sábado, 30 de septiembre de 2023

Juristes Valencians: "Apenas se habló de problemas valencianos en el debate de investidura"


VALENCIA.- Juristes Valencians lamenta las "escasas referencias a la Agenda Valenciana" realizadas por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el debate de investidura y la "ausencia total de cuestiones valencianas" en las intervenciones del PSOE y los representantes de Sumar, "coalición electoral en la que están adscritos los cuatro diputados valencianos de Compromís-Sumar".

En un comunicado, la entidad ha informado de que han iniciado contactos para organizar una concentración de dirigentes de colectivos sindicales, empresariales, festivos y culturales, que tienen previsto que coincida con el proceso de investidura de Pedro Sánchez, con el fin de visibilizar la "problemática valenciana" y “hacernos escuchar en Madrid”.

“No podemos perder otra legislatura por incomparecencia de nuestros políticos en el debate territorial”, ha indicado el presidente de Juristes Valencians, José-Ramón Chirivella, quien ha señalado que en los contactos que está manteniendo con diferentes líderes sociales, está mostrando el "malestar de Juristes ante el olvido de los compromisos adquiridos en campaña electoral por todas las fuerzas parlamentarias".

Además, ha advertido de que “no podemos perder otra legislatura por incomparecencia de nuestros políticos en el debate territorial, a la vista de que los intereses catalanes, vascos, gallegos, madrileños o andaluces, están tradicionalmente bien defendidos por diferentes grupos parlamentarios".

Juristes Valencians recuerda que los temas esenciales de la Agenda Valenciana son una justa financiación autonómica valenciana, o la condonación de la deuda “impropia” valenciana, que se cifra en más de 40.000 millones con causa directa en la infrafinanciación.

También la deficiente participación en los Presupuestos Generales del Estado, en especial de la Provincia de Alicante, la aprobación por el Congreso de la reforma constitucional para la recuperación del Derecho Civil Valenciano, pendiente desde el año 2020, o cuestiones vinculadas al mantenimiento del trasvase del Tajo a la Vega Baja, la finalización del Corredor Mediterráneo, la mejora de los servicios de cercanías ferroviarias o la recuperación del patrimonio cultural como la Dama de Elche.

Chirivella considera "absolutamente insuficientes" las referencias realizadas por Feijóo a la justa financiación autonómica en su discurso del pasado 26 de septiembre, y señala el "contraste" con las referidas a la Agenda Canaria, las peticiones de Madrid, o las infraestructuras de Galicia.

"Entre lo positivo del discurso, la propuesta de un pacto del agua, y entre los olvidos, referencias concretas a la reforma constitucional para recuperar el Derecho Civil Valenciano, pese a que apoyó concluir con urgencia la modificación del artículo 49 de la Constitución para corregir el término disminuido del texto constitucional", ha agregado.

El presidente de Juristes Valencians responsabiliza a Àgueda Micó y Txema Guijarro, diputados por Valencia y Alicante, "de conseguir compromisos concretos del PSOE en materia de condonación de deuda y recuperación del derecho civil valenciano antes del debate de investidura de Pedro Sánchez".

Compromís pide que Metrovalencia y los TRAM de Castelló y Alicante funcionen las 24 horas los fines de semana y festivos


VALENCIA.- La diputada de Compromís María José Calabuig ha registrado en las Cortes Valencianas una iniciativa para que el Consell amplíe los horarios del TRAM de Alicante, del TRAM de Castelló y de Metrovalencia. 

“Queremos que como mínimo proporcione servicio a la ciudadanía durante las 24 horas del fin de semana y festivos, y llegue hasta las 02:00 a.m. los días laborables”, ha señalado la diputada miembro de la comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transporte.

La coalición persigue con la proposición no de ley continuar avanzando hacia un modelo de movilidad que atienda las necesidades de la ciudadanía valenciana, en especial de la clase trabajadora y las personas jóvenes, al mismo tiempo que se da respuesta a la emergencia climática impulsando el transporte colectivo y sostenible.

“Tenemos que avanzar en la misma dirección de muchas ciudades europeas en las que es frecuente disfrutar de horarios más amplios y adecuados con los tiempos de trabajo y ocio de las personas. Además, hay que destacar el carácter feminista que tendría esta ampliación, dado que el perfil más común de la persona usuaria del servicio es el de una mujer en torno a los 35 años, según datos del Índice de Satisfacción al Cliente de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana”, ha considerado Calabuig.

Barrachina (PPCV) asegura que en el portal de transparencia aparecen "ahora sí" lo que perciben "todos los altos cargos"


VALENCIA.- El síndic del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes, Miguel Barrachina, ha reprochado al PSPV que quien tiene que "aclarar" cuestiones sobre sueldos es su secretario general y 'expresident' de la Generalitat, Ximo Puig, y no "gente honrada" sobre la que el socialista "siembra dudas y difama". Además, ha animado a los socialistas a leer el portal de transparencia de la Generalitat, "donde ahora sí se recogen todos los bienes y rentas de los altos cargos".

De esta manera ha respondido el parlamentario 'popular', en un comunicado, a la portavoz del PSPV-PSOE en el área de Transparencia en Les Corts, Mercedes Caballero, quien ha exigido al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y al resto de miembros del Consell que "aclaren" si están cobrando "algún tipo de sobresueldo, bien en metálico o en especie, más allá del salario que perciben actualmente como cargos públicos de la Generalitat Valenciana".

Para Barrachina, los socialistas "deben leer el portal de transparencia de la Generalitat, donde ahora sí se recogen todos los bienes y rentas de los altos cargos, en lugar de ofender, sembrar dudas y difamar sobre gente honrada cuando Puig tiene a su familia imputada por el presunto cobro irregular de subvenciones".

"El Partido Socialista, en lugar de dedicarse a ofender, debe aprender a leer y mirar en el portal de transparencia, donde aparecen todas las rentas y los bienes de todos los miembros del Consell", ha insistido.

En este punto, ha añadido: "Donde lo tienen más difícil es con su secretario general, Ximo Puig, que es a la vez senador, diputado de Les Corts, se ha acogido además al estatuto de expresidente, se autopostula a ministrable y tiene un hermano imputado por presuntamente haber ingresado dinero público durante años a base de subvenciones del gobierno que presidía su hermano".

Barrachina ha explicado que el portal de Transparencia "recoge de manera clara y detallada lo que perciben todos los altos cargos".

 "Ahí está todo recogido y se disipa cualquier duda. No es de recibo lanzar dudas sobre gente honrada sin ninguna prueba", ha recalcado.

Según el dirigente 'popular', "lo único que pretenden -los socialistas- con este tipo de declaraciones fuera de tono es desviar la atención para no ofrecer explicaciones sobre la agenda oculta de Sánchez con el separatismo y tratar de ocultar lo que están negociando bajo mano con los independentistas, que es lo que de verdad importa a los españoles".

"También deberían preguntarse los socialistas si les parece lógico que la familia de Puig haya presuntamente ingresado dinero público durante años a base de subvenciones del gobierno que presidía su hermano", ha continuado.

Por último, Barrachina ha afeado a los socialistas que "no pueden acusar a quienes cumplen escrupulosamente con la legalidad, mientras su propio secretario general se dedica a acaparar cargos como si no hubiera un mañana y tiene a su familia bajo la lupa de un juez".

Compromís pide que comparezca Leticia Sanchiz en Corts para explicar "si está incumpliendo la ley de incompatibilidades"


VALENCIA.- La portavoz de Agricultura de Compromís en las Corts Valencianes, Paula Espinosa, ha pedido la comparecencia de la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Leticia Sanchiz, tras denunciar que es propietaria y miembro del equipo directivo del Grupo Sanchiz, empresa “sancionada por el vertido excesivo de purines generados en la macrogranja de Balsa de Ves (Albacete)”.

La diputada ha registrado en sede parlamentaria la petición de comparecencia después de que el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre, defendiera durante su comparecencia en las Corts esta semana que el nombramiento como alto cargo de Sanchiz “es experiencia y no incompatibilidad”, según subraya la coalición en un comunicado. 

Espinosa ha considerado “insuficientes” las explicaciones del conseller respecto al nombramiento de Sanchiz, de quien la diputada ha insistido en que es “responsable en una empresa sancionada por irregularidades laborales, por cuestiones de bienestar animal y por ocultamiento de datos del impacto ambiental de sus actividades vinculadas con la ganadería industrial y la gestión de residuos”.

“A falta de explicaciones del conseller Aguirre, hemos pedido la comparecencia de Leticia Sanchiz, la actual directora general de Producción Agrícola y Ganadera, para que venga a dar explicaciones de si efectivamente está incumpliendo la ley de incompatibilidades y todavía forma parte del Grupo Sanchiz, dedicado al sector porcino y fotovoltaico, y sancionado en varias ocasiones por vertidos ilegales, así como por maltrato animal”.

Por ello, desde Compromís quieren saber si la responsable autonómica “está incumpliendo la ley” y que comparezca en las Corts para “dar explicaciones a la ciudadanía”.

El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre (Vox), defendió, durante su comparecencia en el las Corts para explicar las políticas de su Conselleria en la recién estrenada legislatura, que su departamento está “a tiempo” de gestionar la situación de la nueva directora general de Producción Agrícola y aseguró que si esta debe renunciar a algún cargo en el sector privado lo hará, pero que para él su currículum “es experiencia, no es incompatibilidad”.

Esta misma semana, las entidades ecologistas y sociales Amigos de la Tierra, CERAI, Ecologistes en Acció País Valencià, Justicia Alimentaria, Per l'Horta, Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Transición Verde han remitido una carta al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en la que insisten en exigir la destitución de la mencionada directora general.

Las organizaciones denuncian el “fuerte conflicto de intereses” y las “múltiples irregularidades” del nombramiento de Leticia Sanchiz, puesto que subrayan que a día de hoy “mantiene 39 cargos societarios en varias empresas pertenecientes al Grupo Sanchiz”, que gestiona más de 300.000 cerdos anualmente dentro y fuera del territorio valenciano, actividad que ejerce un “gran impacto negativo” sobre suelos y acuíferos.

El portugués Negrao dirige desde mañana domingo la EUIPO en Alicante


VALENCIA.- El portugués Joao Negrao es desde mañana domingo el nuevo director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), donde releva al belga Christian Archambeau, y de esta forma se convierte en el quinto máximo responsable en los casi 30 años de historia de esta Euroagencia con sede en Alicante.

La EUIPO (hasta hace unos años llamada Oficina de Armonización del Mercado Interior, OAMI) ha tenido hasta ahora cuatro dirigentes desde su creación en 1994 comenzando por el francés Jean-Claude Combaldieu, hasta 2000, y seguido por el holandés Wubbo de Boer (2000-10), el luso António Campinos (2010-18) y el belga Christian Archambeau (2018-23).

Hasta ahora presidente de la Comisión de Recursos de la EUIPO, Negrao ostenta desde mañana 1 de octubre un puesto al que se presentaron varios candidatos cualificados de varias nacionalidades, y en la ronda final se midió al francoespañol Etienne Sanz de Acedo.

El nuevo director ejecutivo de la EUIPO lleva más de una década en la Euroagencia, adonde llegó en 2010 como jefe de gabinete del entonces presidente para convertirse en 2011 en director del Departamento de Cooperación Internacional y Asuntos Legales.

Desde ahí expandió la cooperación entre las oficinas nacionales y locales de protección intelectual de la UE, lideró la creación del Programa de Convergencia que armoniza las prácticas a nivel europeo; y supervisó la expansión de las actividades de cooperación internacional de la EUIPO. Desde abril de 2021 ha estado al frente de la Comisión de Recursos de la Oficina.


Según se hizo público en diciembre de 2022, cuando quedó vacante el cargo, el salario base mensual del director ejecutivo de la EUIPO se eleva a 17.639,97 euros, una cantidad a la que añaden complementos en función del estado civil y del número de hijos.

El puesto es independiente en el cumplimiento de sus funciones y no acepta instrucciones de ningún gobierno u organismo alguno, y sólo depende de la Comisión Europea.

Entre los requisitos para optar al puesto, haber nacido en alguno de Los 27, tener menos de 61 años y un mínimo de 15 años de experiencia laboral, de los cuales 5 deberán ser en un ámbito comparable a la actividad de la Euroagencia, así como también otros 5 como directivo.

Al menos, debe tener experiencia profesional relacionada con el trabajo en otras lenguas distintas de la materna y un conocimiento profundo de otro idioma de trabajo habitual de la oficina (nivel C1), que son el inglés, alemán, francés, español e italiano.

En un comunicado colgado en la web de la EUIPO, Negrão ha destacado el "inmenso privilegio" del nuevo cargo y ha confiado en ayudar a "reforzar la cooperación con las oficinas de PI y las asociaciones de usuarios, así como con las instituciones de la UE, para garantizar que juntos sigamos produciendo un cambio positivo en el sistema de propiedad intelectual".

La EUIPO es la segunda mayor agencia descentralizada de la UE que, con un presupuesto de 589 millones de euros y 1.172 eurofuncionarios, se dedica al registro de la marca, el dibujo y el modelo comunitario, además de albergar el Observatorio europeo contra la piratería. La actividad se efectúa en cualquiera de las 23 lenguas oficiales, incluidas las cinco de trabajo.

Con sede en Alicante y presente también en África, América y Asia, la EUIPO registra anualmente más de 170.000 marcas y 100.000 dibujos y modelos, y en la etapa de Negrao asumirá algunas nuevas competencias, como la artesanía y las indicaciones geográficas industriales (IG), al tiempo que seguirá colaborando con la Comisión Europea sobre indicaciones geográficas agrícolas y apoyando a las pequeñas y medianas empresas a través del 'Fondo Pyme'. 

Trabajadores de las ITV aplazan la huelga para que la dirección de Sitval pueda conocer "la realidad"



VALENCIA.- Los sindicatos de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunitat Valenciana han decidido suspender y aplazar la huelga indefinida que habían convocado a partir del lunes 2 de octubre para denunciar el "incumplimiento" del acuerdo de equiparación salarial de la plantilla alcanzado tras la reversión pública del servicio y la "paralización" de la mesa de negociación del convenio colectivo.

En un comunicado conjunto, los sindicatos CCOO PV, UGT PV, Intersindical Valenciana y CSIF han informado de que, "a petición de la empresa", han alcanzado un acuerdo de aplazamiento de huelga hasta el día 22 de octubre. 

De esta manera, los trabajadores suspenden la convocatoria de paros a partir del próximo lunes y acceden a dar un plazo para que la nueva dirección pueda conocer "toda la realidad de la negociación en Sitval".

Asimismo, los representantes de los trabajadores han acordado iniciar un calendario de reuniones el próximo miércoles 4 de octubre de cara a estudiar el acuerdo de equiparación con el fin de "ponerlo en marcha".

En cualquier caso, subrayan que el comité de huelga se reunirá antes del día 22 de octubre y, "en vista de las negociaciones, tomará decisiones sobre la huelga".

Tras conocer la decisión, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha valorado y agradecido el "ejercicio de responsabilidad" de los trabajadores de las ITV al aplazar la huelga, atendiendo así la petición de la Conselleria.

Ahora, ha indicado, "abrimos un nuevo periodo, una nueva forma de negociación basada, sobre todo, en la seguridad jurídica para ambas partes para que nos pueda llevar a un acuerdo verdaderamente aplicable y no a la situación que nos hemos encontrado".

Por ello, de nuevo, ha agradecido la "responsabilidad" de los representantes de los trabajadores y ha aprovechado para defender que tanto desde su departamento como desde la nueva dirección de Sitval pondrán "todo el saber hacer y la capacidad de negociación" para alcanzar "un nuevo acuerdo".

Los sindicatos anunciaron el martes la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 2 de octubre para denunciar el "incumplimiento" del acuerdo de equiparación salarial de la plantilla alcanzado tras la reversión pública del servicio y la "paralización" de la mesa de negociación del convenio colectivo.

Ese mismo día se había celebrado una reunión del consejo de administración de la Sociedad Valenciana de las ITV SA (Sitval) en la que se nombró al nuevo director general de la entidad, Javier López Mora. 

El actual director, Josep Antoni Albert Quilis, se mantiene en el cargo de manera transitoria. Un día después, se celebró una sesión en el Tribunal de Arbitraje Laboral que acabó sin acuerdo, por lo que los sindicatos decidieron mantener la convocatoria de huelga.

De un lado, los sindicatos exigen que se aplique el acuerdo suscrito por los trabajadores de Sitval el día 17 de mayo de 2023 ante el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL), que recogía una equiparación para corregir disparidades salariales, que en algunos casos superaba el 40% para los mismos puestos de trabajo, principalmente en Alicante y que afectaba a más del 40% de la plantilla.

Sin embargo, la administración sostiene que, en palabras de la consellera, existen "dudas más que razonables de que el acuerdo firmado se haya tomado de manera legal", porque no consta que se pidiesen los informes perceptivos de Hacienda, de Presupuestos, de sector público o de Abogacía. 

De hecho, Montes afirmó que la actual dirección y el nuevo Consell no han tenido acceso "ni siquiera a ese acuerdo laboral" que los sindicatos denuncian que no se está aplicando.

Por ello, apeló a la "responsabilidad" de los sindicatos y solicitó el plazo de un mes para revisar la documentación. 

Según la consellera, "los propios sindicatos en la reunión del Consejo de Administración del martes aprobaron por unanimidad y estuvieron de acuerdo con el resto de consejeros en dar al consejo de administración el plazo de un mes" para ello.

La Comunitat Valenciana sigue como la más endeudada en relación a su riqueza al suponer el 43,5% del PIB



VALENCIA.- La Comunitat Valenciana, con un endeudamiento que supone el 43,5% del PIB, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Cataluña, con el 32,4% y Castilla-La Mancha (32,1%) y Región de Murcia (32,1%).

Les sigue Baleares (25,3%), Extremadura (22%), Cantabria (20,8%), Aragón (20,5%), Andalucía (20,2%), Castilla y León (19,9%), La Rioja (17,5%), Galicia (16,7%), Asturias (16%), Canarias (14,1%), Comunidad de Madrid (13,7%), Navarra (13,3%) y País Vasco (13%), según los datos del Banco de España publicados este viernes.

Por cantidades, Cataluña (86.800 millones de euros), Comunitat Valenciana (57.246 millones), Andalucía (38.018 millones) y Madrid (37.658 millones) siguen concentrando en el segundo trimestre dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos, aunque también obedece a una cuestión de población.

A continuación, figuran las comunidades de Castilla-La Mancha (15.839 millones), Castilla y León (13.506 millones), Galicia (12.333 millones), Murcia (12.072 millones) y País Vasco (10.916 millones).

Cierran la tabla Aragón (9.092 millones), Islas Baleares (8.981 millones), Canarias (7.049 millones), Extremadura (5.161 millones), Asturias (4.376 millones), Cantabria (3.363 millones), Navarra (3.175 millones) y La Rioja (1.760 millones).

En términos absolutos, la deuda subió en todas las comunidades autónomas respecto al segundo trimestre del año pasado, salvo en Aragón, Baleares, Cantabria, Navarra y País Vasco.

A nivel estatal, la deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en el segundo trimestre hasta el máximo histórico 1,569 billones de euros en términos absolutos, pero moderó su peso sobre el PIB al 111,2%.

En el último año la deuda pública se ha incrementado en 92.551 millones de euros, lo que representa un repunte del 6,3%, aunque su peso en el PIB ha caído del 114,5% en el segundo trimestre de 2022, al 111,2% entre abril y junio de este año, dado el mayor aumento de la actividad económica.

Respecto al trimestre anterior, la deuda se ha incrementado en 33.358 millones de euros, lo que supone un repunte del 2,2%, en un contexto marcado aún por el impacto de la guerra en Ucrania y el repunte de los precios. No obstante, el peso en el PIB se ha mantenido en el 111,2% en ambos trimestres.

La reciente revisión al alza del Producto Interior Bruto de los años 2021 y 2022 por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha modificado las estimaciones de deuda del Banco de España y ha supuesto una reducción mayor de la esperada de la ratio de deuda pública sobre el PIB.

Según lo fijado por el Ejecutivo en el Programa de Estabilidad en abril, la previsión para la deuda en 2023 era del 111,9% del PIB y el año en el que se estimaba que bajaría del 110% (109,1%) era en 2024. Pero tras la actualización por parte del INE, desde el Gobierno en funciones se ha adelantado a 2023 el objetivo de bajar del 110%.

Según ha destacado el Ministerio de Asuntos Económicos, la buena gestión fiscal y la fuerte recuperación de la economía española que se mantiene en 2023 van a permitir una fuerte reducción de la ratio deuda/PIB este año, mayor de la prevista, y cerrar por debajo de ese objetivo del 110% del PIB.

"En un contexto internacional de incertidumbre, España mantiene la confianza de los inversores, con una demanda sólida y diversificada", han remarcado desde el Ministerio de Asuntos Económicos.

Por administraciones, la deuda pública se incrementó en todas entre los meses de abril y junio de este año. Así, la deuda de la Administración Central subió en el segundo trimestre a 1.429 billones de euros, un 7,1% más que hace un año, lo que representa el 100,7% del PIB, frente al 102,9% del año anterior.

Por su parte, la deuda de las comunidades autónomas creció un 3,4% interanual, hasta los 327.346 millones de euros en el segundo trimestre, equivalente al 23,2% del PIB --frente al 24,6% del año pasado--.

En el caso de las corporaciones locales, su deuda se situó en 23.752 millones en el segundo trimestre de 2023, lo que supone un incremento del 0,8% respecto al mismo periodo de 2022. La ratio sobre el PIB se redujo ligeramente al 1,7%, frente al 1,8% del año pasado.

Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social escaló hasta los 106.174 millones de euros entre abril y junio, con un alza del 7% en un año. La ratio sobre PIB baja ligeramente del 7,7% de hace un año al 7,5% de 2023.

El incremento en valores absolutos se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario. Dichos préstamos, al tratarse de operaciones financieras entre subsectores, no afectan a la deuda total del sector Administraciones Públicas.

Por tamaño de ayuntamientos, los de más de 300.000 habitantes acumularon una deuda de 5.141 millones de euros entre abril y junio, 157 millones más que en el mismo trimestre del año anterior.

En concreto, Madrid, con una deuda de 1.886 millones de euros, sigue en cabeza de las corporaciones locales más endeudadas, seguida de Barcelona, con 1.155 millones, y Zaragoza, con 616 millones.