VALENCIA.- El diputado y portavoz adjunto de EUPV en LAs Corts, Ignacio Blanco,
ha informado que el importe total de los servicios de
asistencia jurídica contratados por las 'conselleries', empresas
públicas, entes y fundaciones de la Generalitat desde 2006 hasta este
año asciende a 11,6 millones de euros.
En un comunicado, denuncia la cuantía que suman esos contratos "a pesar de contar con la Abogacía General de la Generalitat, con una plantilla de 134 personas, de las cuales 80 son letrados".
A su juicio, el Consell "ha abusado de la contratación externa de estos servicios"
para dar "negocio a sus amigos, que conforman una oligarquía de
despachos privados financiados generosamente con fondos públicos, a
cambio de informes favorables a los intereses del PP".
Blanco sostiene que la externalización de estos servicios por parte de la Generalitat "es un derroche en toda regla de los recursos públicos".
"Es injustificable no sólo que no se aprovechen los recursos que ya
tiene la Generalitat, sino que además los contratos sean casi siempre
con cuatro o cinco empresas concretas", recalca.
Al respecto, apunta que ese hecho, "indudablemente", les "hace
pensar que son éstas las empresas que están marcando al Consell la
política sobre el sector público empresarial valenciano".
Blanco detalla que, según datos de la Generalitat, constan 89
contratos por parte de 'conselleries' y 418 de fundaciones, entes y
empresas públicas desde 2006, por importe de 2.446.835 euros y 9.172.911
euros, respectivamente. De ese modo, recalca que la Generalitat ha
gastado un total de 11.619.746 euros en asistencia jurídica externa de
2006 a 2012, de acuerdo con "datos certificados por el vicepresidente del Consell, José Císcar".
El diputado señala que "lo que puede estar haciendo presuntamente
el Gobierno valenciano es favorecer a una serie de empresas, alguna de
las cuales, como Broseta, está incluso dirigida por el hermano del número 2 de la Conselleria de Economía".
"Nos da la impresión que el PP ha entendido la administración
valenciana como su cortijo, desde el cual puede dar negocio a sus amigos
a cambio de informes favorables a sus intereses políticos, como pude
comprobar personalmente en el caso de las torres de Calatrava", afirma
Blanco.
El parlamentario adjunto de Esquerra Unida exige que todos los
informes jurídicos de las 'conselleries' y empresas públicas sean "emitidos por funcionarios públicos, con todas las garantías de independencia y legalidad".
En este sentido, incide en que "no es razonable de ninguna de las
maneras que se contraten los servicios jurídicos de fuera cuando la
Generalitat dispone de personal para realizar estas tareas", a lo que
agrega que, "en todo caso, si hicieran falta más recursos, lo más lógico sería ampliar la plantilla de abogados de la Generalitat".
