VALENCIA.- Una Plataforma de Afectados del Banco de
Valencia ha anunciado este viernes que ha comparecido ante los juzgados
de lo Mercantil para reclamar a la entidad y al FROB la documentación
relativa a la venta a CaixaBank, como previa a la presentación de una
demanda de impugnación de acuerdos que pudiera formularse contra la
administración provisional del banco liderada por José Antonio
Iturriaga.
Según ha explicado el abogado Guillermo Berzosa,
que encabeza esta plataforma de reciente constitución, también estudian
recurrir a la vía contencioso-administrativa por el acto por el que el
FROB vende el 90 por ciento de las acciones de la entidad a CaixaBank,
al tratarse de un acto administrativo.
Igualmente se plantean, una vez reciban la documentación y si cabe
la posibilidad, denunciar penalmente una presunta administración
desleal por parte de los interventores del FROB. Berzosa argumenta, en
este sentido, que éstos "deberían haber actuado como rectos y estrictos funcionarios del Estado" pero, a su juicio, "han actuado con absoluta indolencia y desconocimiento".
En cuanto a la demanda de impugnación de acuerdos contra la
administración provisional liderada por Iturriaga, la plataforma señala
que "en el último año ha aumentado el déficit del banco en un 650 por ciento".
Berzosa apunta que "la acción, al momento de la intervención en
diciembre de 2011, estuvo a 93 céntimos de euro tras los tests y
auditorías del Banco de España", mientras que "hoy está a diez céntimos de euro y bajando".
Además, subraya que "con la cuestionable actuación de los
administradores provisionales del FROB, no solo se ha desplomado la
acción, sino que el banco ha declarado un valor negativo de 6.340
millones de euros", lo que lo hará "definitivamente irrecuperable".
Berzosa incide en que, en el momento de la intervención, el valor negativo auditado por el regulador "no llegaba a los mil millones"
y sostiene que "esa diferencia negativa, que a fecha de hoy se ha
incrementado en 6.340 millones según el propio FROB, obedece a la
gestión de los administradores provisionales dirigidos por Iturriaga,
que nadie está discutiendo aunque --a su juicio-- es escandalosa para
los intereses de los accionistas del banco".
Para la plataforma, es "especialmente curioso" que la
oferta de compra de las acciones por CaixaBank, por un euro, implicara
una necesidad de capitalización publica por valor negativo de 4.500
millones de euros, por ser los declarados por Banco de Valencia, y que "al día siguiente, 28 de noviembre, fueran aumentados en comunicación de Iturriaga a la CNMV en 2.062 millones de euros".
Es más, asegura que ese hecho "se produjo en desconocimiento de,
por ejemplo José Vicente Morata, administrador provisional como él del
banco y presidente de la Cámara de Comercio de Valencia", e implicaba "variar injustificadamente las cuentas formuladas por el banco a 30 de septiembre".
Desde la plataforma subrayan, en este punto, que "en este tiempo no se ha suspendido la cotización del banco, pese a las fluctuaciones en sus declaraciones de valor".
Así, la Plataforma de Afectados de Banco de Valencia pide que, en
un momento en que la Audiencia ya investiga a los antiguos gestores, "también se investigue qué ha pasado este último año" y cita operaciones como la venta de la gestora de valores Nordkapp, que asegura "ha supuesto una pérdida de diez millones de euros".
Esta entidad surge con el objetivo de "defender los derechos de
todos los pequeños accionistas del Banco de Valencia, que han visto cómo
en un año el valor de su inversión va a ser cero" y, en este sentido,
anima a la afiliación de pequeños y medianos accionistas del banco que
quieran participar en la defensa conjunta de sus intereses.
