Barberá rememora sus vivencias como periodista de Gobierno Civil en su versión del 23-F en Valencia

VALENCIA.- La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha recordado este miércoles sus vivencias como periodista del Gobierno Civil de Valencia, el 23 de febrero de 1981, cuando se produjo el intento de golpe de Estado, dando su versión de lo que dice ser testigo en aquella histórica fecha. 

   "Yo ejercía como periodista y estaba pluriempleada. Trabajaba en la Confederación Empresarial Valenciana y en Gobierno Civil" ha comenzado a relatar Rita Barberá, quien ha explicado que ese día, del que hoy se cumplen 30 años, se encontraba con el entonces presidente de la CEV, Vicente Iborra, escuchando la radio, pendientes de la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno cuando escuchó los disparos y la famosa frase de "todos al suelo".

   De inmediato, recibió la llamada de su otro jefe, el entonces Gobernador Civil de Valencia, José María Férnandez del Río, quien le solicitó que se fuera al Palacio del Temple, sede de Gobierno Civil, a la que también se dirigía, en ese momento, el Gobernador Militar de Valencia, el General Caruana.

   "Llegamos al mismo tiempo --ha continuado--, el General Caruana subió al despacho del Gobernador Civil en el ascensor y yo, que no sabía muy bien lo que estaba pasando, accedí por las escaleras, a las dependencias colindantes al despacho del Gobernador, donde estaba su secretario, Ximo Escribá, el mejor taquígrafo que había entonces en Valencia, que se llamaba Enguidanos, y el ayudante del General Caruana, que ante mis preguntas, nos tranquilizaba".

   "De repente, Enguidanos nos dijo que había llegado un bando tremendo y empezamos a oír por la radio a Palmer, un periodista, que leía ese bando con las ordenes del entonces Capitán General de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, con la anulación de los partidos políticos y el decreto del Estado de Sitio", ha agregado.

   "Entonces --ha continuado-- Ximo Escribá solicitó a Enguidanos que tradujera detalladamente el bando, que, de inmediato, sin encomendarnos a nadie, abrimos la puerta del despacho del Gobernador Civil, donde también estaba el General Caruana, y se lo comunicamos. Luego salimos del despacho y ya no sé más".

   La alcaldesa también ha recordado cuando, poco después de conocer el contenido de ese bando, aparecieron los tanques en los jardines que se encuentran a las puertas de la actual Delegación del Gobierno, uno de los cuales se situó apuntando a la puerta principal.

   Entrada la noche, ha finalizado Barberá, el Gobernador Civil, conocedor de mi situación familiar, con un padre, que era director de un periódico llamado 'Jornada' (en referencia al viejo falangista don José Barberá Armelles),  al que habían ido militares, y una madre, pendiente de su marido y de su hija, me dijo que me fuera a casa, desde donde le llamé varias veces y pude hablar con él, sin problemas".

   Si bien, ha resaltado, "fue muy importante el papel que desempeñó Maribel, la mujer del Gobernador Civil, que habló con su marido, que estaba con Caruana, pero no secuestrado, y pudo pasar noticias de él al único personaje civil que se había quedado fuera del Congreso, el Director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, que se puso al frente de un Gobierno provisional de Subsecretarios, que asumió las funciones del Ejecutivo secuestrado en Las Cortes".

   Por último, "sé que entró en el despacho del Gobernador Civil, el Secretario de Gobierno Civil, Rafael Oliver, y le puso al General Caruana la Constitución encima de la mesa", ha concluido.

(Imagen de www.elperiodic.com)

El Gobierno debe dejar caer algunas cajas para evitar los errores de Irlanda, según The Financial Times

LONDRES.- El Gobierno español debe dejar caer a algunas cajas de ahorros para evitar los errores cometidos por Irlanda, que ha dado cheques en blanco a las entidades a costa de los contribuyentes, según un artículo de opinión del 'Financial Times'.

   Esta medida supondría un paso adelante en las medidas que el Gobierno español está dispensando "al obsoleto mundo de las cajas de ahorros bajo control político", considera el diario británico.

   Además, "podría servir de ejemplo para otros países europeos" con sectores financieros parecidos y para dejar que los acreedores compartan las pérdidas, dice.

   El 'FT' alaba las medidas adoptadas por el Gobierno en materia financiera, como el reciente decreto ley de Reforzamiento Financiero, por considerar que sus esfuerzos para enderezar el sector "lo sitúan por delate del resto de Europa y están comenzando a dar resultados".

   Al igual que Irlanda, el error económico en España fue dejar que el capital extranjero barato espoleara el 'boom' inmobiliario, y al igual que en dicho país, el riesgo se apiló en los bancos, "especialmente en el opaco y politizado sector de las cajas", dice.

   No obstante, 'FT' destaca que los reguladores españoles "nunca abdicaron de sus responsabilidades" como hicieron sus homólogos irlandeses, y sostiene que los colchones contracíclicos para afrontar pérdidas y las provisiones en general evitaron "la corrosión tóxica" de los balances de las entidades.

   "El Gobierno acaba de dar otro paso para limpiar cualquier podredumbre en las cajas de ahorros", incide el diario. Después de elevar los requisitos de transparencia, España aprobó un decreto que fuerza a las cajas a recapitalizarse por su cuenta antes de que acabe el año hasta ratios de capital del 10%, "lo que supone endurecer y adelantar las exigencias de la regulación internacional de Basilea III", indica.

   A su parecer, "más capital es la mejor medicina contra las pérdidas", pero "el caso es encontrarlo". En este sentido, recalca que el Banco de España tiene instrumentos para forzar a las cajas  a elevar su capital y someterlas a mayor control, pero avisa de que si los inversores privados no aparecen, el Estado deberá inyectar capital.

   El pronóstico tanto para las cajas de ahorros como para el bolsillo público dependerá de cómo de malas resultan las pérdidas al final, dice el diario.

   El Banco de España "está realizando un valiente esfuerzo para calmar los nervios de los mercados" con un reflejo de la situación de las cajas, dice el diario, partidario de que los gobiernos se den cuenta de la necesidad de decir la verdad a los mercados.

   No obstante, el artículo considera que "hay lugar para el escepticismo", porque las estimaciones de pérdidas potenciales del instituto emisor español descansan sobre los "laxos" test de estrés realizados en Europa.

Once cajas en riesgo

Once cajas de ahorros, incluidas las que ya han recibido apoyos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pueden necesitar capital adicional para cumplir con los nuevos requisitos legales, según Standard & Poor's (S&P), que pronostica nacionalizaciones y cifra los activos problemáticos del conjunto del sistema financiero español en 230.000 millones de euros.

   La estimación de necesidades de capital del sistema financiero español que hace la firma se sustenta únicamente en si las entidades cuentan con presencia de inversores privados en al menos la quinta parte de su capital. Este es uno de los requisitos para entrar en el grupo al que se exige un 8% de capital sobre los activos ponderados de riesgo, en vez del 10%.

   S&P prevé que, a la luz de las dificultades de salir a bolsa en el plazo máximo establecido por el Gobierno, hasta marzo de 2012, y de recapitalizarse, algunas entidades financieras "no lograrán cumplir con las exigencias regulatorias y necesitarán recursos públicos".

   En su informe sobre la reestructuración de las cajas de ahorros, S&P considera que algunas entidades no lograrán elevar el capital por sus propios medios, por lo que contempla la posibilidad de que el Estado entre en el capital de "una porción del sistema financiero".

   Tras destacar los potenciales beneficios a corto plazo de la nueva norma de capital sobre la confianza del mercado, S&P advierte de que convertir al Estado en accionista de la banca "puede introducir distorsiones en las dinámicas del mercado y resultar negativo para el conjunto del sistema financiero español".

   La firma indica que la estimación de capital adicional necesario de menos de 20.000 millones de euros -realizada por el Gobierno a partir de cálculos del Banco de España- para cumplir con los nuevos requisitos de capital establecidos "es razonable" y coincide con la suya.

   Concretamente, los cálculos de S&P elevan las necesidades de capital del sistema financiero español a 35.000 millones de euros, pero esta cifra incorpora los 11.500 millones de euros que ya han recibido algunas entidades a través del FROB, por lo que encaja con la del Ejecutivo.

   La presión para elevar el capital que introduce el decreto ley de Reforzamiento del Sistema Financiero provocará más consolidación en el sector, proceso que podría englobar tanto a entidades financieras españolas como extranjeras, subraya.

   La norma que fija mayores requisitos de capital llevará la transformación del sistema financiero español un paso más allá y conducirá a una remodelación aún más profunda del sector, ya que acelerará la conversión de cajas en bancos y su cotización, estima.

   Aunque la consolidación será beneficiosa para el sector en su conjunto, ya que limará el exceso de capacidad instalada y permite a las cajas captar capital, "el reto de estas entidades será emerger como jugadores eficientes y competitivos" en el nuevo terreno de juego, dice.

   A su parecer, la concentración del negocio y el mayor enfoque en la reducción de costes llevará a una reducción del exceso de capacidad, lo que resulta esencial tanto para las cajas como para el conjunto del sistema financiero español ante las perspectivas de un menor crecimiento a medio plazo.

   En otro informe sobre las perspectivas del sector financiero, S&P advierte de que la morosidad tocará su nivel más alto antes del final del ejercicio, y cifra en 230.000 millones de euros los activos potencialmente problemáticos del sistema financiero a finales de 2010. Según el Banco de España, los activos problemáticos se elevan a 181.000 millones al cierre del primer semestre. 

2011, difícil

   La firma advierte de que 2011 será un año difícil para el sistema financiero español, que "deberá saltar muchas vallas", por lo que mantiene la perspectiva negativa sobre los rating a largo plazo de las entidades españolas, si bien apunta a que el panorama mejorará de forma gradual en 2012 al calor de la recuperación económica.

   S&P detecta frágiles niveles de confianza de los inversores internacionales y, en consecuencia, aventura un acceso caro y limitado a los mercados de financiación mayorista que solo lograrán capear las entidades más grandes y eficientes, que aprovecharán las ventanas que se abran en el mercado.

   Estas dificultades de acceso a la financiación y liquidez para muchas entidades españolas no dispararán las solicitudes de préstamos al Banco Central Europeo (BCE) o la emisión de deuda con aval del Estado, sino que más bien provocarán la venta de activos y la oferta de depósitos atractivos, aventura.

   Las entidades españolas también deberán encarar este año el descenso de los volúmenes de crédito, lo que pesará en sus resultados, así como la débil rentabilidad operativa a causa del esfuerzo en provisiones en costes de financiación.

Fitch considera que las provincias españolas deberían tener más capacidad para imponer impuestos

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings defiende la "sólida ejecución presupuestaria agregada" de las provincias españolas, pero considera que podrían beneficiarse de algunos cambios en su financiación, que incluyan una mayor capacidad para imponer impuestos. 

   En un informe especial sobre la administración provincial española, Fitch señala que esta buena ejecución está apoyada por una fuente de financiación "estable y predecible" y por su capacidad para ajustar el gasto, algo que ha sido clave para mantener un bajo nivel de endeudamiento.

   "Sin embargo, Fitch cree que las provincias se beneficiarían de fuentes más diversificadas de financiación, incluida una mayor capacidad para establecer impuestos, y de un ámbito de responsabilidades mayor y más claro que podría aportar beneficios adicionales", defiende.

   En este sentido, la agencia de calificación crediticia explica que la mayor parte de la financiación depende de las transferencias garantizadas por el Estado español, ya que hoy en día las transferencias corrientes representan alrededor del 75% de sus actuales ingresos.

   Asimismo, subraya que las autonomías españolas tienen poca autonomía sobre los ingresos y un poder limitado en lo relativo a los impuestos, que se ve compensadao por el hecho de que sus gastos sean en gran medida discrecionales, ya que su principal misión es ayudar a los municipios de su territorio.

   En opinión de Fitch, la estabilidad en los ingresos, juntoa  la flexibilidad del gasto, se ha traducido en una situación presupuestaria saneada. De hecho, las administraciones provinciales mantuvieron un superávit anual de 1.700 millones de euros en el periodo comprendido entre 2004 y 2008. En este contexto, la deuda permaneció baja y estable alrededor de los 3.000 millones de euros a finales de 2008 con unos ratios "excelentes".

   "Fitch considera que, después de la crisis de la economía española, los ingresos se han reducido, lo que significa que es probable que la ejecución presupuestaria se haya debilitado ligeramente. Datos actualizados muestran que la deuda ha aumentado ligeramente hasta los 3.900 millones de euros en el tercer trimestre de 2010", añade.

   Por otro lado, remarca que las administraciones provinciales españolas, la mayoría de régimen común, presentan "perfiles heterogéneos". Una de las principales razones de este hecho es su papel discrecional en el gasto, debido a la falta de claridad en sus responsabilidades, que ha llevado a las provincias a desarrollar una amplia gama de servicios con diferentes costes.

   A modo de ejemplo, la agencia apunta que el gasto per capita varía entre los 570 euros de Soria y los 138 euros de Barcelona, mientras que la deuda por habitante oscila entre los 451 euros de Teruel y los 13 euros de Ciudad Real.

La Fiscalía pide al juzgado que archive la 'causa del amianto' y sugiere que se reclamen compensaciones por la vía civil

VALENCIA.- El fiscal decano de Siniestralidad Laboral de Valencia, Jaime Gil, ha solicitado al juzgado de Instrucción nº 12 de Valencia que archive la causa abierta por nuevos afectados por el amianto en Unión Naval de Levante --ahora Unión Naval de Valencia-- al tratarse de hechos "ya enjuiciados y sentenciados", y ha afirmado que las compensaciones pertinentes se pueden reclamar por vía civil o social.

   El fiscal ha remitido un escrito al juzgado de Valencia en referencia a las diligencias abiertas tras la denuncia interpuesta por el fallecimiento y las lesiones de nuevos trabajadores por presunta exposición al amianto cuando trabajaban en la Unión Naval de Levante.

   Esta denuncia tiene su origen en el "incumplimiento" de los acuerdos extrapenales --pactados hace dos años-- de creación de un protocolo mediante el cual víctimas "posteriores" pudieran acogerse a indemnizaciones, siempre y cuando quedase acreditada su patología y su origen con la inhalación de amianto en los astilleros. La empresa rechazó la relación causal de la patología de 27 afectados con su origen en la inhalación de amianto.

   El acusador público recuerda en su escrito, con fecha de hoy miércoles, que ya hubo una instrucción "compleja" desde que en 2006 se denunciara que en la Unión Naval de Levante, que se transformó luego en Unión Naval de Valencia --pasando a la nueva empresa la totalidad de la plantilla-- muchos trabajadores habían fallecido durante las últimos años sucesivos o habían contraído una patología pulmonar relacionada con el amianto.

   Esta investigación permitió constatar que la Unión Naval de Valencia, que sabía que antes y después de la sucesión empresarial se utilizaba el amianto en la construcción y reparación de buques, no realizó un control ambiental de las partículas de amianto, ni controles médicos periódicos para estos trabajadores expuestos.

   Tampoco se pusieron medios de extracción de fibras de amianto en los buques, ni mascarillas adecuadas, ni protocolos para la limpieza especial de ropa y zonas donde estaba presente el polvo del amianto, por lo que la exposición en estas condiciones al amianto "determinó el fallecimiento de trabajadores".

   Una calificación y posterior sentencia de conformidad dictada en 2009 con condena a sus responsables, permitió integrar en la misma a prácticamente todos los perjudicados personados, tanto los que trabajaron sólo para Unión de Levante como para los que siguieron prestando servicio para la Unión de Valencia.

   Esto fue así porque se consideró que la Unión de Valencia, única empresa a la que se acusó, también incumplió su obligación de reconocimiento médico post-ocupacional con los trabajadores de Unión de Levante que habían estado expuestos a la utilización de amianto en una época anterior. Ello permitió, pese a no acusar a la Unión de Levante formalmente, integrar a los empleados que sólo prestaron servicios para aquella mercantil.

   Ahora, el fiscal entiende que en las diligencias abiertas en el juzgado, son objeto de denuncia "de los mismos hechos que ya fueron enjuiciados y sentenciados", respecto a las mismas personas responsables, pero referidos a nuevos posibles afectados de la misma patología, que por el motivo de estar latente, no se ha manifestado hasta ahora o no se presentaron en las anteriores actuaciones.

   Así, considera que la 'cosa juzgada' se proyecta en este caso como una "realidad incuestionable", sin perjuicio de que en la esfera civil o social puedan exigirse las compensaciones que se consideren pertinentes.

   El acusador público recuerda que la 'cosa juzgada' se define como "toda cuestión que ha sido resuelta ya en juicio contradictorio por sentencia firme de los tribunales de justicia, cualquiera que sea el orden jurisdiccional y a la clase a que éstos pertenezcan". Tiene efectos formales y materiales, tanto por su firmeza y su efecto para terceros ajenos a la relación jurídica, así que es inamovible.

   De esta manera, el fiscal recoge que dado que la jurisprudencia considera que la institución de la 'cosa juzgada' se encuadra dentro de las cuestiones de orden público y, por ello, puede ser alegada en cualquier momento procesal, e incluso de oficio por el órgano judicial, es por lo que solicita que se decrete el archivo de las presentes actuaciones. Lo contrario, según expone, es "someter a los ya condenados a una suerte de enjuiciamiento permanente a medida que vayan poniéndose de manifiesto nuevos afectados".

Blanco iniciará en abril el 'road show' destinado a drenar el 'stock' de viviendas

MADRID.- El ministro de Fomento, José Blanco, viajará a Londres en el mes de abril para iniciar el 'road show' con el que el Gobierno tratará de ganarse la confianza de los inversores y drenar el 'stock' de viviendas sin vender.

   Así lo avanzó la secretaria de Estado y Actuaciones Urbanas, Beatriz Corredor, durante su comparecencia en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, en la que indicó que, por el momento, Fomento está realizando un estudio previo para analizar el resto de los países que se visitarán en esta agenda de contactos con inversores.

   De momento, Corredor desveló que "muy probablemente" el 'road show' se centrará en Europa continental, aunque también se evaluarán otros mercados que puedan resultar de interés.

   Según dijo, en una segunda fase, a partir de mayo o junio, Fomento pondrá en marcha una "misión comercial", con una previa selección de productos inmobiliarios que cumplan unos requisitos y exigencias mínimas de legalidad jurídica, urbanística y de calidad, a través de una evaluación a la que voluntariamente podrán someter sus productos los promotores interesados.

   Corredor calificó esta iniciativa de "inédita" y confirmó que está llamada a "reestablecer y mejorar la confianza de los inversores" y lograr "drenar" el excedente de viviendas.

Pajín y Alarte se enfrentan por la lista autonómica / David Lozano

El pulso y distanciamiento que habían protagonizado Leire Pajín y Jorge Alarte al poco de acceder éste a la secretaría general del PSPV-PSOE ha cerrado este fin de semana lo que bien podría ser el último capítulo ya que van camino de conducir al socialismo valenciano directamente a la hecatombe o la escisión.

La excusa perfecta para escenificar lo que es ya una cruenta guerra ha sido la confección de las listas autonómicas de Alicante, Castellón y Valencia para las elecciones del 22 de mayo. En las tres provincias ha habido escándalo, por uno u otro motivo, y en las tres circunscripciones la situación hoy en día es caótica por las luchas internas suscitadas por el afán de administrar la derrota en forma de un sillón –al precio que sea- remunerado en la Cámara autonómica.

Vamos por partes. En Alicante, la secretaria general de la provincia, Ana Barceló –amiga de Leire Pajín- ha seguido a pies juntillas las instrucciones de la ministra de Sanidad y ni tan siquiera ha presentado lista al mandar el nombre de los 128 "candidatos" propuestos por las distintas agrupaciones comarcales. Un sorprendente órdago que ha caído como una bomba en el entorno de Jorge Alarte y más todavía al escuchar las perlas que como explicaciones ha lanzado la dirigente alicantina: "se ha faltado el respeto al proceso", "los militantes se han sentido ninguneados" o que "se habían presentado listas precocinadas antes de escuchar la opinión de la militancia". En Valencia todavía no han reaccionado al "bofetón" alicantino.

En Castellón, Jorge Alarte sí ha cogido las riendas y, como siempre que toma la iniciativa, ha sido para mal. Alarte ha manejado al líder provincial de la Plana, Francesc Colomer, para que éste envíe una lista autonómica con la exclusión del histórico Ximo Puig. Alarte sacrifica un valor electoral del socialismo valenciano por su afán de venganza con Puig en la pugna de ambos por liderar el PSPV.

Con la purga del de Castellón el secretario general de los socialistas valencianos también se carga el tácito pacto de "colaboración" que había suscrito con Joan Lerma y presenta una candidatura mediocre, sin tirón y que incluye a nombres que repiten como Clara Tirado o María José Salvador.

En Valencia, Alarte ha actuado casi de forma dictatorial y destacan las exclusiones, así se carga a Joan Ignasi Pla (que queda a la espera de destino posiblemente en el Consell Jurídico Consultivo) y corta la cabeza del lermista Toni Such.  

Alarte también "se limpia" a los afines a Puig; Vicent Sarrià, y Jeannette Segarra. Es su lista y así lo ha querido demostrar ahora con la inclusión, por ejemplo, de su jefe de Gabinete, Josep Moreno. Una incorporación que ha sembrado la sorpresa en el PSPV y ha llenado de indignación a gran parte del socialismo en la provincia. 

También coloca a sus más fieles: Cristina Moreno, Francesc Signes o Carmen Ninet.

Antonio Asunción define a Alarte como puro instrumento del ministro Blanco

VALENCIA.- El exministro Antonio Asunción ha manifestado que el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, quiere a la Comunitat Valenciana "para ordeñar sus votos orgánicos" y que el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, es "su instrumento". A Blanco "le preocupa poco el peso del partido en la sociedad" valenciana, ha remarcado.

   Antonio Asunción se ha pronunciado así tras ser preguntado sobre quien cree que tiene más responsabilidad en relación a su suspensión cautelar de militancia, si el líder del PSOE valenciano, Jorge Alarte, o el ministro José Blanco.

   En este sentido, el exministro del Interior ha respondido que "van de la mano" porque "Alarte sin Blanco no da un paso", por tanto, ha dicho, "ambos son corresponsables" de su situación en el partido. "No creo que Alarte dé un paso sin consultar", ha destacado.

   Preguntado sobre si tiene pensado fundar un nuevo partido, Asunción ha explicado que, "de momento, no", ya que "ahora hay que agotar los plazos" --ha dicho en relación a que el próximo 29 de marzo tiene un juicio contra el PSOE por un supuesto pucherazo en las primarias-- e "intentar cambiar las cosas desde dentro". No obstante, ha aseverado que si esto "no fuera posible" y "si se empeñan" pues "ya lo pensaremos", ha remarcado.

   Asimismo, ha señalado que es "un mal menor" el daño que pueda estar haciendo al PSOE "respecto a lo que se puede ganar si quedan en evidencia aquellos que subvierten la norma establecida de democracia interna", ya que, en su opinión, "se contribuye más en positivo" sacando a la luz este asunto "que el desgaste que les pueda producir en un campaña electoral", ha apuntado.  

   En relación a la democracia interna de las formaciones políticas, Asunción considera que los partidos se tienen que "abrir a la sociedad" porque "en España el esquema de los partidos es del siglo XIX".

"Ahora, con una generación joven, no podemos mantener este esquema. Hay que reinventarlos", ha añadido.

    Sobre la estrategia de oposición del PSPV sustentada en el caso Gürtel, el exministro la ha tildado de "error gravísimo", ya que "ya está en los juzgados y el juez dirá". A partir de ahí, ha continuado, "hay aportar ideas" y "demostrar que eres mejor que el que está en el poder".

"Tienes que ser muy brillante, ilusionar y decir cosas, y es lo que yo no veo en Alarte. Por eso me presenté, si hubiera considerado que era un fenómeno, lo hubiera apoyado", ha resaltado.

   Preguntado sobre qué le parece el ex diputado nacional Francesc Romeu como secretario general del PSPV, Asunción ha destacado que tiene "muchas condiciones". En su opinión, "tiene fuerza, empuje y un buen discurso", por lo que "sería un buen candidato" a la Presidencia de la Generalitat valenciana.  

   Sobre si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, debe ser candidato, ha afirmado que "es cosa suya" aunque ha explicado que "tiene un desgaste" y "que cambiar candidato podía dar otro ánimo a aquellas personas que no piensan ir a votar y, a lo mejor, con otro candidato, votan". Para Asunción, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sería "un magnífico candidato".

Puig dice que su ausencia en la lista autonómica es "irrelevante"

VINAROZ.- El alcalde de Morella, Ximo Puig, ha asegurado este miércoles en Vinaròs que su ausencia en la lista autonómica del PSPV es "irrelevante" porque "lo importante en estos momentos es hacer un equipo que sea capaz de intentar proyectar a la sociedad valenciana la necesidad de cambio".

   Considera que el secretario provincial del PSPV de Castellón, Francesc Colomer, tiene que encabezar la lista y ante la posibilidad de que dimita si finalmente se cambia le ha instado a "dialogar con el secretario general del PSPV y anteponer el interés general a las percepciones personales". Ha insistido en que le gustaría que hubiera "una solución que pasara por que Colomer encabezara la lista".

   Según Puig, "en el proceso de confección de listas siempre hay problemas y discusiones, ya que se trata de designar las personas idóneas dentro del proceso de elección de cargos públicos que sigue el partido y que debe ser respetado".

   Puig ha apoyado las decisiones del partido y ha señalado que "lo fundamental no son en absoluto las personas, sino la propuesta política para los ciudadanos, y estoy seguro de que nos pondremos de acuerdo". "Respetamos absolutamente al secretario general provincial y la decisión de la Ejecutiva Provincial y también lo que decida el secretario general de País y el Comité Nacional", ha añadido el alcalde de Morella, quien ha aclarado que no están planteando "ningún tipo de presión en absoluto".

   En cuanto a la reunión que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Vinaròs, Puig  ha indicado que había sido meramente informativa para explicar todas las noticias que al respecto han sido publicadas en los medios de comunicación durante los últimos días.

   El alcalde de Morella ha añadido que "de lo que se trata es de pasar página de este 'affaire' y dedicarse a lo fundamental, que es trabajar en las instituciones donde gobernamos o en la oposición y ahora estamos preparando nuestros pueblos, y ésta es la prioridad máxima".

   Respecto a si la Ejecutiva Federal del partido podría decidir su inclusión y la de Adolf Sanmartín, ha apuntado que "creo que quien tiene que encabezar la lista a las Corts por la provincia es Francesc Colomer, y que hay que conformar una lista que sea lo más consensuada y dialogada posible con la Ejecutiva de País, y la decisión de cada uno es una decisión personal".

   "Yo ya he dicho que mi disponibilidad está en función de si aporta algo al conjunto del proyecto, pero he visto que en estos momentos podía ser más un obstáculo que una aportación, y mi decisión es no participar", ha apuntado Puig, quien ha explicado que "esto solo quiere decir que no estaré en unas listas, porque voy a hacer campaña más que nunca y a hacer más actos que nunca, aunque las circunstancias que se dan en estos momentos no son las más oportunas para mi presencia en la lista".

   Sobre las declaraciones de Francesc Colomer, que defendió la candidatura en la que no aparece  Ximo Puig y ha anunciado que sacrificará su puesto en el caso de que la Dirección o el Comité Nacional modifiquen la lista, Puig ha señalado que respeta al secretario general y sus opiniones, aunque considera que "tiene que dialogar con el secretario general del PSPV y anteponer el interés general a las percepciones personales". Dice que le gustaría que hubiera "una solución que pasara porque Colomer encabezara la lista".

El juez cree que Luna pudo cometer un delito de encubrimiento por la exhibición de un informe de Gürtel

VALENCIA.- El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) Juan Montero ha dictado un auto en el que señala que el síndic socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, pudo cometer hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de encubrimiento contemplado en el artículo 451,2 del Código Penal en relación con la exhibición de un informe sobre el caso 'Gürtel' que estaba bajo secreto de sumario desde la tribunal de la Cámara. 

   El instructor ha dado traslado de la causa al ministerio fiscal y acusación 'popular', ejercida por el PP, para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral, sobreseimiento o práctica de nuevas diligencias.

   Así lo ha acordado en un auto de fecha 23 de febrero, en el que también ha rechazado el sobreseimiento libre y parcial por el delito de revelación de secretos, solicitado por Luna, aunque remite esta parte al juzgado decano de Madrid para que proceda, en su caso, a investigar de quién pudo salir el documento exihibido y a exigir la responsabilidad a quien proceda.

El portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, ha reiterado su inocencia y ha anunciado que recurrirá los dos autos dictados por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que instruye la causa contra el síndic socialista por supuesta revelación de secreto de sumario del 'caso Gürtel' y, posteriormente, por encubrimiento, Juan Montero, porque, según ha explicado, no coincide con la valoración del juez sobre los hechos, ni cree que haya ningún delito que juzgar.

   Luna se ha pronunciado de esta manera en los pasillos de las Corts en relación a dos autos dictados por Montero en los que ha dado un plazo de 10 días al fiscal y a la acusación popular para que solicite la apertura de juicio oral, sobreseimiento o práctica de nuevas diligencias en el caso del supuesto delito de encubrimiento.

   En otro escrito, ha rechazado el sobreseimiento libre y parcial por el delito de revelación de secretos, solicitado por Luna, aunque remite esta parte al juzgado decano de Madrid para que proceda, en su caso, a investigar de quién pudo salir el documento exhibido y a exigir la responsabilidad a quien proceda.

   "Creo que no he cometido ningún delito y así lo voy a seguir manteniendo hasta el final", ha remarcado Luna, quien ha explicado que los dos autos los van a recurrir. "No coincidimos con la valoración del magistrado porque creo que no hay ningún delito de encubrimiento ni ningún otro" y "espero que la Sala nos dé la razón y que decrete el archivo de las actuaciones", ha apostillado.

   De esta manera, el portavoz socialista en las Corts ha señalado que no puede, ni piensa, "hacer dejación de funciones como diputado de la oposición" ya que "estamos ante un gravísimo caso de corrupción --en referencia al 'caso Gürtel'-- que ha supuesto que millones de euros de impuestos de los valencianos acaben en paraísos fiscales y sobre esos hechos, no nos dejan acceder a ningún documento y no dan ninguna explicación".

   "La obligación de un diputado de la oposición es seguir preguntando por estas cosas y si consigue una información, sobre todo si a la hora de conseguir esa información no ha vulnerado la ley como es mi caso, hacer uso de ella para que los ciudadanos sepan qué pasa con su dinero", ha apuntado.

   Por tanto, reivindica su "papel como portavoz de la oposición y como diputado que tiene la obligación de seguir velando por los intereses de los ciudadanos", al tiempo que asegura que lo va a seguir haciendo.

   Por otro lado, ha recordado que el procedimiento se abrió por una denuncia del PP por revelación de secretos pero "cuando se dieron cuenta de que no podían seguir por esa vía, variaron y buscaron el delito por encubrimiento".

"El caso es perseguirme por seguir denunciando estas situaciones" de corrupción, ha afirmado.