Expertos internacionales critican que el Gobierno impida la sanidad a los inmigrantes

MADRID.- Varios expertos nacionales e internacionales en salud y políticas farmacéuticas han criticado este jueves que el Gobierno de Mariano Rajoy vaya a impedir la sanidad y el uso de los medicamentos a los inmigrantes y han recordado que la salud es un derecho y no "un privilegio" que se adquiere en función de una condición legal.

   El Ejecutivo español ha aprobado recientemente un Real Decreto en el que, entre otras medidas, se incluye la adaptación de la normativa europea relativa a ciudadanos extranjeros en el Sistema Nacional de Salud (SNS) con la que se pretende acabar con el turismo sanitario en España que, según sus datos, ha causado un gasto de 917 millones de euros.

   Además, se ha modificado el artículo correspondiente de la Ley de Extranjería con el fin de clarificar qué es lo que da derecho al aseguramiento, de tal modo que quienes vienen de otros países garanticen que las personas que traen pagan sus impuestos en España.

   Unas medidas que, a juicio del docente y experto en Cooperación para el Desarrollo en el campo de la Salud José María Torres, no son justas ya que el acceso a la sanidad y a los medicamentos es un "derecho" de todo ciudadano sea del país que sea.

   "Estamos en contra de que se le puedan negar tanto la atención sanitaria como la farmacéutica o la sociosanitaria a los inmigrantes por el mero hecho de no tener un carné, una tarjeta o un documento que les identifique", ha señalado, antes de participar en un seminario organizado por la ONG Farmamundi para debatir la falta de medicamentos y salud pública en todos los países del mundo.

   En la misma línea se ha pronunciado el vocal de proyectos de la Junta Directiva de 'Farmamundi' y especialista en incidencia en entidades del Tercer Sector, Eduard Soler, quien ha recordado que la "regla de oro" que tiene que imperar tanto en España, como en el resto de países, es que "nadie se quede sin medicamentos" aunque no los pueda pagar.

   En este sentido, ha lamentado que el acceso de los medicamentos ya no sea sólo un problema de los países del Tercer Mundo sino que lo esté siendo para todos, y ha advertido de que si la factura sanitaria sigue aumentando va a llegar un momento en el que "ningún país" podrá pagarla.

   El director de la Fundación colombiana del Instituto para la Investigación del Medicamento en los Sistemas de Salud (IFARMA), Francisco Rossi, ha destacado también la necesidad de buscar nuevas fórmulas de financiación de medicamentos para que nadie se quede sin ellos.

   Rossi se ha referido además al copago sanitario aprobado por el Gobierno y ha lamentado que este tipo de medidas afecte sólo a los que menos tienen. Asimismo, ha abogado por que los países busquen "nuevas soluciones" para poder financiar los medicamentos y que, por tanto, no tengan que hacerlo, en cierta medida, los ciudadanos.

   "Estas son decisiones de los que tienen preocupaciones financieras y, seguramente, que van a significar algún tipo de recaudo pero, se va a pagar un precio social y este es uno de los debates que están siempre en América Latina porque se trata de que estos sistemas reduzcan desigualdades e inequidades", ha comentado el experto.

   Dicho esto, ha asegurado que aunque estas diferencias y desigualdades son "abismales" en países como Colombia o Venezuela, en España se pueden producir también porque se está yendo "en contra de los que menos tienen".

   Por otra parte, durante el seminario de la ONG Farmamundi se ha presentado la campaña 'Esenciales para la vida'. Un estudio, iniciado en el año 2009, sobre la percepción que tiene la sociedad y el conjunto de los profesionales sanitarios en el acceso a los medicamentos esenciales.

   Según ha explicado Torres, este análisis ha sido financiado por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo y se ha basado en la realización de 653 entrevistas a pie de farmacia y en 1.100 encuestas realizadas a administraciones públicas y autonómicas, colegios oficiales de médicos, responsables de salud, miembros y coordinadores autonómicos de ONG o asociaciones de industrias farmacéuticas, entre otros.

   Los resultados obtenidos han desvelado que la mayor parte de ellos conocen la falta de acceso a los medicamentos esenciales --"son unos 300 fármacos"-- y han mostrado su intención de colaborar para ayudar a paliar este problema.

   No obstante, según ha comentado Torres, las administraciones autonómicas aseguran que la responsabilidad de la falta de acceso a los medicamentos esenciales es de la administración estatal y, la industria farmacéutica deriva este cometido a "cada una" de las empresas e industrias del sector. Además, las ONGD señalan que no tienen un papel "muy relevante" en este problema y que no es algo que les resulte "prioritario".

   En cuanto a las conclusiones obtenidas tras entrevistar a los colegios farmacéuticos, la ONG 'Farmamundi' asegura que hay una "falta de conciencia previa" y que la "desinformación y el desinterés se realimentan mutuamente". No obstante, señala que pueden tener una "importante contribución" al acceso a los medicamentos genéricos si hay personas que, desde dentro de los colegios, lo impulsan y consiguen un "consentimiento y apoyo suficiente" entre los colegiados.

Cajamar Caja Rural aprueba la fusión con Caja Rural de Castellón

ALMERÍA.- Los más de 270 delegados que han asistido a la asamblea general ordinaria de Cajamar Caja Rural, en representación de los 800.000 socios de la entidad, han expresado por unanimidad su opinión favorable a la fusión con Caja Rural Castellón San Isidro, que en la tarde de este jueves someterá también el proyecto de fusión a la aprobación de sus socios. 

   Esta nueva fusión se plantea en el actual escenario de reestructuración del sistema financiero español, de modo que Caja Rural Castellón se sumará también al proceso de integración de Cajamar Caja Rural y Ruralcaja aprobado el pasado mes de enero, que en las próximas semanas dará paso a la nueva entidad Cajas Rurales Unidas, al que aportará 20 oficinas, 104 empleados, 18.145 socios y 60.459 clientes, según detalla en una nota.

   En su intervención ante la asamblea general celebrada en La Envía, en Vícar (Almería), el presidente de Cajamar Caja Rural, Antonio Pérez Lao, ha manifestado que el sector de las cajas rurales también ha iniciado ya un proceso de concentración "irreversible", destinado a conformar entidades de mayor tamaño, "más solventes, eficientes y capaces para hacer frente a los nuevos retos económicos que exigen los tiempos actuales".

   "Nos cabe la satisfacción de haber sido la entidad pionera de este proceso en nuestro sector y también la más activa, de haber emprendido este camino hace años, antes de que se desencadenara la actual situación de crisis económica y financiera, atendiendo únicamente a nuestra visión y a nuestro convencimiento. Y el tiempo parece que nos está dando la razón", ha dicho Pérez Lao.

   Los delegados asistentes a la asamblea han aprobado también las cuentas anuales individuales y consolidadas y el informe de gestión individual y consolidado de Cajamar Caja Rural y del Grupo Cooperativo Cajamar correspondientes al ejercicio 2011, en el que cabe señalar un crecimiento interanual de la inversión crediticia de la entidad del 4,5 por ciento, del balance del 6,5 por ciento y del resultado neto del 27,8 por ciento.

   Asimismo, entre los hitos principales de carácter societario destacan en este ejercicio la fusión de Caja Campo, las incorporaciones al Grupo de Caja Rural Castellón y Caja Rural de Canarias y la ampliación de la presencia de la entidad a las provincias de La Coruña y Orense.

   Entre las previsiones para 2012, el vicepresidente y consejero delegado Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez ha destacado que las exigencias de capital derivadas del Real Decreto-Ley de saneamiento del sistema financiero suponen "un punto de inflexión que está dando lugar a un nuevo modelo bancario español con menos entidades pero de mayor tamaño".

   En este sentido, como hecho relevante para el presente ejercicio ha anunciado que antes de la constitución de la nueva entidad Cajas Rurales Unidas, entre los meses de junio y julio, Cajamar Caja Rural "habrá dado cumplimiento a todos los requerimientos fijados en la norma, para lo que provisionará 530,4 millones de euros los créditos a promotores e inmuebles adjudicados, y asimismo, dotará 211,7 millones a capital para cubrir en mayor medida la exposición al suelo y las promociones en curso".

   "Lo haremos sin acudir a ayudas públicas, con cargo únicamente a nuestras reservas, resultados  y fondo genérico", ha apostillado De la Cruz antes de finalizar su intervención. El proceso legal y tecnológico de la fusión de Cajamar Caja Rural, Ruralcaja y Caja Rural Castellón concluirá el mes de julio una vez sea autorizado por la Secretaría General del Tesoro del Ministerio de Economía y Competitividad, previo informe del Banco de España, y quede inscrito en los registros correspondientes.

   Será entonces cuando inicie su andadura la nueva entidad, cabecera del Grupo Cajas Rurales Unidas, que de entrada estará formado por 22 entidades que representan en torno al 50 por ciento de los activos y el negocio del sector de las cajas rurales españolas.

La agencia Reuters recuerda la escasa capacidad de BMN para afrontar las nuevas exigencias de provisiones en solitario

MADRID.- La banca española se verá obligada a embarcarse en costosas ampliaciones de capital, solicitar aportaciones adicionales de capital público y profundizar el proceso de consolidación para cumplir con las nuevas provisiones adicionales de 35.000 millones de euros, explican analistas y banqueros consultados.

Varias fuentes bancarias no descartaron que la reforma, que inicialmente estaba prevista que se aprobara en su conjunto este viernes, pudiera demorarse más allá del viernes en algún elemento, como el incremento de dotaciones o la desconsolidación de los activos inmobiliarios de los bancos.

No obstante, estas fuentes también señalaron que la urgencia de los mercados y la necesidad de recuperar la confianza de los mercados internacionales en el sector inmobiliario español no permitirían una mayor demora.

"La presión ahora mismo es muy elevada y el descrédito sería enorme si no se aprobase este viernes", manifestó una fuente de una entidad.

En cambio, otra fuente señaló que era preferible tener bien cerradas las nuevas exigencias de provisiones y la parte correspondiente a la metodología de las valoraciones antes de dar luz verde a un plan que no tenga todos los flecos atados.

Una fuente del Gobierno dijo que las negociaciones con el sector eran difíciles y que el texto de la reforma habría sufrido ya varias modificaciones, sin aportar más detalles.

Además de saneamientos adicionales para el crédito inmobiliario "sano", el Ejecutivo está planteando la creación de sociedades fuera de balance ("bancos malos") para avanzar en el saneamiento de las carteras inmobiliarias de la banca, con el fin de convencer a los inversores de que las entidades españolas de crédito no necesitarán un rescate de las instituciones internacionales.

"El principal punto de escollo es la creación de los denominados 'bancos malos'. Es voluntario para aquellas entidades que tienen capacidad para afrontar por sí solas las nuevas provisiones y las dotaciones de febrero pasado, pero para aquellas que no son capaces de afrontarlas se convierte en obligatorio", señaló una fuente de un banco español.

Esta fuente explicó que, para éstas últimas, la eventual valoración de expertos independientes internacionales -Blackrock y Mercer Oliver Wyman suenan como probables candidatos- podría ser incluso más agresiva que la del propio Gobierno y requerir por ello más aportación de ayudas públicas.

Además, los planes del Gobierno tendrán a Bankia como uno de sus principales focos de atención tras su nacionalización parcial.

La nueva regulación afectará además a algunas entidades de tamaño mediano como Banco Mare Nostrum (BMN), Unicaja, Liberbank y Unicaja, que en la actualidad están sondeando diferentes alternativas de integración debido a su elevada exposición inmobiliaria y a su escasa capacidad para afrontar las nuevas exigencias de provisiones en solitario, según recuerda la agencia Reuters.

"Las provisiones que va a introducir el Gobierno suponen un déficit de capital que la banca va a tener que cubrir y todo apunta a que el conjunto de la banca, salvo quizá los dos grandes, van a tener que hacer costosas ampliaciones de capital", dijo Juan Pablo López, analista del sector financiero de Espirito Santo.

Un banquero manifestó, no obstante, que dadas las difíciles condiciones de mercado la posibilidad de realizar ampliaciones de capital se reducirían en gran medida y al final apuntarían de nuevo como solución al recurso del dinero público.

Los bancos españoles, que ya tienen que provisionar con la reforma aprobada en febrero alrededor de 54.000 millones de euros adicionales por los activos considerados tóxicos (adjudicados y créditos dudosos y subestándar), deberán aumentar ahora la provisión genérica del siete hasta un máximo del 30 por ciento en los créditos al sector inmobiliario considerados no dudosos, explicó una fuente del Gobierno.

"Ahora mismo se está negociando incluso esta partida de las provisiones sobre el crédito. Parece que todo apunta a que las provisiones sobre la parte sana podrían rebajarse al 25 por ciento", añadió una fuente.

El Ministerio de Economía no quiso hacer comentarios a este respecto.

En la anterior reforma, las entidades disponían de un año para cumplir con los requisitos que se cargan contra resultados y el plazo se ampliaba a dos años y se permitían hacer cargos también contra patrimonio.

"Parece que no tendría sentido que cambien los plazos después de incrementar las provisiones a una gran parte del sector financiero a la que va a colocar en situación de pérdidas", dijo un banquero que no quiso ser citado.

Fuentes del Gobierno y del sector bancario manifestaron además que el plan de saneamiento se completará con el traspaso de los activos inmobiliarios ya provisionados a nuevas sociedades de gestión inmobiliaria de forma voluntaria.

Fuentes financieras indicaron inicialmente que el Ejecutivo obligaría a las entidades a segregar todos sus activos inmobiliarios problemáticos en sociedades que se disolverán en 10 años. El objetivo final de estas sociedades en todo caso sería la venta de estos activos.

Las dos únicas condiciones iniciales impuestas a los bancos serían que estos solo tuvieran una participación minoritaria en las nuevas sociedades y que estas entidades no podrían actuar como bancos.

"Se va a aplicar el esquema del palo y la zanahoria. El palo son las provisiones y la zanahoria consiste en que si como consecuencia de una correcta provisión de los activos se generan pérdidas, entonces el propio Gobierno incluso te aporta ayudas en forma de préstamos para evitar que tengas que acudir a los mercados haciendo una muy difícil ampliación de capital", dijo Alejando Ruyra, de Kepler.

En este sentido, el propio Gobierno, en el marco del proceso de saneamiento de Bankia, dejó la puerta abierta a aportar el capital que fuera estrictamente necesario para realizar los saneamientos precisos en la entidad y, según los analistas consultados, este podría ser el caso también en entidades de mediano tamaño y con fuerte carga del ladrillo.

En el mercado, las acciones de Bankia se depreciaban el miércoles un 3,7 por ciento a 2,051 euros y acumulan un descenso del 45 por ciento desde su salida a bolsa en julio pasado.

Mientras, el resto de bancos, encabezados por BBVA, registraban subidas de un 7 por ciento, en un movimiento de rebote del mercado español.

Analistas destacaron que Bankia todavía estaba reflejando la incertidumbre sobre cuáles van a ser los planes concretos de saneamiento que va a aplicar el nuevo consejero delegado de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

Expertos apuntan a una necesaria reducción del balance de la cuarta entidad española -300.000 millones en activos- en al menos un 30 por ciento y a una aceleración de desinversiones.

El propio Banco de España recordó el miércoles a la entidad que entre las medidas que va a tener que tomar figuran fortalecer las estructuras de administración y gestión, el aumento de la profesionalización, así como un programa de desinversiones.

Retiran más de 2.000 millones en un año de Banco Valencia

Banco Valencia perdió 189,4 millones de euros en los tres primeros meses del año, frente a los beneficios de 14,3 millones que se anotó en el primer trimestre de 2011. Los clientes de la entidad retiraron más de 2.000 millones en el último año, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
   En concreto, los depósitos de Banco Valencia ascendieron a 11.600 millones, una reducción del 15,2% y que la entidad achacó a la caída registrada en 2011. "La entidad ha logrado corregir la tendencia de fuerte reducción de los depósitos de la clientes", aseguró.
   La entidad intervenida por el Banco de España además disparó su ratio de morosidad al 16,37%, mientras que la reducción de fondos propios en un 89,85% por las pérdidas del ejercicio de 2011 y del primer trimestre de este año llevará a la entidad ha solicitar en la próxima junta general una ampliación de capital de hasta 1.000 millones. 
   El crédito a la clientela neto descendió en 1.861 millones debido al deterioro por riesgo de crédito, hasta los 16.500 millones ante los saneamientos. 
   El banco garantizó que está desempeñando las "acciones oportunas" para recuperar el nivel de solvencia que le exige el Banco de España. Y recordó que las necesidades de provisiones por la reforma financiera, "a fecha actual", podrían situarse en 827 millones de euros y los requerimientos de capital sobre el mínimo de capital principal exigido podrían ascender a 488 millones de euros.