martes, 4 de mayo de 2010

Garzón, la justicia y la memoria / Ignacio Ramonet

La prensa mundial, las asociaciones de defensa de los derechos humanos y los más eminentes juristas internacionales no salen de su estupor. ¿Por qué la justicia española, que tanto hizo estos últimos años para reprimir los crímenes de lesa humanidad en distintas partes del globo, quiere sentar en el banquillo a Baltasar Garzón, el juez que mejor simboliza el paradigma contemporáneo en la aplicación de la justicia universal?

Los medios internacionales recuerdan los méritos del "superjuez": su trascendental papel en el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, en 1998; su denuncia de las atrocidades cometidas por los militares en Argentina, Guatemala y otras dictaduras latinoamericanas; su empeño en desmantelar a los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) y en enviar a los tribunales a Felipe González; su oposición a la invasión de Irak en 2003; y hasta su reciente viaje a Honduras para advertir a los golpistas de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.

Como juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón ha encausado a unos mil activistas de la organización ETA (la derecha sugirió que se le concediera por eso el Premio Nobel de la Paz....). Lo que ha dado lugar a críticas, en particular su decisión de ordenar, en 1998, el cierre del diario Egin . O sus órdenes de detención, bajo régimen de incomunicación, de personas acusadas de terrorismo. Organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa, reclaman la abolición de esa modalidad de detención. También se ha criticado la inmoderada afición del "juez estrella" por los primeros planos mediáticos.

En cualquier caso, Garzón ha demostrado ser un juez alborotador, independiente e incorruptible. Por eso ha acumulado tantos adversarios y se ve perseguido hoy por los corruptos de la trama "Gürtel" (1) y los herederos del franquismo. En el Tribunal Supremo hay, en efecto, tres denuncias contra él. Una sobre los honorarios que habría percibido por unas conferencias en Nueva York patrocinadas por el Banco Santander. Otra sobre unas escuchas telefónicas ordenadas en el marco de la investigación sobre la red "Gürtel". Y la principal: por investigar los crímenes del franquismo.

Dos organizaciones ultraconservadoras le acusan de "prevaricación" (2) por haber iniciado, en octubre de 2008, una investigación sobre las desapariciones de más de cien mil republicanos (cuyos restos yacen en las cunetas y fosas, sin derecho a un entierro digno) y sobre el destino de 30.000 niños arrebatados a sus madres en las cárceles (3) para ser entregados a familias del bando vencedor durante la dictadura franquista (1939-1975).

Si le declararan culpable, Garzón se enfrentaría a una suspensión de entre diez y veinte años. Sería una vergüenza. Porque, en el fondo, este asunto gira en torno a una cuestión central: ¿qué hacer, desde el punto de vista simbólico, con la Guerra Civil? La decisión administrativa tomada en 1977, con la Ley de Amnistía (que, en lo inmediato, buscaba esencialmente sacar de prisión a cientos de detenidos de izquierda), fue la de no hacer justicia y no encarar ningún tipo de política de memoria.

Obviamente, a 71 años del final del conflicto, y al haber desaparecido, por causas biológicas, los principales responsables, hacer justicia no consiste en llevar materialmente a los acusados de crímenes abominables ante los tribunales. Éste no es sólo un asunto jurídico. Si tanto apasiona a millones de españoles es porque sienten que, más allá del caso Garzón, lo que está en juego es el derecho de las víctimas a una reparación moral, el derecho colectivo a la memoria, a poder establecer oficialmente, sobre la base de atrocidades demostradas, que el franquismo fue una abominación. Y que su impunidad es insoportable. Poder enunciarlo, proclamarlo y mostrarlo en "museos consagrados a la Guerra Civil", por ejemplo; en los manuales escolares de historia; en días de solemne homenaje colectivo, etc. Como se hace en toda Europa en solidaridad con las víctimas del nazismo.

Los partidarios de la "cultura del ocultamiento" acusan a Garzón de querer abrir la caja de Pandora y enfrentar de nuevo a los españoles. Insisten en que en el otro bando también se cometieron crímenes. No acaban de entender la especificidad del franquismo. Se comportan como un periodista que, deseando organizar un "debate equilibrado" sobre la Segunda Guerra Mundial, decidiese: "Un minuto para Hitler y un minuto para los judíos".

El franquismo no fue sólo la guerra (en la que el general Queipo de Llano afirmaba: "Hay que sembrar el terror eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros.") fue sobre todo, de 1939 a 1975, un régimen autoritario de los más implacables del siglo XX que usó el terror de forma planificada y sistemática para exterminar a sus oponentes ideológicos y atemorizar a toda la población. Afirmar esto no es una consideración política, sino una constatación histórica.

La Ley de Amnistía condujo a imponer, sobre la "banalidad del mal" franquista, una suerte de amnesia oficial, una "escotomización", o sea un mecanismo de "ceguera inconsciente" (en este caso colectiva) mediante el cual un sujeto hace desaparecer hechos desagradables de su memoria. Hasta que un día regresan a borbotones, en un estallido de irracionalidad.

Es lo que ha querido evitar el juez Garzón. Revelar la naturaleza malévola del franquismo, para que la historia no pueda repetirse. Nunca más.

Notas:
(1) Que afecta a personalidades del Partido Popular, en especial al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.
(2) La prevaricación consiste en que una autoridad dicte una resolución, a sabiendas de que dicha resolución es injusta.
(3) Ricard Vinyes, Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas , Planeta, Barcelona, 2002. Ver el documental Els nens perduts del franquisme (Los niños perdidos del franquismo), de Montserrat Armengou y Ricard Belis.

De la Rúa decide no presentar su candidatura para ser reelegido presidente del TSJCV

VALENCIA.- El actual presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, cuyo mandato expiró el pasado mes de junio tras 10 años en el cargo, ha decidido no presentar su candidatura para ser reelegido de nuevo al frente de este órgano, según confirmaron fuentes próximas al presidente. El plazo para presentar las candidaturas expiró el 28 de abril, aunque se dieron unos días para las solicitudes que se enviaron por correo.

En la primera convocatoria presentaron sus candidaturas un total de 10 magistrados, entre ellos, De la Rúa. También optaron al puesto el entonces presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Pedro Castellano; Mercedes Boronat (magistrada de lo Social del TSJCV); Edilberto Narvón (presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV); Luis Manglano (de la misma Sala que el anterior); Francisco José Pérez Navarro (presidente de lo Social del TSJCV); Francisco Javier Lluc (Social del TSJCV); Purificación Martorell (magistrada de la Sección Novena de la Audiencia de Valencia); José María Tomás y Tío (Sección Segunda de la Audiencia e Valencia); y Luis Francisco de Jorge Mesas.

Tras presentar las solicitudes, la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) excluyó en esa ocasión a De la Rúa de la terna de candidatos, para la que se designaron a Pedro Castellano; José María Tomás y Tío, y Mercedes Boronat. Sin embargo, y valiéndose de su capacidad para ello, tres vocales del sector conservador volvieron a incluirle en la lista que el pleno debía discutir finalmente.

Tras no llegar a un acuerdo en la primera convocatoria, el Consejo decidió aplazar hasta 2010 la elección de la presidencia del TSJCV, y el pasado 8 de abril el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la convocatoria para cubrir la plaza vacante por expiración del mandato de De la Rúa.

Rambla dice, sobre IKEA, que ve "adecuado" que cualquier empresa se instale en la Comunitat y en Castellón

VALENCIA.- El vicepresidente primero del Consell y conseller de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla, aseguró hoy, al ser preguntado por la posibilidad de que la multinacional sueca IKEA abra un establecimiento en la provincia de Castellón, que ve "adecuado que cualquier iniciativa empresarial se lleve a cabo en la Comunitat Valenciana y por supuesto en Castellón", siempre que suponga "creación de puestos de trabajo y mejora de la actividad económica".

No obstante, Rambla, que hoy realizó una visita al Instituto de Tecnología Cerámica en la Universidad Jaume I de Castellón, precisó que ésta es "una cuestión que compete exclusivamente a la empresa que vaya a llevar a cabo su proyecto" y puntualizó que, en este momento, "esta empresa está trabajando, por las informaciones que tengo, en otros destinos donde está buscando más población y otras características".

Rambla consideró "importante" seguir "apostando por proyectos que generen empleo y actividad económica, sea éste o sea cualquier otro".

Además, dijo, "tanto desde el Ayuntamiento de Castellón como desde la Generalitat valenciana trabajamos todos los días con la discreción que corresponde para tratar de invitar a que se desarrollen proyectos empresariales en la ciudad de Castellón, en la provincia y en la comunidad" porque cree que "sinceramente, aquí se reúnen los requisitos desde el punto de vista de comunicación, desarrollo económico, de capacidad y de potencialidad futura para poder ponerse en marcha cualquiera de estas iniciativas".

El Ayuntamiento de Elche propone crear en El Altet un ciudad aeroportuaria de servicios complementarios

ELCHE.- El Ayuntamiento de Elche ha propuesto crear en El Altet una ciudad aeroportuaria en torno al aeropuerto para prestar servicios complementarios a esta infraestructura, que tras su ampliación, pasará de los nueve a los 20 millones de pasajeros al año.

Por ello, el concejal de Urbanismo, Alejandro Pérez, y la edil de Educación, Blanca González, se reunirán las asociaciones vecinales de El Altet para establecer estrategias de futuro para la pedanía.

Alejandro Pérez explicó que se planteará a los vecinos "recoger en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la previsión para crear una ciudad aeroportuaria en la pedanía en torno al aeropuerto", puesto que, tras su ampliación, "el aeropuerto va a pasar de 9 millones de pasajeros anuales a 20 millones"-

"Se trata de establecer estrategias en torno al aeropuerto para generar actividad económica y más empleo", indicó el responsable municipal de Urbanismo, quien añadió que se trata de "hacer reserva de suelo para la implantación de nuevas actividades económicas relacionadas no sólo con la industria sino con el ocio y con los servicios".

Asimismo, durante la reunión, se abordará la mejora de la carretera entre Elche y El Altet, petición que, según Pérez, ya ha sido trasladada a la Generalitat.

El concejal de Urbanismo comenta, además, que "el futuro del transporte público con El Altet pasa por el tranvía", por lo que anuncia que plantearán al gobierno valenciano "la necesidad de que haya un ramal que conecte la pedanía con el núcleo de Elche y otro con Torrellano".

El Consell recurrirá a la inversión privada para pagar un tercio del tramo Dénia-Alicante del Tren de la Costa

ALICANTE.- El conseller de Infraestructuras y Transportes, Mario Flores, explicó hoy que la Generalitat valenciana recurrirá a la inversión privada para sufragar un tercio de los 770 millones de euros necesarios para acometer el tramo Dénia-Alicante del llamado Tren de la Costa.

En la presentación hoy del proyecto de Tren de la Costa en el Ayuntamiento de Alicante, Mario Flores recordó que, en base al Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías, la Generalitat valenciana se ha comprometido con el Ministerio de Fomento a pagar el tramo entre Dénia y Alicante, que será completamente nuevo y constará de 82 kilómetros de longitud.

El director general de Transportes, Vicente Dómine, detalló que los estudios previos realizados en los últimos años en torno a este proyecto revelan que será necesario realizar un trazado distinto al existente, y se requerirá la construcción de un total de túneles para salvar espacios protegidos y de difícil acceso, como la zona del Mascarat, la sierra de Tollos y el estrecho del cabo de Gata.

Para llevar a cabo esta infraestructura, el Consell ha previsto contar con la iniciativa privada, que deberá aportar 257 millones de euros, mientras que la Generalitat aportará 513 millones de euros.

En este sentido, Flores indicó que la Conselleria no deseaba "sobrepasar los 500 millones de inversión en unas infraestructuras que teóricamente son competencia del Ministerio de Fomento", y aclaró que la fórmula prevista contempla que "la inversión privada pura se resarza con una parte proporcional del billete".

El Ministerio de Fomento y la Generalitat tienen previsto celebrar este mes la primera reunión para impulsar una sociedad mixta para el desarrollo del tren de la costa, integrada por la Generalitat, Renfe y Adif.

El Estudio de Planeamiento del tren de la costa, que en breve comenzará su tramitación ambiental, espera que en 2011 se saque a licitación el proyecto informativo con el propósito de que en tres años se tenga el proyecto y se pueda iniciar algún tramo del tren.

Flores adelantó que, una vez esté en marcha este proyecto, el tren de la costa tendrá unos horarios "muy competitivos, con servicios cada 20 minutos en hora punta, lo que supone un gran porvenir de la franja costera en cuanto a cuestiones de movilidad".

Además, destacó que el tren de la costa estará completamente integrado con el resto del sistema de transporte público y dará cobertura a comarcas muy pobladas.

Así, tendrá conexión en Alicante, Campello y Benidorm con el TRAM que seguirá sus funciones de transporte metropolitano y comarcal, y en la estación de Dénia-Marina Alta conectará con el ferrocarril de FGV para dar servicio a Dénia.

El PSPV pedirá al juez que inste al Consell a certificar los contratos analizados por Sindicatura de Cuentas

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, anunció hoy que pedirán al magistrado que instruye el 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, que solicite a la Generalitat valenciana una certificación de qué contratos han sido analizados por la Sindicatura de Cuentas que estén relacionados con la trama y la administración valenciana.

Al respecto, destacó la "coincidencia sustancial" entre las denuncias de la Sindicatura de Cuentas y el Informe de la Unidad de Auxilio Judicial en los expedientes de VAERSA, y la Agencia Valenciana de Turisme con Orange Market en 2005 y 2006, no haber ejecutado en su totalidad el contrato, en el primer caso, y por no adecuarse a los principios de eficiencia y economía, en el segundo caso.

Luna, que se pronunció de esta manera en rueda de prensa, explicó que, con su intervención, trata de desmontar la defensa del PPCV y del presidente de la Gobierno valenciano, Francisco Camps, sobre la legalidad de los contratos de la Administración valenciana, alegando que la Sindicatura de Cuentas fiscaliza "día a día" -según Camps- los expedientes de la Generalitat.

En este sentido, explicó que en el informe del Síndic de Cuentas de 2008 se estudiaron el 2,6 por ciento de los expedientes de contratación de la Generalitat --45 de 1.702--, de entre los cuales, el 93 por ciento -42- presentaban incidencias. Además, Luna apuntó que los contratos menores "no están a disposición" de esta institución porque "no se inscriben en el registro de contratos de la Generalitat. Por lo que, el Consell "esconde" estos expedientes a la fiscalización.

El portavoz socialista lamentó que no se pueda "profundizar" en la revisión de los expedientes de contratación de la Generalitat, y se preguntó entonces "cuántos Gürtels podrían estar durmiendo debajo de los expedientes que tienen bien ocultos todas las Consellerias de la Generalitat Valenciana desde que la preside Francisco Camps".

Compromís denuncia que Camps "mantiene al antiguo administrador de Orange Market como asesor del Consell"

VALENCIA.- La portavoz adjunta de Compromís Mónica Oltra, denunció hoy que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "mantiene al antiguo administrador de Orange Market, Ignacio Blanch, como asesor del Consell".

Oltra, en un comunicado, señaló que este hecho ya lo denunciaron hace un año como "prueba de la profundidad a la que había llegado la corrupción en el gobierno del PP y la confusión entre lo público y los intereses privados de la trama 'Gürtel'".

"Ahora, cuando la investigación judicial está tan avanzada y las evidencias de corrupción son tantas y tan rotundas, que Ignacio Blanch Grau continúe en la nómina de asesores del presidente de la Generalitat es un hecho escandaloso que induce a sospechar de cuáles son las razones que llevan a Francisco Camps a mantener en el organigrama de la Generalitat al antiguo administrador de una de las empresas de la trama corrupta 'Gürtel'".

"Cabe recordar --añadió-- que Ignacio Blanch fue nombrado en el 2002, a propuesta del PP, miembro del Consejo de Administrador de RTVV, cargo que compatibilizó con su responsabilidad como administrador de Orange Market hasta el año 2004 en que pasó, sin solución de continuidad, a ser asesor de Presidencia".

Para la diputada de Compromís "el hecho de que un año después de que estallara el escándalo Gürtel, Ignacio Blanch Grau, continúe como asesor de Camps es un elemento más de corrupción de la vida pública y de la implicación del gobierno del PP en la trama". Se trata de una "evidencia más del alcance de la corrupción".

Asimismo, apuntó que el Gobierno valenciano "no ha aclarado nunca cuáles son las atribuciones de los asesores de las delegaciones del Consell, pero si conocemos sus retribuciones, que son de 48.000 euros brutos al años como sueldo base".

"La presencia de Ignacio Blanch Grau en cargos de asesoramiento y con relaciones personales directas con los principales imputados de la trama, oscurece aún más todo lo referente a este caso de corrupción. Hay que impedir que este señor siga teniendo acceso a información relevante sobre las relaciones entre la Generalitat y la trama Gürtel, por eso desde Compromís reclamamos su cese inmediato", apostilló Oltra.

El PSPV de Castellón afirma que el 'plan C' del PPCV es "un plan C, de Corrupción"

CASTELLÓN.- El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón y miembro de la comisión ejecutiva nacional del PSPV, Juan María Calles, manifestó hoy que el 'plan C' del PPCV es "un plan C, de Corrupción", en alusión a las declaraciones realizadas hoy por el alcalde de Castellón y coordinador del PPCV, Alberto Fabra, quien afirmó: "aquí no hay 'plan B', sólo hay 'plan C' que es 'plan Camps'", como apoyo a la candidatura de Francisco Camps para las próximas elecciones.

En un comunicado, Calles señaló que "Alberto Fabra se ha consumado como un especialista en dar la cara por los dirigentes del PP que están bajo sospecha de prácticas corruptas" y criticó, en este sentido, que "ha sido el principal escudo político de Carlos Fabra --presidente de la Diputación de Castellón--, el gran imputado de la democracia española, y ahora sale en defensa de Camps, cuando hasta la dirección nacional popular ya lo da por amortizado políticamente".

En opinión del responsable socialista, "el PP debería tener un plan B por si el 12 de mayo los tribunales deciden reabrir el caso de los trajes, porque supondría que hay políticos decentes en ese partido que pueden asumir las responsabilidades de gobernar la Comunitat Valenciana con ética y decencia".

Así, reprobó la actitud de Alberto Fabra, por considerar que "revela que ya no queda nadie en la cúpula del PP que reúna esos requisitos, lo que daña gravemente la credibilidad de la democracia" y que supone "posicionarse con los sospechosos, en lugar de defender el cumplimiento estricto de la legalidad y abogar por el buen nombre de la política".

Calles lamentó "la imagen de deterioro" que estas actitudes trasladan al ámbito político. "Aquellos de aseguran que la corrupción es algo consustancial a las instituciones, lo que hacen es avalar el comportamiento inmoral de los que vulnerar la ley para enriquecerse o para financiar a su partido", añadió.

En concreto, Calles lamentó los "efectos traumáticos" que el 'caso Gürtel' están teniendo sobre la gestión municipal del Ayuntamiento de Castellón, donde "no gobierna nadie, ni por equivocación", dijo.

"Tenemos un alcalde en funciones de bombero apagando en Valencia los fuegos que prende Francisco Camps y tenemos un vicealcalde que se ha puesto el traje de adjunto a la dirección provincial del PP para suplir la baja política de Carlos Fabra", concluyó.

La Comunitat alcanza ya los 516.821 desempleados

VALENCIA.- El paro en la Comunitat Valenciana subió en 3.233 personas en el mes de abril, el mayor segundo incremento de España, por detrás de Canarias, lo que supone un 0,63 por ciento más respecto al mes anterior, con lo que el número total de desempleados en la región es de 516.821, según los datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en 24.188 personas en abril, un 0,6 por ciento respecto a marzo, con lo que el volumen total de desempleados se situó en 4.142.425 personas, según informó hoy el Ministerio de Trabajo e Inmigración, que confirmó así los datos filtrados el pasado fin de semana.

Del total de parados registrados en la Comunitat Valenciana, 270.705 fueron hombres, mientras que 246.116 fueron mujeres. De ellos, 62.647 personas eran menores de 25 años y 454.174 estaban en el rango de resto de edades.

Un mes más, el sector servicios fue el que más afectado se vio por el incremento del desempleo, con 1.752 parados más, hasta alcanzar los 275.404 parados. A él se sumó del conjunto de personas sin empleo anterior (+1.242), seguido de Agricultura, con 392 parados más, e Industria, con 348. Sin embargo, el desempleo cayó en la construcción, con 501 parados menos.

Por provincias, en términos absolutos el mayor incremento se produjo en Valencia con 1.640 (0,67%), seguida de Alicante, con 802 (0,39) y Castellón, con 791 (1,29%).

En el mes de abril, el número de extranjeros que se encontraba sin trabajo era de 88.640, de los que 42.787 pertenecían al sector Servicios, 24.425 a la Construcción, 7.745 a la Industria y 5.120 a la Agricultura y 8.563 al colectivo de Sin Empleo Anterior.

En este periodo de tiempo también cayó la contratación, ya que se firmaron 12.713 contratos menos, un 12,42 por ciento menos que el mes anterior. Así, se registró un total de 89.686 contratos, de los que 9.049 eran indefinidos y 80.637 eran temporales.