miércoles, 4 de mayo de 2011

El Consell propone crear un "camino excepcional" en la Ley para agilizar trámites urbanísticos

VALENCIA.- El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Agua, Vivienda y Urbanismo, Juan Cotino, ha presentado una propuesta para modificar la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, en la que apuesta por incluir la posibilidad de declarar un plan o proyecto sobre el territorio como 'Actuación Territorial Estratégica' (ATE). Esto significa crear un "camino excepcional" para otorgar a dicha iniciativa una serie de ventajas legales como la de agilizar los trámites urbanísticos.

   Cotino se ha expresado de esta manera tras la primera reunión del Comité Estratégico de Política Territorial de la Comunitat, en la que se ha presentado una guía para la aplicación de la Estrategia Territorial de la Comunitat (ETCV) en los municipios y se ha abordado la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje para incluir las Actuaciones Territoriales Estratégicas que será un "complemento" de los planes de ordenación del territorio.
   Para agilizar la tramitación de los proyectos se va a utilizar únicamente el proceso de 'Evaluación Ambiental Estratégica' --definido por una directiva europea--.
   Esta directiva está planteada para lograr un desarrollo sostenible del territorio, para incorporar los aspectos ambientales "desde el inicio" del proyecto y que el promotor conozca así las condiciones medioambientales que tiene que cumplir, así como para convertir el proyecto en un proceso "transparente y participativo", ha explicado la directora general de Territorio y Paisaje, Arancha Muñoz.
   Con esta iniciativa, una actuación podría estar aprobada en ocho meses y un Plan General de Ordenación Urbana podría reducir a año y medio su aprobación --actualmente cuesta cerca de cinco años--.
   Las Actuaciones Territoriales Estratégicas son aquellas, según lo define el Consell, que tienen por objeto la ordenación, gestión y ejecución de actuaciones en el territorio y que producen un "elevado impacto" económico, ambiental y social. La declaración de un plan como ATE es un "camino excepcional" de la Administración para lograr estos objetivos.
   La designación de un proyecto como Actuación Territorial Estratégica podrá comportar una serie de ventajas como quedar "exento" de determinadas licencias municipales de obras de edificación; ni se le exigirá la revisión del planeamiento aprobado, es decir podrá "estar al margen" de la planificación urbanística y territorial vigente; y se le concederá la condición de beneficiario de la expropiación al promotor de la actuación.
   Asimismo, el Consell reconocerá su "utilidad pública e interés social y acortará los plazos administrativos de tramitación y habrá ventajas de tipo fiscal y de reducción de cargas urbanísticas, entre otras. Esta figura comprenderá tanto a iniciativas privadas como públicas y no estarán incluidos en la contabilidad del índice máximo de ocupación del suelo determinado por la ETCV.
   Los proyectos que opten a este reconocimiento deberán cumplir una serie de requisitos como: la generación directa o indirecta de empleo; ser compatible con la ETCV; elevar la cualificación y excelencia del territorio; ser compatible con la "infraestructura verde" e incorporar sistemas de movilidad sostenible y su actuación deberá realizarse de forma "inmediata".
   Las Actuaciones Territoriales Estratégicas van dirigidas a sectores como el agrario, el industrial y el terciario que cuenten con un "elevado contenido innovador"; y a actuaciones para mejorar la competitividad, el posicionamiento estratégico o la cooperación empresarial.
   La reforma de la ley prevé crear un marco de tramitación administrativa de los proyectos que sea "ágil y abreviado", con un único interlocutor. Para ello, el promotor deberá detallar en su propuesta las características de la iniciativa y su impacto en términos de generación de empleo y renta o los condicionantes medioambientales.
   El Consell, por su parte declarará el interés del proyecto y designará los órganos promotores, ambientales y de planificación y gestión, a efectos de tramitación. Asimismo, habrá una audiencia con el municipio donde se vaya ubicar y su decisión será preceptiva pero no vinculante.
   El conseller Juan Cotino ha explicado que el lema que se le podría poner a esta iniciativa para agilizar las cargas administrativas sería: "antes, más y mejor", con el objetivo, ha añadido, de "crear inversión y empleo".
   El Comité Estratégico de Política Territorial de la Comunitat ha estado presidido por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y ha contado con la participación de los presidentes de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, el de Cierval, Rafael Ferrando, y el presidente de la confederación de Cooperativas valencianas, Vicente Diego.
   Los tres han valorado esta iniciativa. En concreto, Morata ha destacado la necesidad de "hacer competitivo nuestro territorio" gracias a la "garantía jurídica de conocer los requerimientos para el proyecto, tiempos cortos --de tramitación-- y la sostenibilidad", que son las "claves" de esta propuesta.
   Ferrando ha destacado que la imagen de transparencia de la Comunitat "debe ser muy clara" para los inversores y estas modificaciones "permite tener una claridad y transparencia absolutas", ha afirmado.
   Por lo que se refiere a Diego, ha resaltado la aportación de la "sostenibilidad y la cohesión social" al plan territorial. Con esto, "estamos en sintonía con los planes que se hacen en Europa" y se marca los pasos para el futuro de la Comunitat, ha declarado.

El plan de choque para la seguridad rural destina 282 guardias civiles a la Comunitat Valenciana


VALENCIA.- El plan de medidas para mejorar la seguridad en el ámbito rural, elaborado por el Gobierno Central destinará 282 agentes de la Guardia Civil a la Comunitat, según ha informado la delegada del Gobierno, Ana Botella, tras la reunión del Consejo Autonómico de Seguridad Ciudadana de la Comunitat Valenciana, a la que también ha asistido el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, que ha manifestado que el plan llega "tarde", aunque se ha felicitado porque el Ministerio del Interior "reconozca la importante preocupación y la realidad de la seguridad rural, que hasta la fecha se venía negando".

    Así, mediante esta iniciativa, fruto de la colaboración entre el ministerio del Interior y el de Medio Ambiente, Rural y Marino, 282 agentes de la Guardia Civil se dedicarán de manera exclusiva a estas funciones, de los que 126 corresponden a cada una de las 14 compañías de la Comunitat en una cifra de nueve; 96, a las unidades de seguridad ciudadana y 60 a las agrupaciones de reserva.
    Por provincias, 112 corresponden a la provincia de Alicante, 47 a la de Castellón y 123 a la de Valencia, que estarán en 21 pases de actuación que cubrirán toda la Comunitat y estarán apoyados por 50 áreas de investigación, 35 equipos de policía judicial, por el Seprona y por la agrupación de tráfico. También se colaborará con el Cuerpo Nacional de Policía, la policía de la Generalitat y la Policía Local a través de las juntas locales de seguridad.
   La delegada ha señalado que la Comunitat Valenciana tiene "una especial dotación por parte de la Guardia Civil para poder hacer frente a este plan de choque" y ha indicado que el dispositivo carece de límite temporal. Entre otras actuaciones, se vigilarán los establecimientos de compra venta de material agrícola usado, se hará un seguimiento de instalaciones agrícolas y ganaderas; se intensificará el servicio en determinadas franjas horarias y se indentificarán vehículos sospechosos.
   El plan va a suponer una "muchísima mayor visibilidad" de la Guardia Civil en el ámbito rural, que vigilará el interior de las zonas rurales. La iniciativa permite a cada Comunidad Autónoma que regule estos dispositivos adaptándolo a su territorio.
   Por su parte, el conseller de Gobernación ha dado la bienvenida a esta iniciativa, aunque llegue "tarde" y se ha felicitado porque el Ministerio del Interior "reconozca la importante preocupación y la realidad de la seguridad rural, que hasta la fecha se venía negando", a pesar, ha recordado, de las denuncias de las organizaciones agrarias.
   El conseller ha alertado que espera que el plan "no se quede en papel mojado" y se "traduzca en resultados positivos", porque la situación es "complicada" ya que, ha dicho, el plan llega "tarde" porque hace nueve meses que se pactó un convenio sobre esta materia entre delegación, conselleria, organizaciones agrarias y la FVMP que estaba "durmiendo en un cajón" en el Ministerio del Interior.
   Sobre este convenio, Castellano ha lamentado que el plan estatal no incluye algunas de las cuestiones que sí reflejaba el acuerdo impulsado por la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para mejorar la seguridad en el campo, como la trazabilidad de los productos, los mapas de conflictividad o mayores medidas de prevención.
   En relación a esta cuestión, Botella ha remarcado que el plan estatal "supera y gana por goleada" el convenio y que las cuestiones que se plantearon en el mismo "quedan perfectamente asumidas" con esta nueva iniciativa. Según su opinión, "seis meses después la situación es de tal nivel que hemos pensado que este plan de choque es mucho más eficaz" porque además contempla la movilidad a lo largo del territorio.
   No obstante, ha asegurado que se estudiará "lo que pueda ser salvable" de ese convenio en la próxima reunión que mantenga el grupo de trabajo de seguridad rural.
   Por otro lado, el conseller ha criticado que se ha cambiado el modelo para la elaboración de las estadísticas sobre criminalidad, de forma que "no podemos comparar" las tasas de los diferentes años.
   En este sentido, Botella ha defendido la "idoneidad" de las estadísticas sobre criminalidad y ha garantizado que son "homologables" y "perfectamente comparables en el tiempo", al tiempo que aunque ha admitido que la tasa valenciana de criminalidad supera a la estatal, ha recordado que en los últimos años se ha reducido 11,1 puntos.
   Castellano también ha reclamado al Gobierno Central que invierta más en la seguridad de la Comunitat Valenciana.

Fiscalía abre diligencias de investigación por la contratación del proyecto de las Torres de Calatrava en Valencia

VALENCIA.- La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal por posibles delitos de prevaricación, malversación y fraude tributario en el caso de la contratación y edificación de la parcela M3 de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, para la construcción de las conocidas como 'Torres de Calatrava', ante la denuncia de EUPV. 

   La coordinadora de EUPV y candidata a la Presidencia de la Generalitat, Marga Sanz, ha anunciado en un comunicado la apertura de las diligencias y ha recordado que su formación presentó una denuncia ante Fiscalía para que investigara los contratos de la Generalitat Valenciana con el arquitecto valenciano Santiago Calatrava en este proyecto.
   "La Fiscalía estima que los hechos que aparecen en la denuncia podrían ser constitutivos de delito y espera que se llegue hasta el final", ha asegurado.
   "Tal y como denunciamos desde EUPV, pensamos que la Administración valenciana ha ido pagando cantidades millonarias en Santiago Calatrava por varios proyectos fantasmas que no se han realizado, entre ellos los rascacielos ante la Ciudad de las Artes en Valencia", ha apuntado.
   EUPV presentó denuncias por el "pago" de la Generalitat por la redacción del anteproyecto de los rascacielos que se debían construir ante la Ciudad de las Artes en Valencia, así como los 2,7 millones por el Centro de Convenciones de Castelló, actualmente paralizado por la Justicia, o los 600.000 euros por la reforma de la dársena del Puerto de Torrevieja, ha explicado la dirigente de izquierdas.
   "La Fiscalía provincial de Valencia ha abierto diligencias por el primer proyecto y esperamos que en Castellón y Alicante, donde se han derivado los otras dos, también se abra una investigación", ha añadido.
   Sanz ha asegurado que las cantidades de las que estamos hablando en las denuncias son "astronómicas", y lo "más grave" es que las obras "no están hechas ni está garantizado que puedan hacerse".
   Por ello, exige la "máxima transparencia" en cada uno de los proyectos encargados por el Gobierno valenciano a Santiago Calatrava, y se informe sobre el encargo de los mismos y si se ha cumplido la legalidad, para que sea la Justicia quien decida "si el dinero pagado para nada, deben devolverse a los ciudadanos".

El paro baja en 2.309 personas en la Comunitat en abril

VALENCIA.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) de la Comunitat Valenciana se situó al finalizar abril en 530.006 personas, tras bajar en 2.309 personas, un 0,43 por ciento respecto al mes anterior, según los datos hechos públicos este miércoles por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

   No obstante, si se comparan estos datos con los registrados hace un año, el desempleo ha caído en 13.185 personas, lo que supone una subida del 2,55 por ciento. A nivel nacional, el paro se situó en 4,26 millones de personas, al descender en 64.309 desempleados, con una caída porcentual del 1,48 por ciento respecto al mes de marzo.
   En concreto, el volumen total de parados alcanzó en España en abril la cifra de 4.269.360 desempleados, tras registrarse este mes el mayor descenso del paro en un mes de abril desde 2006. De esta forma, se registra la primera caída del desempleo desde diciembre de 2010, cuando bajó en 10.221 personas.  
   Por su parte, en la Comunitat Valenciana, del total de parados, 270.353 fueron hombres y 259.653 fueron mujeres. Además, 57.960 parados fueron menores de 25 años (32.470 hombres y 25.490 mujeres).
   Por sectores, el mayor descenso se produjo en el Servicios, con una bajada de 3.134, con lo que el número total de parados se situó en 294.582. Asimismo, en Agricultura el desempleo bajó en seis personas hasta los 15.523. Por contra, en Industria aumentó en 394, con lo que hay 88.635 parados, y en Construcción en 344 personas, hasta los 93.002.
   En cuanto a la contratación, en la Comunitat Valenciana se firmaron 12.250 contratos menos que en marzo, hasta alcanzar los 92.360, lo que supone una caída del 11,71 por ciento respecto al mes anterior. De estos, 8.278 fueron indefinidos y 84.082 temporales.

La previsión de entrada de turistas por el aeropuerto de Castellón es del 0,0001%

MADRID.- El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha destacado este miércoles que la previsión del Gobierno sobre la entrada de turistas por el aeropuerto de Castellón es del "0,0001 por ciento", ya que no descarta que "algún turista despistado atraído por la España de charanga y pandereta se acerque a ver este aeropuerto sin aviones".

   En este sentido, se ha expresado el ministro en el Pleno del Congreso en respuesta a la pregunta de la diputada del grupo parlamentario socialista Susana Ros, que se ha interesado por conocer la previsión que hace el Gobierno sobre el número de turistas que accederán a la provincia de Castellón a través del nuevo aeropuerto.
   Para Sebastián, Castellón es "especial y con atractivo para turistas curiosos" ya que es "el único sitio del mundo donde al presidente de Diputación le ha tocado más veces la lotería que aviones aterrizan" en el aeropuerto de la provincia.
   "Bromas a parte", según ha indicado el ministro, el turismo es algo que el Ejecutivo se toma "muy en serio" y, por ese motivo, la intención es "seguir trabajando" desde el diálogo con las comunidades.
   Finalmente, ha señalado que seguirán apoyando "la calidad de oferta", porque no hay que competir desde los precios, junto con las fuerzas políticas, las comunidades autónomas y sector privado, "protagonistas de este éxito".

Blanco tienta a los inversores británicos con las viviendas en la costa

LONDRES.- El ministro de Fomento, José Blanco, trata de atraer a los inversores británicos para que compren viviendas en España empleando como reclamo el ajuste del precio de la vivienda vacacional y los descuentos de hasta el 40% registrados hasta la fecha en algunos puntos de la costa.

   De este modo, ha iniciado en Londres el 'road show' que le llevará de la mano de la sociedad estatal 'Invest in Spain' por seis países europeos --Francia, Alemania, Holanda, Suecia y Rusia-- para tratar de dar salida a parte del 'stock' sin vender, especialmente en vivienda vacacional.
   Los ciudadanos e inversores de Reino Unido conocen el mercado inmobiliario español. Han representado la mayoría de los compradores extranjeros de vivienda en España, que sigue siendo su primer destino turístico.
   Por eso, junto al titular de Fomento, la secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, Beatriz Corredor, se preocupó de trasladar en su presentación que "España cuenta ahora mismo con un amplio parque de inmuebles a precios más asequibles que hace unos años".
   Según explicó, los precios de la vivienda libre han caído un 15,4% de media desde el primer trimestre de 2008 y más de un 20% en términos reales, llegando al 24% en algunas provincias con más vivienda vacacional. De hecho, recalcó que en algunos municipios como Torrevieja, Ibiza o Marbella este descenso oscila entre el 30% y el 40%.
   Además, Corredor apuntó que el 'stock' ya se está agotando en otros mercados de interés. "Hay un cambio de tendencia en la evolución del 'stock' que confirma la recuperación del mercado, descendiendo especialmente en grandes ciudades como Barcelona o Madrid, además de en zonas turísticas de Andalucía o Canarias", señaló.
   Si bien, estos no fueron los únicos argumentos desplegados por el Gobierno ante los inversores londinenses. La recuperación económica, la seguridad jurídica que ofrece y que "se está reforzando", su cercanía geográfica, el buen clima, la calidad de vida o las "cada día mejores" infraestructuras, son otras de las razones por las que es el momento "idóneo" para invertir en el sector inmobiliario español.
   Fomento asegura que el "sólido marco jurídico" de España garantiza la seguridad de las operaciones de compra. Además, ha destacado que durante los últimos años, se han adoptado nuevas medidas que refuerzan este campo.
   Así, el departamento ahondó en una nueva iniciativa por la que se identificarán públicamente en el Registro de la Propiedad los procesos por posible ilegalidad de una vivienda, de manera que cualquier comprador pueda acudir a este registro antes de adquirir un inmueble para comprobar que no hay ningún riesgo en la operación de compra.
   Además, se han fortalecido aún más todos los mecanismos en la lucha contra la corrupción en el ámbito urbanístico. Así, se ha creado la figura del fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo y se han reforzado los medios policiales con la creación de grupos específicos de la Policía y Guardia Civil contra la delincuencia urbanística.
   Estos esfuerzos se suman a la reforma del Código Penal del pasado 23 de diciembre, que endurece las penas de este tipo de delitos. También está en vigor una Ley del Suelo, que introduce cláusulas específicas dirigidas a combatir la corrupción urbanística; así como reformas normativas en materia local sobre las obligaciones de publicidad de los bienes e intereses de los miembros de los equipos de gobierno y el endurecimiento de su régimen de incompatibilidades, ha añadido la delegación gubernamental.

Chaves reta a subir impuestos a las CC.AA. que no quieran reducir el gasto

MADRID.- El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha asegurado que el sistema de financiación autonómica contempla que aquellas comunidades autónomas que no hayan "cumplido con sus compromisos" con la estabilidad presupuestaria "deberán actuar" sobre los ingresos y que "ahora que se avecinan elecciones" cada una de ellas "deberá enfrentarse a sus responsabilidades".

   Así lo ha asegurado en respuesta a una interpelación del diputado del PP, Rafael Merino, quien ha denunciado el "incumplimiento" del Ejecutivo hacia sus compromisos con las comunidades autónomas derivados del nuevo modelo de financiación en lo que se refiere a la concesión de los anticipos de tesorería correspondiente a fondos y recursos adicionales para 2011.
   Este debate ha tenido lugar una semana después de la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que varias comunidades --entre ellas Cataluña, Madrid, Galicia, Valencia o Murcia-- acusaron al Ejecutivo de incumplir el nuevo modelo. Algunas de ellas llegaron a advertir que si no se satisfacen sus demandas, acudirán a los tribunales.
   Chaves ha asegurado que Gobierno "cumple escrupulosamente" con la ley que regula el sistema y ha recalcado que las comunidades tienen una autonomía financiera reconocida por la Constitución, por el que  deberán hacer "examen de sus cuentas y margen de mejora en la gestión de gastos".
   En este sentido, ha remarcado que es a los gobierno autonómicos a quienes le corresponde decidir si la reducción de gasto debe afectar a "servicios públicos especiales", si bien se ha apresurado a asegurar que el Ejecutivo central "no lo consideraría jamás deseable" y acusado al PP de "intentar confundir" a los ciudadanos planteando "disyuntivas irreales" entre el control de gasto y estos recortes.
   Chaves ha manifestado "asombro" ante la insistencia del PP de plantear un debate acerca de estas cuestiones "de forma recurrente" y sin que parezca "entender absolutamente nada" ante las explicaciones del Gobierno. "Seguramente porque no quieren, no les preocupa el interés general, sino los atajos para llegar al poder", ha incidido.
   "Usted está todo el día gruñendo y enfadado" ha replicado Merino, quien ha asegurado que las principales críticas por esta cuestión han venido de gobiernos autonómicos socialistas, como el de Castilla-La Mancha, presidido por José María Barreda, o de la Generalitar de CiU.
   Chaves, ha recalcado que el sistema fue aprobado en 2009 tras un acuerdo del CPFF "sin votos en contra" y que cada comunidad aceptó bilateralmente la aplicación, ha exigido al PP "que se dedique a hacer menos ruido y a demostrar mayor grado de responsabilidad" porque el compromiso de reducir el déficit al 6% en 2011 es "irrenunciable".
   "Entiendo que el señor Barreda y el Govern de CiU defienden sus intereses", ha replicado Chaves, quien ha asegurado que en la reunión del CPFF hubo "profunda contradicción" entre las comunidades del PP, ya que mientras unas exigieron el "déficit cero" otras pidieron fondos adicionales.
"Ustedes vieron en la crisis su mejor aliado y decidieron cabalgar sobre ella y espolearla todo lo posible", ha afirmado.

Los inmigrantes aportan más de lo que cuestan al Estado en España

MADRID.- Los inmigrantes aportan más de lo que cuestan al Estado del Bienestar, aunque cada vez más gente cree lo contrario, según un estudio financiado por Obra Social "la Caixa" del que se desprende que el "gran beneficiario" de esta contribución es la Administración General del Estado, mientras que las administraciones locales y autonómicas se ven en dificultades para adaptar los servicios públicos al aumento de población, lo que repercute en la percepción de los ciudadanos. 

   El estudio, elaborado por los investigadores Francisco Javier Moreno y María Bruquetas y presentado por el director general de Fundación "La Caixa", Jaime Lanaspa, explica que existe un "desajuste" entre los recursos fiscales generados por la inmigración y su distribución territorial, lo que provoca la saturación de los servicios sociales en las comunidades con más inmigrantes.
   Según ha explicado Moreno, no se trata, por tanto, de que los inmigrantes estén haciendo un mayor uso que los autóctonos de los servicios sociales, sino que "hay un cambio de demanda y la oferta no se ajusta" por "la lentitud de las administraciones para adaptarse". "Lo lógico es que haya un aumento de los servicios públicos acorde con esta nueva demanda (...) pero es claramente insuficiente", ha añadido.
   Sobre este asunto, el estudio explica que "comunidades como Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana, en las que la llegada de inmigrantes ha representado rápidos incrementos de población residente, han experimentado dificultades para responder a la demanda adicional de prestaciones y servicios sin que la financiación recibida del gobierno central se haya ajustado al mismo ritmo".
   En este sentido, indica que el Fondo creado por el Ejecutivo a tal efecto "resulta claramente insuficiente para frenar el potencial deterioro de los servicios sociales derivado del acelerado incremento de la demanda provocada por el aumento de la población residente".
   Moreno ha comentado que cuando tradicionalmente un ciudadano espera 24 horas para recibir cita médica y, tras un incremento notable de población en su municipio la espera se amplía en días, suele culpar a los nuevos vecinos, a quienes comienza a percibir como "competidores en el acceso a las prestaciones sociales", aunque, como explica el estudio, no lo sean.
   Así, la actitud de los ciudadanos frente a la inmigración se va "gradualmente deteriorando" y "van aumentando las actitudes negativas": mientras en 2002 un nueve por ciento de los españoles declaraban que no se debía permitir la entrada a ningún inmigrante, en 2008 el porcentaje llegaba al 15,5 por ciento. En el mismo periodo, la cifra de quienes permitirían la entrada a muchos inmigrantes descendió más de un seis por ciento.
   Con todo, los inmigrantes no generan un mayor gasto social que los autóctonos. El científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha indicado que los inmigrantes consultan un siete por ciento menos al médico de cabecera y hasta un 16,5 por ciento menos al especialista, aunque visiten un 3,2% más las urgencias. Aunque suponen el 12% de la población, se les destina un cinco por ciento del gasto sanitario.
   Además, el 30 por ciento de los inmigrantes en España son pobres, porcentaje que entre los autóctonos es del 18 por ciento y, pese a ello, "sólo un 6,8% de las intervenciones sociales" se dirigen a esta población y de ellas, el 60 por ciento tienen por objeto facilitar información o derivar a otros recursos, conforme ha apuntado María Bruquetas.
   Otro de los datos que ha destacado Moreno es que en total, menos del uno por ciento de los perceptores de pensiones en España son extranjeros, así como suponen el 11,2 por ciento de los perceptores de rentas mínimas de inserción, porcentaje "considerablemente inferior al que proporcionalmente le correspondería" teniendo en cuenta su tasa de pobreza, según el estudio.
   En cuanto a la educación, el gasto social destinado a los colectivos inmigrantes estaba en el seis por ciento en 2007. El 82 por ciento de los estudiantes se encuentra en colegios públicos frente a un 14,1% de matriculados en centros concertados y un 3,8 por ciento en colegios privados. Sólo el diez por ciento continúa sus estudios más allá de la ESO, con un porcentaje de abandono dos veces mayor que entre los autóctonos.
   Frente a ello, los autores del estudio destacan la "aportación neta claramente positiva" de los inmigrantes, que si bien no es cuantificable en términos absolutos, llega a ser "dos o tres veces superior" al gasto que generan durante las primeras fases del proceso migratorio, cuando el extranjero es joven y está solo. La balanza se equilibra cuando reagrupa a su familia y equipara su situación con la pirámide demográfica nacional.
   De estas "aportaciones", Moreno ha destacado que en el mercado laboral, la inmigración ha supuesto "una contención salarial que ha frenado la inflación" por falta de tensiones, ya que existía mano de obra suficiente. Además, "ha cubierto muchos nichos" que de otra forma "habrían dejado de ser productivos", como la agricultura intensiva.
   También han introducido flexibilidad y han permitido incrementar notablemente la tasa de empleo femenino en España. En el ámbito de la balanza fiscal, el investigador ha recordado que "todos" los inmigrantes pagan impuestos al consumo. En total, fueron responsables del 30 por ciento del crecimiento del PIB entre mediados de los 90 y mediados de los 2000 y han retrasado en cinco años la entrada en déficit del sistema de pensiones.

Cinco cardenales concelebrarán mañana con monseñor Osoro en la solemne misa exequial del cardenal García-Gasco


VALENCIA.- Cinco cardenales concelebrarán este miércoles la solemne misa exequial de 'córpore in sepulto' por el eterno descanso del cardenal Agustín García-Gasco, que presidirá el arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, en la Catedral a las 17.00 horas, según ha informado este martes el Arzobispado en un comunicado.

   Los cardenales concelebrantes serán Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos; Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española; Lluis Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona; Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, y Francisco Alvarez, arzobispo emérito de Toledo.

   También concelebrarán los obispos de Lleida, monseñor Juan Piris; Ibiza, monseñor Vicente Juan Segura; Palencia, monseñor Esteban Escudero; Mallorca, monseñor Jesús Murgui; Menorca, monseñor Salvador Giménez y Alcalá de Henares, monseñor Juan Antonio Reig Pla.

Clara Tirado (PSPV) asegura que no tiene "nada que conciliar" con Blasco

VALENCIA.- La portavoz adjunta del Comité Electoral del PSPV, Clara Tirado, ha afirmado, que no tiene "nada que conciliar" con el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco". Asimismo, ha añadido que las conclusiones y datos revelados en el último informe de la Sindicatura de Cuentas "son muchos más graves y reveladores que lo que yo pueda haber dicho". 

   La diputada socialista se ha expresado de esta manera en un comunicado, con motivo del acto de conciliación que, a raíz de la querella que interpuso Blasco contra ella, contra el candidato socialista por Alicante Ángel Luna y la candidata de Compromís Mireia Mollà por injurias y calumnias por sus declaraciones sobre supuestas irregularidades en la concesión de ayudas a la cooperación.
   En este sentido, ha emplazado al conseller a "formalizar la denuncia", y ha recordado que "los anuncios realizados por su compañero de gobierno Juan Cotino en anteriores ocasiones, cuando compañeros como Signes y Torres han denunciado las constantes irregularidades de su gestión, nunca han sido materializadas".
   "Me muero de ganas de acudir ante un juez", ha asegurado Tirado, aunque ha puesto en duda que Blasco "vuelva al juzgado para ratificar su demanda, después del bochorno sufrido en Castellón, con los trabajadores del juzgado".
   Tirado ha manifestado que "acudirá gustosa a los juzgados para poner en conocimiento del juez, ya no sólo la abundante información de la que disponemos sobre las numerosas irregularidades detectadas en la Conselleria de Blasco, sino también las que ha puesto de manifiesto el propio organismo fiscalizador del Gobierno valenciano, que es la Sindicatura de Cuentas".
   En opinión de la portavoz socialista, "Blasco es un chapucero de la política, como demuestran sus numerosos fracasos al intentar destruir en los tribunales la honorabilidad de los diputados socialistas que tanto le incomodan".
   Tirado ha señalado que, "de manera reiterada, los jueces han rechazado todas las supuestas demandas y operaciones urdidas por el decano de la corrupción política en nuestra comunidad, que se ha convertido en un auténtico experto en el patético arte de calumniar y difamar a quienes denuncian sus malas prácticas".
   "Blasco no escapará esta vez sin explicar a todos los valencianos y valencianas ante los tribunales por qué los dos millones de euros que tendrían que haber ido a Nicaragua para paliar la sed y el hambre de quienes más sufren en este planeta han acabado en pisos y garajes en la ciudad de Valencia", ha apuntado.

La Generalitat inicia la fase de implantación del Plan Especial frente al Riesgo Sísmico de la Comunitat

ALICANTE.- La Generalitat ha iniciado la fase de implantación del Plan Especial frente al Riesgo Sísmico y ha dado a conocer el texto a los organismos, alcaldes y concejales de la Comunitat, en cuyos municipios pueden producirse seísmos de intensidad igual o superior al Grado VII EMS, según ha informado en un comunicado este martes la Generalitat valenciana. 

   El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha acudido este martes en Alicante a la presentación del plan y ha señalado que "una vez aprobado el Decreto del Plan Especial por el Ple del Consell el pasado viernes, lo prioritario es difundirlo y darlo a conocer tanto a los dirigentes como a los organismos implicados en la resolución de este tipo de emergencias para que en el caso de que se produjera un seísmo se pueda ofrecer una respuesta eficaz y coordinada".
   En este sentido, ha explicado que el decreto aborda de manera "técnica y ambiciosa" los análisis de riesgo y desarrolla la estructura, organización y operatividad en la actuación frente a los sismos.
   De la de implantación, ha matizado, que ésta se compone, además de la difusión del Plan a ayuntamientos y población, de la "formación del personal de los organismos implicados, de la ejecución de programas de dotación y mejora de medios y recursos y de la realización de simulacros para comprobar el adecuado funcionamiento de la estructura de respuesta ante seísmos".
   Castellano ha indicado que a diferencia de otros Planes Especiales en los que bien por las condiciones meteorológicas o bien por otras circunstancias, pueden tomarse medidas preventivas y operativas en el caso de los riesgos sísmicos en los que "la operatividad prevista en el plan viene determinada por la ocurrencia de un terremoto, de ahí que queden bien definidos los procedimientos que tienen que desarrollar los diferentes servicios, centros y organismos involucrados en el plan en cada una de las fases de emergencia".
   En este sentido, el conseller ha especificado las fases de una emergencia siendo la situación 0 la que corresponde al seguimiento e información cuando el terremoto no ha producido ni daños relevantes ni victimas. La situación 1 haría referencia a aquel caso en el que tras producirse un terremoto, la protección de las personas y bienes puede quedar asegurada con los medios y recursos disponibles en las zonas afectadas, mientras que la situación 2 se declararía cuando en el mismo supuesto fuera necesario medios, recursos o servicios ubicados fuera de las áreas afectadas.
   Por último, la situación 3 se corresponde a emergencias que serían declaradas por el Ministerio del Interior al estar en juego el interés nacional.
   El conseller de Gobernación ha recordado que la Comunitat Valenciana cuenta desde 1998 con un Procedimiento de Actuación frente al riesgo sísmico, pero con la aprobación de este Decreto se produce una transformación del Procedimiento de Actuación en un Plan Especial.
   Además, ha señalado que la Comunitat está situada "en un área de actividad sísmica moderada a escala mundial, por lo que los seísmos que se producen en nuestro territorio suelen oscilar entre los de Grado I, es decir, cuando se producen movimientos sólo sentidos por los sismógrafos, y el Grado VI, cuando la vibración hace que se suelten algunos ladrillos de los edificios".
   A pesar de esto, "la Conselleria de Gobernación ha realizado un análisis muy exhaustivo y este Plan actualiza el análisis de riesgo a través de estudios pormenorizados sobre peligrosidad --la probabilidad de que se produzca un terremoto-- y la vulnerabilidad --los daños que puedan producirse en los edificios--".
   Por este motivo, el plan establece que deberán contar con él, un total de 332 municipios de la Comunitat --194 se encuentran en la provincia de Valencia y 138 en la de Alicante--. Estos municipios son en los que se pueden producir seísmos de intensidad igual o superior al Grado VII EMS.
   Entre las novedades más importantes de este nuevo Plan frente a Riesgo Sísmico destaca la creación de un grupo de reconocimiento. Es una figura nueva que no existe en ningún otro plan cuya misión es realizar una primera inspección y valoración del alcance de los daños para planificar una respuesta adecuada a las necesidades y establecer prioridades, teniendo en cuenta que en estos casos el tiempo es clave para salvar vidas.
   Este grupo de reconocimiento estará integrado por técnicos de los ayuntamientos, policías locales y bomberos, y se constituirá también un grupo de reconocimiento aéreo integrado por todos los recursos aéreos de la Generalitat y del Ministerio del Interior.
   También se establece la coordinación de los recursos en el terreno y se determinan zonas de actuación, sectores operativos, el papel del PMA o del Centro de Recepción de Medios, una figura también muy importante debido a los problemas de abastecimiento que se generan tras los terremotos y la gran cantidad de recursos que se movilizan.

Blanco calcula que el 70% del stock inmobiliario es de segunda vivienda

MADRID.- El ministro de Fomento, José Blanco, ha lamentado que el stock de vivienda libre que hay en España no esté diversificado y sí "muy concentrado", y ha calculado que el 70% del stock inmobiliario lo constituyen segundas viviendas.

   Blanco, que iniciará mañana un 'road show' por seis países europeos para captar inversiones que den salida al stock de viviendas sin vender, ha incidido en su comparecencia de este lunes en el Senado en la importancia del alquiler para acabar con este excedente de viviendas vacías en España.
   "No es fácil actuar sobre el stock", ha admitido Blanco, que ha recordado que hay una demanda potencial de vivienda en muchos lugares del país, pero que en éstos no hay oferta o no se conceden créditos a la demanda por la difícil situación que atraviesa el sistema financiero.
   Por ello, el ministro de Fomento ha abogado por el aquiler y la rehabilitación como ejes de la política de vivienda del Gobierno, a la que ha calificado de "política social y no especulativa".
   En este sentido, Blanco ha señalado que "la mitad de la vivienda que se inicia hoy en España es protegida" y ha hecho referencia al convenio firmado el pasado mes de abril entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Banco Europeo de Inversiones, por el cual se destinarán 800 millones de euros al alquiler de vivienda protegida.
   Por otro lado, el ministro ha explicado que gracias a la renta básica de emancipación para jóvenes, que otorga una ayuda de 210 euros para el pago del alquiler, 270.000 jóvenes se han independizado en España en el último año, pese a las "dificultades" derivadas de los precios.
   Blanco ha recordado que "el 85% de las actuaciones que se producen en vivienda son financiadas por el ministerio público, por ello hoy el acceso a la vivienda es más fácil que hace seis años", ya que según el ministro, las familias ahora destinan un 26% de sus rentas para adquirir una vivienda, cuando antes destinaban el 40%.