miércoles, 24 de octubre de 2012

Los empleados públicos ganan un 30% más que la media

MADRID.-   El sueldo medio anual de los trabajadores con contratos temporales fue un 32% inferior al de los contratados de manera indefinida durante el año 2010, mientras que el sueldo anual del sector público superó en un 30,8% el salario medio, según la 'Encuesta Anual de Estructural Salarial' del Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos correspondientes a 2010.

   En concreto, el salario medio bruto medio alcanzó los 22.790,20 euros en 2010, frente a los 29.811,67 euros del sector público. El sector privado, por su parte, presentó un salario medio de 21.231 euros, un 6,8% inferior al promedio anual.
   Por su parte, el salario anual de los directores y gerentes superó ampliamente los 50.000 euros en 2010, sobrepasando así en un 148,8% el salario medio de aquel año.
   También se situaron por encima del salario medio los técnicos y profesiones científico intelectuales (un 45,6% por encima) y los técnicos y profesionales de apoyo (un 22,5% superior), mientras que el resto de ocupaciones presentaron salarios inferiores a la media, siendo los más bajos los de los trabajadores en ocupaciones elementales.
   Aunque el salario medio anual se aproximó a los 23.000 euros en 2010, el INE precisa que el salario más frecuente en 2010 fue de 16.489,9 euros anuales, con una diferencia entre ambos de más de 6.000 euros. El organismo estadístico explica esta diferencia en el hecho de que aunque pocos trabajadores cobraban salarios muy altos en 2010, "influyeron notablemente en el salario medio".
   Las diferencias salariales entre hombres y mujeres apenas han variado respecto a la anterior encuesta. En general, la ganancia media anual de los hombres fue de 25.479,74 euros al año, mientras que la de las mujeres supuso el 77,5% de esta cuantía, con 19.735,22 euros.
   El INE ha destacado que el número de mujeres que ganaron menos de 14.000 euros al año fue mayor que el de varones. A partir de esta cifra, las mujeres de cada nivel salarial son siempre inferiores en número al de los hombres con el mismo sueldo.
   Los datos de Estadística reflejan que la actividad económica que presentó el mayor salario medio en 2010 fue el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con 48.803,35 euros por trabajador de media al año, un 114,1% más que la media anual. A continuación, se situaron las actividades financieras y de seguros, con 41.638,7 euros, un 82,7% más que el promedio nacional.
   Por el contrario, los salarios medios anuales más bajos correspondieron a la hostelería, con 14.629,55 euros; y las actividades administrativas y servicios auxiliares, con 15.682,32 euros, cantidades inferiores en un 35,8% y un 31,1% al promedio.
   Por comunidades autónomas, los salarios más elevados correspondieron a País Vasco (26.593,7 euros), Madrid (25.988,95 euros) y Cataluña (24.449,19 euros), frente a las remuneraciones más bajas, que se localizaron en Canarias (19.315,56 euros), Extremadura (19.480,55 euros) y Galicia (20.241,99 euros).
   Por edades, el organismo estadístico ha resaltado que en 2010 hubo una relación positiva entre la edad de los trabajadores y el nivel salarial, de forma que los de mayor edad, los más antiguos y los más experimentados percibieron los salarios más elevados.
   El salario medio anual en 2010 para los trabajadores de 20 a 24 años fue de 13.349,15 euros, frente a los 28.234,60 euros de los trabajadores de 55 a 59 años.

En plena crisis, las Fallas de 2013 costarán 7,773.836 de euros

VALENCIA.- Las comisiones falleras de la ciudad de Valencia y el área metropolitana gastará en sus monumentos de 2013 un total de 7,773.836 euros, lo que supone aproximadamente un millón menos que este año, cuando la cifra ascendió a 8.782.345 euros. 

   Así lo detallan las tablas que se trataron en la reunión de anoche del pleno de la Junta Central Fallera (JCF), que muestran que el importe declarado para las fallas infantiles asciende para el próximo ejercicio a 1.749.078 euros, frente a los 1.925.995 de 2012.
   Por lo que respecta a los monumentos grandes, la cantidad que se invertirá en 2013 es de 6.024.758 (en la recientes Fallas este número llegó a 6.856.349 euros).
   En las tablas también se detallan las comisiones que integrarán cada categoría y llama la atención que en la Sección de Especial figuran 11 fallas, dos menos de las que han competido este año en la categoría de honor de las fiestas josefinas.
   Aunque los baremos que marcan la categoría de cada falla se han de aprobar en la Asamblea de Presidentes que se celebrará próximamente y que será la que determine la clasificación definitiva, parece, según fuentes consultadas que las dos fallas que pueden dejar la sección serán la de Archiduque Carlos-Chiva --que ya hizo público que no concurriría en Especial-- y La Merced.

La oposición exige responsabilidades políticas por la nueva paralización del PGOU de Castellón

CASTELLÓN.- Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Castellón exigen en sendos comunicados responsabilidades políticas por el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ordena al consistorio elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al considerar que no se ha cumplido la sentencia del TS que anuló el planteamiento urbanístico en 2008.

   Así, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Amparo Marco, exige responsabilidades políticas al alcalde al considerar que el auto judicial "vuelve a dejar en el aire el urbanismo caótico que practica y ha practicado el Partido Popular", y ha acusado al primer edil, Alfonso Bataller, de estar "al frente de un equipo  irresponsable que gobierna Castellón de forma temeraria".
   Marco ha solicitado este miércoles la convocatoria de una junta de portavoces extraordinaria para que el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet, comparezca de "forma urgente" en el pleno ordinario de este jueves y dé las "explicaciones pertinentes" sobre las decisiones que piensa adoptar el equipo de gobierno. "Si Mulet ha tenido tiempo y valentía para hacer declaraciones en prensa, no tendrá ningún obstáculo de hacerlas en el pleno, que es la máxima representación política de los castellonenses".
   "Los tribunales están diciendo, una y otra vez, que el equipo de gobierno de Castellón está gobernando al margen de la legalidad en un ámbito como el urbanístico que incide de lleno en la economía de la ciudad", ha expuesto Marco. A su modo de ver, "los daños que el PP causa con sus improvisaciones y decisiones atolondradas con el PGOU no se pueden cuantificar, pero son de una extraordinaria gravedad".
   Por su parte, el portavoz del Bloc-Compromís en el Ayuntamiento, Enric Nomdedéu, ha lamentado la "opacidad" del equipo de gobierno del PP en materia urbanística, así como su "nula voluntad de aceptar aportaciones de la oposición en este sentido".
   Los nacionalistas también pedirán la comparecencia del concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet, "para que nos informe puntualmente de la situación en la que queda el urbanismo de Castellón". Nomdedéu ha indicado que la gestión urbanística del PP, "opaca e impermeable a las propuestas de la oposición", ha llevado a Castellón "a una situación de inseguridad legal inadmisible, que ahora pagará el conjunto de la ciudadanía".
   Por su parte, la concejala de EU en el consistorio municipal, Carmen Carreras, considera que "hay motivos de sobra para no continuar con la tramitación del nuevo PGOU y comenzar de nuevo, y ha anunciado que pedirá en el pleno del mes de octubre al alcalde, Alfonso Bataller, que "deje de jugar al gato y al ratón y que definitivamente se ponga a trabajar en un nuevo PGOU".
   Finalmente, el secretario de organización de Inicitiva-Compromís en la ciudad de Castellón, Pepe Cueva, ha pedido la dimisión del concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Castellón, Miguel Ángel Mulet, y ha afirmado que el auto del TSJCV "demuestra que el urbanismo en la ciudad está gestionado por gente incapacitada para el cargo, totalmente ineptos".

La Generalitat pondrá unas 1.200 viviendas a disposición de las familias desahuciadas

VALENCIA.- La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha anunciado este miércoles que la Generalitat Valenciana pondrá unas 1.200 viviendas a disposición de las familias desahuciadas, en el marco del Programa Alquila Plus, un plan de vivienda en materia de alquiler, dirigido específicamente a las familias que han perdido su vivienda. 

   Bonig ha respondido este miércoles a la diputada socialista María José Salvador, en la sesión de control al Consell en el pleno de las Corts, que ha retomado su actividad a las 16.30 horas. En concreto, la parlamentaria socialista le ha preguntado por las medidas que va a tomar su Conselleria para hacer frente a los desahucios.
   La titular de Infraestructuras ha indicado que el Gobierno valenciano cuenta con 1.200 viviendas, de las que 605 se encuentran vacías y algo más de 600 están pendientes de que el Consell recobre su titularidad "bien por impagos o porque están en litigios".
   Además, ha señalado que la Generalitat ha recuperado 26 viviendas en Paterna y cinco en Castellón, que "junto a las del parque público de la Generalitat" se pondrá a disposición de las personas afectadas por los desahucios.  
   Isabel Bonig ha señalado que la Generalitat ya ha tomado medidas contra los desahucios, como la puesta en marcha del programa de alquiler de interés social. Para el impulso de este plan, el Consell ha mantenido reuniones con ayuntamientos "para aunar esfuerzos" y, además, ha elaborado un modelo de convenio de colaboración, que ya ha enviado a más de 20 ayuntamientos y remitirá a otros diez consistorios para su aprobación.
   La consellera ha comentado que ya se ha dictado una resolución que recoge los requisitos para acceder al Programa Alquila Plus y ha subrayado que los interesados ya pueden solicitar su inscripción.
   María José Salvador, por su parte, ha denunciado que la Comunitat Valenciana es la que más desahucios registra y ha puntualizado que en lo que va de año se han realizado 8.600. Asimismo, ha criticado que el Consell ha anunciado dos veces el mismo plan, en noviembre de 2011 y en junio de 2012.
   Bonig le ha respondido que la autonomía con más desahucios no es la Comunitat Valenciana, sino Andalucía y ha destacado que la competencia en esta materia es estatal "y es un ámbito que entra exclusivamente en el derecho privado".
   La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, que viste una camiseta en la que podía leerse 'No al ERE en FGV', también ha preguntado a Bonig por las medidas para frenar los desahucios.
   Bonig ha señalado que el desahucio de una familia "es un hecho lamentable que a todos nos gustaría poder evitar", pero ha señalado que "se produce en el ámbito privado y la competencia corresponde al Estado, como dice la Constitución".
   Oltra, que viste una camiseta en la que puede leerse 'No al ERE en FGV', ha criticado que "aquí el dinero público se va a rescatar la banca" por lo que considera que "tendremos que pedirle algo a cambio".  Además, ha resaltado que "lo que dice la Constitución es que la gente tiene derecho a una vivienda digna".

Ford cerrará una planta en Bélgica en 2014 y trasladará su producción a Almussafes

GENK.- El grupo automovilístico Ford ha decidido cerrar en 2014 su planta belga de Genk, y trasladar la producción de estas instalaciones a la factoría valenciana de Almusafes, según indicó Luc Prenen, representante de los trabajadores de la fábrica de Bélgica.

   Prenen avanzó que la intención de la compañía es trasladar la producción de los modelos Mondeo, S-MAX y Galaxy a la factoría de Almusafes, si bien esta planta produce actualmente vehículos de otras plataformas.
   El responsable sindical, perteneciente al sindicato ACV, realizó estas declaraciones tras mantener una reunión con la dirección de la fábrica de Genk en la que se les trasladó la decisión de poner fin a las operaciones en estas instalaciones.
   "La dirección ha decidido cerrar la planta de ensamblaje y las actividades de prensado en Genk al final del actual ciclo de producto, que terminará en 2014", expuso el sindicalista, quien habló a los trabajadores a través de un megáfono.
   Según sus datos, la decisión de poner fin a estas operaciones supondrá el cierre de las instalaciones y la pérdida de 4.300 puestos de trabajo.

Una decena de centros de la Comunitat han solicitado ya el uso del 'tupper' en el comedor escolar

VALENCIA.-   Un total de 10 centros escolares de la Comunitat Valenciana --siete de ellos de la provincia de Valencia y tres de Castellón-- han solicitado hasta el momento permitir el uso de la fiambrera en su comedor, han informado hoy fuentes de la Conselleria de Educación. 

   Desde el departamento de Campanar han explicado que no existe un plazo para que los centros puedan solicitar el uso de los 'tuppers' en el comedor escolar, sino que se trata de un proceso abierto, lo que significa que en cualquier momento, si así lo solicitan los padres y lo acuerda el consejo escolar por mayoría de dos tercios.
   Así, insisten, "en cualquier momento a lo largo del curso los consejos escolares podrán decidir, con plena autonomía, si los alumnos pueden hacer uso de la fiambrera, siempre en función de las plazas vacantes y del alumnado y del centro".
   La administración autonómica recuerda que la propuesta debe partir de los representantes de los padres y madres de alumnos en el consejo escolar y la decisión de implantar este servicio debe ser aprobada al menos por dos tercios de los representantes del mismo. Así mismo, el acuerdo tendrá validez solo para el curso 2012-13.
   Educación destina este curso 1,45 euros por alumno y día para costear el servicio de comedor y los monitores que se ocupan de todos los escolares que se quedan a comer en el centro, tanto de los que optan por la comida suministrada en el comedor como por los que decidan llevar la comida de casa.
   Esta medida "ha permitido que las familias que deciden hacer uso de la fiambrera no tengan que hacer ningún tipo de desembolso económico para cubrir el servicio y puedan ahorrar", recalcan.
   De este modo, la Conselleria destinará a los centros un total de 232 euros anuales por cada uno de los alumnos que hagan uso de las instalaciones del comedor escolar y decidan llevar la comida de su casa, han concluido.

La Fiscalía de Medio Ambiente investiga el varado de los dos barcos en El Saler

VALENCIA.-   La Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia está investigando el varado de los dos barcos que se encuentran encallados en la playa de El Saler tras la tormenta del pasado 28 de septiembre, según han confirmado fuentes conocedoras del proceso.

   El ministerio público abrió una investigación de oficio por este asunto, y seguidamente ha incorporado la denuncia interpuesta por Compromís el pasado 20 de octubre, en la que se requería una investigación por los daños que se han producido en la playa y en el entorno dunar de la zona. Para esclarecer estos aspectos, Fiscalía ha solicitado la práctica de una serie de diligencias.
   Compromís, en su denuncia, pedía al fiscal que investigara "todo", desde quién era el responsable, hasta el plan de rescate. También destacaba que se calculaba en más de dos millones de euros los trabajos para retirar los barcos. Asimismo, incluía que más de 20 días después de la tormenta, los barcos seguían --y permanecen-- en el mismo lugar en el que quedaron varados, y alertaba de que los "fallidos" intentos de remolcar estas embarcaciones habían provocado, en la playa, una intensa erosión.
   Además, planteaba que "la gran afluencia de visitantes" para ver estos dos buques en las proximidades de la orilla de la playa, había ocasionado un impacto "muy negativo" en el frágil ecosistema El Saler y, sobre todo, en el cordón dunar.
   Junto a ello, Compromís destacaba en su escrito de denuncia que para regenerar la zona se deberá plantar más de 15.000 ejemplares de plantas, y subrayaba que la administración local deberá invertir 55.000 euros para la replantación de las dunas.
   Por otro lado, en la denuncia se dejaba patente que todos los indicios parecen apuntar a que el propio plan de rescate de las dos embarcaciones siniestradas no contaba con el debido estudio previo de impacto ambiental, "pese a haber sido autorizado por Salvamento Marítimo, de conformidad con lo exigido por la instrucción técnica del área de Costas del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente".
   Compromís preguntaba dónde estaba esa declaración, y ha pedido a la Fiscalía que "lo investigue". Asimismo, ha comentado que, como también recoge su escrito, "a mayor abundamiento, en los últimos días" se ha sabido "que los dos jefes de máquinas de los buques, en el momento de la tormenta, se encontraban en tierra, es decir, que los jefes de máquinas habían abandonado su responsabilidad".
   Por ello, considera "necesario" que se realice la pertinente investigación en aras a determinar las presuntas responsabilidades, de las que en un futuro deban responder las navieras de las embarcaciones.

El TSJCV ordena al Ayuntamiento de Castellón hacer un PGOU "con pleno contenido" y la norma urbanística vigente

CASTELLÓN.- La sala de lo contencioso-administrativo de la sección segunda del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ordenado en un auto al Ayuntamiento de Castellón la elaboración de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "con pleno contenido", aplicando la normativa urbanística vigente, al considerar que el consistorio ha vuelto a "soslayar" el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 2008 que declaraba "radicalmente nulo" el planteamiento.

   De esta forma, el tribunal señala que el acuerdo del pleno del  Ayuntamiento de 7 de septiembre por el que se abría un nuevo periodo de alegaciones para subsanar el PGOU del 2000 incumple la sentencia del TS.
   El TSJCV pide en su auto la elaboración de un nuevo PGOU "con pleno contenido y teniendo en cuenta el momento en que se realiza", por lo que, según explica la sala, la aplicación de la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana (LRAUV) no puede ampararse en la Disposición Transitoria primera de la Ley 16/2005, Ley Urbanística Valenciana (LUV), porque el Plan General de 2000 "no existe jurídicamente al haber sido declarado nulo, no tratándose tan sólo de la mera subsanación del trámite de información pública, como resolvió el TS".
   El auto declara nulo el acuerdo del Ayuntamiento de Castellón y no tiene por cumplida la sentencia del TS "en sus propios términos" y requiere al consistorio para que, de persistir en la aprobación de un PGOU, lo elabore conforme a la realidad físico-jurídica existente en el momento de acordarla y, por tanto, aplicando la normativa urbanística vigente.