a su favor la banca española es que está acostumbrada a recortar gastos. José Carlos Díez, de Intermoney, destaca que la banca ha sido flexible en el pasado: en los años ochenta las cajas pasaron de más de 80 a las 45 actuales y los bancos protagonizaron las primeras fusiones con la llegada del euro, que exigió muchos cierres. Joaquín Maudos dice que eso se hizo en tiempos de bonanza económica.

"Siempre hay un desfase entre la economía y la situación de la banca. El sector sólo puede ir a peor", avisa.

Las seis grandes entidades españolas suman 18.000 oficinas, casi el 55% del total, pero tienen estrategias diferentes. Y suelen marcar tendencias. El líder en oficinas es La Caixa, con 5.392, las mismas que suman juntos BBVA y Santander.

Desde 2000 ha abierto 1.530, aunque empezó a cerrar el año pasado. Reconoce estar inmersa en un "plan de optimización de la red" -suprimirá otras 150 en 2009- y lo cierto es que su ratio de eficiencia (que mide lo que gasta por cada 100 euros que ingresa) es el peor entre los grandes de la banca.

El segundo con más oficinas es BBVA: 3.309, con el objetivo de acabar el año con 100 menos. Es la primera entidad que vio venir el exceso de capacidad y comenzó los cierres en 2006, a diferencia del Santander, que prefiere no reducir su red y sostiene que sus 2.933 oficinas actuales "son las adecuadas".

El Popular tiene 2.185 sucursales y cerrará hasta 300 este año y el que viene. Es el rey en términos de eficiencia, pero reconoce estar muy pendiente de los gastos en plena crisis. Caja Madrid, con 2.168 oficinas, no tiene planes de cierre, y Banesto tiene previsto transformar oficinas en agencias financieras, con menos costes, pero sin cerrar sucursales.