El fiscal general Torres-Dulce pide "celeridad" para que se aclaren "cuanto antes" casos de corrupción política

MURCIA.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado este viernes en Murcia que hay que unir eficacia y rapidez en procesos judiciales referidos a posibles tramas de corrupción política, como son los casos "Bárcenas" o "Gürtel" , que afectan a las instituciones democráticas, para depurar responsabilidades.

   "Es una exigencia absolutamente esencial", ha indicado el fiscal general, pues no resulta creíble que "un proceso, por muy complejo que sea, dure 14 años, y, además, en primera instancia", por ello pide "la máxima celeridad en estos procesos para intentar cerrarlos cuanto antes".

   A su juicio, "es intolerable" y "todo lo que signifique reforma legislativa, para permitir la celeridad en los procesos y autoexigencia para no complicar la tramitación de los procesos con una tramitación innecesaria, es tan importante como que se nos den los medios para poder trabajar".

   Preguntado por si la actual ley es demasiado "blanda" con los corruptos, el fiscal ha señalado que la norma debe "estar en el libro Guinness de los Récords" pues "no creo que haya ningún otro ordenamiento jurídico que desde 1995 haya tenido 25 reformas y algunas de importantísimo calado", incluso, en su opinión, "habría que adelgazar el Código Penal y algunos tipos penales", no es posible "que todo sea delito".

   Desde el punto de vista de Torres-Dulce, no hay crear más tipos ni incrementar las penas, lo que hay que lograr "es que se celebren los juicios con la mayor rapidez, que los culpables sean condenados y cumplan las sentencias" y "si es posible, devuelvan el dinero".

   Torres-Dulce, que ha asegurado que no ha recibido presiones y que el día que eso ocurra se irá a su casa, "indiscutiblemente, ha insistido en la necesidad de reforzar la plantilla de Anticorrupción, "sobrecargada de asuntos muy complejos, en este momento", y así lo ha pedido al Ministerio de Justicia.

   Finalmente, ha insistido en que "la justicia debe ser lo más accesible posible a todos los ciudadanos" y ha advertido que el uso abusivo de la justicia "acaba perjudicando la calidad e igualdad para todos en la Administración de Justicia".

   Por último, ha apuntado que las tasas judiciales "son necesarias y cumplen una función", están en casi todos los países, "pero no pueden ser desproporcionadas".

El Gobierno no suprime concejales y permite sueldos de hasta 100.000 euros

MADRID.- La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno ha ido perdiendo por el camino las pretensiones iniciales expresadas por el propio Ejecutivo. Así ha ocurrido al menos en dos asuntos tan llamativos como el número de concejales y las retribuciones de los alcaldes, ya que se ha pasado de anunciar una eliminación del 30 por ciento de ediles a no tocar ninguno y de rebajar a unos 70.000 euros los sueldos máximos de los alcaldes a permitir que alcancen los 100.000 euros.

   Ambos aspectos figuraban en el informe aprobado por el Consejo de Ministros en julio del año pasado y han desaparecido del nuevo informe que este viernes ha visto el Consejo de Ministros.

   El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comenzó a trabajar en esta reforma nada más arrancar la legislatura, hace un año, y ha mantenido negociaciones con todas las administraciones territoriales, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la oposición, especialmente con el PSOE.

   El camino ha sido tortuoso y le ha granjeado al Gobierno las críticas de alcaldes de su propio partido, discusiones con las autonomías por una posible invasión de competencias, dudas de la FEMP y el rechazo absoluto de los socialistas.

   Conforme han avanzado los meses, las negociaciones y la contestación, algunos asuntos muy destacados de la reforma inicial se han eliminado. Es el caso de la reducción de concejales, situada en un 30 por ciento en julio del año pasado, cuando se aseguró que ningún pleno municipal contaría con más de 35 asientos; hace unos días, esa rebaja se situaba ya en el 10 por ciento y hoy se ha reducido a cero.

   En cuanto a las retribuciones de los alcaldes, se anunció su equiparación, para los de las ciudades mayores, al sueldo de un secretario de Estado; esto es, 68.981 euros. No se dijo entonces lo que hoy ha aclarado el ministro Cristóbal Montoro, que ese sueldo lleva añadidos varios complementos que elevan la retribución final a los casi 100.000 euros.

   Pese a todo, se ha multiplicado el ahorro que según el Gobierno se puede lograr con esta reforma: 7.129 millones de euros, el doble de los 3.500 previstos inicialmente. Fundamentalmente, porque cada competencia será ejercida por una sola administración y porque desaparecerán empresas públicas y entidades intermedias, como las mancomunidades.

   El proceso de reforma, en cualquier caso, va a ser largo y aún caben nuevas modificaciones. Fuentes del Gobierno aseguran que la iniciativa, que por el momento es solo un informe, no se convertirá en ley probablemente hasta el año que viene, es decir, en vísperas de las próximas elecciones municipales de 2015. Será en la próxima legislatura local cuando todas estas novedades empiecen a surtir efectos.

   Habrá tiempo por tanto para retomar negociaciones rotas y profundizar en las que el Gobierno aún mantiene. El departamento que dirige Antonio Beteta, secretario de Estado de Administración Local, ha recibido cientos de aportaciones de comunidades autónomas, de expertos, de diputaciones, ayuntamientos y partidos políticos.

   Las negociaciones han sido intensas también con el PSOE desde el principio del proceso. Ambas partes intercambiaron propuestas y las relaciones han sido fluidas entre los dos principales partidos del país, con Javier Arenas (PP) y Gaspar Zarrías (PSOE) a la cabeza.

   Pese a todo, las posturas se han distanciado ante la convicción socialista de que el interés principal del Gobierno es privatizar servicios que ahora son públicos. Así las cosas, y al entender que sus propuestas no eran escuchadas, el PSOE dio por rota la negociación.

   No han sido tampoco fáciles las cosas con los propios municipios del PP; primero, con los de tamaño menor, que en un principio se vieron abocados a la desaparición. Finalmente, los que no sean eficientes dejarán de prestar servicios, que serán ofrecidos por la diputación, pero no se disolverán.

   La reforma ha tenido otros aspectos que no han gustado a los ayuntamientos, al margen de su color político; por ejemplo, que los interventores municipales vuelvan a responder ante Hacienda y no ante el alcalde.

El IPC baja en enero un 1,2%, su mayor descenso mensual en 50 años

VALENCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó en enero un 1,2% en la Comunitat Valenciana respecto a diciembre y situó su tasa interanual en el 2,5%, cinco décimas menos que en diciembre, lo que supone el mayor descenso en España, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En España, los precios descendieron en enero un 1,3% respecto a diciembre, su mayor descenso mensual en 50 años, con lo que la tasa interanual queda en el 2,7%, dos décimas menos que en diciembre, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Manifestación de aniversario de 'Primavera valenciana' al grito de "menos represión y más educación"

VALENCIA.- La manifestación de aniversario de la 'Primavera Valenciana' ha comenzado este viernes por la tarde bajo el lema 'Menys repressió i més educació' --'Menos represión y más educación'-- y en la que los manifestantes también han pedido la dimisión de la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León.

   La protesta, convocada por la Assamblea per les Llibertats i contra la Repressió, ha comenzado sobre las 18.30 horas y minutos antes se ha realizado una torre humana --Muixeranga-- al ritmo del tabalet y la dolçaina. La marcha discurre por la plaza de toros y tomará la calle Colón hasta la Delegación del Gobierno donde se leerán varios manifiestos.

   La 'Primavera valenciana' conmemoraba así su primer aniversario con esta manifestación para recordar las protestas estudiantiles que tuvieron lugar el año pasado y para reivindicar que "continúa la lucha por los derechos democráticos y las condiciones de vida de la clase trabajadora" contra "la bestialidad de un sistema estructuralmente corrupto y represivo", según indicaron sus organizadores el día de la presentación.

   La marcha se ha iniciado frente al que se convirtió entonces en el epicentro de las protestas, el Instituto Lluís Vives, y se dirigió por Colón hasta la sede la Delegación del Gobierno, donde los estudiantes leyeron un comunicado y se pidió la dimisión de la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León.

Una cadena humana de estudiantes ha rodeado este viernes el Instituto Lluis Vives de Valencia en el día en que se cumple el primer aniversario de las protestas estudiantiles y posteriores cargas policiales que convirtieron este centro en epicentro de la denominada 'Primavera Valenciana'.

   Los jóvenes, que portaban globos amarillos y negros simbolizando los colores tradicionales de los lapiceros, han rodeado este céntrico instituto de Valencia en señal de recuerdo a lo sucedido hace un año y también para continuar protestando contra los recortes en la educación pública, al grito de 'Més educació y menys corrupció' ('Más educación y menos corrupción') o 'Els vostres sobre són la nostra dignitat' ('Vuestros sobres son nuestra dignidad').

   Uno de los miembros de la Asamblea Global Lluis Vives, Enrique Díes, ha explicado que este acto pretende dejar claro que el hecho de que hayan transcurrido 365 días desde aquellos acontecimientos "no quiere decir que haya cambiado nada" y los recortes en educación se sufrían entonces y ahora.

   "La única diferencia ese día fue que la policía se salió de madre y perdió completamente los papeles, los chavales no habían hecho ni dejado de hacer más de lo que habían hecho otros días y la prueba es que a esa violencia contestaron con paz y con libros", ha indicado este representante de la asamblea, que surgió a iniciativa de padres, profesores y alumnos del centro tras los enfrentamientos con la policía y convocante de este acto conmemorativo y de protesta.

   Así, ha insistido en que siguen "con esa lucha" y el deseo de que se asuma desde la Administración "que la educación pública es la base del futuro del país".

 "Hoy hay más motivos todavía (para protestar), se han acumulado; hace tres años nos parecía que estábamos muy mal, no podíamos imaginarnos lo lejos íbamos a llegar", ha agregado.

   Según ha apuntado, "los chavales están descubriendo que la política es de ellos", ya que "una cosa es el partidismo y otra cosa es la política y si quieren ser ciudadanos han de hacer política, porque si la dejan en manos de los partidos están perdidos".

Trabajadores de RTVV vuelven a protestar contra el ERE

VALENCIA.- Trabajadores de Radio Televisión Valenciana (RTVV) se han concentrado nuevamente este viernes a las puertas del Centro de Producción de Programas de Burjassot en protesta contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se está aplicando en la entidad y que esta semana ha supuesto la salida de 140 empleados de Canal 9, incluidos en los más de 1.100 afectados por el proceso de despido colectivo, informan fuentes sindicales.

   La protesta se ha desarrollado a los dos lados de la valla del centro, en una parte se han colocado trabajadores y, en la otra, compañeros que ya han sido despedidos y también algunos de sus familiares, informan desde CCOO e Intersindical en RTVV.

   Entre ellos, ha estado presente Isabel Benito, la mujer de un cámara de informativos de Canal 9 afectado por el ERE, que ha estado encadenada durante cuatro días para protestar por la "muerte de un modelo de televisión pública" y con ella la "muerte" de "valores importantes".  

   También han intervenido algunos de los trabajadores más veteranos de la cadena, como Manolo Ortiz, uno de los primeros cámaras de la cadena, despedido el miércoles, quien ha animado a todos los compañeros a continuar con las movilizaciones a la calle y dentro de la empresa.

   En la misma línea, Jaume Bayarri, auxiliar de realización y primer presidente del Comité de Empresa de RTVV, ha pedido a los que sigan en RTVV que luchen por conseguir unos medios de comunicación "que digan la verdad a los valencianos y que denuncien todos los abusos que puedan cometer en la empresa por parte de los directivos nombrados por el PP".

   Por su parte, el portavoz de Compromís en los Corts Valencianes, Enric Morera, --que también ha acudido a la concentración-- ha registrado una pregunta para exigir "explicaciones urgentes de los criterios por los cuales se están despidiendo personas que tienen su plaza ganada mediante oposición", indica la coalición en un comunicado.

   "Nadie lo puede entender y el ERE de RTVV nos sitúa otra vez al epicentro informativo de cómo no se tiene que gobernar y gestionar, porque el PP está depurando y dejando sin trabajo a personas que tienen una oposición aprobada y mantienen en la radiotelevisión a personas colocadas a dedo", ha agregado.

   Asimismo, Morera ha animado a los trabajadores a continuar con sus protestas y ha asegurado que "la legalidad devolverá los puestos de trabajo a quienes se los han quitado injustamente porque quienes tienen que estar en la calle son otras personas".

   El representante de Compromís ha retado al Consell "a contestar pronto y con claridad la pregunta formulada" y ha explicado que, por eso, se ha registrado para que se formule oralmente en comisión "y dé la cara quien sea, porque está claro que ni el Gobierno valenciano ni sus representantes a RTVV saben dar la cara y prueba de esto es cómo se han notificado los despidos".

   En la concentración también ha participado Rafa Xambó, representante de esta formación en el Consejo de Administración de RTVV, como lo hace todas las semanas para apoyar a los trabajadores. Este mediodía también ha visitado a Isabel Benito el alcalde de Burjassot, Jordi Sebastià, quien ha ofrecido toda su ayuda y la del colectivo local de Compromís Burjassot para que pueda desarrollar su protesta con total normalidad, concluyen desde Compromís.

Bankia Habitat subsanó en agosto las necesidades de provisiones detectadas por el auditor

MADRID.- Bankia Habitat, filial inmobiliaria del grupo bancario que preside José Ignacio Goirigolzarri, subsanó en el mes de agosto las necesidades de provisiones que el auditor de la sociedad detectó en junio sobre las cuentas del año 2011, informaron hoy fuentes próximas a la entidad.

   El informe del auditor indicó que eran necesarias mayores provisiones, algo que la inmobiliaria del grupo corrigió mediante una ampliación de capital que se llevó a cabo mediante la conversión de 499,9 millones de euros de créditos a capital, elevándolo hasta los 755,5 millones.

   Dicha ampliación fue previa a un proceso de reestructuración de filiales del grupo inmobiliario, por el que Bankia Habitat absorbió varias de las sociedades que dependían de esta matriz.

   Esta fusión quedó formalmente inscrita en el Registro Mercantil, lo que avala la corrección de las cuentas.

    El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha revelado en la Audiencia Nacional que el supervisor mantiene "medidas de investigación en curso" por "lo sucedido" en Bankia, incluido un capítulo específico sobre su filial inmobiliaria Bankia Habitat, y ha dejado claro que el futuro de la entidad está actualmente en manos de la troika comunitaria, informaron fuentes jurídicas presentes en su declaración.

   Linde, que ha comparecido como testigo durante unos 45 minutos en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, ha explicado que la investigación partió de un informe del Banco de España fechado el 22 de junio de 2012 en el que se analizaba uno de los borradores del plan de recapitalización concebido por el actual presidente, José Ignacio Goirigolzarri.

   El informe revelaba, entre otras cuestiones, la existencia de descuadres contables en Bankia Habitat y consideraba insuficente el plan de eficiencia y reducción de costes puesto en marcha por el grupo después de que pidiera al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) una inyección de 19.000 millones de euros. De igual modo, apuntaba que la política salarial y de retribuciones del grupo seguía sin gestionarse como una empresa en crisis.

Los minoritarios de Bankia pedirán al Estado que "responda" ante las pérdidas

MADRID.- La Asociación de Accionistas Minoritarios de Bankia ultiman dos demandas colectivas ante la pérdida del valor de los títulos de Bankia, una de ellas por la vía contencioso-administrativa por la que pedirán al Estado que "responda" ante la aprobación de la salida a Bolsa de la entidad por parte del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).  

   Cremades y Calvo Sotelo, el despacho de abogados de Aemec, ya tiene redactada la demanda colectiva en este sentido, que primero se articulará por la vía de administración para solicitar al Banco de España que se haga cargo de las pérdidas. Fuentes de este despacho de abogados han explicado hoy que esta vía será desestimada y que por lo tanto será el paso previo para emprender la vía contencioso-adminsitrativa.

   La otra demanda colectiva ya se ha iniciado contra la propia entidad ante el folleto de emisión que respaldaba la salida a Bolsa de Bankia. "Al final pagarán el pato del saneamiento de la entidad los accionistas", han lamentado las fuentes.

   Las demandas que prepara Aemec cuentan con el respaldo de unos 1.000 accionistas. En total, unos 350.000 minoritarios poseen títulos del banco nacionalizado.

Linde revela que el Banco de España investiga "lo sucedido" en Bankia

MADRID.- El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha revelado en la Audiencia Nacional que el supervisor mantiene "medidas de investigación en curso" por "lo sucedido" en Bankia, incluido un capítulo específico sobre su filial inmobiliaria Bankia Habitat, y que el futuro de la entidad está actualmente en manos de la troika comunitaria y el Banco Central Europeo (BCE), informaron fuentes jurídicas presentes en su declaración. 

   Linde, que ha comparecido como testigo durante unos 45 minutos en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, ha explicado que la investigación partió de un informe del Banco de España fechado el 22 de junio de 2012 en el que se analizaba uno de los borradores del plan de recapitalización concebido por el actual presidente, José Ignacio Goirigolzarri.

   El informe revelaba, entre otras cuestiones, la existencia de descuadres contables en Bankia Habitat y consideraba insuficente el plan de eficiencia y reducción de costes puesto en marcha por el grupo después de que pidiera al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) una inyección de 19.000 millones de euros. De igual modo, apuntaba que la política salarial y de retribuciones del grupo seguía sin gestionarse como una empresa en crisis.

   Linde, que ha sido preguntado por este informe por el abogado de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Andrés Herzog, ha confirmado la existencia de la investigación pero no ha querido aclarar si finalizará con la incoación de un expediente sancionador.

   Según fuentes de Bankia, los servicios de auditoría interna del grupo con el apoyo de equipos legales y forenses externos analizan desde hace meses las operaciones de índole inmobiliario del grupo, sobre las cuales se adoptarán las acciones que legalmente procedan.

   El gobernador del Banco de España también ha dado a entender, según varias fuentes presentes en su declaración, que desde la firma del Memorandum de Entendimiento (MOU) la estrategia de Bankia está siendo supervisada por la troika y el Banco Central Europeo (BCE). "Hay un antes y un después de que la troika entre en acción, ya muchas de las cosas vienen impuestas por Europa", ha dicho.

   En relación con las razones que motivaron la salida de Rato, Linde ha asegurado que no las conoce porque las negociaciones entre Bankia, el Banco de España y el Ministerio de Economía tuvieron lugar antes de su entrada en el supervisor, que se produjo en junio de 2012.

   También ha dicho no tener conocimiento del informe que, según declaró su antecesor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el exsubgobernador Francisco Javier Aríztegui, se pidió a los servicios jurídicos del Banco de España para evaluar la intervención en la crisis del Ministerio de Economía.

   Según Fernández Ordóñez y su número 2, el secretario general del regulador, Javier Priego, esta actuación no tenía precedentes pero no revestía ningún tipo de ilegalidad.