miércoles, 5 de diciembre de 2007

La CE plantea reforzar la vigilancia al sector bancario

BRUSELAS.- La inestabilidad financiera desatada hace cuatro meses en Estados Unidos y el fuerte repunte de la inflación hasta el 3% en la zona euro fueron los dos asuntos que dominaron los debates de los ministros de Economía en las reuniones del Eurogrupo y Ecofin de anteayer y ayer.

Los ministros de Economía acordaron reforzar la coordinación de los organismos de supervisión del sector financiero en la UE para evitar una crisis hipotecaria como la de Estados Unidos. El acuerdo propone que los tres comités de vigilancia (banca, seguros y Bolsa) tengan una colaboración más estrecha.

El vicepresidente del Gobierno español, Pedro Solbes, admitió que los efectos de la desaceleración económica ya se habían percibido. "La Comisión", precisó, "admitió ayer que si ahora hiciera las previsiones de crecimiento, no serían las mismas que las de hace un mes". Solbes destacó "la preocupación en toda Europa por la subida del precio del petróleo" y advirtió que había que prepararse porque "aumentará la incertidumbre en los próximos meses".

En la misma línea que Bruselas, la FSA, autoridad de los servicios financieros en el Reino Unido, advirtió ayer a las entidades que conceden hipotecas sobre los riesgos de liquidez del sistema. Las condiciones del mercado "serán difíciles en un periodo sostenido".- (PRISA)

Catedráticos, jueces y fiscales piden la disolución de ayuntamientos infractores

MADRID.- El Estado, las autonomías, los ayuntamientos y los jueces son ineficaces para combatir el creciente fenómeno de la corrupción urbanística. Con esa tesis, el Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por 200 fiscales, jueces y catedráticos de Derecho Penal de tendencia progresista, ha elaborado un manifiesto en el que proponen que las Administraciones actúen con mano dura, según publica hoy "El País".

Ese foro propone medidas ejemplarizantes como la demolición de edificios ilegales y el endurecimiento de las penas para los delitos relacionados con el fenómeno. Al Gobierno le pide que "no vacile" a la hora de disolver ayuntamientos manifiestamente implicados.

El documento recorre las distintas instituciones competentes para atajar el fenómeno proponiendo a cada una serie de medidas. Además de la disolución de ayuntamientos corruptos, al Estado le sugiere que refuerce la independencia y autoridad de los órganos técnicos de los ayuntamientos (secretarios, interventores y tesoreros) cuyas facultades se han recortado, así como un mayor control de los notarios y registradores de la propiedad, que a veces, según el documento, actúan con "connivencia, complacencia, negligencia u omisión" en estos casos.

Las autonomías, según el manifiesto, deben acotar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos con la aprobación de planes que engloben a varios municipios, estableciendo "límites más estrictos sobre reclasificaciones y recalificaciones de suelo" y obligando a que los planes municipales se basen en "necesidades reales, y no especulativas" de crecimiento de la población. Las comunidades deben controlar especialmente los convenios entre municipios y particulares que, en muchos casos, condicionan construcciones a la recalificación de suelo.

El informe señala como principales responsables del fenómeno a los ayuntamientos. Considera "mera arbitrariedad" su resistencia a los controles de otras Administraciones amparándose en la autonomía local y les pide que ejerzan "sus competencias disciplinarias", en muchos casos abandonadas por impopulares o por el miedo al castigo electoral.

Los jueces de lo Contencioso-Administrativo tienen que dar preferencia a los casos más trascendentes con el fin de restaurar "la situación original dañada" aunque para ello sea necesario llegar a la demolición, que debe ser obligatoria en caso de que se haya cometido un delito.

El manifiesto propone que el Código Penal considere prevaricación el informe o voto favorable de cargos públicos a planes manifiestamente ilegales, así como la elevación de las penas de prisión en los delitos contra la ordenación del territorio. Para prevenir el blanqueo de dinero, muy ligado al urbanismo, defienden que los políticos y funcionarios también estén obligados por ley a informar de operaciones sospechosas.

Propuestas para sanear el urbanismo

- Demolición obligatoria de construcciones ilegales en caso de delito para "restaurar la situación inicial dañada".- Disolución "sin vacilar" de ayuntamientos corruptos.- Controles para evitar la "connivencia, complacencia o negligencia" de notarios y registradores de la propiedad.- Preferencia en los juzgados para los procesos urbanísticos más trascendentes.- Castigar como prevaricación el voto o informe favorable a planes manifiestamente ilegales.- Elevación de las penas para los delitos urbanísticos.- (PRISA)
(Hotel en la playa de El Algarrobico, Carboneras, Almería)