lunes, 10 de junio de 2013

Fabra cree "fundamental" una reforma de la ley para que ningún imputado pueda estar presente en ninguna institución

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha señalado este lunes que es "fundamental" una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el consenso de todos los partidos, que establezca que ninguna persona con "indicios" de haber cometido "delitos pueda estar presente en ninguna institución". 

   Fabra, en sendas entrevistas en Onda Cero y en ABC, ha destacado al respecto que ya ha mantenido conversaciones con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sobre esta reforma, que debe garantizar, a su juicio, que "esa necesaria tranquilidad pueda estar presente en la sociedad" ya que ha constatado "la desafección" que produce entre la ciudadanía con respecto a los políticos los casos de corrupción.
   De hecho, ha recordado que Alberto Ruiz Gallardón ya está trabajando en la reforma de esta ley y que "hay que buscar fórmulas para que estas situaciones no produzcan en ningún caso".
  Así, preguntado por el alto número de imputados en el PPCV, ha comentado que "es una situación que a nadie le gustaría vivir" y que "no es nada fácil". Por ello, ha insistido en que manteniendo el derecho a la presunción de inocencia tratan de establecer "una línea roja" en que la que "los imputados no tengan responsabilidades".
  Fabra, preguntado por si la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá,  y el expresidente de la Generalitat Francisco Camps pueden tener "algún contratiempo", por el caso Noós, ha comentado que eso "lo tendrán que decidir los magistrados del Tribunal Superior de Justicia".
  No obstante, ha señalado que "todos los informes a la hora de hacer contratos han estado avalados siempre con el sello de la Abogacía de la Generalitat, en el caso de Camps, y en el caso de Barberá era a través de una fundación de la que no era presidenta, sino en la que hay que colectivos que quieren proyectar la imagen de Valencia". 
"Creo que objetivamente lo que han hecho es trabajar por proyectar esa imagen internacional y hacer lo mejor para su Comunitat y ciudad", ha indicado.
  Fabra ha mantenido que Barberá "por supuesto" sigue siendo un activo para el PP ya que "representa como pocos el esfuerzo y el compromiso de los políticos por mejorar la vida de los ciudadanos". Sobre Camps, ha indicado que el expresidente quiere "estar tranquilo con su familia y pasar página a una etapa muy complicada".
    Respecto a la imputación del exconseller de Solidaridad y diputado Rafael Blasco, ha señalado: "como anticipé en las Cortes había que esperar a dos cuestiones, al informe de la Abogacía de la Generalitat y a que la magistrada resolviera los recursos que han presentado la defensa". 
"Cuando se den las dos circunstancias actuaré en consecuencia y lo sabe también Blasco", ha recalcado Fabra quien ha confirmado que se lo ha comunicado personalmente.
   Preguntado por el caso concreto de Milagrosa Martínez, que sigue al frente de la alcaldía de Novelda pese a estar imputada en Gürtel, ha señalado que no se ha iniciado el juicio. En cualquier caso, ha insistido en que "el tema de las imputaciones y de los procesados" debe abordarse "a nivel nacional".
  Fabra ha señalado que aunque están gobernando en una época muy difícil, "estamos a la altura".
 "La fuerza del partido en los municipios y en el trabajo de la Generalitat nos permitirán ganar sin necesidad de apoyarnos en nadie", ha asegurado.
  Por otra parte, ha señalado que si los tribunales anulan el ERE de Radio Televisión Valenciana "habrá que tomar decisiones muy drásticas" y respecto al Valencia CF ha comentado: "lo importante es que el club comience a generar ingresos y devuelva un dinero que es de todos los valencianos".
  Por otra parte, ha señalado que comparte las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que considera que "el pesimismo en nuestro país ya está en retirada", porque "hay datos objetivos para albergar esperanza". Asimismo, ha destacado que las relaciones con Génova están "normalizadas" y seguirán siendo "las mejores".
   Fabra ha señalado que quieren acabar este año "con menos parados de los que empezamos" y que para ello trabajamos para generar un plan de empleo. Además, ha indicado: "no debemos gastar más de lo que ingresamos y es lo que hemos hecho". De hecho, ha recordado que la Comunitat Valenciana ha reducido su déficit en 2.000 millones y que tiene que "seguir avanzando para seguir ahorrando".
  Al respecto, ha sostenido que las discrepancias en el PP por el déficit asimétrico "no hay que verlo como un enfrentamiento, sino en términos de justicia y equidad" y ha señalado que aún no sabe el déficit que se fijará para la Comunitat valenciana aunque ha recalcado: "el Ministerio conoce nuestras necesidades y nuestros límites", ha apostillado.

El ERE en CulturArts prevé 85 despidos, el 33% del personal de los cuatro institutos ya integradosEre

VALENCIA.- La dirección de CulturArts Generalitat ha presentado una propuesta de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que contempla 85 despidos, un 33 por ciento de total de 258 trabajadores que componen la plantilla de los cuatro institutos culturales que se han integrado hasta el momento en el holding: Teatres de la Generalitat, Institut Valencià de la Música (IVM), Institut Valencià de Restauració i Conservació de Béns Culturals (Ivacor) e Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía (IVAC-La Filmoteca).

   Así lo han asegurado hoy fuentes sindicales después de que la dirección de CulturArts y del comité de empresa hayan mantenido este lunes la primera reunión del proceso de consultas del ERE y la información haya sido, después, trasladada a la asamblea de trabajadores.
   La documentación presentada por la empresa a la mesa de negociación prevé que de 258 empleados, deben permanecer en el conglomerado 173, lo que implica 85 salidas.
   Al respecto, el presidente del Comité de Empresa de la Unidad de Teatro y Danza de CulturArts (antiguo Teatres), Roberto Lisart, ha subrayado que el ERE planteado es "asimétrico", ya que su incidencia será "muy desigual" en las distintas unidades.
   Así, ha augurado que el mayor impacto lo sufrirá precisamente la Unidad de Teatro y Danza, seguida por la de Restauración. Ha puesto como ejemplo que la propuesta de despido colectivo apunta a que de 44 ayudantes de servicios generales --taquilleros, acomodadores, ordenanzas, porteros etc.-- solo quedarán 10 y la inmensa mayoría de este personal --hasta 39 trabajadores-- está ligado a Teatres.
   Esto es interpretado por representantes sindicales como un intento de la Generalitat de "destruir el personal de sala" y hacer cargar el peso del ERE en el "eslabón más débil" para, posteriormente cubrir esos servicios a través de contratas.  
   En las unidades de Música y Cine, "por su especial configuración", el impacto será menor, ya que en el caso del antiguo Institut Valencia de la Música el grueso de la plantilla corresponde al Cor de la Generalitat, cuyos 60 integrantes no serán despedidos y, únicamente, se amortizaran dos puestos que se encontraban vacantes. En el caso del IVAC, se da la circunstancia de que muchos de sus empleados son funcionarios.
   Asimismo, Lisart ha comentado que el director general de CulturArts, Manuel Tomás, que ha estado presente al principio de la reunión, ha hecho un "discurso político" en el que ha reiterado que hay margen para el diálogo. "Si para la Generalitat el punto de partida es 85 despidos para nosotros es cero porque hay medidas de reducción de costes sin poner a nadie en la calle", ha aseverado el representante de CCOO.

El exconseller de Sanidad niega en 'Gürtel' fraccionamiento de contratos para favorecer a empresas de la trama

VALENCIA.- El exconseller de Sanidad Luis Rosado ha negado ante el juez del 'caso Gürtel' del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que desde su entonces departamento se fraccionaran contratos para favorecer a presuntas empresas de la trama, como Orange Market S.L., Easy Concept o Diseño Asimétrico.

   Luis Rosado estaba citado este lunes en el tribunal valenciano para declarar, en calidad de testigo, en la pieza 5 del 'caso Gürtel', que investiga presuntas irregularidades en las contrataciones entre la Generalitat y empresas de la trama.
   En concreto, Rosado tenía que acudir al TSJCV a las 10.45 horas, aunque se ha presentado unos 10 minutos antes, y ha salido del interrogatorio sobre las 13.15 horas. Junto a él, estaban citados otros testigos relacionados con la Conselleria de Sanidad, como el ex director general de Farmacia José Clérigues o la ex directora general de Asistencia Sanitaria, Marisa Carrera.
   Rosado, quien ya tuvo que declarar como testigo en enero del pasado año, en la conocida como 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel', ha tenido que responder este lunes por un contrato menor que firmó en un cargo anterior a conseller con Orange Market por importe de 11.900 euros. Ha indicado que esta mercantil era de una de tantas con las que se trabajaba anteriormente.
   Este contrato se firmó para la realización de un vídeo promocional por una visita del expresidente de la Generalitat Francisco Camps al Hospital Clínico de Valencia con motivo de una cesión de terrenos por parte de la universidad. Sobre el mismo, el exconseller ha mantenido la misma versión que ofreció hace un año, es decir, que en ese momento desconocía la empresa que era.
   Asimismo, Rosado, quien estuvo como conseller de Sanidad durante un año y medio, desde junio de 2011 hasta diciembre de 2012, ha reiterado que desconocía que para el mismo acto se hubiera contratado también con Easy Concept y con Diseño Asimétrico --presuntas empresas de la trama--. En total hubo cuatro contratos relacionados con este acto por parte de distintas direcciones generales, cuyo importe ascendió a 47.000 euros.
   Sobre este extremo, este lunes ha defendido lo mismo que expuso hace un año, que desconocía esta afirmación ya que él solo controlaba el contrato que firmó, por 11.900 euros, y ya fue luego cuando se enteró de que la postproducción fue para otra empresa. Así, ha negado que esto supusiera una fragmentación de contratos.

Urdangarín cobraba 10.000 euros por reunión para buscar patrocinadores al Valencia CF, según un testigo

PALMA.- El empresario Álex Sánchez Mollinger, quien este lunes ha sido interrogado como testigo por el juez instructor del caso Nóos, ha revelado que tanto él como el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, cobraron unos 10.000 euros del Valencia CF por cada reunión que mantuvieron -tres en total- para buscar patrocinadores al equipo valencianista, según han señalado fuentes jurídicas.

   En su declaración, Mollinger ha explicado que, además de buscar 'sponsors' para el club 'che', participó en otro proyecto vinculado a Urdangarin y dirigido a que la modalidad de baloncesto '3 por 3' fuese aceptada como deporte olímpico, así como en un tercero en el que el Banco Interamericano de Desarrollo encargó un estudio sobre cómo las ciudades pueden sacar provecho de la acogida de eventos deportivos.
   Cabe recordar que Urdangarin también percibió unos 600.000 euros del Villarreal CF por un informe dirigido a buscar un patrocinador para su estadio ante las perspectivas de retorno de esa inversión, ya que se esperaba ingresar un montante de 38 millones de euros en diez años, tal y como puso de manifiesto en su día el presidente del club, Fernando Roig.
   Tal y como apuntó Roig, invirtió ese dinero "pensando en una recuperación de vender el nombre durante diez años a un valor que era lo que se estimaba que podia ser", en concreto, de "3,8 millones cada año" hasta alcanzar "un montante de 38 millones de euros", de acuerdo con las estimaciones de Nóos.
   Según afirmó ante el juez en la declaración que prestó como testigo, creía que fueron Urdangarin y su exsocio Diego Torres quienes le llamaron para ofrecerle sus servicios y mantuvo una reunión con ambos tras la que les pidió que le remitiesen las condiciones de servicio y su precio.
   El objeto de Nóos era hacer el informe y ayudar al Villarreal a buscar sponsor pero no llegó a buscar cliente alguno ya que no tenía ese encargo, aunque si se presentaba algún cliente tenía la obligación de facilitar el contacto con el equipo.

Miguel Zorío señala que Urdangarin le instó a cambiar el concepto de una factura de 240.000 euros

PALMA.- El empresario valenciano Miguel Zorío, quien este lunes ha sido interrogado como imputado por el juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha relatado que Iñaki Urdangarin le instó a cambiar el concepto de una factura de 241.971 euros, de la que el Instituto Nóos se sirvió para lograr que la Generalitat Valenciana le abonase la anterior cantidad de cara a la organización de unos Juegos Europeos (JJEE), que nunca llegaron a celebrarse.

   Así lo han señalado fuentes jurídicas, que han precisado cómo en su comparecencia, Zorío ha explicado que su empresa Lobby Comunicación emitió esta factura el 31 de julio de 2006 bajo conceptos como la elaboración de planes de comunicación y de estudios estratégicos sobre atletismo y fútbol, susceptibles de encajar en los futuros JJEE pero ninguno de los cuales, según los investigadores, llegó a plasmarle en proyecto alguno.
   Según ha explicado en su declaración, comenzó a facturar de Nóos en virtud de un contrato de asesoría comercial que ascendía a dos millones de euros, posteriormente reducidos a 600.000 a raíz de un cambio de criterio por el que el Instituto entonces presidido por Urdangarin ya no estaba interesado en la creación de una oficina técnica para el proyecto de los JJEE, que estaba incluida en el contrato inicial.
   Vencida la fecha para cobrar de Nóos, fue cuando Urdangarin le comentó que por problemas de contabilidad interna debía incluir determinados conceptos que, si bien no se correspondían con el contrato inicial, sí coincidían con los trabajos que estaba previsto llevar a cabo. Una factura, la de los 241.971 euros, que según las pesquisas no corresponde a servicio alguno prestado por Lobby para Nóos y que, sin embargo, fue una de las que se presentaron ante la Generalitat para justificar el desarrollo del proyecto de JJEE.
   En concreto, algunos de los 16 conceptos plasmados en la factura fueron los de un estudio de investigación del atletismo europeo; un plan de comunicación para la Federación Española de Atletismo; estudios de investigación del baloncesto, voleibol, 'beach bolley' y del balonmano europeo; elaboración de documentos estratégicos de comunicación y numerosos planes de comunicación. Conceptos que, según ha explicado Zorío, fueron transmitidos por Urdangarin a través del exdirectivo de Nóos Antonio Ballabriga.
   Por otro lado, el empresario ha sido inquirido en torno a un contrato de la empresa Inversiones Financieras Aguas de Valencia (AGVAL) por el que Urdangarin habría cobrado en una cuenta suiza 140.000 euros supuestos servicios de búsqueda de inversores que no llegaron a fructificar. Según la Fiscalía, inicialmente el Duque pactó percibir 125.000 euros trimestrales junto a su colaborador José María Treviño.
   En este sentido, el consultor ha recordado que Treviño le preguntó si disponía de una cuenta bancaria en el extranjero, al tiempo que ha señalado que de este colaborador de Urdangarin sabía que se dedicaba a llevar dinero de familias españolas a paraísos fiscales.

El juez reabre la causa por supuesto escrache a Belén Juste al recibir una ampliación del atestado policial

VALENCIA.- El juzgado de Instrucción nº 4 de Valencia ha acordado reabrir la causa sobre el presunto escrache que sufrió la diputada nacional del PP Belén Juste, tras recibir una ampliación del atestado policial. Este procedimiento fue archivado provisionalmente en mayo por falta de autor conocido.

   La diputada presentó una denuncia por en relación con el presunto escrache que sufrió el 18 de marzo en su vivienda. Seguidamente, el escrito recayó en el juzgado nº 4 de Valencia, que acordó sobreseer la causa por falta de autor conocido, ya que el atestado policial no identificaba a las personas que supuestamente habían participado en el acto investigado.
   Ahora, la jueza ha acordado reabrir este procedimiento tras recibir una ampliación del atestado policial, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado.
   Paralelamente a este caso, el juzgado de Instrucción nº 21 de Valencia también investiga el supuesto escrache que sufrió en el mismo mes de marzo el diputado del PP Esteban González Pons. Está a la espera de que la Policía identifique a los presuntos participantes en el acto.
   González Pons presentó una denuncia en Madrid por este asunto el 21 de marzo, y recayó en el juzgado de Instrucción nº 37, que se inhibió en favor de los juzgados de Valencia, y recayó en el nº 21. El juzgado de Madrid se inhibió porque el escrache de la plataforma Stop Desahucios tuvo lugar en el domicilio de González Pons en Valencia, pese a que el dirigente popular presentó la denuncia en la Comisaría de Policía del Congreso de los Diputados en Madrid.
   El vicesecretario de Estudios y Programas del PP presentó su denuncia después de que supuestamente varios miembros de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) se concentraran ante su casa de Valencia. Pons afirmó que varias personas entraron dentro del portal de su residencia, subieron hasta la casa y estuvieron "aporreando la puerta durante 45 minutos".

¿El Club Bilderberg y David Rockefeller contra El Corte Inglés? 1/ Francisco Poveda*

La clausura en Londres este fin de semana de las sesiones anuales del enigmático Club Bilderberg, sin conclusiones públicas sobre los temas realmente tratados y las recomendaciones finalmente hechas a los 140 escogidos invitados por quienes detentan las riendas estratégicas de la situación mundial, nos dejan sin saber sobre la certeza o no de las revelaciones previas de varios autores especializados, en el sentido de que el gran patrón David Rockefeller, anciano banquero estadounidense, quiere reducir la demanda universal de bienes y, en consecuencia, la desaparición de la clase media consumista con el objetivo de atrasar el momento de la eclosión de la energía fósil y evitar así una gran hecatombe planetaria en torno al año 2045. Si faltase energía, ¿sobraría gente?, parece que se preguntan los amos del Mundo.

Hace unos días, el nuevo primer ministro italiano Enrico Letta revelaba, para justificar la urgencia de un plan de empleo juvenil en su país, por qué las clases pudientes y menos afectadas por la crisis también estaban dejando de consumir: les preocupa el futuro de unos hijos sin trabajo a pesar de sus cualificaciones universitarias  y profesionales. Letal para la ciencia del marketing, si es que existe. Pero mucho más para el Estado-nación, que tanto parece estorbar en el diseño de un nuevo orden mundial dictado desde Londres y Nueva York por los banqueros judíos Rothschild y Rockefeller, según certeza de los conspiranoicos.

Extrapolado a España este extremo, el vértice de la construcción desde tiempos del general Franco de una amplia clase media ha sido, es y puede dejar de ser El Corte Inglés, gran templo del consumismo inducido y sostenido para y por los grandes beneficiados del desarrollo económico de la primera parte de la segunda mitad del siglo XX. Y el gran icono hoy de la España sin control presupuestario privado y público.

Hoy El Corte Inglés vive los peores momentos desde su creación en 1940. No es ajeno a los vaivenes internos por la crisis y su proceso de toma de decisiones, como el de todo gran saurio, es lenta y no ajustada al devenir continuo de acontecimientos. Como fórmula de salvación primero aprieta a proveedores y luego a empleados y hasta clientes; algo impensable hace unos años lo de restringir crédito a los titulares de sus tarjetas o enviar a factoring sus recibos emitidos ante la creciente ruina de su público objetivo.

Un modelo desarmado por la crisis

La manida 'marca España' es hoy menos El Corte Inglés que Zara. Y es que el modelo de gran almacén evolucionado desde los ejemplos norteamericanos de antes de la II Guerra Mundial y trasladado a Madrid por los asturianos Pepín Fernández y Ramón Areces, parece conocer el principio del fin de todo un ciclo de vida.

Lo primero que ha recomendado su banca acreedora para recuperar con cierta garantía el pasivo oficial de 5.000 millones de euros (El Corte Inglés sostiene, sin contraste auditor externo alguno, que sus activos en balance están por encima de los 7.450 millones) es que frene en seco la expansión sin cabeza en España y que se olvide de la ocurrencia corporativa de una fuga hacia delante en América Latina.

Porque la alocada expansión interior y lusa de El Corte Inglés en los últimos cinco años, hasta rozar los 100.000 empleados y los 15.777,75 millones declarados de facturación en 2011, no se entendía bien desde fuera por las claras manifestaciones de la crisis desde 2007 y una brutal recesión del consumo desde 2010. Aventuras erradas como las de Cartagena, El Ejido, Oporto, El Tiro, Elche... y tantas otras no se explican con una mínima aplicación de la ciencia del mercado y la posesión de una elemental información de calidad  y valor añadido para los negocios.

Lo cierto es que, dirigido por una especie de gerontocracia comercial, El Corte Inglés no demuestra gran capacidad de adaptación ni siquiera de reacción. Excepto en la más reciente oferta del supermercado, mes tras mes se muestra incapaz de taponar la gran hemorragia que le han producido Zara, Mercadona, Media Markt, Ikea, Leroy Merlin, Carrefour y la variada oferta de moda, calzado, textil y hogar en los cientos de grandes centros comerciales que han proliferado en todas las regiones españolas en los últimos 25 años.

Uno de sus lastres es que El Corte Inglés sigue resultando caro en comparación con sus competidores. Parece que no le resulta fácil ajustar sus costes estructurales y sus márgenes comerciales lo que, de entrada, le impide seducir a ese casi 30% de desempleados españoles y sus familias aparte de a un funcionariado castigado en sus nóminas por una drástica política de recortes, que asusta a los más endeudados de todos ellos pese a que la mayoría son pareja de otra/o funcionaria/o.

La desaparición, además, de la conocida como 'tarjeta del gerente' (dádiva libre de impuestos de muchas empresas a sus gestores para que, con cierto límite, sus esposas o ellos mismos pudiesen comprar en El Corte Inglés, en una especie de fidelización sobrevenida) como efecto inmediato del desastre en la cuenta de resultados de una buena parte de las medianas empresas españolas, ha restado igualmente masa crítica de clientela estable desde el año 2010.

Uno de los síntomas más preocupantes de la crisis propia de El Corte Inglés es una especie de maltrato, manifestado en privado por proveedores, a los que parece estar arrastrando en su dinámica con la consiguiente escasez de algunos productos corrientes en todos o algunos de sus más de 80 grandes almacenes en España y Portugal. Y una política, aún más extrema, de personal, con preeminencia de la retribución variable sobre la fija, más turnos sin cobrar los fines de semana por la apertura en domingos y muchos festivos desde enero de 2013.

De prestamista a prestatario

El reciente anuncio de la emisión de bonos de El Corte Inglés por valor de un millón de euros para financiar las ventas a plazos de sus tarjetas de compra, las rigideces aparecidas para la ampliación del límite de crédito de esas mismas tarjetas y una caída general de ventas en todos sus centros, estimada entre el 40-60% con base en las de 2009, lo ha convertido de prestamista de las administraciones públicas en base a su exceso de liquidez, en prestatario de los bancos y financieras para poder digerir el momento histórico más adverso de toda su existencia.

En su actual derrota hacia no se sabe bien dónde, El Corte Inglés se encuentra, además, con tres tendencias muy adversas desde el punto de vista estratégico que, de momento, no sabe o no puede conjurar y que comprometen de forma grave y severa su existencia a medio y largo plazo: 1.- Sus ventas on line son caras y con mucha competencia.- 2.- Su imagen pública percibida como corporación de su tiempo ha recibido un dardo mortal tras descubrirse, a raiz del incendio en Bangla Desh, a que precios y en qué condiciones de explotación, seguridad e higiene laboral fabrica directamente en el Tercer Mundo.- Y 3.- Las nuevas generaciones, obviamente, no suelen ser clientes declarados y los segmentos sociales más concienciados, tampoco.

(*) Periodista y profesor