viernes, 16 de julio de 2010

El PSPV dice que el auto de Pedreira es "una tarjeta amarilla" a la estrategia de "descrédito" seguida por el PP

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, ha asegurado este viernes que el auto del juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, hecho público el jueves, es "un varapalo" y "una tarjeta amarilla con advertencia de que la próxima será roja" a la estrategia seguida por el PP de "desacreditar" el trabajo de las instituciones que han intervenido en el proceso.

Así lo ha indicado Luna en una comparecencia ante los medios en referencia al auto de 70 folios en el que Pedreira rechaza el recurso de reforma interpuesto por la representación del PP contra el auto de inhibición en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) de la parte de la causa que alcanza al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a otros dirigentes del PP valenciano.

Según ha explicado el 'síndic' socialista, el documento viene a decirles a los 'populares' que "si siguen así se les sacará del proceso" y reafirma, de este modo, que "esta trama no la han inventado los jueces, funcionarios y fiscales", sino que "es real como la vida misma".

Luna indicó que su partido "se está pensando" recurrir el auto porque a pesar de la advertencia no contempla una de sus reivindicaciones, que es la exclusión del PP como acusación particular, dado que, según entienden, "si hubiera delito electoral, el PP tiene interés en la causa".

En su opinión, el recurso desestimado tan sólo pretendía "retrasar el proceso y confundir" a la opinión pública, para que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps "gane tiempo" ante la celebración, el próximo año, de las elecciones autonómicas.

"Quieren confundir a la opinión pública, porque saben que cuanto más farragoso se pone el proceso, más fácil es que la gente no lo entienda o acabe aburriéndose", ha apuntado Luna, que ha recalcado que esta estrategia "no la ha inventado" Camps, sino que "es lo que viene haciendo Carlos Fabra desde hace siete años".

En este sentido, ha indicado que "el estilo de Fabra se ha mimetizado en Camps y vamos camino de que se mimetice también en el sur de la Comunitat Valenciana", en referencia a la presunta implicación del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, en el caso 'Brugal'.

"Si Camps gana tiempo y confusión, los que pierden son los valencianos", ha aseverado.

Asimismo, Luna ha reiterado que el auto de Pedreira supone "una nueva resolución judicial que imputa graves delitos contra Camps, entre otros" y pone de manifiesto "el esfuerzo inútil de manipular el conjunto de las instituciones valencianas en beneficio de las estrategias procesales de Camps".

Sobre este tema, se ha referido al escrito de 700 folios enviado desde la Abogacía General de la Generalitat Valenciana al juez Pedreira después de que este le reclamase la identificación de los responsables de los 17 centros dependientes del Consell que suscribieron algún contrato con las sociedades implicadas en la trama.

"Han dado los nombres y apellidos de todos aquellos que participaron en cualquier clase de contratación menos Camps", ha señalado Luna, que ha destacado que el objetivo de esta actuación ha sido el de "incriminar a cualquiera para salvarse él a toda costa".

Así, ha considerado que, parafraseando la obra de Francisco de Rojas 'Del rey abajo, ninguno', "parece que Camps está debajo de todos" a la hora de tomar decisiones.

En este sentido, ha lamentado que esta estrategia "rechazable, desleal y espúrea" del "me salvo yo y que se hundan todos" crea un Consell "cada vez más enfrentado y paralizado, si es que eso es posible".

Por ello, ha reiterado que "es hora" de que Camps "dé la cara y afronte sus responsabilidades".

Por otra parte, el portavoz socialista ha subrayado que el auto recoge también una referencia expresa a la existencia de una "empresa criminal" en la red delictiva de la trama Gürtel, en la que "el cohecho se produce a través de la prevaricación, lo que conlleva la malversación de los fondos públicos para la financiación irregular para lo que se elaboran facturas falsas".

Por ello, según Luna, el juez ha decidido que la parte de la financiación que se "desgranó" en su día del conjunto de la causa "debe volver a fusionarse".

"No estamos hablando de tres trajes, sino de una trama delictiva de la que se han venido beneficiando", ha agregado, antes de reconocer que "si los trajes se utilizaron para conseguir un contrato no estaríamos hablando de cohecho pasivo impropio, sino propio".

"Y eso ya no se soluciona con una multa, sino que conlleva la inhabilitación", ha apuntado.

Asimismo, ha asegurado que si la causa de la supuesta financiación irregular llega finalmente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), será la propia sala la encargada de decidir si la rechaza o la admite y, en este segundo caso, si lo incorpora a la causa de los trajes o abre un proceso independiente.

Cajastur afirma, sobre el SIP con la CAM, que "cada caja deberá dar explicaciones de las decisiones que tome"

TOLEDO.- El presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, ha asegurado este viernes, sobre el hecho de que el Sistema Institucional de Protección (SIP) que tienen previsto constituir la entidad asturiana, la CAM, Caja Extremadura y Caja Cantabria esté "en una situación real de peligro", que "caja deberá dar explicaciones de las decisiones que tome".

Así lo ha afirmado Menéndez a preguntas de los medios durante una rueda de prensa en Toledo, después de que la caja alicantina decidiera anoche no aceptar la delegación de funciones en el presidente de la entidad asturiana. Además, ha añadido que Cajastur ha tomado los acuerdos correspondientes en su Consejo de Administración.

"Yo doy explicaciones de las decisiones que toma Cajastur que han sido comunicadas por medio de un hecho relevante y a eso es a lo que me remito. Del resto de cajas corresponderá hablar a sus responsables", ha concluido.

El Consell asegura que la CAM "cumple con su palabra" y "defiende sus intereses como caja líder en la Comunidad"

VALENCIA.- La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, ha afirmado este viernes que la CAM es una entidad "solvente que ha cumplido siempre con su palabra", al tiempo que se ha mostrado segura de que "va a defender sus intereses de la mejor forma posible y como corresponde a una caja que ha sido líder en la Comunidad".

Sánchez de León se ha expresado de esta manera en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, tras ser preguntada por el resultado de la reunión del consejo de administración de CAM en la que se aprobó el SIP en todo, excepto en la delegación de las facultades en el consejero delegado", puesto que está previsto que recaiga en el presidente de Cajastur, Manuel Menéndez.

"La CAM ha actuado siempre con lealtad en este proceso y sigue actuando. Es una caja solvente que ha cumplido siempre con su palabra", ha dicho la consejera.

Asimismo, ha indicado que desde el Consell "respetamos las decisiones de los procesos" aunque "estamos seguros de que la CAM, como siempre ha hecho, va a defender sus intereses de la mejor forma posible y como corresponde a una caja que ha sido líder en la Comunidad".

El Consell afirma que los promotores valencianos "ajustan" los precios de las viviendas al poder adquisitivo de los vecinos

VALENCIA.- La directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos de la Generalitat, Mª Jesús Rodríguez, ha destacado este viernes que la Comunitat Valenciana mantiene el precio de la vivienda libre por debajo de la media española lo que, a su juicio, "demuestra el esfuerzo que están haciendo los promotores por ajustar los precios a la capacidad adquisitiva de los ciudadanos en un momento económico crítico como el que estamos viviendo".

Rodríguez se ha expresado en estos términos en un comunicado en relación a los datos difundidos por el Ministerio de Vivienda, según los cuales el precio medio de la vivienda libre se redujo en la Comunitat Valenciana un 5,1 por ciento en el segundo trimestre, con lo que se sitúa como la segunda autonomía con mayor descenso.

"El precio de la vivienda en la Comunitat es un 20 por ciento más barato que la media nacional", ha asegurado la directora general, quien ha indicado que la autonomía valenciana "mantiene el precio de la vivienda libre por debajo de la media española". Así, ha recalcado que "la vivienda es cada vez más accesible".

Mª Jesús Rodríguez también ha indicado que "la Comunitat Valenciana es la sexta autonomía española más barata en el precio de la vivienda libre. Nuestro precio está muy por debajo que el de comunidades como País Vasco, Madrid y Cataluña, que son las tres más caras del país", ha precisado.

Además, ha hecho hincapié en que la "inoportuna" subida del IVA aprobada por el Gobierno central y que ya se aplica a partir de este mes "puede llegar a compensarse en parte gracias a la buena situación de los precios en nuestra autonomía".

Los datos de precios de vivienda libre en la Comunitat Valenciana al cierre del segundo trimestre de 2010 muestran que este autonomía ofrece un precio de la vivienda libre de 1.459,1 euros por metro cuadrado, mientras que la media nacional se sitúa en 1.848,9 euros.

En la Comunitat el precio es más bajo que en regiones como País Vasco (2.676,8 euros), Madrid (2.552 euros), Cataluña (2.253,2 euros), Baleares (2.103,7 euros), Cantabria (1.852,2 euros), Ceuta y Melilla (1.701,6 euros), Aragón (1.663,6 euros), Asturias (1.649,1 euros), Andalucía (1.590,1 euros), Canarias (1.561,6 euros) y Navarra (1.549,5 euros) y La Rioja (1.516,9 euros).

Tan sólo hay cinco comunidades autónomas con un precio más barato que el de la Comunitat Valenciana. Se trata de Galicia (1.456 euros), Castilla y León (1.392,3 euros), Murcia (1.356 euros), Castilla La Mancha (1.258 euros) y Extremadura (1.014,4 euros).

Rodríguez ha explicado que la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha realizado este año un Panel de Expertos sobre el coste de la vivienda con la finalidad de ofrecer un análisis "justo y equitativo" del mercado inmobiliario en este momento de crisis, y proporcionar al sector y a la sociedad "una guía de referencia, unas recomendaciones que permitan conocer los parámetros que constituyen el coste de la vivienda y que contribuyan a impulsar la estabilidad del mercado y la recuperación del sector".

El Gobierno da el visto bueno a la reserva de bienes para la construcción de desalación en la Marina Baja

MADRID.- El Consejo de Ministros ha declarado este viernes, a petición de la Dirección General del Agua, dependiente de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la reserva de 73.329 metros cuadrados de terrenos de dominio público marítimo-terrestre, afectados por la realización del Proyecto de construcción de desalación y obras complementarias para la Marina Baja, en Alicante.

Dicha reserva se declara, entre otras, con las siguientes condiciones: la duración de la reserva se limitará al tiempo necesario para el cumplimiento de los fines establecidos; la reserva nunca podrá amparar la realización de otros usos y actividades distintas de las que justifican su declaración y también se deberá mantener la servidumbre de tránsito definida en la Ley de Costas, con una anchura de seis metros, para uso público y peatonal.

El órgano encargado de la ejecución de las obras será el responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionar las obras autorizadas, directa o indirectamente, en los terrenos de dominio público marítimo-terrestre. Dicho órgano está exclusivamente autorizado a ocupar la superficie de dominio público marítimo-terrestre destinada a la reserva.

Además, y de acuerdo la Ley de Costas y de su Reglamento, se ha cumplido el trámite de audiencia previsto en ambas disposiciones, sin que el Ayuntamiento de Mutxamel, ni la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana se opusiesen a la citada reserva en el plazo concedido al efecto.

Por otra parte, el Consell valenciano ha refrendado el informe presentado por el Vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, en el que se solicita a la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura la aprobación de forma urgente, de un aporte de agua para la provincia de Alicante de 68 hm3, 16 para abastecimiento y 52 para regadío durante los meses de verano ya que la situación hidrológica del Tajo lo permite. Además, ha asegurado que "no existe ninguna razón técnica para suministrar esta cantidad de agua".

La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, ha explicado que la Comisión de Explotación del Tajo-Segura debe reunirse periódicamente y antes de cada uno de los trimestres hidrológicos. No obstante, hasta la fecha, cuando ya se ha iniciado el último trimestre del año hidrológico, que comprende los meses de julio, agosto y septiembre, no se ha convocado formalmente la reunión de la comsión, lo que genera una situación de incertidumbre sobre estos usuarios.

En este sentido, ha señalado que "resulta imprescindible" para poder planificar las actividades económicas y la demanda de empleo de las comarcas afectadas, conocer de antemano del agua de la que se puede disponer, especialmente para los meses del verano, época de máxima demanda en abastecimiento y regadío.

Por otro lado, la consellera ha apuntado que el abastecimiento a los municipios alicantinos por parte de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla ha de realizarse con la "máxima eficiencia energética y económica" porque en épocas de sequía aumenta el recibo del agua puesto que el consumo procede de agua desalada.

"Pero en un año hidrológico bueno como el actual, se puede utilizar al máximo recursos del trasvase mucho más económicos que los de la desalación" ha dicho Sánchez de León, que ha apuntado que adoptar este criterio de máxima eficiencia energética asociada a un mayor consumo de agua del Trasvase Tajo-Segura para los años hidrológicos ordinarios supone un ahorro superior a los cuatro millones de euros al año para las familias alicantinas.

En este sentido, la portavoz del Consell ha indicado que la provincia de Alicante ha recibido 49,3 hm3 menos de los demandados por la Generalitat en lo que llevamos de año hidrológico. Una demanda que se realiza, en colaboración con la Universidad de Alicante, quien elabora trimestralmente un informe en el que se evalúa las necesidades de los abastecimientos y regadíos de los usuarios del Tajo-Segura.

La falta de concesión de esta cantidad de agua "ha provocado una disminución de la actividad económica y del empleo y una afección al medio ambiente por el mantenimiento de la sobreexplotación de los acuíferos y de la afección a la calidad del suelo por la deficiente calidad del agua de riego disponible".

En concreto, el informe de la Universidad de Alicante establece que para este trimestre es necesario aportar a la provincia de Alicante 68 hm3; 52 para regadío y 16 para abastecimiento ya que la buena situación de los embalses de Entrepeñas y Buendía y la aplicación de explotación del trasvase Tajo-Segura permite el aporte de esta cuantía ya que en la actualidad, la situación hídrica es ordinaria, superando la situación de sequía, por lo que "no existe ninguna razón técnica para suministrar esta cantidad de agua".

Hasta el momento, en lo que llevamos de año hidrológico, se han trasvasado aproximadamente 64,7 hm3 a la provincia de Alicante, cuando hubiera sido posible trasvasar 114 hm3.

Las bajas de controladores provocarán retrasos en vuelos del Mediterráneo todo el fin de semana

BARCELONA.- Las ausencias de controladores en el centros de control de Barcelona y la torre del Aeropuerto de Gerona provocarán retrasos en vuelos de todo el área del Mediterráneo durante el fin de semana. Esta noche faltarán al trabajo 7 de los 18 controladores de turno en Barcelona, según ha informado Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

En la torre de control de Gerona, la baja de tres de los cuatro controladores programados para esta tarde obligará a no admitir tráfico en el aeropuerto entre las 19.30 y las 21.00 horas. Se verán afectados ocho vuelos, cuatro de salida y cuatro de llegada.

Según AENA, la situación será especialmente grave el domingo en el centro de control de Barcelona, ya que en el turno de mañana (a partir de las 07.30 horas) no irán a trabajar 18 controladores, lo que supone una tercera parte de los programados, por lo que la compañía ha designado siete servicios obligatorios.

El absentismo de los controladores del centro de control de Barcelona tendrá incidencia en todos los aeropuertos del este peninsular y Baleares, con demoras que pueden llegar a las cuatro horas, ya que se encarga de toda el área mediterránea.

Ayer ya se produjeron retrasos de hasta una hora en vuelos que transcurren por el cielo catalán debido a la ausencia de ocho controladores de un total de 28 en Barcelona.

Según la empresa, los controladores aéreos mantienen su estrategia de utilizar las bajas "como medida de presión" sobre AENA durante el proceso de negociación del convenio colectivo.

El Banco de España exige a Caja Mediterráneo que continue su proceso de fusión con Cajastur

MADRID.- El Banco de España ha demandado a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que resuelva sus diferencias con Cajastur y selle la alianza que crearía la tercera caja española con 135.000 millones en activos y más de 2.000 oficinas, algo que sería, a juicio del organismo, un proyecto beneficioso para todas las partes.

Según fuentes financieras, el Banco de España ha trasladado este mensaje durante la reunión de emergencia convocada con la caja, en la cual no han estado presentes ni el gobernador del organismo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ni el subgobernador, Javier Aríztegui, de acuerdo con fuentes del supervisor bancario.

El Banco de España aboga por la continuidad del proyecto, aunque reconoce que la decisión depende en última instancia de las partes implicadas.

La CAM ha puesto en peligro la 'fusión fría' a través de un Sistema Institucional de Protección con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria al rechazar la parte del contrato que se refería al control del grupo resultante.

En concreto, se negó a aceptar la delegación del poder en el consejero delegado, que estaba previsto que fuera el presidente de Cajastur, Manuel Menéndez. Éste tendría las facultades de nombrar a los dos directores generales y determinar las funciones que tienen que desarrollar.

El acuerdo inicial contemplaba que el grupo resultante estuviera controlado por la entidad asturiana y la alicantino-murciana, con el 40% del grupo resultante cada una, mientras que Caja Extremadura tendría el 11% y Caja Cantabria, el 9% restante.

El Banco de España había convocado esta reunión de urgencia para tratar de reconducir la fusión fría o Sistema Institucional de Protección (SIP).

El organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez tomó la iniciativa después de que la caja alicantina decidiera anoche no aceptar la delegación de funciones en el presidente de la entidad asturiana, Manuel Menéndez, que ocuparía el cargo de consejero delegado del SIP.

No obstante, el objetivo de la reunión convocada por el Banco de España distaba de tener carácter de ultimatum ni puede interpretarse como un 'tirón de orejas' a la CAM, sino que más bien perseguía acercar de nuevo las posiciones de los integrantes de la fusión fría.

La CAM ya afrontó dificultades en las negociaciones con la BBK al rechazar la posición de control de la entidad vasca, y tampoco llevó a buen término las conversaciones con Caja Murcia por los mismos motivos, según las fuentes consultadas.

Pero ahora, desde el pasado martes, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) podrá adquirir títulos emitidos por entidades financieras individuales en situaciones excepcionales y según el criterio del Banco de España con el fin de reforzar sus recursos propios aunque éstas no se fusionen.

Así figura en un nuevo artículo incluido en las disposiciones adicionales en materia de solvencia contenidas en el Titulo VI de la reforma de la ley de cajas que publicó el pasado día 13 el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El FROB podrá comprar títulos de entidades que "aún siendo solventes y viables pudieran no ser suficientemente resistentes en contextos significativamente más adversos que el actual", lo que pudiera aconsejar "un reforzamiento urgente de su capital" con el objetivo de incrementar la confianza del mercado en dichas entidades, reza el texto.

La compra de títulos estará condicionada a la elaboración de un plan de recapitalización aprobado por el Banco de España, que valorará especialmente la capacidad de la entidad para lograr los objetivos planteados "sin acometer un plan de integración", especifica.

Por otro lado, la norma establece que las comunidades autónomas solo podrán denegar la autorización a la fusión de entidades mediante "resolución motivada" cuando la resultante pueda incumplir los requisitos objetivos de la normativa.

El TSJCV convoca a las partes implicadas en la causa de los trajes para escuchar las conversaciones intervenidas

VALENCIA.- El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) encargado de la instrucción de la causa de los trajes dentro de la trama 'Gürtel', José Flors, ha convocado a los letrados de las partes implicadas en la misma para proceder a la escucha de las conversaciones intervenidas a los principales imputados de la trama, según ha confirmado este viernes el portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna.

Luna ha señalado en una comparecencia ante los medios, en la que ha valorado el auto del juez instructor del caso 'Gürtel' en Madrid que el TSJCV ya les ha notificado la celebración de estas sesiones, que tendrán lugar en la propia Sala del Tribunal. Sin embargo, fuentes socialistas han detallado que, aunque estaba previsto que las escuchas comenzaran este mismo viernes, pero por el momento (sobre las 14.horas), "no hay constancia de que ya hayan empezado".

"En el sumario del caso están transcritas una serie de conversaciones, no todas, y tendremos la oportunidad de oírlas", ha indicado Luna, que ha agregado que, "como no quieren que trasciendan, nos tocará ir allí" para escucharlas.

No obstante, el síndic socialista ha precisado que estas sesiones se interrumpirán en agosto, porque se trata de un mes "inhábil", en el que "hasta el magistrado Flors tiene derecho a vacaciones".

El SIP de Cajastur y CAM, en peligro por el rechazo de nuestra caja de delegar poderes en Menéndez

ALICANTE.- El Sistema Institucional de Protección (SIP) que tienen previsto constituir Cajastur, la CAM, Caja Extremadura y Caja Cantabria está "en una situación real de peligro", después de que la caja alicantina decidiera anoche no aceptar la delegación de funciones en el presidente de la entidad asturiana, Manuel Menéndez, que ocuparía el cargo de consejero delegado del SIP, indicaron hoy fuentes financieras.

Las mismas fuentes señalaron que la CAM, "de facto, ha roto el SIP, porque pretende introducir cambios sustanciales en el contrato de integración", en alusión a la asunción de funciones por parte del máximo responsable de Cajastur.

Siempre según las mismas fuentes, las pretensiones de la entidad alicantina contrastan con la actitud del resto de las entidades integrantes de esta fusión fría, cuyos correspondientes consejos de administración han ratificado el contrato, entregado ya al Banco de España y al FROB.

El consejo de administración de la CAM aceptó ayer el Sistema Institucional de Protección (SIP) que formará junto a Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, que daría lugar a la tercera caja del país, excepto en lo que se refiere a la delegación de las facultades en el consejero delegado.

En este sentido, el consejo de la caja reafirmó la necesidad de que la soberanía que ceden las cajas "la reciba y administre el Consejo de Administración del Banco y, a través de éste, el Consejero Delegado".

Por su parte, Cajastur respondió a la CAM que el contrato de integración en el Sistema Institucional de Protección (SIP) entre ambas cajas, Caja Extremadura y Caja Cantabria se debe aceptar en todos sus términos o se rechaza.

Greenpeace denuncia que la Comunitat Valenciana es la autonomía española que más ha destruido su litoral en esta década

MADRID.- Greenpeace denuncia en la última edición de su informe 'Destrucción a Toda Costa' que la la Comunidad Valenciana es la autonomía española donde más se ha destruido el litoral en la última década.

La entidad ecologista ha presentado este viernes la décima edición de su informe 'Destrucción a Toda Costa', donde se analizan y recopilan los datos sobre la situación del litoral español durante la última década y se propone una hoja de ruta para proteger "la poca costa que queda en buen estado", según ha informado la formación en un comunicado.

Tras años vigilando el litoral español, la organización ecologista destaca que "el urbanismo salvaje, la construcción de infraestructuras y la contaminación han destruido en las últimas dos décadas en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día". Asimismo, denuncia el "acoso" a los "escasos" espacios vírgenes que quedan y exige su protección.

Greenpeace asegura que, en toda España, desde 1987 a 2005 se destruyeron un total 50.504 hectáreas de suelo natural en los dos primeros kilómetros de franja costera, "7,7 hectáreas de costa degradadas cada día para crear urbanizaciones, suelo industrial y comercial".

"Todos somos conscientes de que la agresión a la costa ha sido imparable los últimos años. Pero lo más grave es que esta tendencia continúa y los políticos se afanan en acabar con la única normativa que defiende el litoral", ha subrayado el director de Greenpeace, Juan López de Uralde.

En su opinión, "lo que hay que demoler son las grandes ilegalidades y no la Ley de Costas" y ha asegurado que desde la entidad que preside van a "seguir luchando para que esto no pase". Asimismo, ha comentado que "es lamentable que por intereses partidistas se promuevan rebajas a la Ley de Costas que pretenden legalizar los desmanes que se han permitido durante todos estos años".

Greenpeace, en su informe, además de alertar sobre el urbanismo "salvaje", hace hincapié también en que, durante esta década, "se ha justificado la avalancha de proyectos de nuevos amarres deportivos con la excusa de la Copa América en 2007 y 2010". "El evento deportivo se convirtió en la coartada perfecta para intentar realizar una ampliación desmedida de los puertos", destaca.

Asimismo, también se refiere a la contaminación de las aguas. Para el colectivo ecologista, esta década "ha estado marcada por las denuncias y sanciones de la Unión Europea por el incumplimiento sistemático de la legislación comunitaria en materia de vertidos, depuración y calidad de las aguas".

"Sistemáticamente desde Guardamar del Segura, pasando por L'Albufera y hasta el entorno de la refinería de BP en Castellón, la Comunitat ha incumplido estas directivas", señala, y añade que en el cómputo total de vertidos de sustancias contaminantes al litoral la autonomía valenciana vierte casi un 18 por ciento de las emitidas por el Estado español al Mediterráneo.

Greenpeace señala dos "asignaturas pendientes" en la gestión del litoral valenciano y recuerda que las iniciativas sobre una economía sostenible no pueden ser reales si los casos de destrucción costera más icónicos siguen presentes en la próxima década.

En primer lugar, esta entidad considera que, tras la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia en la que se declara nula la concesión de la ampliación del puerto deportivo de Campomanes (Altea), la Generalitat "debe abandonar sus intentos por promover la legalidad del puerto en el Supremo y restaurar la zona ya dañada por la ampliación".

Además, entiende que los Espacios Naturales Protegidos de la costa están "asfixiados por el ladrillo y el hormigón". En esta línea, destaca que "marjales, albuferas y dunas deben ser gestionados adecuadamente sin supeditar los planes urbanísticos sobre la protección ambiental".

En el informe diversos testigos de la destrucción costera, actores, cantantes, periodistas, pescadores o abogados dan en primera persona palabra a la "destrucción". Rosa Regás, Manuel Rivas, Miguel Delibes de Castro o el ex director General de Costas Fernando Marín son algunas de las firmas que aparecen en el informe.

Además, como apoyo al texto, Greenpeace ha recopilado un archivo de postales históricas de la costa que han vuelto a ser retratadas, exactamente en el mismo punto, años después.