VALENCIA.- La vicepresidenta del Consell y consellera de Presidencia, Paula Sánchez de León, ha señalado este jueves en las Corts Valencianes que el Gobierno autonómico ya ha comenzado a entregar documentación solicitada por la oposición sobre los contratos de la Generalitat con empresas de la trama Gürtel.
Así se ha pronunciado Sánchez de León durante su comparecencia en la Cámara autonómica, en la que ha reiterado la voluntad de transparencia del Consell, tras los reproches de los diputados de PSPV, Compromís y EUPV sobre la falta de diligencia del Ejecutivo a la hora de entregar esta información.
Tras una intervención centrada en la necesidad de consenso entre los grupos y transparencia en la gestión, el portavoz adjunto de EUPV, Ignacio Blanco, ha requerido hasta en tres ocasiones a la consellera "dónde están los contratos de la Generalitat con las empresas de la trama Gürtel", tras lo que ha afirmado: "podría estar diez minutos repitiéndola -la pregunta- y sólo encontraría el eco".
"El 22 de julio decía que daría los contratos, pero dos meses después, estamos esperando", ha recordado.
No obstante, durante su turno de réplica, la consellera le ha asegurado que el Consell ha comenzado a entregar esta documentación. "Ante la solicitud de información que hay que contestar en tiempo y forma, hoy mismo y antes de que acabara el plazo hemos contestado alguna de ellas", ha apuntado Sánchez de León, que ha agregado que están "ordenando como establece la ley todas las solicitudes que aquí se hacen siempre que se respeten la legalidad y los derechos de otras personas". Finalmente, durante su último turno de palabra, Blanco ha señalado que, por el momento, a su grupo no le consta esta respuesta.
Por otra parte, Sánchez de León ha resaltado este jueves la necesidad de dar un impulso legislativo "urgente" al nuevo modelo de Radio Televisión Valenciana (RTVV) que le permita adecuarse a la realidad "social, tecnológica y empresarial" actual, al tiempo que ha incidido en que el ente "no puede ser un arma arrojadiza en manos de unos para justificar unos malos resultados electorales".
Durante su comparecencia, ha abogado por sentar las bases de un nuevo modelo de RTVV "compartido por todos" que le permitan seguir siendo "un instrumento de vertebración cultural, de recuperación de nuestras señas de identidad y de dinamización del sector audiovisual".
En este sentido, ha lamentado que el ente público haya sido "tantas veces cuestionado por algunos", que "han atacado la labor de sus profesionales" y ha hecho de RTVV "un objeto de ataque permanente".
Para acabar con esta situación, ha anunciado que el próximo lunes pondrá las bases de ese nuevo modelo de RTVV a disposición de los grupos parlamentarios. Éstas versarán sobre la separación de las actividades audiovisuales y de financiación, su reafirmación como servicio público a través de contratos-programa que delimiten su oferta o un acuerdo en su estructura, dimensión y naturaleza jurídica.
Asimismo, también se propondrán cambios en el sistema de designación de sus directivos, para que su director general y consejo de administración sean elegidos en la Cámara autonómica.
"Seremos leales con esa mano tendida, pero no seremos cómplices de la demagogia al abordar el nuevo escenario", ha advertido la vicepresidenta.
Precisamente el ente público de RTVV ha ocupado buena parte de las intervenciones y reproches de los grupos de la oposición, que han censurado que el Consell no haga público el plan de viabilidad del ente encargado a la consultora Pricewaterhouse Coopers.
Así, el diputado socialista Josep Moreno ha censurado que el Consell hable de una televisión más democrática tras confirmar como director general a José López Jaraba, "un manipulador confeso, adjudicador de contratos millonarios a los amigos y cómplice de presuntos delitos sexuales", ha dicho en referencia al caso de Vicente Sanz. "Admiran todo lo que hace de la impunidad el eje central de su ética", ha espetado.
Por su parte, Mireia Mollà, de Compromís, ha insistido en la necesidad de desvelar el contenido de ese informe para saber "qué quiere hacer con los trabajadores" del ente público el Gobierno valenciano, a quien ha responsabilizado de haber doblado el número de trabajadores desde 1996. "No carguen sobre los trabajadores la culpa de que no hayan hecho una racionalización de la gestión", ha criticado la diputada.
Por último, el portavoz adjunto de EUPV, Ignacio Blanco, ha criticado que, a pesar del cambio en la jefatura del Consell, la política valenciana se encuentra "en la misma época de opacidad y autoritarismo" y ha advertido al Consell de que la Comunitat "no se puede gobernar como una república bananera por muchos votos que tengan".
Sánchez de León ha respondido al respecto que el Gobierno valenciano, en su responsabilidad de Gobierno, "podrá pedir los informes que estime necesarios" y tratará de buscar el consenso, y ha censurado que la oposición quiera instalarse "en una responsabilidad que no le corresponde" pidiendo documentos de trabajo internos.
Asimismo, otro de los principales ejes del discurso de la vicepresidenta ha sido la transparencia en la gestión, sobre la que la consellera de Presidencia se ha comprometido a trabajar para que la función de control de la oposición se realice bajo un debate "plural y contrastado".
"El Consell tiene la mano tendida", ha insistido.
Esta afirmación ha provocado una reacción en cadena de la oposición, que ha mostrado sus dudas sobre este extremo dado que, en palabras de Josep Moreno, el Consell "ha condenado a la anorexia política" a la Cámara al no facilitar a los grupos la documentación requerida del caso Gürtel y Mireia Mollà ha censurado la vulneración "sistemática" de los derechos de los diputados.
Por otra parte, durante su discurso la consellera también ha defendido la reciprocidad en la recepción de señales de televisión de otras comunidades limítrofes, aunque siempre "cumpliendo con la legalidad" y "en condiciones de igualdad con otros territorios", ha apuntado que el Consell defenderá una mejora de la financiación local, con el aplazamiento de las devoluciones de los ayuntamientos al Estado, y propondrá medidas de racionalización en las administraciones locales, con el uso compartido de personal e infraestructuras.
Además, ha resaltado que defenderá ante el Estado las leyes promulgadas en la Comunitat "legítimamente y en el ámbito de nuestras competencias", ha criticado la actuación del Gobierno en el tema de los 'chiringuitos', el parany o El Cabanyal, y ha insistido en la necesidad de una financiación "justa" para la región.
También ha informado de la creación de un contrato-programa para los altos cargos del Consell, cuyo cumplimiento será evaluado de forma semestral y que la Generalitat pondrá en marcha una página web en la que los ciudadanos podrán opinar y sugerir iniciativas al Gobierno autonómico. Por último, ha tenido palabras de apoyo al Corredor Mediterráneo, que, ha asegurado, será "beneficioso para el conjunto de España".
