MADRID.- El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este martes la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2020-2023, que recoge unos objetivos de déficit y deuda pública más flexibles, con más margen para las comunidades autónomas, según han confirmado fuentes gubernamentales.
También
está pendiente la aprobación del límite de gasto no financiero, conocido
como 'techo de gasto', que tendrá que ser aprobado por el Congreso y el
Senado y que constituyen los pasos iniciales para la elaboración y
presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de
2020.
La senda de
estabilidad presupuestaria actual y oficial, aprobada por el Gobierno de
Mariano Rajoy en 2017, fijó un objetivo de déficit para el conjunto del
Estado del 0,5% del PIB para 2020 y estabilidad presupuestaria ya en
2021, unas metas prácticamente inalcanzables, ya que las últimas
previsiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez apuntaban a un déficit del
1,7% este año y del 0,4% en 2021, aplazando la estabilidad
presupuestaria para el año 2022.
Aunque
por ahora se desconoce la distribución de los nuevos objetivos de
déficit por administraciones, es previsible que se otorgue un mayor
margen, tal y como ha sucedido ya con las comunidades autónomas.
En
concreto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó el
pasado viernes la relajación de los objetivos de déficit para las
regiones, estableciendo un déficit del 0,2% del PIB este año, del 0,1%
en 2021 y equilibrio presupuestario desde 2022.
Con
esta senda el Gobierno da más flexibilidad para el cumplimiento, puesto
que el objetivo autonómico previsto inicialmente por el Ejecutivo de
Sánchez era de un déficit de una décima del PIB este año, y que las
regiones lograsen estabilidad presupuestaria ya el año que viene. De
hecho, la senda que aprobó el PP establecía equilibrio presupuestario
para las comunidades autónomas ya para el ejercicio 2020.
En
el caso de las entidades locales, Montero, junto a la ministra de
Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, presidió este
lunes la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local
(CNAL) en la que se trasladaron las metas para las entidades locales, de
previsible equilibrio presupuestario ante el superávit del conjunto del
subsector, que ronda el 0,4% del PIB.
La
nueva meta para el Estado y la Seguridad Social no se conocen aún, si
bien Montero avanzó el viernes que se les requerirá un esfuerzo mayor
que a las regiones, de en torno a "tres y cuatro escalones".
Respecto
a la deuda pública, el Gobierno calcula que la ratio de deuda pública
podría haber concluido 2019 en el 95,9% del PIB, y se marcó la meta de
rebajarla al 94,6% este año, si bien estas cifras podrían relajarse
también en la nueva senda.
El
Gobierno está en constante diálogo con Bruselas respecto a las
previsiones y la nueva senda, a la espera del plan presupuestario sobre
el que se pronunciará en su momento la Comisión Europea. Tras sacar a
España del procedimiento de déficit excesivo, Bruselas reclamaba al país
un ajuste estructural del 0,65% del PIB, equivalente a unos 8.000
millones de euros, para el año pasado y el actual.
Las cuentas españolas
están actualmente controladas en el llamado brazo 'preventivo', en el
que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos
estructurales. Es decir, aquellos que se realizan sin tener en cuenta la
aportación del ciclo económico.
Tras
aprobar la senda con los nuevos objetivos de déficit y deuda y el
límite de gasto no financiero ('techo de gasto') en el Consejo de
Ministros, el Ejecutivo de coalición tendrá que llevarlos al Congreso de
los Diputados y el Senado, en donde deberá conseguir el apoyo
suficiente para su visto bueno. Si finalmente logra el respaldo al
'techo de gasto' y a la senda de déficit y deuda, el Ejecutivo
presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de
2020.
La votación de la nueva
senda autonómica en el CPFF, que no se reunía desde 2018, dio como
resultado su aprobación gracias a los doce votos a favor de las nueve
comunidades autónomas gobernadas por el PSOE: Aragón, Asturias,
Baleares, Canarias, Cantabria (en coalición con PRC), Castilla-La
Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana y Navarra (en coalición con
Geroa Bai y Podemos), más el voto de Melilla (presidida por Cs) y del
propio Ministerio de Hacienda.
Por el contrario, rechazaron la nueva
senda las cinco regiones del PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia,
Comunidad de Madrid y Murcia), más la ciudad autónoma de Ceuta.
Navarra
participó votando a favor, aunque se acoge a un régimen especial, al
igual que País Vasco, que no envió a ningún representante a la reunión.
Cataluña acudió pero no votó.
Estos
posicionamientos dejan entrever el panorama de las negociaciones que
empezará en breve el Gobierno, aunque conseguir que el techo de gasto y
especialmente los Presupuestos salgan adelante en el Parlamento será
mucho más complicado que la aprobación de la senda para las comunidades
autónomas, ya que en el CPFF el Ministerio de Hacienda cuenta con el 50%
de los votos, frente a la otra mitad correspondiente a las autonomías.
Así,
el Ejecutivo de coalición dará paso en breve a las negociaciones con
los distintos grupos para recabar apoyos suficientes como para poder
aprobar en el Congreso y en el Senado dicha senda y el límite de gasto
no financiero, conocido como 'techo de gasto'.
Desde
el Gobierno empezarán a trabajar en las negociaciones con el fin que no
vuelva a repetirse el rechazo de la Cámara Alta que se produjo en el
año 2018 con la primera senda presentada por el Gobierno de Sánchez y a
las cuentas públicas de 2019.
