miércoles, 21 de julio de 2010

Marga Sanz asegura que Camps "quiere lavar su imagen con el dinero de los valencianos" con el pleno en Bruselas

VALENCIA.- La coordinadora de EUPV y diputada autonómica, Marga Sanz, ha asegurado este miércoles que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "quiere lavar su imagen con el dinero de los valencianos" con la celebración de un pleno del Consell en Bruselas.

Sanz, en un comunicado, ha instado al presidente de la Generalitat a retirar la convocatoria del pleno del Consell para el próximo mes de octubre en Bruselas, "porque, además de que no le ve ninguna utilidad ni sentido, cree que es un derroche desorbitado de dinero público, y que forma parte de la campaña de limpieza de imagen del propio Camps y su gobierno".

En este sentido, ha cuestionado las razones dadas por el Consell para celebrar uno de los plenos en Bruselas y se ha preguntado "cuál es la verdadera intención al trasero". "Estamos cansados de la supuesta proyección de la imagen del País Valencià, más bien lo que intenta Camps es lavarse la cara ante el Parlamento Europeo".

"Izquierda Unida además sospecha que la idea de convocar un plenario en Bruselas podría esconder también otras intenciones del PP, como la de plantear al Comité de las Regiones la posibilidad de dar el visto bueno al trasvase del Ebro".

"No podemos más que llegar a esta conclusión, tras observar el camino que está siguiendo la comisión de cambio climático de las Corts Valencianes y ahora la convocatoria de este pleno del Consell", ha afirmado.

EUPV señala que la pena solicitada por Fiscalía "demuestra la gravedad de los delitos" de Fabra

VALENCIA.- La diputada autonómica de EUPV considera que la pena solicitada por la Fiscalía Anticorrupción "demuestra la gravedad de los delitos que se le imputan al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra".

Albiol, en un comunicado, se ha referido así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que se le imponga una pena de 15 años de cárcel y una multa de 2,3 millones de euros al presidente de la Diputación de Castellón por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública.

En este sentido, ha afirmado que tanto el presidente del PP, Mariano Rajoy, como la formación 'popular' "son también responsables por no haber retirado de la vida política a Fabra hace años". "Es insoportable tener que tolerar a este personaje funesto día tras día al frente de una institución provincial carece de todo tipo de credibilidad y que ha caído en la ignominia".

Albiol ha señalado que la dimisión de Fabra "debería producirse hoy mismo, que no pase ni un solo día más como presidente de la Diputación, la cual, lamentablemente, necesita otras depuraciones, como las de Francisco Martínez y Vicent Aparici".

La dirigente de izquierdas considera que la petición de la Fiscalía de una pena de prisión de 15 años "significa muchas cosas, una de ellas que los presuntas delitos cometidos por Fabra son de mucha gravedad, tal y como hemos denunciado hasta la saciedad desde EUPV".

"Sólo esperamos ahora que el proceso judicial siga adelante, y que el PP asuma la responsabilidad política que le atañe y obligue a Fabra a retirarse de la vida pública política, tal y como debería de haber hecho hace años", ha apuntado.

Iniciativa afirma que el "daño" que le ha hecho Fabra a Castellón "ya no se cura ni con su dimisión"

CASTELLÓN.- El portavoz de Iniciativa en las comarcas de Castellón, Carles Mulet, ha asegurado este miércoles, después de conocer la petición de la Fiscalía Anticorrupción de 15 años de prisión para el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, que el "daño" que le ha hecho el también presidente del PP en la provincia a Castellón "ya no se cura ni con su dimisión".

"Del Fabra que se defendía diciendo que no se le acusaba de nada, ahora estamos ya delante del que se está acusado como delincuente ay para el que la Fiscalía, y no un empresario amigo suyo ni la acusación particular, pide ni menos ni más que 15 años, una sanción de 2,3 millones de euros y 15 de años de inhabilitación para cargo público", ha señalado Mulet.

"Nunca lo historia de la democracia la Fiscalía había pedido penas tanto elevadas para un político de la importancia de un presidente de Diputación, por lo tanto, las pocas dudas que podían existir sobre la deshora de Carlos Fabra, se disipan con esta petición", ha sentenciado.

Para el portavoz ecosocialista "el guión que seguirá el PP, cómplice desde Rajoy hasta el último militante que no pide responsabilidades, será atacar directamente a la Fiscalía, del mismo modo que si es condenado atacarán al juez, técnicas que han hecho virar a los conservadores del pretendido centro hasta comportamientos propios de un partido fascista, que se dedica a cuestionar a todos los estamentos del Estado de Derecho cuando éste no actúa a su dictado", ha censurado.

Mulet ha afirmado que Fabra ha hecho un mal irreparable a Castellón, puesto que, "además de ser un nefasto gobernante, que ha gestionado caciquilmente el dinero de todos, además de ser un defraudar de Hacienda, durante los siete años que se ha aferrado a la poltrona desde que estalló 'el caso Fabra', ha dañado la imagen de la provincia, a la que ya se relaciona con la corrupción".

"Sólo por esto ya sería suficiente por exigirla la dimisión", ha apostillado.

Desde Iniciativa se ha considerado que "mientras ha durado el escándalo del Caso Fabra, la Diputación Provincial ha sido un ente que ha costado muchísimo a los contribuyentes, y que no ha servido por solucionar los problemas de los municipios, sino que se ha practicado un clientelismo que ha desviado el dinero de todos a contados feudos del PP que egoístamente se han beneficiado de los recursos de los demás".

"Llevamos muchos meses de crisis y no hemos conocido de la Diputación ni una sola propuesta ni medida para hacerle frente. Fabra y sus segundos, también investigados por la justicia, se han dedicado a emplear la Diputación como su coraza, utilizando los recursos públicos para su defensa judicial, o el ataque; interponiendo decenas de denuncias contra la prensa y la oposición para intentar acallar el mayor escándalo de corrupción del Estado Español", ha agregado.

Por último, Mulet ha remarcado que pedir la dimisión o cese de Fabra, es clamar en el desierto porque "el PP es ya el Partido de la Corrupción, y Fabra puede ser condenado en firme y convertirlo los conservadores en casi un mártir".

"Por esto lo que esperamos es que los votantes decentes del PP se revelan y buscan alternativas frente a una casta política enquistada", ha concluido.

Compromís cree que Rajoy es "el culpable" de que Fabra continúe a pesar de estar imputado

VALENCIA.- El Grupo Parlamentario de Compromís en las Corts Valencianes ha considerado este miércoles que el líder del PP, Mariano Rajoy, es "el culpable" de que continúe al frente de su cargo Carlos Fabra "a pesar de estar imputado".

Así, el portavoz de Compromís en la cámara autonómica, Enric Morera, ha considerado, tras conocer al petición del fiscal de 15 años de cárcel para Fabra, que "está más que demostrado que el PP "se dirige desde Madrid".

"Desde allí se destituyó a Ricardo Costa y desde allí deberían de comenzar a tomar medidas para frenar los casos de corrupción que afectan al PP en el País Valenciano", ha opinado.

"Rajoy es el culpable de que continúe Carlos Fabra a pesar de estar imputado. A estos casos se han sumado Francisco Camps y José Joaquín Ripoll y la única acción emprendida por Rajoy ha sido atacar y desacreditar a la fiscalía y a la policía, en vez de afrontar la situación y comenzar a depurar responsabilidades. Si Rajoy acepta a políticos corruptos gobernando instituciones, lo mejor que puede hacer es irse a su casa", ha declarado Morera.

De igual modo, ha considerado que el presidente del PP "está inhabilitado por su falta de acción y por darle la espalda a los graves casos de corrupción que afectan a los dirigentes de su partido, especialmente a los del País Valenciano".

Según Morera, "la corrupción política vuelve a ser noticia de nuevo hoy y la protagoniza Carlos Fabra, un viejo conocido de los tribunales a quien la fiscalía pide ahora 15 años de prisión".

"El asunto es grave porque 15 años de cárcel no te los piden por saltarte un semáforo en rojo, sino por cosas más complejas", ha ironizado.

Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Fabra

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción pide que se le imponga una pena de 15 años de cárcel y una multa de 2,3 millones de euros al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública.

Los otros imputados en el denominado 'caso Fabra', instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1º de Nules --Maria Amparo Fernández, esposa de Fabra; el empresario Vicente Vilar y la mujer de éste, Montserrat Vives-- se enfrentan a penas de prisión de entre cuatro y ocho años.

En su escrito, la Fiscalía señala que en 1999 Vicente Vilar, administrador único de la firma de productos fitosanitarios Naranjax SA, y su esposa, Montserrat Vives, se pusieron en contacto con Carlos Fabra para que, valiéndose de su cargo como presidente de la Diputación castellonense, tratara de influir ante los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de dichos productos.

Añade que las actuaciones de Fabra ante los ministerios se produjeron entre los años 1999 y 2002, constando diversas reuniones tanto con responsables políticos como administrativos de los citados Ministerios y de las Cortes Generales.

En este punto, se refiere a una reunión celebrada el 12 de julio de 1999 con Fabra, el entonces ministro Jesús Posadas, y el secretario de Hacienda y diputado por Castellón Juan Costa, entre otros, en la que se trató, entre otras cuestiones, "la situación de retraso en la tramitación de licencias para la fabricación y comercialización de productos fitosanitarios y en las que se informó sobre el estado administrativo en el que se encontraban las solicitudes" cursadas por Vilar.

Asimismo, señala que Fabra realizó una tarea de intermediación "en favor no sólo de las empresas propiedad de Vilar y Vives, sino también de su esposa, y que estuvo dirigida a conseguir una mayor agilización en la concesión de licencias para la producción de productos fitosanitarios, valiéndose para ello de sus relaciones con Miguel Vicente Prim y Vicente Sánchez Peral, que era subdelegado del Gobierno en Castellón, y llegando a mantener reuniones con el director del gabinete de Presidencia, Alfredo Timermans del Olmo, y con la ministra de Sanidad, Celia Villalobos"

Además, la Fiscalía apunta que en abril de 2000, Carlos Fabra constituyó una sociedad (Carmacas SL) de la que era administrador único y titular del 90% de participaciones sociales y que utilizó parte de su facturación para "ocultar los pagos" realizados por Vicente Vilar.

El escrito también refleja que durante el período 1999 a 2004 Carlos Fabra y María Amparo Fernández "tuvieron ingresos que fueron ocultados a la Hacienda Pública, los cuales no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados".

De este modo, especifica que en 1999 los ingresos no declarados de Fabra fueron de 518.388 euros; de 328.520 euros en 2000; de 295.317 en 2001; de 369.876 en 2002; 358.256 en 2003 y 217.212 en 2004 (algo más de dos millones de euros en total). En el mismo período, constan ingresos no declarados de su esposa por valor de unos 1,6 millones.

Dicha "ocultación de ingresos", apunta la Fiscalía, dio lugar a que fueran "defraudados" a la Hacienda Pública diversas cantidades anuales, todas ella superiores a 120.000 euros. En el caso de Fabra estas fueron de 253.254 euros en 1999, y de 158.976, 141.302, 174.836 y 158.105 en los sucesivos ejercicios hasta 2003. Igualmente, las cifras de Fernández alcanzaron entre 1999 y 2003 los 162.295 euros, 145.835, 124.963 y 153.276 euros.

Por todo ello, el fiscal considera que Carlos Fabra es autor de los delitos continuados de tráfico de influencias y cohecho y de otros cinco contra la Hacienda Pública. Por su parte, a María Amparo Fernández se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública y a Vicente Vilar y Montserrat Vives, un delito de cohecho.

En concreto, el fiscal pide para Fabra un año de prisión por el delito de tráfico de influencias y cinco de inhabilitación para empleo o cargo público; por el de cohecho cuatro años de prisión, multa de 600.000 euros, 10 de inhabilitación especial para cargo público, así como comiso de las cantidades percibidas.

Por los delitos contra la Hacienda Pública demanda, por el correspondiente a 1999, dos años de prisión y multa de 500.000 euros; por el del año 2000, dos años de cárcel y 3000.000 euros de multa; por el de 2001, dos años de prisión y 350.000 euros; dos años de prisión más y 350.000 euros por el delito de 2002 y otros años de cárcel y 300.000 euros por el correspondiente a 2003.

Para María Amparo Fernández, la petición de cárcel es de ocho años y multa de 1.186.000 euros. En el caso de Vicente Vilar, solicita cuatro años de prisión y multa de 600.000 euros, lo mismo que para Montserrat Vives.

Carlos Fabra y María Amparo Fernández también deberán indemnizar a la Hacienda Pública en las mismas cantidades que supuestamente defraudaron más los intereses correspondientes devengados desde el último día de presentación voluntaria de las declaraciones fiscales.

Por último, la Fiscalía pide en su escrito que se proceda a formar pieza de responsabilidad civil para asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas tanto de la defraudación tributaria a la Hacienda Pública, como de la correspondiente multa e intereses de demora, como del resto de delitos imputados.

Malestar en la CAM por los acuerdos que su presidente alcanzó en el SIP con Cajastur

ALICANTE.- Caja Mediterráneo (CAM) tiene problemas fuera y dentro. El Banco de España dio el pasado viernes a la entidad alicantina una semana para sumarse sin peros a la fusión fría con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Esto se produjo después de que su Consejo aprobara respaldar el SIP (Sistema Institucional de Protección) excepto en lo referente a la delegación de las facultades en el consejero delegado de la nueva entidad, cargo previsto para Manuel Menéndez, presidente de la caja asturiana.


Pero la CAM tiene otro frente interno abierto. En el Consejo de Administración hay un fuerte malestar con su presidente, Modesto Crespo, al que se considera el único beneficiado en la negociación de las condiciones del SIP, recuerda hoy 'El País'.

La CAM pactó una participación en el SIP del 40%, la misma que Cajastur, mientras que Caja Extremadura supondrá el 11% y el 9% restante Caja Cantabria. Unos porcentajes que se reflejarán en los nombramientos de los 12 miembros del futuro Consejo de Administración. El presidente de la nueva entidad sería Modesto Crespo y el consejero delegado Manuel Menéndez.

El acuerdo incluyó que Menéndez y Crespo ocuparan sus puestos seis años prorrogables a otros tantos, salvo que el Consejo decida lo contrario por unanimidad. Esta condición, con el equilibrio de poderes previsto, blinda en la práctica la presidencia de Crespo en la que será la tercera caja de ahorros española y la quinta entidad financiera.

Pero además, el acuerdo también prevé que Menéndez tenga la potestad de nombrar al equipo directivo de la nueva entidad hasta el segundo nivel, lo que incluye al actual director general de la CAM, Roberto López, que en el proceso negociador se ha perfilado como uno de los dos futuros directores generales.

Modesto Crespo fue designado para la presidencia de la CAM en junio del año pasado y cuenta con el respaldo del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, del PP, cuya ausencia en todo el proceso de fusiones vivido por las cajas de ahorros ha recibido numerosas críticas.

El próximo lunes, previsiblemente, se celebrará la reunión de Consejo de Administración de la CAM que debe fijar la postura definitiva de la caja sobre el SIP, según aseguraban ayer fuentes financieras.

Las mismas fuentes advierten de que aunque en este foro pueda expresarse el malestar existente con Crespo, será en la asamblea general prevista para el próximo mes de septiembre cuando las discrepancias con su gestión se materializarán.

La CAM celebrará el lunes un Consejo de Administración para "tratar" el SIP

ALICANTE.- El Consejo de Administración de Caja Mediterráneo (CAM) celebrará el próximo lunes una reunión en la que se "tratará" el Sistema Institucional de Protección (SIP) junto a Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria.

Así lo han anunciado hoy fuentes de la entidad alicantina, que han explicado que el Consejo de Administración es de carácter "ordinario" y han señalado que en el orden del día se ha incorporado, entre otras cuestiones, la propuesta de abordar el SIP junto a las otras tres instituciones financieras.

Este Consejo de Administración tendrá lugar después de que el pasado viernes el Banco de España se reuniera con CAM para tratar de salvar su alianza en el SIP liderado por Cajastur.

La mayoría del consejo de administración de la CAM no teme que el Banco de España pueda abrir un expediente sancionador a este órgano porque "no ha habido ni directrices ni notificación alguna al consejo de la CAM por parte del supervisor.

"Todo está dentro de la normalidad", añaden y confían que, finalmente, el SIP que la entidad ha decidido formar con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria "salga adelante", a pesar de las dificultades y la fase crucial en que se encuentra en estos días por las pretensiones del que será su futuro consejero delegado y presidente de Cajastur, Manuel Menéndez.


El asturiano reclama poderes irrevocables durante los doce años que duraría su mandato, pero se ha encontrado con la oposición unánime del consejo de la CAM, que el pasado jueves rechazó aceptar estas exigencias, que no estaban en el protocolo de intenciones, y que, ahora, la entidad asturiana quiere incluirlas en el contrato definitivo del SIP, que presidirá el mandatario de la CAM, Modesto Crespo, por doce años, al igual que Menéndez, tal y como figura en el preacuerdo (seis años prorrogables a otros seis, si no hay acuerdo sobre su sustituto).

El consejo sí aprobó el documento de integración, excepto los términos referidos a la delegación de facultades al consejero delegado. La réplica de Cajastur fue manifestar que el SIP "estaba en peligro".

Las cuatro entidades mantienen esta semana intensas reuniones para desbloquear la situación y alcanzar un acuerdo. Las negociaciones se cree que se prolongarán en los próximos días para abordar el contrato del SIP.

En el seno del máximo órgano de la CAM confían en que las negociaciones se reconduzcan e insisten en que el rechazo unánime expresado por el consejo sobre las excesivas atribuciones que reclama Cajastur debe mantenerse.

"Hay que seguir adelante", subrayan varios vocales. Los consejeros repiten que las condiciones impuestas por el futuro ejecutivo del nuevo banco que se cree no sólo van en contra del código de buen gobierno, sino que rompen el equilibrio de poder establecido en el protocolo aprobado en mayo y que reparte a partes iguales la participación en el SIP entre CAM y Cajastur, que lideran la operación. Ambas tendrían un 40% en el "holding", mientras que la extremeña y la cántabra tendrían un 11% y 9%, respectivamente.


El acuerdo adoptado por Caja Mediterráneo el pasado jueves fue respaldado ampliamente por los sectores empresariales, sociales y políticos de Alicante, especialmente el PP.

La entidad alicantina no está conforme con dejar el poder del grupo resultante en la figura del consejero delegado, que no es otro que el presidente de la asturiana, Manuel Menéndez, pero reafirma su voluntad de formar un SIP junto a Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria.

A este respecto, las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo satisfactorio entre las partes continúan.

El Banco de España defiende la necesidad de resolver las diferencias, dada la bondad de esa operación para todas las partes implicadas, que crearía la tercera caja de España, con 135.000 millones en activos y más de 2.000 oficinas.

Buena parte de los consejeros de CAM, que preside Modesto Crespo, pensaban que el contrato del SIP que sancionaron la semana pasada todos los integrantes concedería a la caja asturiana un poder absoluto e irrevocable sobre el nuevo grupo, por lo que decidieron rechazar el punto relativo a la cesión de facultades al consejero delegado.

CAM, Grupo Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria decidieron el pasado 24 de mayo crear un SIP.

De materializarse, ello daría lugar al tercer grupo financiero de cajas de España y el quinto grupo del sector financiero español, con un volumen de activos superior a los 135.000 millones de euros y un volumen de negocio en torno a 160.000 millones de euros.

Así, cada caja mantendría su personalidad jurídica y su implantación regional de negocio minorista, así como sus órganos de gobierno y obra social independientes, si bien pondría en común las políticas de riesgos, tesorería, calificación crediticia, control interno y requerimientos regulatorios.

Caja Mediterráneo asciende nueve puestos en el ranking de entidades por fortaleza financiera y se sitúa como la 133 del mundo

LONDRES.- La prestigiosa revista ‘The Banker´, del grupo Financial Times, ha situado a Caja Mediterráneo en el puesto 133 del ranking de las 1.000 entidades financieras más solventes del mundo, según ha publicado en su edición especial de julio de 2010.

Esto supone una mejora de nueve posiciones respecto al ranking publicado en 2009, en el que CAM ocupó el puesto 142, tras haber mejorado también su posición en 15 puestos, lo que cobra especial relevancia teniendo en cuenta el actual contexto de crisis financiera internacional.

Asimismo, Caja Mediterráneo se mantiene como octava entidad financiera a nivel nacional, según el ranking de ‘The Banker´.

El aumento de un 28% hasta casi 7.000 millones de $USA, con los que Caja Mediterráneo cuenta en el "capital Tier 1", base sobre la que la revista elabora anualmente el ranking, es el que justifica el avance del Grupo CAM en el ranking.

La revista financiera ‘The Banker´ publica este ranking hace más de 40 años, tomando como base los activos fijos, rentabilidad, solidez, solvencia y fortaleza financiera de las entidades financieras a nivel global.

El estudio sirve de guía para inversores, analistas e instituciones financieras en todo el mundo.

http://www.thebanker.com/news/categoryfront.php/id/961/Top_1000_World_Banks.html