lunes, 27 de abril de 2009

Medio Ambiente desaconseja el trasvase del Ródano a Cataluña y Levante

MADRID.- Un informe del Ministerio de Medio Ambiente sobre la viabilidad y conveniencia del trasvase del Ródano, que podría llevar agua a Cataluña y a Levante -como pidieron Valencia y Murcia- desde el sur de Francia, desaconseja su ejecución por juzgarlo "antiecológico y caro", informaron fuentes gubernamentales.

Según estas fuentes, el estudio concluye que el trasvase es "muy complicado" y presentaría problemas "de todo tipo". En concreto, los expertos han visto problemas medioambientales, sociales, de infraestructuras y económicas. Con todo, el informe no descarta "radicalmente" esta posibilidad, aunque sí la desaconseja, teniendo en cuenta sus impactos.

El secretario general de CiU -primer grupo en solicitar el trasvase-, Josep Antoni Duran, anunció recientemente que la federación llevaría al Debate del Estado de la Nación el trasvase del río francés, ya que Zapatero se comprometió a estudiarlo.

"No hay una política hidráulica". Ante la postura del Gobierno central, el portavoz del PP en la comisión de Medio Ambiente, Carlos Floriano, lamentó la "falta de una política hidráulica seria" en España que, en su opinión, impide resolver los problemas del agua.

Así, Floriano, señaló que, "desgraciadamente", el Ejecutivo hizo "mucha demagogia en materia de agua", y subrayó que cinco años después de su llegada "hay más problemas de los que había".

"El Gobierno no tiene política hidráulica y poco a poco se da cuenta de que las desaladoras no le funcionan, y de los trasvases intra cuencas, que eran un compromiso de la ministra Espinosa, no sabemos nada", añadió.

Por el contrario, las asociaciones ecologistas sí celebraron "la positiva decisión" del Gobierno. Concretamente, el director de Conservación de WWF España, Enrique Segovia, consideró la decisión "adecuada", ya que hay alternativas "más baratas y racionales" que un trasvase.

En este sentido, el responsable de Aguas de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, calificó el proyecto de "costoso", "inviable desde lo medioambiental" y con consecuencias para el ecosistema.

"Era la consolidación de un modelo insostenible de economía", señaló.

El instructor del TSJCV pide que se investiguen las filtraciones del 'sumario Gürtel' a un periódico

VALENCIA.- El magistrado instructor del llamado 'caso Gürtel' ha solicitado al juzgado decano de Madrid que se investiguen las filtraciones al periódico 'El País' de documentos que forman parte de la causa principal, declarada secreta por el juzgado central de instrucción número 5, según informaron en un comunicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Al mismo tiempo, el juez ha pedido al ministerio fiscal que le informe sobre qué acciones ha realizado para averiguar la identidad de la persona que ha filtrado los documentos, ya que ésta podría haber incurrido en un delito de revelación del secreto de sumario, tipificado en el artículo 466 del Código Penal.

Las informaciones publicadas por el periódico reproducen documentos y recogen el contenido íntegro de actuaciones procesales sobre hechos que investiga la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Esta reproducción literal evidencia que al periódico le ha sido facilitada una copia de la causa bajo secreto de sumario, tal y como reconoce el propio medio al referirse en alguna de sus informaciones a los tomos que tiene a su disposición, indicaron las mismas fuentes.

En este sentido, el pasado 21 de abril, la sala de lo Civil y Penal dictó una resolución en la que, entre otras cosas, recordaba la vigencia del secreto de sumario, exigible incluso a todas las partes intervinientes en el proceso.

Alarte declara tener un piso en Valencia con una hipoteca de 110.000€, un coche y dos préstamos que suman 61.000€

VALENCIA.- El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, hizo públicos hoy sus bienes patrimoniales, que ascienden a un piso en la ciudad de Valencia con una hipoteca por valor de 110.000 euros, un vehículo marca Wolkswagen Beetle y dos préstamos personales de 50.000 y 11.000 euros cada uno.

Alarte publicó sus bienes en la página del partido, tal y como anunció hoy en una comparecencia pública. Se trata de la declaración de bienes presentada en el Ayuntamiento de Alaquàs el 7 de junio de 2007 con motivo de su toma de posesión como concejal, según especifica el partido en la web.

La declaración presentada en ese día "no ha sufrido ninguna variación sensible más allá de la reducción de las deudas por el pago ordinario y mensual de las respectivas cuotas", según señalaron.

Junto a estos bienes, Jorge Alarte declaró 80 euros de participación en la Sociedad Cooperativa de caracter financiera Caja de Abogados; además de un plan de pensiones y vida de la Mutualidad General de la Abogacía, con una aportación mensual de 83 euros.

También le figuran tres cuentas bancarias, una de ellas de ahorro, con un saldo medio de 600 euros; y las otras dos corrientes, con un saldo medio de 150 euros.

El joven ingresado en el Hospital La Fé de Valencia recibe el alta médica

VALENCIA.- El joven de 24 años ingresado en el Hospital La Fé e Valencia por ser sospechoso de padecer gripe porcina recibió esta tarde, sobre las 20.00 horas, el alta médica, tras descartar que sufría esta patología, según informaron fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Así mismo, otras 11 personas que acudieron hasta este centro sanitario por haber estado en México y presentar síntomas similares a la gripe porcina, recibieron el alta médica. Ninguno de ellos generó sospechas desde el principio, matizaron las mismas fuentes.

Además, recibieron el alta otros tres casos similares ingresados en el Hospital Casa de Salud de Valencia, y otro más en Torrevieja (Alicante). De esta manera, tan sólo queda una persona ingresada en el Hospital San Juan de Alicante, a la que se le están practicando pruebas, aunque no es sospechosa.

El índice general de la Bolsa de Valencia baja 12,10 puntos

VALENCIA.- El índice general de la Bolsa de Valencia bajó hoy 12,10 puntos y quedó situado en 803,69 enteros, en una jornada en la que el parqué madrileño cerró la sesión de hoy con una caída del 1,25%, que situó al Ibex 35 en la cota de los 8.777 puntos, arrastrado por el descenso de la mayoría de los valores, en especial el sector turístico, azotado por la crisis porcina, y el sector financiero.

El Ibex empezó la sesión con signo negativo y mantuvo la tendencia durante toda la jornada, llegando incluso a caer más de un 2,5%, arrastrado por el temor de los inversores a que la crisis porcina pueda derivar en una pandemia y afectar a la recuperación económica.

Sin embargo, el tono positivo de Wall Street ha permitido al selectivo moderar al cierre el recorte, que ha afectado principalmente a las compañías turítiscas. El mayor descenso fue para Iberia (-6,58%), seguido de Gamesa (-3,43%), Ferrovial (-2,50%), Gas Natural (-2,39%), Mapfre (-2,35%) y Cintra (-2,10%) mientras que en el mercado continuio, Sol Meliá se desplomó un 12,83%.

Educación transfiere 400 millones de euros a las universidades públicas valencianas en 2009

VALENCIA.-La Generalitat transfirió efectivamente a las universidades públicas valencianas durante los cuatro primeros meses de este año un total de 398 millones de euros. De esta manera, la Administración autonómica está al corriente de los pagos acordados y aprobados en su momento por todas las universidades públicas valencianas en los convenios firmados en mayo de 2008, según informaron en un comunicado fuentes de la Generalitat.

Así, ya se han satisfecho el abono de las mensualidades correspondientes a enero, febrero, marzo y abril y el anticipo de una quinta mensualidad que tuvo lugar en el mes de febrero y de las cuantías previstas en la anualidad 2009 para financiación de gastos corrientes. En concreto, la Universitat de Valencia 134 millones --23 millones por cada mensualidad más 51 millones adicionales--.

La Conselleria de Educación suscribió el pasado mes de mayo un convenio con cada una de las universidades públicas de la Comunitat por el que se acordó un calendario de pago que se está cumpliendo de manera escrupulosa.

Como muestra del "firme compromiso" de la Generalitat con las universidades, se quiso agilizar al máximo el pago, adelantando el pago a los dos primeros meses. Asimismo, se está trabajando para confeccionar el nuevo plan plurianual de financiación, indicaron.

(Universidad de Alicante)

Expertos piden que la UE concentre los fondos regionales en pocas prioridades, como inmigración

BRUSELAS.- La Unión Europea debería concentrar la mayoría (alrededor del 65% del total) de los fondos que concede a las regiones en tres o cuatro prioridades, como la inmigración, la lucha contra el cambio climático, la formación, los niños o el envejecimiento de la población, según se recoge en un informe independiente encargado por la Comisión sobre el futuro de la política de cohesión después de 2013 hecho público hoy.

El informe --elaborado por el director general del ministerio de Economía y Finanzas de Italia, Fabrizio Barca, tras escuchar a un gran número de expertos y responsables políticos nacionales y regionales-- descarta renacionalizar la política de cohesión, como han pedido en el pasado países como Reino Unido, por considerar que se trata de un pilar central en el proceso de integración europea.

No obstante, subraya que es imprescindible una reforma global de esta política porque los recursos están demasiado dispersos como para lograr los resultados deseados y porque no se da suficiente importancia a los resultados concretos que generan los fondos regionales.

Por ello, además de concentrar los recursos en menos prioridades (eso sí, sin alterar los criterios de reparto, de manera que las más beneficiadas seguirán siendo las regiones con un PIB inferior al 75% de la media comunitaria), el informe propone que exista una mayor fiscalización por parte de la Comisión de los resultados de las inversiones.

También aboga por crear un Consejo de Política Regional que reúna a los ministros responsables de estas ayudas en cada Estado miembro.

La comisaria de Política Regional, Danuta Hübner, acogió positivamente estas ideas y aseguró que el Ejecutivo comunitario las tendrá en cuenta cuando presente sus primeras propuestas sobre la reforma de las ayudas regionales.

La FEMP avisa de que es "inconstitucional" mantener el modelo actual de financiación local

MADRID.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, avisó hoy de que es "inconstitucional" mantener el modelo actual de financiación local puesto que no garantiza "un sistema estable" de participación de los ayuntamientos en los ingresos de las comunidades autónomas y reclamó al Gobierno "recursos adicionales" para los municipios en la "misma proporción y medida" que para las autonomías.

Castro se pronunció así en la Comisión de Entidades Locales del Senado, a la que acudió a petición del PP para explicar los asuntos que afectan a los municipios, especialmente lo que tiene que ver con la reforma de la financiación local, y en la que se mostró convencido de que el Ejecutivo llevará al Congreso en el último trimestre de este año la nueva ley de financiación local y el Estatuto de Gobierno Local.

En su intervención, Pedro Castro reclamó que el nuevo modelo de financiación garantice "un sistema estable de participación de los gobiernos locales en los ingresos tributarios de las comunidades autónomas". Puesto que de lo contrario, se dejaría a voluntad de las comunidades la asignación a los municipios, dejándose así la puerta abierta a que existan "municipios de primera y de segunda", advirtió.

Señaló además que supone un "grave incumplimiento de las previsiones constitucionales" que el Estado no garantice la transferencia de fondos a los ayuntamientos desde las comunidades autónomas, alegando que la Constitución dice que las haciendas locales "se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas".

En su discurso, el presidente de la FEMP pidió además que el Estado ponga sobre la mesa "recursos adicionales" en la "misma proporción y medida" que lo haga con las comunidades autónomas, teniendo en cuenta además que los ayuntamientos reclaman una reforma de la financiación local vinculada a la autonómica.

Asimismo, Castro señaló que el modelo de financiación debe corregir la "insuficiente participación" de los ayuntamientos en los ingresos generales del Estado, de acuerdo con los principios de "suficiencia, eficiencia y equidad", con el fin de que esté garantizado el acceso igualitario a los servicios públicos para todos los ciudadanos.

Además, indicó que el nuevo Estatuto de Gobierno Local tiene que dotar a los ayuntamientos del marco legal que nos reconozca las competencias, las prestaciones y los servicios que realmente prestan los ayuntamientos, una vez que la FEMP calcula que el 33 por ciento de los servicios que prestan los municipios están fuera de su competencia.

Y declaró: "Hoy tengo el convencimiento de que las respuestas a esas dos históricas reivindicaciones de la FEMP y de todo el municipalismo español están cerca de ser alcanzadas". Así, confió en que ambas leyes lleguen al Congreso en el último trimestre de este año y obtengan el respaldo unánime de los grupos parlamentarios, aunque entren en vigor dos años después, en 2011, debido a la coyuntura económica.

En este sentido, mostró la disposición de los ayuntamientos a "arrimar el hombro" ante la crisis económica y articular las políticas necesarias para crear empleo y dar un impulso a la actividad económica, algo que a su entender ya se ha puesto de manifiesto con la puesta en marcha del Plan E dotado con 8.000 millones de euros. "Estamos trabajando, no somos unos pedigüeños porque pedimos para los ciudadanos", afirmó.

La mortalidad laboral en la Comunidad Valenciana sube un 43% en enero y febrero

VALENCIA.- Los secretarios de Salud Laboral de los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV, Carlos Calero y Juan Martínez, alertaron de que la mortalidad laboral subió un 43,8 por ciento en la Comunitat en los dos primeros meses de 2009 debido a "la reducción y el incumplimiento de las medidas de prevención y seguridad laboral por parte de las empresas" a causa de la crisis.

Los responsables sindicales analizaron hoy el estado de la seguridad y salud laboral con motivo de del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, mañana 28 de abril, cuando se celebrará una concentración ante la Dirección General del Trabajo a la que le seguirá una manifestación por la calle Colón hasta la sede de las organizaciones empresariales valencianas, Cierval.

Pese a la tendencia a la baja en el número de accidentes laborales de los últimos años, la Comunitat Valenciana registró en enero y febrero de este año 23 accidentes mortales frente a los 16 del mismo periodo de 2008.

Aunque este crecimiento contrasta con el total de accidentes, que disminuyó en un 57 por ciento, estas cifras demuestran según Calero "el evidente relajo de las empresas tanto en inversión en materia de prevención como en vigilancia ya que apenas hay diferencia entre un accidente mortal y el resto".

Los representantes sindicales lamentaron que a pesar de la caída de la siniestralidad, el número de accidentes mortales en la Comunitat no bajara del centenar el pasado año, al tiempo que atribuyeron la bajada de los accidentes leves a su "ocultación" por parte de las empresas que, ante el temor de una inspección, adoptan "medidas internas de resolución y retribución para el trabajador".

El secretario de salud laboral de CCOO se refirió al índice de incidencia, que relaciona el número de accidentes con el porcentaje de población ocupada. Atendiendo a este índice la diferencia de 2009 respecto al mismo periodo del año pasado se situaría en torno a uno o dos puntos, remarcó Martínez.

Desde UGT y CCOO resaltaron su preocupación por la "ausencia de reconocimiento" de las enfermedades profesionales que continúan siendo "invisibles" a pesar de la normativa de 2006 que fija un procedimiento de notificación y registro. En este sentido calificaron de "objetivo prioritario" el cumplimiento de la ley.

Esta situación, "especialmente grave" en la Comunitat -donde se reconoce una enfermedad profesional por cada 78 accidentes laborales-, se debe, a juicio de los sindicatos, al "boicot del Consell al desarrollo de la legislación". Al respecto señalaron que desde la entrada en vigor de la normativa la Generalitat "no ha activado ningún sistema de notificación, ni de registro, ni ha dado las directrices para que los médicos de atención primaria puedan iniciar el protocolo de detección".

Para ilustrar las "deficiencias" de las políticas valencianas, Martínez comparó los datos de las enfermedades profesionales en la Comunitat sobre el conjunto de España (5,87%) con los de otras autonomías como Cataluña (22,64%), País Vasco (14,8%) o Aragón (9,6%).

Además, criticaron la actitud de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) por impedir la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Seguridad y Salud que se pactó en 2007 por las administraciones públicas, la patronal y los sindicatos.

Según los representantes sindicales la posición de la patronal "bloquea" la labor de los agentes dedicados a la orientación preventiva en "las 30.000 empresas de menos de 50 trabajadores sin representación sindical que existen en la Comunitat".

Sobre los tipos de enfermedadades, el secretario de CCOO aseguró que aunque el 80 por ciento de las patologías laborales son "músculo-esqueléticas" existe toda una serie de trastornos asociados a diferentes sustancias como el amianto o el sílice así como a los riesgo psico-sociales que comportan determinadas actividades laborales.

Calero afirmó que los sindicatos "no van a retroceder ni un paso en materia de seguridad laboral porque la salud de las personas está por encima de cualquier circunstancia" en relación con la "inmunidad" en las obligaciones preventivas que la crisis "está brindando" a las empresas.

La Unió denuncia que Agricultura no publica la Orden de reestructuración de la viña

VALENCIA.- La Unió denunció hoy en un comunicado que la Conselleria de Agricultura "no ha publicado aún la Orden autonómica de reestructuración del viñedo, dotada con cuatro millones de euros, pese a que el plazo estipulado finaliza el próximo jueves y cuando la mayor parte de comunidades autónomas ya lo hicieron en tiempo y forma".

Según la organización agraria, el Ministerio de Agricultura publicó el Real Decreto el pasado 27 de febrero, pero transcurridos dos meses, "la Conselleria de Agricultura todavía no ha publicado la Orden de aplicación". La Unió se reunió con responsables de Conselleria, tras la publicación de la normativa estatal, "para demandar celeridad en la tramitación de las ayudas, aunque de poco parece haber servido a tenor del retraso".

En contraposición, sostuvo La Unió, "la mayoría de las comunidades autónomas productoras publicaron su normativa con tiempo suficiente para que sus viticultores planificaran sus programas de reestructuración".

Según sus datos, en la Comunidad de Aragón se publicó la Orden de 4 de marzo; en Álava mediante una Orden Foral el 18 de marzo; en Extremadura el 3 de febrero y tras la aprobación del Real Decreto Ministerial publicaron la apertura de plazos, Andalucía publicó su Orden el 8 de abril y en Cataluña a finales de febrero se publicó la apertura de planes y a principios de abril la apertura de plazo de solicitud.

La Unió consideró que, a cuatro días de la finalización del plazo de publicación de la Orden, "resulta vergonzoso que se le deba recordar a Conselleria de Agricultura sus obligaciones, sin olvidar que aún publicándola mañana el caos en el sector en cuanto al trámite de las ayudas ya lo han ocasionado".

La organización criticó que "una vez más la Conselleria de Agricultura sea ajena e insensible a las necesidades del sector agrario valenciano en general y vitivínicola en particular, porque además son múltiples las veces que este sector ha denunciado su crisis en la calle y el próximo miércoles lo volverá a hacer en Valencia".

El responsable del vino de La Unió, Alberto Lacruz, afirmó que los cuatro millones de euros de la reestructuración "deberían ser un balón de oxigeno en la actual crisis, pero su retraso es una prueba más del grado de incompetencia al que está llegando la Generalitat ante el sector agrario en general, y en concreto ante el vitivinícola".

"Todas las organizaciones agrarias, las cooperativas y los agricultores estamos denunciando en voz alta el problema, pero el Consell mira hacia otro lado sin importarle el futuro de su sector primario", lamentó.

Alarte anuncia que publicará en la web del PSPV su declaración de bienes e insta a Camps y a Costa hacer lo mismo

VALENCIA.- El secretario general del PSPV y alcalde de Alaquàs, Jorge Alarte, anunció hoy que "esta misma tarde" publicará en la página web de su formación su declaración de bienes. Además, instó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al secretario general del PPCV, Ricardo Costa, a que también hagan pública esta información antes de las 00.00 horas.

Alarte se pronunció en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación antes de almorzar con la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y tras ser preguntado por la intención del PP de reclamar la apertura de una Comisión de Investigación en el Ayuntamiento de Alfafar, gobernado por el PSPV, para conocer la adjudicación del servicio de grúa a una empresa de los familiares de Alarte.

Así, después de que Costa pidiera a los principales dirigentes del PSOE que compararan sus respectivas declaraciones de bienes y actividades con la suya y con la del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, Alarte recordó que "la declaración de bienes de los diputados socialistas valencianos son públicas en la web del partido", donde se incluyen "todos los datos, cuentas corrientes, muebles e inmuebles".

El "único" que falta en dicha lista --que Alarte mostró a los periodistas-- es él mismo, ya que no tiene cargo de diputado autonómico. No obstante, anunció que, para "completar la información esta misma tarde" se hará pública, y adelantó que sus bienes consisten "solamente en un piso, un bien inmueble, y por supuesto la hipoteca para pagarlo".

Así, el dirigente socialista instó a los populares a hacer lo propio y publicar esta información, aunque matizó que se "conforma" con conocer los datos de Costa y del jefe del Consell, antes de las 0.00 horas.

El secretario general del PSPV recordó que la información de los bienes de los diputados autonómicos socialistas se publicaron en junio de 2007, pese al "voto en contra de Costa y de Camps que se negaron a que esto fuera publicado en la página web de las Corts valencianes", como propuso en su día el PSPV. Al respecto, agregó que "visto el nuevo interés" del PP, la semana que viene el grupo socialista en las Corts reiterará su propuesta.

En relación a la petición del PPCV a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia para que investigue una posible irregularidad en la contratación de una abogada por el Ayuntamiento de Alaquàs para casos de violencia de género, que supuestamente también representa al padre del alcalde, el líder socialista manifestó que "están pasando cosas realmente extrañas", ya que tras 10 años al frente del consistorio de Alaquás, "hasta el 6 de febrero, hasta la aparición del caso Gürtel --en el que se está investigando la presunta relación de Camps y Costa-- no ha habido ni una petición de información por parte del PP", y a partir de ahí, se ha iniciado "un aluvión, un boicot y una persecución" a la gestión municipal.

En este sentido, Alarte acusó al presidente de la Generalitat de responder a una situación de "dificultad al más puro estilo de las mafias". Así, recordó que iba a almorzar con responsables de AVE, y que esos empresarios "tienen familia", y "muchos de ello, incluso ejercerán su democrático de participar en la vida pública", pero "no hay que atacarles porque sus hijos o su familia ejerzan la vida pública", resaltó.

Asimismo, comentó que ha podido saber que en un despacho de la sede del PP "tienen un panel lleno de fotos y de datos" sobre su familia y las personas de su entorno y que "están investigando" esos datos. Alarte se preguntó "qué pretende" el jefe del Consell con ello, al tiempo que aseveró que "se ha equivocado porque con es método no va a conseguir nada, sólo evidenciar todavía más las diferencias morales y éticas" entre ambos dirigentes.

Alarte consideró que Camps "debería cesar en su operación de intentar ocultar sus graves problemas y la investigación en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a base del desprestigio colectivo de todas las instituciones democráticas". Añadió que la "desvergüenza" del jefe del Consell en este asunto "está llegando a límites de sonrojo".

El secretario general socialista reconoció que cuando accedió a su cargo sabía que "articular una propuesta de cambio real y valiente" en la Comunitat iba a ser "difícil y complicado". Pero matizó que la región, "aunque sólo sea por salubridad pública necesita pasar página de estos 14 años de borrachera de poder".

Por otro lado, mostró su defensa hacia la libertad de expresión y censuró que Camps "no puede aprovecharse de la televisión pública de una manera indecente y avergonzante", ni tampoco de "la debilidad de unos medios de comunicación en una situación de crisis económica difícil, y a los que se les extorsiona a cambio de que se publiquen y divulguen informaciones indiciosas".

Alarte mostró su intención de defenderse "en los tribunales" y apuntó que "no le van a consentir" este tipo de actuaciones porque ellos dos "no son iguales".

Pizarro insta a "sanear el sistema financiero español cuanto antes" para salir de la crisis

VALENCIA.- El diputado nacional del PP Manuel Pizarro instó hoy en Valencia a "sanear el sistema financiero cuanto antes" para afrontar y salir de la actual situación económica. Indicó que ésta es la "primera" medida que se ha de adoptar en este sentido y consideró que se ha de "pedir seriedad a los gobernantes, que han de saber de qué se está hablando" y "anticipar" los problemas para actuar a tiempo.

En este sentido, consideró que ante la falta de crédito decir, como ha hecho el Gobierno, que "se va a intentar suplir todo el sistema financiero sobre la base de algún agente público de crédito --en alusión al ICO--, es no saber de lo que se está hablado". Tras ello, señaló que "aquí hay un Banco de España que tiene como encomienda de todos los españoles inspeccionar el sistema financiero, anticipar lo que está pasando e ir por delante".

"Todo tiene solución cuando no se oculta la verdad" y "cuando los gobernantes explican lo que viene y se toman decisiones", manifestó el diputado popular, que aseguró que las cosas no pueden funcionar "cuando se limita a decir que se gastará lo que haga en vez de decir que se creará empleo". Insistió en que lo que se ha de hacer es "sanear cuanto antes el sistema financiero para que se genere ahorro y haya crédito para toda la economía".

Apostó por un sistema financiero "eficiente, saneado y que funcione como debe". Del mismo modo, Manuel Pizarro defendió para afrontar la actuación situación económica la adopción de "medidas estructurales" en diversos ámbitos. "Hay que tocarlo absolutamente todo. Es una crisis financiera mundial pero una crisis especial de competitividad en la economía española que es lo que está generando desempleo", explicó.

Pizarro precisó que el sistema financiero "se sanea haciendo las cosas bien, anticipando lo que va a pasar". Criticó que se supiera que "desde 2003 había problemas en una caja", en alusión a caja Castilla-La Mancha y que no se hiciera "nada hasta 2009", tras lo que dijo que "lo que hace falta es que las instituciones funcionen". Subrayó que en este caso "la principal institución es el Banco de España, que tiene que asegurarnos que el sistema financiero funciona como ha de ser".

Consideró que ante un problema de solvencia "se debe explicitar, poner en marcha las medidas que el ordenamiento jurídico prevé, como la intervención, decir cuánto se debe y quién lo ha producido y exigir las responsabilidades que procedan". Agregó que "solamente cuando todo eso falla, si hace falta poner dinero público que se ponga" y precisó que si se toma esta decisión se ha de explicar "quién ha causado el perjuicio y a cuánto asciende".

Respecto a las línea de crédito habilitadas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la llegada de dinero a las pymes, Pizarro aseveró que "el problema no es el ICO sino el sistema financiero, que ha de estar sano", insistió. Reiteró que "pensar que el ICO va a suplir a todo el sistema español es no saber de qué estamos hablando". Dijo que este organismo "puede ayudar" y apeló de nuevo al Banco de España como organismo de control del sistema financiero, que es el que ha de generar liquidez.

Manuel Pizarro destacó, por otro lado, el papel de los empresarios y autónomos para "generar empleo". Sostuvo que éstos son quienes crean trabajo "en cualquier país civilizado" y defendió la "iniciativa privada y la empresa". Indicó que "más que una reforma laboral, lo que hace falta es generar empleo y abaratar los costes a las empresas".

El Gobierno trabaja en un fondo por si hay falta de liquidez en las cajas de ahorro

EL CAIRO.- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, confirmó hoy en El Cairo que el Gobierno está trabajando en un fondo para las cajas de ahorros. Aseguró que desde hace unas semanas "trabajan en establecer tanto el procedimiento como la cuantía, aún por determinar, para hacer frente a las situaciones que eventualmente de liquidez provisional o transitoria pudiera plantearse en alguna caja de ahorros".

La vicepresidenta explicó que este asunto lo están llevando conjuntamente el Ministerio de Economía y el Banco de España. Asimismo, destacó que lo están intentando consensuar con los grupos parlamentarios, especialmente con el Partido Popular.

"Habrá un fondo y un procedimiento, sobre todo para evitar que si ocurriera algún caso, no hubiera que reunirse urgentemente", como ocurrió en el caso de la Caja de Castilla-La Mancha (CCM), "sino de establecer un mecanismo que se pueda utilizar con los procedimientos, requisitos y cuantías que ese mecanismo establezca y acuerde".

Añadió que están acabando de perfilarlo y acordarlo.

Preguntada si podría aprobarse en un próximo Consejo de Ministros, respondió que no lo sabía y dependerá de lo que se avance en los trabajos que están realizando.

Pues hablemos de 2025 / Jordi Sevilla

En un intento de poner fin a la polémica de esta semana sobre las pensiones, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha dicho que hablemos del 2025 y dejemos de hacerlo de 2009. Me apunto. Entre otras cuestiones, y de ahí lo absurdo de la discusión sobre el resultado de las cuentas a corto plazo entre el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, y el propio ministro, porque seguramente ambos tendrán razón, ya que uno contará el resultado en términos de caja y el otro, en términos de contabilidad nacional. ¿Recuerdan «la caja y el devengo» de Josep Borrell? Pues eso.

Vayámonos, por tanto, al 2025, y expongamos la situación de nuestro sistema público de pensiones en esas fechas. Si representamos a nuestra Seguridad Social como una recta que empieza a la edad legal de trabajar y finaliza con nuestro fallecimiento, hay un punto de inflexión en los 65 años. Antes de ese punto, se sitúan los ingresos del sistema y después de él, los gastos.

El objetivo es asegurar que haya recursos suficientes para cubrir los gastos en función de cómo evolucionen ambas variables. Los ingresos dependen de tres factores: el número de cotizantes, la cotización media y los años de cotización. Por su parte, los gastos dependerán, también, de tres variables: el número de pensionistas, la pensión media y la esperanza de vida.

Todo el mundo está de acuerdo en que en 2025 habrá más pensionistas que ahora (por razones demográficas) y, además, cobrarán sus pensiones durante muchos más años, dado que viviremos más. Por otro lado, al estar cotizando hoy sobre sueldos mayores, también tendrán derecho a recibir una pensión media mayor que la existente hoy. Es decir, todos coincidimos en que el gasto en pensiones será entonces muy superior al actual. Algunos dicen que duplicará, en relación a nuestro PIB, la cifra de hoy, pero, en todo caso, más gasto.

Por el lado de los ingresos hay más incertidumbres, pero también algunas cosas claras. Es dudoso cómo evolucionará el número de cotizantes en España, ya que depende de hechos ciertos (de nuevo, pirámide poblacional) y otros discutibles: cuántos querrán trabajar y podrán hacerlo, así como de la evolución de la inmigración.Pero todo el mundo reconoce que lo más probable es que el número de cotizantes crezca menos que el de pensionistas, incrementando la tasa de dependencia.

Además, tenemos que suponer también, que los cotizantes de un país más rico y productivo, como sin duda será el nuestro dentro de algunos años, aportarán al sistema sobre unas bases salariales mayores que las actuales. Por último, la evolución de los años durante los que se cotiza es objeto de muchas dudas, ya que no hay un acuerdo sobre cuál es el impacto sobre el mercado laboral de la nueva economía. Podemos encontrarnos con más gente trabajando menos tiempo o años alternos. O no.

Con esos elementos, cuya cuantificación se puede hacer de manera razonablemente consensuada pero siempre sometida a elementos imprevisibles, todo el mundo coincide en que debemos trabajar sobre la hipótesis de que, a medio plazo, el peso de los gastos será superior al de los ingresos de manera divergente, con un ángulo de divergencia sobre el que no hay acuerdo. Unos son más optimistas que otros, pero todos, repito, todos, reconocen que, de no hacer nada, tendremos problemas más o menos graves para el entorno de 2025.

No es la primera vez que ocurre esto. Huyamos del adanismo. Si existe el llamado Pacto de Toledo es precisamente porque una situación parecida fue detectada a mediados de los años 90 del siglo pasado y se aprobó un conjunto de medidas, graduales y eficaces, que han alargado la solvencia del sistema desde entonces.También se detectó una situación parecida a mediados de los 80, salvo que entonces, en lugar de buscar un amplio consenso político como se hizo y se mantiene con el Pacto de Toledo, el Gobierno adoptó las decisiones de manera unilateral provocando una fuerte tensión social y sindical.

Y desde entonces sabemos cuál es el abanico posible de medidas a adoptar. Las agruparé en activas y restrictivas. Entre las activas, fomentar la incorporación de cotizantes sobre la evolución normal (mejorando el empleo, el acceso de los colectivos infrarepresentados en el mercado laboral, como las mujeres, y la inmigración regular), mejorar los sueldos y salarios para que aumente más la cotización media y . . . poco más.

Entre las restrictivas, las opciones son mayores: incrementar los años efectivos sobre los que se cotiza (eliminar jubilaciones anticipadas y prohibir aquellas anteriores a la edad legal; hoy, la edad media de jubilación es 63,5 años, por debajo de los 65 legales), reducir los años efectivos en los que se cobra pensión (modificando la edad legal de jubilación relacionándola con la esperanza de vida o mantenerla, pero incentivando que cada vez más personas retrasen de manera voluntaria su jubilación), reducir de manera gradual la pensión media a cobrar en el año 2025 sobre la que se cobraría de no adoptar ninguna decisión restrictiva (por ejemplo, modificando los años de cálculo de las pensiones, como se ha hecho hasta ahora, que pasó de dos a ocho y a quince años) y poco más.

Bueno, salvo incrementar los ingresos futuros del sistema subiendo cotizaciones o, como propuso el profesor Zubiri en la Comisión, y yo comparto, rompiendo la exclusividad actual que los limita a las cotizaciones. Me explico. Se puede integrar de manera paulatina a la Seguridad Social en el conjunto de la Hacienda Pública, haciendo confluir cotizaciones con impuestos y pensiones con gasto público general. O también, se puede dedicar a la Seguridad Social sólo a gestionar pensiones de jubilación, traspasando el resto de prestaciones (viudedad, orfandad, etc.) a los Presupuestos Generales del Estado.

Como se ve, hay materia de debate necesario, sensato y razonable entre distintas opciones que no son neutras desde el punto de vista económico ni social. Y es mucho lo que los políticos tenemos que decidir. Acordemos cuanto antes en el Pacto de Toledo las reformas a hacer y sólo así daremos tranquilidad a los ciudadanos y pondremos fin a las polémicas innecesarias.

La crisis también paraliza el segundo motor de la economía española: el turismo

MADRID.- El turismo también se hunde. Los motores de la economía española caen como moscas. Primero, la construcción.Y ahora, el sector turístico. El problema es que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero apenas pasó de puntillas por la crisis de esta industria, que acumula ya una caída de su riqueza de un 7% en los primeros tres meses de este año, además de una pérdida prevista en sus arcas de un 6,4% para 2009, según las previsiones de la patronal Exceltur.

El turismo aporta un 10,9% al Producto Interior Bruto de España, y tras la debacle de la construcción, primera locomotora del modelo económico nacional -supone un 17% de la riqueza española-, se convirtió en el único motor capaz de rescatar al país de la recesión en la que está inmerso. El inconveniente es que el Gobierno hace caso omiso a la grave situación, a juicio de 'El Mundo'.

«Entre saber si son churras o son merinas, estamos perdiendo el foco», ironiza un portavoz de Exceltur, que advierte que las medidas que Zapatero puso en marcha contra la crisis económica son como «una simple aspirina para curar una contractura».

Los datos delatan por sí solos la gravedad de la situación. El empleo empezó a caer, hasta constatar 86.000 puestos de trabajo destruidos entre enero y marzo (casi un 6% del sector). Los expertos prevén que esa cifra llegue a los 110.000 en junio. El 70,2% de las empresas turísticas españolas tuvo que acometer medidas de recortes de plantilla, además de reducir sus precios medios de venta respecto a 2008 más de un 5%. La previsión es que lleguen a caer entre un 8% y un 10%.

Un gran número de pequeñas agencias de viajes y hoteles ha tenido que cerrar, posponiendo su reapertura hasta la entrada del verano.Las aerolíneas se han visto obligadas a devolver los aviones que tenían en leasing (alquiler). Y las empresas de alquiler de coches han adquirido pedidos de nuevos vehículos. Hasta 60.000 coches menos se adquirieron en el primer trimestre de 2009 en relación al año pasado.

Este escenario ha deteriorado los márgenes de explotación y los beneficios de las empresas. De hecho, cerca de un 83% de las sociedades dedicadas al turismo sufrieron fuertes caídas en los tres primeros meses del año. En algunos casos, fueron pérdidas.Los propios mercados bursátiles han castigado ya a las tres empresas turísticas españolas que cotizan en Bolsa. Las cotizaciones de Sol Meliá, NH Hoteles e Iberia descendieron más que la media del selectivo Ibex 35.

El turismo extranjero es uno de los culpables de esta situación, pero nunca por delante del español. Un 13% de extranjeros viajaron menos a España, lo que supuso un reducción de los ingresos de hasta un 13,3%. Los españoles intensificaron también el recorte de su gasto de viajes hasta un 15%. En este caso, el aumento del paro en España es uno de los motivos por el cual se ha reducido el potencial de españoles dispuestos a desplazarse con los mismos niveles de gasto. Desde enero de 2008, se han destruido, al menos, 1,6 millones de puestos de trabajo.

Está claro que las incertidumbres económicas multiplicaron la sensibilidad al precio por parte del turista español, lo que forzó a muchas empresas a abaratar su oferta y verse abocadas a una guerra de precios. Esta situación fue uno de los detonantes de la caída de ingresos.

Si la situación descrita continúa, los analistas auguran una caída de la riqueza turística este año de hasta un 5,6%, sobre todo después de que el primer trimestre confirmase que la crisis tocó de lleno a este sector.

Los cambios de hábitos de los españoles se intensificarán, así como el recorte de sus presupuestos de viajes, según las previsiones de Exceltur, lo que perjudicará negativamente a las empresas turísticas, que ya esperan un segundo trimestre «muy complejo». Volátil e incierto, así se presenta el futuro del segundo motor de la economía española. Zapatero tiene la llave.

Las regiones españolas están al borde del colapso, la deuda se ha disparado

MADRID.- El Gobierno, con una nueva vicepresidenta económica a la cabeza y con cuatro millones de parados que piden soluciones, va a ofrecer barra libre en el gasto (lo que significa que el déficit puede llegar a los dos dígitos) para salvar las cuentas de las autonomías, según 'El Mundo'.

Para Cataluña, 1.200 millones -aunque la Generalitat quiere al menos 2.000-. Para Andalucía, 1.500 millones. Para la Comunidad Valenciana, otros 1.200... Al final, el manguerazo se situará en torno a los 9.000 millones adicionales, hasta alcanzar un total de 120.000 millones, que incluyen la cesión del 50% de la recaudación por IRPF e IVA, y del 58% de los Impuestos Especiales.

El nuevo vicepresidente tercero y ministro de Cooperación Territorial, Manuel Chaves, ha empezado la negociación con el Gobierno catalán, ya que Zapatero necesita apoyos en el Congreso para no tener que adelantar elecciones.

Con la misma urgencia necesitan el dinero los gobiernos regionales, con el agua al cuello en plena recesión. Aunque todavía no se conocen los datos definitivos de la liquidación presupuestaria de 2008, los primeros avances confirman que, salvo Madrid, los demás ejecutivos van a incumplir el acuerdo de estabilidad que fijó el Gobierno. Este contemplaba un déficit del 0,75% del PIB, más un 0,25% adicional por inversiones. Sólo hay que ver que la deuda de las regiones -como consecuencia del desequilibrio de sus cuentas- aumentó un 14,2% en el último año, hasta los 68.170 millones.

Lo peor es que si no les llegan estos recursos tampoco van a poder cumplir el compromiso de estabilidad en 2009. Según un informe interno del Ministerio de Hacienda, las autonomías, ajenas a la crisis, han tirado la casa por la ventana. Prueba de ello es que sus presupuestos han engordado un 4,7%. Que ahora se les alimente con 9.000 millones más no ofrece garantía de que controlen el gasto y se acabe el despilfarro.

Mientras, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PP contra los Presupuestos del Estado «por los cálculos macroeconómicos desfasados» con que se formularon. Sin embargo, ningún partido en la oposición ha recurrido los de las autonomías, que fueron confeccionados con previsiones económicas incluso más optimistas.

De las autonomías afectadas por la reforma en curso del sistema de financiación, Castilla-La Mancha, por ejemplo, elaboró los presupuestos de 2009 con una estimación de crecimiento económico del 2%. Mientras, Galicia preveía un 1,3% y Murcia un 1,1%.


Por su parte, Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Murcia, los confeccionaron con una previsión del 1%.Sólo Cataluña contemplaba una tasa negativa, del 0,1%, que ha quedado también «desfasada» por la recesión. La última estimación del Banco de España es que el PIB nacional tendrá un decrecimiento del 3% frente al 1% con que el Gobierno elaboró los Presupuestos Generales.

Por tanto, las expectativas de ingresos de las autonomías no se van a cumplir (ni siquiera la estimada leve caída del 2,4%) y, por tanto, el déficit previsto para este año crecerá espectacularmente.En su conjunto, para no tener que hacer un duro ajuste, han apostado por buscar ingresos emitiendo más deuda. En concreto, prevén ingresos de 15.000 millones frente a los 5.000 millones de 2008.

En el global, las autonomías han previsto un gasto para este año de 181.844 millones (también de ingresos), de los que más de un tercio corresponden a gastos de personal. Hay comunidades que apenas tienen margen de maniobra. Por ejemplo la valenciana, ya que en gastos por operaciones corrientes (gastos de personal, compra de bienes y servicios, y transferencias) tiene comprometido el 86% del presupuesto.

Con estas cifras, el déficit no financiero medio del conjunto de las autonomías para este año se situaría en el 0,90% (10.163 millones) según los PIB regionales. Es decir, quedaría levemente por debajo del 1% acordado en el plan de estabilidad, y que exoneraría a las comunidades de tener que presentar un plan financiero de reequilibrio.

Pero resulta que a la hora de individualizar los datos, Andalucía, Cantabria y Castilla La Mancha superarían con estas previsiones ese 1%, mientras que, por ejemplo, Extremadura y Baleares alcanzarían cotas del 2,18% y 2,36%.

Si se descuenta el déficit solicitado en base a los programas de inversión productiva del 0,25%, el déficit presupuestario neto (7.691 millones) se situaría en el 0,68% y, por tanto, a tan sólo siete décimas por debajo del límite del 0,75%. Pero, como en 2008 el PIB nacional -y el regional- fue inferior al previsto, existe un conjunto de comunidades cuyas estimaciones han quedado totalmente desfasadas, ya que su déficit adicional se sitúa por encima de ese 0,25% permitido.


Entre ellas, se encuentra Cataluña, Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, y Castilla y León (también País Vasco).

De ahí, la urgencia que están imprimiendo algunas autonomías a la negociación -como la catalana-, para que se produzca un acuerdo sobre financiación. Necesitan la aportación estatal (y la mayor tajada de la recaudación de impuestos) para evitar el colapso e intentar cumplir el objetivo de estabilidad. Porque, de momento, no están dispuestas a realizar un duro ajuste en su gasto o, en su caso, a aumentar los impuestos sobre los que tienen competencias por temor a un desgaste político.

Durante los últimos meses, la austeridad ha brillado por su ausencia.Por ejemplo, ninguna comunidad se ha sentido aludida ante el gesto testimonial del Gobierno de reducir en 1.500 euros las partidas de gasto corriente de los Presupuestos Generales de este año.

Al contrario: la voracidad de gasto ha hecho además que haya aumentado exponencialmente la deuda en 2008. En cifras, Cataluña comanda el grupo de las comunidades más endeudadas con 18.230 millones. Es decir, uno de cada cuatro euros que deben las autonomías procede de la gestión de la Generalitat.


En el último año creció un 22,6%, mientras que el País Vasco (con sistema de financiación propio) incrementó su agujero un 39%. La palma se la llevó La Rioja, donde el año pasado subió la deuda un 42,4%. En el otro extremo se situó Madrid, que sólo la incrementó un 0,6%.

¿De dónde van a salir esos 9.000 millones? La nueva vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha sido clarividente al señalar que «hay margen para más gasto fiscal». Es la filosofía de Zapatero de que no importa el déficit que se produzca.

Las cifras


177.124 millones de euros será este año el gasto total de las administraciones autonómicas de acuerdo a los presupuestos aprobados por cada una de ellas.

64.461 millones se gastaron las 17 regiones españolas en pagar los salarios de sus funcionarios en 2007; seis años antes este apartado suponía apenas la mitad (34.758 millones).

14,17% La deuda autonómica creció el 14,17% en el último trimestre de 2008 respecto al mismo periodo del año anterior.

Más funcionarios

En diciembre de 2008 había 3.029.500 funcionarios en las administraciones públicas españolas. Más de la mitad, 1.639.900, trabajaban para las comunidades autónomas.

Los ayuntamientos

FEMP «Las CCAA 'cogen' un 30% de los recursos por prestaciones que están realizando los ayuntamientos sin transferencias ni competencias».

QUEJAS «Falta una planificación concertada de recursos entre los tres niveles de organización territorial en el proceso de descentralización».

Presupuestos al alza

Murcia... es la región que ha aprobado una mayor subida (8,5%) en sus presupuestos para 2009, seguida de Asturias (7,7%) y Baleares (7,1%).

Navarra... sólo prevé este año un crecimiento de sus cuentas públicas del 0,3% respecto al ejercicio anterior.

4,8%... es la subida media de las CCAA; 4,2% la del Estado.

La negociación

Esperanza Aguirre: «Es preocupante que la negociación del nuevo sistema de financiación, aparentemente, se supedite a las decisiones de un Gobierno autonómico».

Manuel Chaves


«La financiación se solucionará en mayo. Se llegará a un acuerdo con Cataluña y luego se convocará el Consejo de Política Fiscal.No es lógico que Cataluña quede por debajo de la financiación per cápita media española: debe mejorar porque tiene más población».

Más gasto en personal, menos en inversión real

Los presupuestos de todas las comunidades autónomas españolas crecerán en 2009 respecto a 2008, pero no todas las partidas lo harán en la misma proporción. Si el incremento medio de las cuentas públicas será del 4,8%, la partida de gasto de personal (el sueldo de los funcionarios públicos, básicamente) lo hará en un 6,2%. Una cifra que resalta aún más si se tiene en cuenta que el gasto en inversión real no sólo no subirá, sino que descenderá un 4,2% de media.

Es decir, habrá más funcionarios y menos inversión productiva (que incluye las infraestructuras, el gasto en investigación e innovación, las dotaciones y los bienes de capital). Sólo Navarra (precisamente la que presenta unos presupuestos más austeros, con un incremento total del 0,3%) verá aumentar significativamente su inversión (hasta un 15,9%), mientras que otras regiones como Baleares (-18,5%) o Aragón (-14,8%) recortarán de forma drástica este capítulo.

Lo que no hará ninguna es rebajar su cifra de trabajadores o su sueldo. Según las últimas cifras del INE, ya hay 1.639.900 funcionarios autonómicos, más de la mitad de los 3.029.500 que hay en España (la Administración central 'sólo' dispone de 531 empleados). Aragón (9,2%) y Valencia (con un 8,6%) son las regiones que más subirán sus gastos de personal. En el lado opuesto, Madrid (1,8%) y Castilla y León (3,1%) son las que menos aumentarán este capítulo.