El PSPV afirma que la situación de Tesorería refleja las "graves dificultades" del Consell para afrontar sus pagos

VALENCIA.- El portavoz de Economía del grupo socialista en las Corts, Julián López, ha señalado que un mes más, la publicación de la situación de la Tesorería de la Generalitat "pone de manifiesto que el Consell se  enfrenta a graves dificultades para afrontar los pagos". El diputado  socialista ha subrayado que "hasta el 31 de julio, los pagos superaban a los cobros en más de 314 millones de euros".

   López ha indicado en un comunicado que "este resultado se produce a pesar de que miles de proveedores no cobran", por lo que se ha preguntado "cuál sería la situación si cobrasen". El diputado socialista ha indicado que "se pone de manifiesto con estos datos que a pesar de que miles de pequeñas y medianas empresas están financiando al Consell, las cifras no encajan".

   De hecho, el Consell "acude cada vez más a operaciones  extrapresupuestarias para llegar a fin de mes". "El déficit por  operaciones presupuestarias se ha disparado un 60 por ciento respecto a julio de 2010", ha apuntado, "ya que en la actualidad estamos en los 2.142 millones de euros, frente a los 1.330 millones de euros de julio de 2010", ha dicho.

   "La rebaja de la calificación de la deuda por la agencia Fitch Ratings por el fuerte deterioro fiscal en los últimos años que hemos conocido hoy, deja en evidencia la falta de confianza en la gestión económica realizada por el Partido Popular de Alberto Fabra", ha argumentado.

   Julián López ha instado a Fabra a asumirlo, ya que es el  presidente de la Generalitat". "La situación en la que nos encontramos requiere de un dirigente que no esté pendiente de los discursos, de las fotografías y de los problemas internos de su partido, y que se centre en tomar medidas inmediatas para pagar a proveedores y para crear empleo", ha añadido.

   El diputado ha recordado que "hay soluciones", y ha reiterado la  "necesidad de acabar con una buena parte del entramado empresarial y  fundacional de la Generalitat para ahorrar los recursos que podrían  dedicarse a pagar a proveedores y garantizar los servicios básicos de la sanidad y la educación", ha finalizado.

Compromís pide al Consell suspender el PAI Marina d'Or Golf

CASTELLÓN.- La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, ha presentado este miércoles en las Corts Valencianas una pregunta parlamentaria dirigida al Consell en la que se solicita la suspensión del PAI Marina d'Or Golf (Mundo Ilusión) por su "paralisis".

   En dicha pregunta, se advierte que "la parálisis impuesta por los ayuntamiento de Cabanes y Orpesa al aprobar el Programa del PAI Marina d'OR Golf, junto con la autorización de la Conselleria de Infraestructuras para aplicar un plazo excepcional de hasta 8 años en lugar de los 5 aprobados para ejecutar el PAI y la crisis del sector inmobiliario, hace totalmente inviable que el PAI aprobado en su momento pueda continuar adelante".

   Oltra ha afirmado que aquello "razonable" seria suspender cautelarmente la aprobación y "repensar" el proyecto, "visto la falta de interés de los propios ayuntamientos al aprobar definitivamente el Programa, que sería el último paso burocrático para poder iniciarse el PAI".

   Sólo en el caso de Cabanes, ha asegurado Oltra, se prevé la construcción de 33.519 nuevas viviendas. "Este PAI se aprobó en una época de espejismo inmobiliario, donde parecía que todo era posible, que se podía urbanizar hasta el último palmo de terreno que no tuviera un protección específica", ha añadido la representante de Compromís.

   Ahora, según ha explicado, "la solución no puede ser esperar un cambio de ciclo, porque un modelo de urbanización como el que teníamos hace pocos años no se volverá a repetir, por lo tanto, la planificación hecha no vale, y esto lo sabe el Consell, y le corresponde devolver las pretensiones a aquello realmente asumible".

   Oltra ha recordado que los primeros efectos de este proyecto "insostenible" lo verán el próximo año los vecinos de los municipios afectados, "puesto que al haberse aprobado primero por los ayuntamientos de Cabanes y Orpesa, con los votos de PP y PSOE el PAI, y no haber defendido después los respectivos equipos de gobierno los intereses de los vecinos ante el Catastro, ahora se aplicará una nueva ponencia de valores por la cual, los propietarios del suelo --centenares de vecinos-- tendrán que empezar a pagar el IBI por el suelo de uso agrícola, y sin viabilidad de urbanizar".

   Por ese motivo, los ecosocialistas piden al Consell que busque el diálogo con los ayuntamientos y se tomen medidas que puedan suspender el proyecto "por inviable" y se paralice el cambio de catalogación del suelo hasta que, en su caso, "sea económicamente viable su urbanización", pues "es totalmente injusto que se haga pagar como urbano a vecinos que tienen sólo un trozo de montaña que durante décadas continuará teniendo el mismo valor".

   Oltra también ha recordado que hay que eliminar el convenio interadministrativo firmado entre los ayuntamientos, Diputación y Consell, para ceder, los propietarios del suelo, 800.000 metros cuadrados de manera totalmente gratuita para hacer el Parque Temático Mundo Ilusión, "convenio completamente invalidado puesto que las cláusulas decían claramente que la cesión era para que la administración desarrollara un Parque Temático, y la administración ya ha mostrado su desinterés para sacar adelante el proyecto, y no hay ninguna entidad privada interesada".

La Comisión Europea establece las medidas antidumping definitivas sobre la importación de baldosas cerámicas chinas

CASTELLÓN.- La Comisión Europea (CE) ha publicado el Reglamento del Consejo por el que se aprueba de manera definitiva el establecimiento de derechos antidumping sobre las importaciones de baldosas cerámicas procedentes de China, según aparece en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). 

   Los tipos de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de producto fabricado en China para las compañías que han cooperado con la investigación de la Comisión Europea oscilan entre el 26,3 y el 36,5 por ciento, mientras que al resto de compañías se les aplicará un tipo residual del 69,7 por ciento como consecuencia de la falta de cooperación en la investigación por parte de un gran número de productores chinos. Estas medidas entrarán en vigor este viernes por un periodo de 5 años.

   En total, los productos de las empresas chinas que deberán hacer frente a un derecho antidumping del 69,7 por ciento suponen más de dos tercios de las exportaciones originarias de China con destino a la Unión Europea, según ha informado en rueda de prensa el presidente de la patronal azulejera, Ascer, Joaquín Piñón.

   Las medidas se aplican a baldosas cerámicas, esmaltadas o no, para revestimientos o pavimentos; a mosaicos, esmaltados o no; y a artículos similares de cerámica sean o no rectangulares, incluso con soporte.

   Según ha recordado Piñón, esta investigación anti-dumping se inició en junio de 2010 a petición de la CET (Federación Europea de Fabricantes de Baldosas Cerámicas) y actuando en nombre de la industria de baldosas cerámicas de la UE. Desde entonces, se abrió un periodo de investigación que se ha cerrado con la publicación de este jueves. El pasado 17 de marzo la Comisión impuso tasas provisionales a las importaciones chinas a la Unión Europea.

   Según el presidente de Ascer, la industria de la UE continuará "vigilante" y supervisará la aplicación de la reglamentación para asegurar que la eficacia de estas medidas no se vea socavada por la puesta en marcha por parte de los fabricantes chinos de ciertas prácticas ilegales diseñadas para eludir o diluir el impacto de las medidas antidumping, como la exportación de productos con una etiqueta distinta a la del país de origen.

   En 2010 la industria de baldosas cerámicas de la UE facturó cerca de 9 mil millones de euros y emplea de forma directa a 75.000 trabajadores. El sector de fabricantes de baldosas cerámicas en la UE se compone de más de 500 empresas, 80 por ciento de las cuales son pymes.

   Piñón ha explicado que los resultados de la investigación antidumping confirman que "los productores que fabrican en China han incurrido de manera significativa en prácticas de dumping o discriminación de precios, y que las importaciones procedentes de China han penetrado en el mercado comunitario a precios que no responden a la realidad del mercado causando una distorsión en el mismo y un grave perjuicio a los productores europeos".

   Los derechos antidumping "sencillamente servirán para restablecer un nivel de competencia adecuado y justo en el mercado de la UE y fijarán las condiciones para que la industria europea pueda seguir compitiendo en Europa", ha declarado Joaquín Piñón. Por su parte, el vicepresidente de Ascer, Pepe Castellano, ha confiado en que las medidas contribuyan a estabilizar precios, vender más y mantener el empleo.

   Piñón ha asegurado que la resolución adoptada por la CE es "muy importante" para el sector, puesto que China cada año aumentaba sus ventas de productos cerámicos en la UE, lo que podría haber desvalijado la industria".

   Según datos de Ascer, entre marzo y junio de 2010 España importó de China 9 millones de euros en productos cerámicos, mientras que en el mismo periodo de 2011, cuando ya se estaban aplicando las tasas de forma provisional, esta cantidad se redujo a 5 millones de euros.

   Preguntado por el reducido número de prejubilaciones que se han producido en el sector cerámico, el presidente de Ascer, Joaquín Piñón, ha señalado que éstas se han hecho "inviables", pues -ha dicho- "es parcialmente cierto que los empresarios no querían, fundamentalmente porque las ayudas prometidas por el Gobierno central y la Generalitat Valenciana para las prejubilaciones no han llegado y la empresa tenía que aportar todo el montante a la espera de que algún día llegasen las ayudas".

   Por su parte, el secretario general de Ascer, Pedro Riaza, ha matizado que "el calendario ha jugado en contra, puesto que las prejubilaciones eran alternativas a los despidos y en los dos años en que se ha concentrado la destrucción de empleo en el sector, 2008-2009, este instrumento no estaba disponible, que era cuando hubiera tenido mayor utilidad".

   Asimismo, cuestionado sobre la posibilidad de que las empresas del sector se fusionen para afrontar la crisis económica, el presidente de Ascer ha manifestado que las fusiones "son interesantes y oportunas, pero no necesarias".

   "No se ha demostrado que cuando la situación económica es desastrosa el mayor tamaño de las empresas implique más continuidad y seguridad, por lo que las fusiones llegarán cuando tengan que llegar de forma natural", ha finalizado.

EUPV considera "escandaloso" que el director del aeropuerto de Castellón cobre 84.000 euros al año

CASTELLÓN.- La diputada de EUPV por Castellón Marina Albiol ha calificado  de "escandaloso" que el director del aeropuerto de Castellón cobre un sueldo anual de 84.000 euros, y ha dicho que "en un contexto de crisis, cuando muchas personas no llegan al día a día, estos números deberían ruborizar a más de uno, y más si tenemos en cuenta que esta infraestructuras ni siquiera está en funcionamiento".

   Respecto a la infraestructura aeroportuaria, la parlamentaria de EUPV argumenta que "ahora ya sabemos que sí sirve para una cosa, no para llevar aviones evidentemente y turistas, sino que es la excusa perfecta para llenar los bolsillos de otros cargos y directivos, amigos del PP, que cobran sumas astronómicas para hacer no se sabe bien qué".

   "Desde mi formación política hemos reiterado muchas veces que el aeropuerto de Castellón sería un negocio ruinoso para las arcas públicas, una inversión económica gigantesca, inauguraciones de teatro y estaturas en honor a determinadas personas y, ahora, un sueldo de escándalo", ha recriminado Albiol.

   Albiol reclama una "urgente y necesaria" modificación en la regulación de los sueldos de altos cargos, "para que se adapten a la realidad actual del país y no sea posible que lleguen a niveles de escándalo".

Fomento y las CCAA que defienden el Eje 16 creen que es compatible con el Corredor Mediterráneo

MADRID.- El ministro de Fomento, José Blanco, y los presidentes de las comunidades autónomas afectadas por el Eje 16 de transporte ferroviario de mercancías,  Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, coinciden en éste y el Corredor Mediterráneo son compatibles, según han manifestado este miércoles al término de una reunión en la sede del Ministerio.

   En una rueda de prensa, Blanco ha celebrado que todos los asistentes hayan respaldado la decisión del Gobierno de defender "un ambicioso proyecto de red mallada", en el que se encuentran incluidos el Eje  16 y el Corredor Mediterráneo, ante la Comisión Europea, que el próximo 19 de octubre presentará una propuesta para una Red Básica Transeuropea de Transporte  que deberá ser debatida hasta 2012 . Blanco ha apostado también por la inclusión en la Red Básica del Eje Cantábrico , con lo que Zaragoza se convertiría en "un eje transversal muy importante".

   "Se trata de un proyecto de país, un proyecto de Estado", ha subrayado Blanco en referencia a la propuesta del Gobierno, al tiempo que ha valorado que "esta posición compartida fortalece la posición de España en la negociación". Blanco ha destacado el hecho de que las comunidades autónomas gobernadas por el PP compartan este "objetivo de país", por lo que ha manifestado su "gratitud".

   El ministro ha explicado que la intención de la Comisión Europea es convertir "en reglamento" el proyecto de Red Básica, de forma que será de obligado de cumplimiento para los países y también objeto de financiación por parte de la UE, una financiación que ha calificado de "ambiciosa".

   La financiación de la UE para toda la Red Transeuropea ascenderá a 21.000 millones de euros, más 10.000 millones de euros de los fondos de cohesión que también serán destinados a la misma, según el ministro, que ha añadido que si alguna de las redes discurre por regiones objetivo 1 recibirán fondos adicionales.

   Por el momento, se desconocen los porcentajes de financiación de los proyectos, aunque Blanco ha señalado que hasta ahora la UE venía financiando hasta un 10% de los distintos corredores, aunque en algunos casos la financiación ha ascendido hasta el 40%. La Comisión Europea presentará una propuesta en este sentido el mismo día 19.

   En una rueda de prensa previa a la del ministro han comparecido los dirigentes autonómicos. La presidenta de Castilla-La Mancha, que ha sido la primera en tomar la palabra, ha explicado que el propósito de la reunión solicitada por los presidentes autonómicos de las comunidades afectadas era pedir al Gobierno que defienda la inclusión dentro de la Red Básica "particularmente el Eje 16, y también del Corredor Mediterráneo, que no son incompatibles entre sí".

   Cospedal, que ha intervenido en calidad de presidenta de Castilla-La Mancha y de secretaria general del PP, ha negado que haya intereses enfrentados entre las comunidades autónomas gobernadas por su propio partido, después de que el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, manifestara su defensa "a muerte" del Corredor Mediterráneo frente al Eje 16. "Quienes han  tratado de ver algún tipo de confrontación están cometiendo un gran error", ha zanjado.

   En el mismo sentido, ha manifestado la "voluntad absoluta" del PP "de no renunciar ni al Corredor Central (Eje 16) ni al Mediterráneo". Por otra parte, ha subrayado la "muy buena acogida" del Ministerio. La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, también ha defendido la compatibilidad de ambos corredores, si bien le ha manifestado al ministro de Fomento la necesidad de que se incluya en la Red Básica el tramo que va desde Zaragoza hasta los Pirineos.

   "Es muy importante que en el proyecto que presente la Comisión Europea esté incluido el Eje 16 tal como lo estaba planteado en el año 2003, es decir, hasta la frontera francesa. Mi petición ha sido insistir en que se trabaje en esa dirección con el Gobierno de Francia porque tiene que estar de acuerdo para ese tramo", ha declarado.

   El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha manifestado su deseo de que la Unión Europea "atienda la petición del Gobierno de España y de las Comunidades Autónomas para desarrollar esa red mallada" que supone, tal y como ha explicado, "vertebrar el transporte de mercancías por ferrocarril".

"Es un elemento estratégico", ha destacado.

   Asimismo, ha asegurado que el desarrollo de este proyecto supone planificar el futuro de toda España, "no con una visión a corto plazo sino de altura de miras".  "Creo que vamos en el buen camino. Es bueno para Andalucía, para Castilla-La Mancha, para Aragón, para Madrid, para Extremadura y como no para el conjunto de España.", ha apuntado.

   El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, ha destacado la "importancia estratégica que tiene el transporte de mercancías", si bien ha apuntado que es preciso tener en cuenta como se establecerá la financiación del desarrollo de este eje de transporte en los Presupuestos Generales del Estado.

   En este sentido, ha recalcado que este proyecto "tiene que ir de la mano" de una "norma financiera", en donde se recoja la tasa de cofinanciación entre la Unión Europa y España, así como que los Presupuestos Generales del Estado deben "definir el ferrocarril como una actividad prioritaria" ya que, a su juicio, contribuye al desarrollo económico y "genera riqueza y empleo". Beteta ha comparecido en lugar de la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, que ha abandonado el ministerio nada más terminar la reunión.

   Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha subrayado la "importancia" del Corredor Central para "articular el territorio" y "facilitar la salida de mercancías por el exterior" y ha rechazado cualquier tipo de "confrontación política" con el Corredor Mediterráneo, puesto que ambos proyectos "no son incompatibles" y de hecho el Gobierno andaluz ya mostró su apoyo expreso a esta iniciativa el pasado mes de julio.

   "Andalucía mantiene la compatibilidad de los dos corredores", ha destacado Griñán, que también ha valorado tanto el Gobierno andaluz como el central "coinciden en su apuesta por el ferrocarril como medio de transporte de mercancías por eficacia y por sostenibilidad".

La oposición reclama que Camps sea juzgado en Valencia por 'causa de los trajes'

VALENCIA.- Los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas --PSPV, Compromís y EUPV-- han reclamado que el ex presidente de la Generalitat Francisco Camps sea juzgado en Valencia por la denominada causa de los trajes derivada del 'caso Gürtel' porque "es aquí donde se los regalaron". Asimismo, han coincidido en calificar la petición de la defensa de Camps de que sea el Tribunal Supremo el que se encargue de la causa de "maniobra dilatoria" para evitar que el proceso afecte al líder del PP, Mariano Rajoy, en plena campaña electoral. 

   Así, el vicepresidente de la Mesa de la Cortes, el socialista Ángel Luna, ha recalcado que si se aceptara la solicitud de Camps "el cambio fundamental es que pasaría de ser juzgado por un tribunal compuesto por ciudadanos valencianos a serlo por uno compuesto por ciudadanos madrileños". Por tanto, ha dicho, "la primera pregunta  que se plantea es si Camps, (Alberto) Fabra y (Mariano) Rajoy tienen miedo" de que al ex presidente lo juzguen ciudadanos valencianos.

   "Es evidente que los trajes se los regalaron en Valencia, su actuación está en Valencia, los ha vestido y utilizado en Valencia, por lo que tiene ninguna lógica --más alla de que alguno de ellos lo puede haber recogido en Madrid-- que se reclamen esta ciudad como la sede de la comision del delito del que se le acusa. Es un despropósito y nadie se puede creer que no se habían dado cuenta antes", ha argumentado.

   Además, Luna ha afirmado que es "una manera clarísima de desvirtuar la institución del jurado prevista sobre todo para que a los políticos los juzguen sus electores".

"La maniobra del señor Camps contradice toda su practica judicial y le pone ante sus propias mentiras porque alguien que reclama justicia y dice que es inocente no hace este tipo de maniobras que solo conducen a dilatar el procedimiento o a que le juzguen ciudadanos de Madrid, que no son quienes deben hacerlo", ha insistido.

   El representante del PSPV ha añadido que la pretensión de Camps "no es sostenible desde el punto de vista político" por lo que ha exigido a Rajoy y a Fabra "una actuación contundente porque esto tiene que tener unas implicaciones políticas de cara a la campaña electoral que se avecina y las propuestas de transparencia del PP".

"Rajoy y Fabra deben desmarcarse claramente de esta actuación" porque "quien pretende burlar a la justicia pretende también burlar a la ciudadanía", ha sentenciado.

   Preguntado por los argumentos de Camps basados en el Estatuto de autonomía sobre que el procedimiento podría volver a partir de cero, Luna ha negado esta posibilidad porque la instrucción está hecha y ha agregado que "lo único que pasaría es que habría una dilación, que es lo que están buscando, pero la única diferencia es que el juicio lo presidiría un juez del TS en vez de uno del TSJCV y el jurado estaría compuesto por madrileños en vez de valencianos".

   En términos similares, la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, ha recalcado que "no hay ninguna razón legal para que Camps sea juzgado en Madrid, sino que ha de ser juzgado aquí por un tribunal popular valenciano, que es el que tiene que decidir si Camps es o no un delincuente a la vista de las pruebas que las dos partes del proceso presentan".

   Oltra ha subrayado que el cambio de Valencia por Madrid podría entenderse si se estuviera tratando de otro tipo de delitos pero en este caso "el lugar es la Comunidad Valenciana, donde él ha recibido dádivas en razón de su cargo".

   "Aquí ha habido un delito continuado en el que el aceptaba regalos de empresas que contrataban en la Comunidad", ha señalado Oltra, que ha recordado que además los "compañeros de banquillo" de Camps --en referencia a Víctor Campos y Rafael Beroret-- han reconocido el delito ante el TSJCV por lo que "no hay ninguna razón para romper esa unidad de jurisdicción".

   La parlamentaria ha asegurado que detrás de esta petición hay un "interés partidista".

"No sé, incluso, si es Génova quien ha dado la orden porque no quiere que la situación judicial de Camps empañe su campaña pero Rajoy tendrá que apechugar" y si no quiere que le perjudique "que lo aparte y suspenda de militancia pero no ande mareando a la justicia, que bastante tiene con juzgar a todos los malhechores del PP".

   Finalmente, la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, ha dicho que es "una estrategia de dilatación del proceso judicial muy contradictoria porque Camps decía que tenía ganas de declarar". No obstante, ha hecho notar que en estos momentos "no afecta a la máxima institución valenciana y no pone en tela de juicio la viabilidad y estabilidad del sistema político valenciano y, afortunadamente, está situado a otro nivel".

Fitch rebaja aún más la calificación de la deuda pública de la Generalitat Valenciana

LONDRES.- La agencia de medición de riesgo Fitch ha rebajado hoy la calificación a largo plazo de la deuda de Canarias, Andalucía, Cataluña, Murcia y Valencia, y ha puesto además en perspectiva negativa a las cinco autonomías restantes a las que califica.

La decisión refleja el grave deterioro fiscal en los últimos años que ha provocado un fuerte aumento de los niveles de deuda.

En el caso de Canarias, recorta de AA- a A+ la nota de la deuda a largo plazo de la comunidad y de F1+ a F1 la de corto plazo.

La sociedad canaria de alquiler y promoción de viviendas, Visocan, también ha sido rebajada desde A+ a negativo.

En una nota, la agencia indica que la calificación de estas cinco autonomías que no han sido rebajadas hoy se hará pública en breve.

La rebaja obedece al agudo deterioro fiscal que la agencia ha detectado en los últimos años, que ha aumentado los niveles de deuda de estas regiones.

No obstante, Fitch reconoce que las autonomías están haciendo un esfuerzo para limitar sus gastos, que no produce los efectos deseados dada la debilidad de las economías locales y los menores ingresos fiscales.

El informe de Fitch recuerda que el Ministerio de Economía calcula que los ingresos de las comunidades autónomas se han reducido un 3,59 % en los primeros seis meses de este año, comparados con el mismo periodo del año anterior, al tiempo que recuerda que las regiones han declarado un déficit agregado del 1,2 %, muy cerca del límite establecido para el conjunto del año (1,3 %).

Según la agencia, las autonomías aún deben hacer "considerables esfuerzos" para controlar el gasto y mantenerlo en los límites establecidos, aunque estima que la mayoría de las comunidades autónomas alcanzarán el equilibrio presupuestario en 2013.

Pese a que reconoce el esfuerzo que las regiones han realizado en este sentido, Fitch mantiene la perspectiva negativa dado que el entorno económico es difícil.

De este modo, la deuda a largo plazo de Andalucía ha pasado de AA a A+, y la de corto plazo ha sido degradada desde F1+ a F1.

Por lo que respecta a Cataluña, la deuda a largo plazo ha pasado de A a A-, y la de corto plazo ha sido degrada desde F1 a F2.

La deuda a largo plazo de la Comunidad de Murcia ha pasado de AA- a A, y la de corto plazo de F1+ a F1.

Por último, la deuda a largo plazo de Valencia queda en A- desde la anterior calificación de A, en tanto que la de corto plazo ha quedado en F2 desde F1.

En un comunicado, Fitch recalca que, aunque es consciente de que las regiones adoptarán todas las medidas posibles para frenar el gasto, una "todavía débil" recuperación económica limitaría el crecimiento de los ingresos fiscales.

   En este sentido, señala que, según los datos del Ministerio de Economía, los ingresos agregados en el primer semestre del año de las comunidades autónomas han descendido un 3,59% en comparación con el mismo periodo del año anterior y que el déficit de las mismas ha alcanzado el 1,2% del PIB, cerca del límite del 1,3% marcado para todo el año.

   "Fitch es de la opinión de que todavía es necesario que las regiones adopten considerables esfuerzos, particularmente en el área del control de costes, para asegurar que se respeten los límites establecidos", añade.

   La agencia espera que la mayoría de las autonomías alcancen por lo menos un punto de equilibrio en el balance en 2013 y considera que este escenario base debería alcanzarse dado especialmente el reciente mayor enfoque en el control del gasto por parte de las comunidades autónomas.

   Asimismo, explica que la perspectiva 'negativa' otorgada a las cinco calificaciones refleja un entorno económico y fiscal "aún complicado", así como los riesgos a los que se enfrentan a la hora de implementar algunas de las medidas de recorte del gasto anunciadas.

   Por otro lado, la agencia, que asegura que esta decisión se produce tras una "amplia revisión", informa de que en breve concluirá el proceso de revisión del 'rating' de las otras cinco comunidades autónomas españolas que califica y recuerda que la perspectiva de las diez es 'negativa'.