martes, 6 de abril de 2010

Orange Market ingresó en 2008 casi cuatro millones de euros que no declaró a Hacienda

MADRID.- La empresa Orange Market, relacionada con la trama Gürtel, ingresó en el año 2008 casi cuatro millones de euros que no declaró a la Agencia Tributaria, según un informe incluido en la parte del sumario del caso levantada hoy.

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, solicitó en mayo de 2009 a la Agencia Tributaria las operaciones con terceros de un total de doce empresas relacionadas con la trama.

Entre ellas se encuentra Orange Market, que según la documentación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude ingresó a lo largo de 2008 alrededor de 3.900.000 euros que sin embargo no declaró. Estos ingresos están relacionados con servicios prestados a empresas relacionadas con la construcción o la organización de eventos.

Orange Market también ingresó de la Generalitat Valenciana 45.600 euros. Sin embargo, los dos pagos de mayor cuantía sin declarar superan el millón de euros y proceden de la Feria Muestrario Internacional de Valencia y de la Agencia Valenciana del Turisme.

Según la documentación incluida en el sumario, Orange Market tampoco declaró ninguno de los pagos que realizó durante 2008 y que superaron los cuatro millones de euros. Estos pagos se realizaron a empresas relacionadas con la publicidad, el diseño o mobiliario, aunque también aparece el Palau de les Arts de la Comunidad Valenciana.

En cuanto a la empresa Special Events, también relacionada con la trama, la Agencia Tributaria señala que en 2008 únicamente realizó un pago de 6.726,15 euros a Mavilsa Automóviles S.A. que no declaró.

El magistrado reclamó en concreto información sobre las actividades de las empresas Forever Travel Group, Boomerangdrive, Rialgreen y Down Town Consulting desde 1998 y del año 2008 de las sociedades Easy Concept Comunicación, Good&Better, Servimadrid, Diseño Asimetrico, Special Events, Technology Consulting Management, Pasadena Viajes y Orange Market.

Iniciativa dice que el levantamiento del sumario "confirma que el PP se ha financiado ilegalmente"

VALENCIA.- La diputada de Compromís en las Corts Valencianes y miembro de Iniciativa, Mònica Oltra, consideró hoy que el levantamiento del secreto del sumario del caso Gürtel, realizado hoy, "confirma de forma contundente la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad Valenciana (PPCV)".

Oltra, que se pronunció de este modo en un comunicado, manifestó que "el trabajo judicial y policial que viene recogido en el sumario demuestra que el tema de los trajes y de los otras regalos se extiende por toda la cúpula del PP y el Consell".

Asimismo, estimó que esto "sólo es la punta del iceberg del verdadero problema de corrupción política del caso Gürtel, que ha supuesto la financiación irregular del partido que dirige Francisco Camps", presidente de la Generalitat y del PPCV.

"A nadie escapa que es mucho más fácil ganar elecciones financiando campañas de manera ilegal que siendo honrado y cumpliendo la legalidad", sostuvo Mònica Oltra. Agregó que "las sospechas sobre la pulcritud de las elecciones que ha ganado el Partido Popular en los últimos años son evidentes por el dinero extra de constructoras que obtuvieron los 'populares' gracias a la trama que encabezaba Francisco Correa".

La representante de Compromís y de Iniciativa comentó que "además de responder judicialmente, Camps ha de asumir las responsabilidades políticas de la trama de corrupción, en la que él y su partido están implicados", dijo.

"Camps ha mentido en el Parlamento valenciano en las pocas ocasiones en que se ha referido a este caso de corrupción. Los valencianos y valencianas no nos podemos permitir tener un presidente corrupto y mentiroso al frente de la Generalitat", manifestó la diputada.

Oltra apuntó que si el levantamiento parcial de este sumario "acabó con Ricardo Costa" ex secretario general del PPCV y diputado 'popular' en las Corts Valencianes, el levantamiento "que restaba debe suponer el fin de la carrera política de Francisco Camps".

Un informe policial cita a cinco empresarios con contratos en la administración como financiadores del PPCV

VALENCIA.- El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que se incluye en el sumario del 'caso Gürtel', cuyo contenido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hizo público hoy, cita a cinco empresarios con contratos en la Administración Pública como financiadores de parte de los actos del PPCV. Para ellos se trataba de donaciones finalistas de dinero que no ingresaban en la cuenta corriente del partido.

El documento explica que estos empresarios tenían contratos vigentes, prestaban servicios y realizaban obras para las Administraciones Públicas obtenidas "como contraprestación a los favores realizados para la formación política, concretados en el pago de actos políticos", según se especifica.

Además, recoge que el propio PP en la persona de Ricardo Costa, ex secretario general, actuaba "como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas", una forma de actuar que "da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política".

Los empresarios citados en el informe son Enrique Tomás Ortiz, administrador único de la empresa Enrique Ortiz e Hijos. Contratista de Obras S.A.; Enrique Gimeno, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A.; Vicente Cotino, presidente del Grupo Inmobiliario Sedesa; Luis Batalla, presidente y accionista mayoritario de Lubasa; y Antonio Pons, presidente de la mercantil PIAF S.L.

Respecto a las empresas en las que participa Enrique Tomás Ortiz, el informe recoge que han resultado adjudicatarias de numerosos contratos públicos en la Comunitat, principalmente en la zona de Alicante, por un importe total de 202.249.738 euros. En cuanto a las entidades en las que participa Enrique Gimeno, que fundamentalmente consiguieron contratos en la zona de Castellón, el total ascendería a 13.876.087 euros.

Por lo que respecta a Vicente Cotino, el documento recuerda que tiene vínculos familiares con personas con cargos públicos, dentro de la Generalitat, como es el caso de su tío Juan Cotino, vicepresidente tercero de las Corts y en esa fecha conseller de Bienestar Social.

Por otro lado, indica que Vicente Cotino entró en negociaciones con Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Pablo Collado al objeto de efectuar la compra de la mercantil Easy Concept S.L., algo en lo que también participaba Pedro García, entonces director de Canal 9, ya que éste había manifestado su interés en colaborar en este proyecto. En total, las empresas del grupo Sedesa recibieron contratos por 539.016.098 euros.

Respecto a Luis Batalla, el documento recoge las empresas que componen el grupo Lubasa contrataron obras por un importe global de 77.337.451 euros; mientras que el grupo PIAF, de Antonio Pons, resultó adjudicatario de diversos contratos públicos.

El informe concluye que "existe un sistema de doble facturación y de financiación irregular" de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa y que dicho sistema "tenía una persistencia en el tiempo, suponiendo una actuación sistemática en las relaciones que mantenía la organización con la formación política".

En concreto, precisa que "no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al Partido Popular de la Comunitat Vaenciana", ya que "existe un doble sistema de contabilización de los actos derivado de una facturación dual", una real plasmada en una factura formal --bajo la denominación de Alicante-- y otra "sin factura y por tanto sin que exista un reflejo contable de su emisión --denominada Barcelona--".

Así, "por un lado, se contabiliza de forma formal la parte del acto del que se emite factura, y por otro, se contabiliza en paralelo de forma interna la parte del acto del que no se emite factura", de modo que "una parte por tanto es fiscalizable porque está reflejada en los libros de contabilidad y otra parte es opaca al integrarse en los fondos ajenos al circuito económico de los que dispone la organización".

En cuanto a la financiación, constata que una parte de los cobros por adelantado que reducen la deuda viva "entra en dinero procedente de los circuitos económicos y reduce por tanto la deuda A --Alicante-- y otra parte son fondos que no están en el sistema económico y por tanto reducen la deuda B --Barcelona--".

Dentro de la deuda A, figuran por un lado las cantidades relativas a actos realizados para la Comunitat derivados de concursos públicos --como las ferias de turismo--, que son liquidadas mediante la entrada de los fondos públicos, y por otro, actos organizados para el PP mediante la emisión de facturas, en las que detecta tanto cambios en la base imponible como en el nombre de los clientes. Así, por ejemplo, sustituye PPCV por Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, S.A.

Respecto a la deuda B, destaca que "existe una financiación de actos del Partido Popular por parte de empresarios, siendo para éste donaciones finalistas de dinero que no ingresan en cuenta corriente del partido" mientras "dicha empresa tiene contratos vigentes, presta servicios y realiza obras para las Administraciones públicas".

Es más, puntualiza que en alguna de las facturas que sufrieron una transformación del cliente --como una que pasa del PPCV al grupo empresarial PIAF-- "por una parte se engrosa el valor de realización del acto y por otra se cambia al cliente pasando de ser el partido a una empresa privada".

El informe recoge que esa deuda B se reduce mediante facturas emitidas por el PP, de las que se descuenta únicamente la base imponible; con aportaciones directas de empresarios de la Comunitat Valenciana; y con entregas de dinero directas anotadas como procedentes del PPCV sin que tengan contrapartida en facturas emitidas por Orange Market.

EUPV exige al PP la dimisión de todos los cargos públicos que aparecen en el sumario del caso Gürtel

VALENCIA.- Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) exigió hoy al PP la dimisión de todos los cargos públicos que aparecen en el sumario del caso Gürtel, que se hizo público hoy, según informó la formación de izquierdas en un comunicado.

La coordinadora de EUPV y diputada autonómica en las Corts Valencianes, Marga Sanz, consideró que "las evidencias de financiación irregular del PP valenciano" colocan al presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, "fuera ya de la política valenciana y delante de los tribunales".

EUPV señaló que "no se entiende el empecinamiento del PP" y de su presidente, "Mariano Rajoy, desde hace meses" en la Comunitat Valenciana, "aguantando a un presidente de la Generalitat que está salpicado de sospechas de corrupción por todos los rincones".

Esta formación estimó que "las implicaciones de Camps en la trama Gürtel" y "las peligrosas relaciones de éste y de otros miembros de su gobierno y partido con las empresas vinculadas a la trama, han quedado de nuevo en evidencia con la apertura del sumario".

Tras ello, Marga Sanz señaló que no puede "más que confirmar que el PP se burla de la ciudadanía, permitiendo que nombres como el del propio Camps", el de los vicepresidentes del Consell, Vicente Rambla y Juan Cotino, dijo, y "ahora" el del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, y el de la ex consellera de Turisme y presidenta de las Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, señaló, "sigan en sus cargos como si nada".

La responsable de EUPV estimó también "muy sospechoso" que "siempre estén las mismas empresas vinculadas al PP --"como es el caso de Sedesa, propiedad de la familia Cotino", apuntó-- y relacionadas ahora con una trama de financiación irregular".

"Esperamos que Cotino dé alguna explicación al respeto, antes desde luego de dejar su cargo", manifestó.

Sanz afirmó que si Mariano Rajoy "no mueve ficha y aparta de la vida pública a todos y cada uno de los nombres que aparecen en el sumario del caso Gürtel", EUPV entenderá que "es cómplice de sus comportamientos" y que "los aplaude.

"Esperamos que no actúe como con Jaume Matas --ex presidente de Baleares--, negando hasta el final y después ofreciendo la callada por respuesta", sostuvo la coordinadora de EUPV.

La coordinadora de EUPV interpone una denuncia por lesiones sufridas durante el desalojo en El Cabanyal

VALENCIA.- La coordinadora de EUPV y diputada autonómica, Marga Sanz, ha interpuesto una denuncia por las lesiones provocadas supuestamente por agentes de la Policía Local durante el desalojo llevado a cabo hoy con motivo del inicio de los derribos de varios inmuebles del barrio valenciano del Cabanyal, informó hoy la formación en un comunicado.

La responsable de Esquerra Unida acudió este mediodía al Hospital Clínico de Valencia para ser atendida por una agresión "causada por los agentes de la Policía Local que la han arrastrado para desalojarla de la puerta de la vivienda que finalmente ha sido derribada en el barrio del Cabanyal". Sanz, que ha recibido el parte de lesiones y ha interpuesto una denuncia por agresión, señaló que la actuación policial "ha sido absolutamente desmesurada".

"Esta mañana hemos vivido un capítulo grotesco en el Cabanyal: policías cargando con toda su fuerza contra vecinos y ciudadanos que libremente ejercíamos nuestro derecho a expresarnos. Tanto la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como el delegado del gobierno, Ricardo Peralta, tendrán que explicarnos esta carga policial por partida doble".

Según este partido, Sanz "no ha sido la única miembro de EUPV desalojada de la puerta de la vivienda a la calle Vidal de Canelles". "Junto a ella también han sido llevados a rastras por los agentes de la Policía Municipal, el diputado autonómico Lluís Torró y el coordinador de EUPV en Valencia, Amadeu Sanchis". Posteriormente "otros miembros de EUPV también han sido agredidos, en este caso por parte de la Policía Nacional, y han tenido que acudir a Urgencias", relataron desde EUPV.

La coordinadora de la formación calificó la actuación de los dos cuerpos de policía de "sumamente agresiva y violenta".

"Ha sido grotesco y triste ver que estas cosas pasan en una sociedad democrática y en pleno siglo XXI, que tengan los ciudadanos que recibir las porras de los agentes por el simple hecho de manifestarnos. Todo nos recuerda tanto a otros tiempos. Barberà y Peralta habrán de dar explicaciones", insistió.

Sanz además lamentó la "doble cara" de la Delegación de Gobierno, "quien por un lado presenta recursos por paralizar los derribos pero por otro permite que se realicen, dando la espalda y cargando contra los vecinos y manifestantes de esta mañana", criticó.

El Ayuntamiento derriba cinco inmuebles en El Cabanyal

VALENCIA.- El Ayuntamiento de Valencia ha derribado cinco inmuebles ubicados en el barrio valenciano de El Cabanyal, entre las calles San Pedro y Vidal de Cañelles, en una jornada de gran tensión entre vecinos, políticos y policías. Caceroladas y frases como 'Viva El Cabanyal' o 'Es ilegal la actuación policial' no dejaron de escucharse a lo largo del día.

Los derribos, --llevados a cabo hoy tras entrar en vigor la Ley de Medidas de Protección y Rehabilitación del Conjunto Histórico de la ciudad de Valencia, aprobada en las Corts el pasado 24 de marzo, que declara expresamente que el Plan Especial de Protección y Reforma (PEPRI) del barrio no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico--, comenzaron sobre las 7.45 horas con un gran despliegue policial, cerca de 50 agentes de la Policía Local y Nacional.

El primer inmueble en derribarse estaba ubicado en la calle San Pedro, número 29, y el segundo en la calle Luis Despuig, número 26. Ambos se encontraban en el mismo edificio pero disponían de dos fachadas diferentes, cada una de ellas con salida a una calle distinta.

Con estos primeros derribos se fueron agolpando en la zona decenas de vecinos y miembros de la plataforma de Salvem el Cabanyal, quienes reclamaban que se paralizase la actuación. En concreto, la portavoz de la entidad, Maribel Domenech, la calificó de "abuso" y de "muestra de seguir destruyendo el barrio, el conjunto histórico".

Posteriormente, las grúas se desplazaron hasta la calle Vidal de Cañelles, donde estaba previsto derruir el inmueble número 15. Ante la gran cantidad de vecinos y medios de comunicación, los agentes acordonaron la calle desde los dos extremos y negaron el acceso --incluidos los mismos vecinos residentes en esta vía-- salvo a los que ya estaban allí y a las autoridades.

Ante estas restricciones, los vecinos elevaron sus gritos y sacaron cacerolas a la calle. También desde una de las viviendas de la calle lanzaron un cubo de agua a los agentes al tiempo que les pedían que se fueran de allí y "dejaran el barrio tranquilo".

Al ver que las grúas no cesaban, vecinos y miembros de la plataforma se pusieron delante del inmueble que estaba previsto derrumbar para evitarlo. Así mismo, diversos representantes políticos --tanto del equipo de gobierno como de la oposición-- llegaron a El Cabanyal unos, alegando que con los derribos exigían el "cumplimiento de la ley" ,y otros para reclamar que cesaran hasta que el juzgado se pronunciase sobre las peticiones cautelarísimas de paralización, solicitadas por Delegación de Gobierno y la plataforma Salvem.

Sobre las 13.40 horas un agente se acercó al grupo de políticos contrarios a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez por El Cabanyal y les informó de que el juzgado daba permiso para seguir con los derrumbes puesto que había denegado las paralizaciones. Así, les pidió que se abandonaran la zona y les advirtió de que, de no hacerlo ellos mismos, tendrían que ser obligados.

Como no se movían, los agentes fueron sacando a rastras a los políticos, entre los que se encontraban el secretario general del PSPV en la ciudad de Valencia, Salvador Broseta; el coordinador de EUPV en la ciudad de Valencia, Amadeu Sanchis; el edil socialista Vicente González Móstoles; los diputados de EUPV en las Corts Marga Sanz y Lluís Torró.

Así mismo, la portavoz adjunta de Compromís en la Cámara autonómica, Mònica Oltra, cayó al suelo, mientras vecinos gritaban contra la actuación de derribo. La parlamentaria aseguró que los agentes le habían agredido y avanzó que pensaba poner mañana una denuncia por lo acontecido.

Posteriormente, y cuando la excavadora se volvió a poner en marcha, dos vecinos de la zona se subieron en el tejado del inmueble de la vía para evitar su derrumbe. Esto obligó a que se presentaran dos vehículos de bomberos, y a que los policías utilizaran sus grúas para ascender, cogerles y obligarles a bajar. En todo momento mostraron gran resistencia y lanzaban patadas y puñetazos mientras los policías intentaban detenerles. Cuando los agentes llegaron arriba, se abrazaron para evitar que les separaran.

Una vez despejaron la zona, cerca de las 14.30 horas, la grúa comenzó con este derribo, mientras la gente seguía gritando 'resistir, resistir'; 'Manos arriba, esto es un atraco'; 'Es ilegal la actuación policial'; 'Rita, escucha, el Cabanyal está en la lucha' y 'Esta nit no podrán dormir'. Más tarde, a partir de las 16.00 horas, las grúas siguieron con otros dos derribos, uno en la calle San Pedro número 105, y otro en la calle Luis Despuig, número 98.

Doménech consideró que la actuación policial fue "totalmente desproporcionada" puesto que, según dijo, "se trata de diputados y de personas que ocupan cargos públicos en la oposición y no se les puede tratar así". Lamentó que en 12 años "sólo se está asistiendo a demoliciones y degradación" y señaló que esta actuación supone una "herida profundísima" para la gente del barrio.

Sobre las 10.45 horas, el teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, se presentó en la calle Vidal de Cañelles, antes de que se produjera el segundo derribo, entre abucheos de los vecinos, quienes se dirigieron a él con insultos como 'ladrón, criminal o mentiroso'. Indicó a los periodistas que había asistido para "hacer cumplir la ley".

Al llegar, se encontró con el portavoz de la plataforma Salvem, Faustino Villora, y ambos tuvieron un enfrentamiento dialéctico. Cuando Villora le recriminó que "nunca" había ido al barrio con ellos, el 'popular' le dijo que él no iba "con violentos a ningún sitio". Entonces, Villora le replicó que sabía que él no era violento y le explicó que lo que pretendían era evitar derribos y que se destruyeran casas.

Seguidamente, Grau y González Móstoles se encontraron y el primero le recriminó que los socialistas votaron en un pleno a favor de los derribos fuera de la zona BIC, a lo que el edil socialista le respondió que votaron que no tirasen los edificios incluidos en la zona BIC pero "respetando la orden" del Ministerio.

Alarte acusa a Camps de "abandonar a los valencianos por su incapacidad para afrontar la crisis"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, acusó hoy al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de "abandonar a los valencianos y las valencianas y a la Comunitat por su incapacidad para tomar medidas contra la crisis y por su negativa a impulsar acciones para generar empleo".

Así, lamentó que "una vez más la Comunitat se coloca en la cabeza de las autonomías que más empleo destruyen, y un mes más el PP prefiere dejar en la estacada a los trabajadores y empresarios".

Alarte se pronunció en estos términos tras conocer los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración que revelan que el número de parados de la Comunitat se incrementó en 6.599 personas durante el pasado mes, "lo que supone el segundo mayor incremento del paro de España", subrayaron desde el PSPV.

Al respecto, el líder socialista señaló que "en marzo se ha registrado un 1,3% más de parados que el mes anterior y Camps sigue sin articular soluciones para recuperar el empleo y la industria valenciana".

En la misma línea, consideró que "Camps pasará a la historia por ser el presidente del paro y recordaremos al PPCV como culpable de la crisis valenciana".

Alarte agregó que "el aumento imparable del paro en la Comunitat no es la única cifra preocupante porque el pasado mes la Seguridad Social perdió 2.800 afiliados" lo que supone "la caída más importante de afiliaciones en todo el Estado".

El secretario general denunció además que, "mientras en otras comunidades autónomas se empieza a generar empleo, la Comunitat sigue en la senda del modelo del PP: el crecimiento del paro".

"En otras autonomías Gobierno y oposición ha unido esfuerzos para luchar contra el paro, pero en la Comunitat Camps ha optado, no sólo por no tomar medidas, sino por obviar las propuestas de los socialistas para salir de la crisis", reprochó.

El máximo dirigente de los socialistas valencianos mostró su "preocupación por que mes a mes se constata la crisis del modelo económico del PP y la incapacidad de este partido y de Camps para impulsar medidas que ayuden a los cerca de 600.000 valencianos a encontrar empleo".

A su parecer, "el único responsable de esta crisis que afecta de forma más dura a los valencianos y valencianas es Camps, más preocupado por los tribunales que por solucionar los problemas de los ciudadanos y ciudadanas".

Alarte reiteró que "en la Comunitat se sufren dos crisis económicas, la global y la puramente valenciana que el PP se niega a afrontar".

"Y el único responsable de esta crisis es Camps que mantiene una actitud irresponsable y aislada frente a la crisis", dijo. "Los valencianos y valencianas estamos pagando de forma muy dura la falta de un gobierno en la Generalitat", concluyó.

La Comunitat Valenciana cuenta ya con 513.588 desempleados

VALENCIA.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunitat Valenciana subió en 6.599 personas en marzo, el segundo mayor incremento de España tras Cataluña, lo que supone un 1,30 por ciento respecto al mes anterior, con lo que el total de desempleados valencianos suma ya los 513.588 personas, según los datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

A nivel nacional, el paro subió en 35.988 personas en marzo, un 0,9 por ciento respecto a febrero, con lo que el volumen total de desempleados se situó en 4.166.613 personas, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996.

Esta subida del desempleo es más de tres veces inferior a la experimentada en marzo de 2009, cuando las listas de las oficinas públicas de empleo sumaron 123.543 parados más. Pese a ello, se trata del segundo mayor aumento del paro en un mes de marzo dentro de la serie histórica y del octavo mes consecutivo en el que se incrementa el desempleo registrado en el antiguo Inem.

Por provincias, Valencia fue la que experimentó la mayor subida del paro en términos absolutos con 3.250 nuevos desempleados (1,30%), seguida de Alicante con 2.462 (1,21) y Castellón con 887 (1,47).

Del total de parados valencianos, 270.303 fueron hombres y 243.285 fueron mujeres. Además, en el conjunto de personas menores de 25 años, el número de desempleados masculinos fue mayor el de mujeres (35.893 hombres frente a 26.148 mujeres).

El sector que más afectado se vio por la subida del desempleo en el mes de marzo fue el de Servicios, que sumó 2.137 parados, seguido del colectivo de personas sin empleo anterior (+1.480), Construcción (+1.085) y Agricultura (+967), mientras que el desempleo aumentó en el sector de Industria en 930.

En el mes de marzo se quedaron sin empleo un total de 88.019 extranjeros, pertenecientes a los sectores de Servicios (42.632), Construcción (24.507), Industria (7.776) y Agricultura (4.932). El colectivo de personas sin empleo anterior creció en 8.172 desempleados.

A pesar de la subida del paro, el número de contratos creció en la Comunitat Valenciana el pasado mes en 15.942 unidades, un 18,44 por ciento más que en febrero. Del total de contratos registrados, 11.648 fueron indefinidos y 90.751 fueron temporales.

Por otra parte, la Seguridad Social perdió 2.800 afiliados en la Comunitat Valenciana en el mes de marzo, la mayor caída de España, lo que supone un -0,16 por ciento respecto a febrero, con lo que el número total de cotizantes es de 1.704.750.

Si se comparan estos datos con los registrados hace un año, se puede ver que el sistema valenciano ha perdido 69.069 cotizantes, un 3,89 por ciento menos.

Del número total de afiliados valencianos, 1.274.533 cotizaban en el régimen general, 331.347 fueron autónomos, 68.742 pertenecían al sector Agrario, 24.592 fueron empleados del hogar y 5.536 en el Marítimo.

A nivel nacional, el sistema sumó 22.457 afiliados (+0,13 por ciento) en el mes de marzo, con lo que el total de ocupados se situó al finalizar el mes pasado en 17.594.808 cotizantes. Este aumento es el segundo que encadena la afiliación a la Seguridad Social tras los 26.000 nuevos cotizantes que ganó en febrero.

Uno de los datos más positivos de marzo fue el crecimiento logrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que incrementó su número de afiliados en 873 personas (+0,03 por ciento), un repunte que, aunque leve, es el primero que registra este régimen desde hace más de 20 meses.

También subió la afiliación en el Régimen General, que ganó 32.691 cotizantes (+0,25 por ciento); en el Régimen del Hogar, que experimentó un repunte de 2.521 afiliados (+0,86 por ciento), y el Régimen del Mar, con 1.678 nuevos ocupados (+2,6 por ciento). Por su parte, el Régimen Especial Agrario perdió 15.288 cotizantes (-1,8 por ciento) y el del Carbón 17 ocupados.

Defensa retira la estatua de Franco del patio de la Capitanía General de Valencia


VALENCIA.- Una grúa de gran tonelaje retiró este mediodía, en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, la estatua ecuestre de Franco que se encontraba ubicada desde 1983 en uno de los patios interiores del edificio de la Capitanía General de Valencia. El Ministerio de Defensa confirmó que la escultura ha sido trasladada a un almacén militar.

Desde primeras horas de la mañana operarios de la grúa estuvieron trabajando en el interior del patio para retirar la estatua, que se sacó del edificio tras ser elevada por encima de un lateral, minutos antes de las 12 del mediodía.

La estatua de Franco a caballo salió cubierta por una lona blanca y quedó depositada en el interior de un cajón metálico instalado en un camión. La retirada de la imagen, que estuvo vigilada por una veintena de efectivos de Policía Nacional, Local y Policía Militar, se desarrolló sin ningún tipo de incidentes. Sólo un pequeño grupo de curiosos siguió el desarrollo de la operación.

El Ministerio de Defensa informó en un comunicado de la retirada de la estatua ecuestre de Franco del acuartelamiento de Santo Domingo, conocido como edificio de Capitanía General de Valencia, "en el marco de las actuaciones previstas en aplicación de la Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura".

Este departamento recordó que la estatua, propiedad del Ayuntamiento de Valencia, estuvo situada en la plaza del Ayuntamiento de la capital valenciana hasta 1983, cuando fue trasladada y depositada en custodia en uno de los patios de la Capitanía General de Valencia "hasta que el consistorio municipal definiera su ubicación definitiva".

La estatua ha sido trasladada a un almacén militar --cuyo emplazamiento no ha sido precisado-- y su retirada "responde a la aplicación del artículo 15 de la Ley 52/2007 sobre la presencia de símbolos del franquismo en espacios públicos", según la misma fuente. Y por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la posguerra.

Este precepto establece que las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, "tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".

La escultura de Franco fue obra del valenciano José Capuz y copia, como las ubicadas en Santander y Ferrol, de la que él mismo hizo anteriormente para Madrid.

La de Valencia se instaló en 1964 en la plaza que hoy se denomina del Ayuntamiento (imagen superior). Allí permaneció hasta 1983, cuando se trasladó al antiguo convento de Santo Domingo, sede de la Capitanía General (imagen inferior).

La retirada de la estatua de su primitiva ubicación estuvo en su día rodeada de polémica y fue realizada de noche por un grupo de ocho personas, que se ofrecieron a retirarla aunque encapuchadas para evitar ser identificadas y posteriormente reconocidas.

El juez incluye en el sumario pruebas de la financiación ilegal del PP de Valencia

MADRID.- El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha levantado esta mañana el sumario del mayor escándalo de corrupción política de la democracia.

La Brigada de Blanqueo de Capitales que investiga el caso Gürtel en toda sus vertientes emitió el pasado 10 de enero un informe, que obra en la causa sobre la que hoy ha levantado el secreto de sumario el juez Antonio Pedreira, donde identifica a una de las empresas que supuestamente financió ilegalmente al PP en la Comunidad Valenciana, según 'El País'.

Lo hace tomando en consideración una conversación grabada a dirigentes del PP con jefes de la trama corrupta en el que se refieren al supuesto pago de actos de la formación que preside Francisco Camps: "Está previsto que le presentéis al de las galletas la factura igual que la otra". La policía interpreta que están aludiendo a alguno de los empresarios que "financiaban a través de facturación falsa al PP de la Comunidad Valenciana".

Y concluyen: "De la misma se desprende una identificación entre el apelativo el de las galletas como uno de los financiadores de los actos, y en concreto con Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras".

La policía advierte en el análisis de la información intervenida en los distintos registros, en relación con la financiación ilegal del PP valenciano, se "encuentra en curso y por tanto las informaciones aportadas en el informe no se agotan en los documentos expuestos sino que puede ser completadas con nuevos datos derivados del examen del conjunto de documentos existentes, los cuales serán puestos de manifiesto a sus órganos judiciales".

El juez Antonio Pedreira ha dedicado un tomo del sumario, el número 60, a desgranar todas las pruebas halladas por la investigación judicial en relación a la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, que pagó, según los documentos que aparecen en el sumario, hasta 6,3 millones de euros por actos electorales en dinero B, opaco al fisco.

También figuran las facturas de Orange Market, la empresa de la trama corrupta que hacía los actos del PP, que acreditarían una financiación ilegal de la actividad de la formación política que preside Francisco Camps, a través de cinco empresas contratistas de la Generalitat Valenciana: Sedesa, Lubasa, Ortiz e Hijos, FACSA y PIAF.

El Gobierno de Francisco Camps respondió el pasado 12 de junio a un requerimiento del juez que había contratado con siete empresas de la trama corrupta además de con Orange Market , la firma que dirigía Álvaro Pérez, y que facturó casi siete millones de euros en la Comunidad Valenciana pese a que carecía de experiencia pues se creó específicamente para hacer negocio en ese territorio.

Las empresas de la trama corrupta que también recibieron contratos del Gobierno de Francisco Camps, por un monto superior a los 305.000 euros, son Down Town, Easy Concept, Servimadrid, Diseño Asimétrico, TCM, Boomerang Drive y Rialgreen.

Comienzan con violencia policial los derribos en el barrio valenciano de El Cabanyal

VALENCIA.- Varias palas excavadoras han comenzado a primera hora de este martes a derribar un grupo de viviendas de la calle de San Pedro del barrio de El Cabanyal, donde se ha concentrado un grupo de vecinos para tratar de impedir una actuación que ha sido aíslada por un cordón policial.

Además, este martes se ha conocido la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Valencia que deniega la petición de medidas cautelarísimas solicitada por la plataforma vecinal Salvem el Cabanyal para paralizar los derribos que se llevan a cabo en este barrio valenciano.

Así lo han confirmado fuentes municipales, según las cuales el Juzgado considera que no se acredita la urgencia de la medida y entiende que el acto administrativo del Ayuntamiento es legal, por lo que no autoriza la paralización de unas obras que a primera hora de la mañana habían derruido ya uno de los cinco edificios que el Consistorio pretende derribar.

Las mismas fuentes han señalado que los derribos pueden continuar, aunque han precisado que queda pendiente de resolución la otra medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, presentada este martes en el mismo sentido que la de Salvem el Cabanyal y de la que ha informado el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta.

Desde las 08.00 horas varios vecinos del barrio han acudido al lugar del primer derribo, en el número 29 de la calle de San Pedro, previendo que iban a comenzar los derribos ya que entra en vigor la ley aprobada el pasado 24 de marzo en el pleno de Les Corts, por la mayoría de votos del PP, que autoriza todas las actuaciones del Plan del barrio de El Cabanyal, de Valencia.

Aunque fuentes municipales no habían confirmado aún el comienzo oficial de los derribos en esta zona, las palas derribaron el inmueble entre la calle de San Pedro y la de Luis Despuig.

Según Domenech, los vecinos habían rodeado las casas que estaba previsto derribar cuando han llegado "alrededor de 30 ó 40 policías en varios furgones" y les han retirado del lugar "por la fuerza".

En la actuación intervienen "numerosas" palas excavadoras y coches-grúa, y Doménech ha afirmado que, por los medios desplegados en la calle, los vecinos temen que los derribos de hoy vayan a ser "en cadena".

Según ha declarado, "se está viviendo un ataque masivo" en el barrio, "cuyo objetivo esta jornada es la calle San Pedro".

No obstante, ha insistido en que los vecinos concentrados en la vía, que protagonizan constantes pitadas, quejas y sentadas de protesta, no van a abandonar la zona a pesar de la presión policial.

"No nos hemos movilizado antes de que entrara en vigor, en enero, la orden ministerial que protegía el barrio. Posteriormente a ella, sí lo estamos haciendo porque esto es un atropello", se ha quejado.

Ha criticado además el "excesivo" despliegue policial -del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local- desarrollado con motivo de los derribos, "unos policías que nunca antes han venido a una zona que se considera peligrosa por la venta de drogas", ha criticado.

A la zona ha acudido también el concejal socialista Vicente González Móstoles para interesarse por los hechos.

Violencia policial

Posteriormente, agentes de la Policía Local de Valencia desalojaron a rastras a diversos políticos y vecinos concentrados en el segundo inmueble ubicado en la calle Vidal de Cañelles, del barrio de El Cabanyal, número 15, pendiente de derribo tras entrar en vigor en esta jornada la Ley de Medidas de Protección y Rehabilitación del Conjunto Histórico de la ciudad de Valencia, que declara expresamente que el Plan Especial de Protección y Reforma (PEPRI) del barrio no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico.

El desalojo se produjo a la fuerza después de que los agentes hayan invitado a políticos, vecinos y medios de comunicación a abandonar la zona tras la decisión del juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de Valencia.

Entre los políticos desalojados por la Policía se encuentran el secretario general del PSPV en la ciudad de Valencia, Salvador Broseta; el coordinador de EUPV en la ciudad de Valencia, Amadeu Sanchis; el edil socialista Vicente González Móstoles; los diputados de EUPV en las Corts, Marga Sanz y Lluís Torró y la presidenta de Salvem El Cabanyal, Maribel Doménech.

La portavoz adjunta de Compromís en la Cámara autonómica, Mònica Oltra cayó al suelo, mientras los vecinos gritaban contra la actuación de derribo, que calificaban de "ilegal" y algunos afirmaban que los agentes les habían llegado a "agredir".

Según explicó la diputada, cuando la Policía intervino para desalojar a los concentrados, se identificó como diputada para señalar que goza de inmunidad, ante lo que lo que los agentes le han contestado: "ni diputada ni leches", aseguró. La síndica adjunta de Compromís señaló, no obstante, que no ha podido identificar a estos efectivos.

Oltra explicó que siente un fuerte dolor en la cabeza y en algunas extremidades, ya que tras caer al suelo, varias personas se precipitaron también sobre ella a causa de la actuación de la Policía, apuntó.

Finalmente indicó que, a pesar de identificarse como parlamentaria electa en las Corts Valencianes, un agente la tiró al suelo y que se golpeó en la cabeza. Afirmó que mañana presentará una denuncia por estos hechos ante los agentes de la Policía Nacional que realizan las labores de vigilancia en el edificio de la Cámara autonómica.

`El Bigotes´ sí hizo regalos a la cúpula del PP

MADRID.- Según informa la Cadena SER, que habría tenido acceso a la parte del sumario abierta esta mañana, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', hizo regalos de navidad a numerosos altos cargos del Partido Popular y el Consell en la Comunitat Valenciana.

Entre los regalos, el sumario confirmaría regalos de Orange Market a los consellers Juan Cotino, Alejandro Font de Mora o Milagrosa Martínez, en aquel momento consellera de Turismo, consellería que entregaba el grueso de contratos recibidos por Orange Market. Martínez habría recibido un reloj por valor de 2.400 euros.

Investigan una reunión de Matas con Zaplana, con pago de comisiones desde la televisión balear

PALMA.- Jaume Matas y Eduardo Zaplana, ambos dirigentes del PP, se reunieron (entre 2004 y 2005) a comer con el empresario audiovisual José Luis (Rodríguez) Moreno y el primero, president del Govern balear, habría acordado con el tercero concederle la producción de varios programas en la televisión autonómica IB3 a cambio de sobornos, según mantiene un testigo en el caso 'Palma Arena', Luis Velasco, al que el juez José Castro piensa llamar a declarar, según 'Prensa Ibérica'.

Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil en este fleco del caso Palma Arena apuntan a que empresas de José Luis Moreno cobraron entre 2005 y 2007 más de cinco millones y medio de euros de la televisión autonómica.

Velasco, que actualmente reside en Valladolid, ya ha declarado ante la fiscalía anticorrupción, que en 2008 abrió unas diligencias informativas sobre un presunto entramado de corrupción en torno a la primera etapa de IB3. En esos años fue el hombre de confianza de Moreno en Palma y dirigió programas emitidos por el canal autonómico.

El testigo sostiene que Moreno comió en dos ocasiones con Matas, y en uno de esos almuerzos también estuvo presente Eduardo Zaplana. Este ex ministro del Gobierno de José María Aznar es uno de los pocos dirigentes del PP que se han mantenido fieles a Matas, a pesar de su caída en desgracia por el caso Palma Arena.

La Guardia Civil ha intervenido, con mandato judicial, conversaciones de Zaplana con Maite Areal, esposa de Matas, y en las que el ex presidente de la Generalitat Valenciana le da ánimos y le ofrece ayuda.

Según Velasco, Moreno le explicó que la forma habitual de contratación con las televisiones públicas era el pago de comisiones a altos políticos. En el caso de Balears, la presunta trama de corrupción habría contactado con Matas, que en aquellas comidas le habría prometido al empresario audiovisual varios contratos con IB3.

Velasco asegura también que su jefe le comunicó que los sobornos ascendían al diez por ciento de la facturación. El testigo estima que en Balears se pagaron alrededor de medio millón de euros y añade que la mitad de esa suma habría sido entregada por Moreno al president Matas en la gala inaugural de IB3, celebrada en el Casino de Mallorca en septiembre de 2005.

Jaume Matas y José Luis Moreno han negado taxativamente las acusaciones de Luis Velasco, al que el juez y la fiscalía anticorrupción otorgan credibilidad hasta el punto de proseguir con las pesquisas.

Entre las revelaciones más llamativas que Luis Velasco ha efectuado destaca la supuesta imposición que la familia Matas-Areal hizo para que una vidente amiga suya saliera en programas de IB3. Según Velasco, la adivina residía en Valencia y era la vidente preferida de "Matas o de su mujer".

"Esta señora venía dos veces a la semana a Mallorca y cobraba 250 euros por programa y también se le pagaba el transporte y el hotel", ha denunciado Velasco. El antiguo director de programas televisivos también ha contado que Maite Areal enchufó a una modista y experta en moda para colaborar en la televisión pública insular, por lo que cobraba 250 euros por aparición.

"Un día Moreno le pagaba sus 250 euros y al día siguiente cobraba de IB3", apostilló Velasco.

Entre las revelaciones más llamativas que Luis Velasco ha efectuado destaca la supuesta imposición que la familia Matas-Areal hizo para que una vidente amiga suya saliera en programas de IB3. Según Velasco, la adivina residía en Valencia y era la vidente preferida de «Matas o de su mujer».

«Esta señora venía dos veces a la semana a Mallorca y cobraba 250 euros por programa y también se le pagaba el transporte y el hotel», ha denunciado Velasco. El antiguo director de programas televisivos también ha contado que Maite Areal enchufó a una modista y experta en moda para colaborar en la televisión pública insular, por lo que cobraba 250 euros por aparición.

«Un día Moreno le pagaba sus 250 euros y al día siguiente cobraba de IB3», apostilló Velasco.

Zaplana niega

Zaplana negó de forma tajante haber mantenido un almuerzo con el productor José Luis Moreno y con el ex presidente balear, Jaume Matas, investigado por presunta corrupción. «Nunca ha existido esa comida y es imposible que puedan acreditar otra cosa», afirmó Zaplana, actualmente directivo de Telefónica.

El ex jefe del Consell valenciano restó cualquier validez a las afirmaciones de dicho testigo, del que señaló que según las informaciones publicadas «ni siquiera es capaz de concretar cuándo ni dónde se habría celebrado esa comida», y reiteró su inexistencia. Zaplana no negó su amistad con Matas, cuya esposa, Maite Areola, es oriunda de Villajoyosa, pero sentenció: «A ver si ahora va a ser delito ser amigo de alguien».

Miopía o miedo / Enric Sierra

Lo contó este diario el sábado. Un periodista del diario británico The Times fue avaro en su valoración del juego del equipo de Pep Guardiola ante el Arsenal y lo puntuó con un 6,5 sobre 10. La crónica colgada en la versión digital del rotativo recibió comentarios de los usuarios que discrepaban con la versión dada por el periodista. Los lectores advertían que habían visto otro partido distinto al del cronista del diario y consideraban que el fútbol desarrollado por el Barça fue excepcional.

Con anterioridad a internet, este tipo de interacción entre los lectores y los diarios no se daba y para la posteridad sólo quedaban las crónicas periodísticas. Ahora, la historia de ese partido dirá que, a pesar de lo contado por los expertos, el público quedó encandilado con el juego barcelonista. Habrá más versiones de una misma realidad, cosa que enriquecerá la visión de lo sucedido.

Hay destacadas voces del periodismo partidarias de cortar de raíz este tipo de participación de los lectores aduciendo que no aportan nada y que llegan a dejar en mal lugar a los propios medios que acogen estos comentarios.

Son voces que hablan desde la miopía periodística o desde el miedo a perder el protagonismo logrado gracias a las dificultades que la población general tenía de acceder a los exclusivos púlpitos de los medios de comunicación.

Temen que alguien de esa plebe sepa más que ellos y les saque los colores aflorando alguno de los errores que también cometemos los periodistas o contradiciendo impresiones que hasta ahora eran únicas e inapelables.

Recientemente el Consell de la Informació de Catalunya (CIC), organismo que vela por el cumplimiento del código deontológico de los periodistas, algo así como el Santo Grial de la profesión, encargó que se estudiaran los comentarios en las noticias de los medios digitales.

La conclusión que hace el CIC del estudio sufre de uno de los males que el periodismo debería evitar: la generalización. Se dice que los comentarios son malos y que habría que abolirlos porque no aportan nada. Solo les faltaba añadir algo así como "no vaya a ser que estos freakys nos quiten el pan de la boca".

La participación de los lectores en los medios digitales serios va mucho más allá de los comentarios. Además, las opiniones inapropiadas que se vierten son una minoría y un equipo de moderación los retira o evita su publicación. El resto son comentarios que, sin ser periodísticos, sirven muchas veces como fuente de nuevas informaciones tras la comprobación y contraste que conlleva el oficio del periodista.

Por tanto, que nadie se preocupe, trabajo no va a faltar. Al revés, hay más aunque no lo sepamos ver. El periodismo se debe adaptar y no enrocarse en un conservadurismo impropio de una profesión vanguardista. El público quiere opinar, ser protagonista y contar historias. Renunciar a esa nueva fuente informativa sí es inapropiado.

Un particular presenta la petición para registrar el nombre 'Bancaja CAM'

ALICANTE.- El viernes 20 de noviembre de 2009 el Consell salía en defensa de la solidez de las cajas de ahorro valencianas. La intervención se producía en medio de la polémica surgida tras las declaraciones del vicepresidente económico, Gerardo Camps, que apenas dos días antes había abogado por una fusión de Bancaja y CAM tras indicar que la entidad alicantina entraría en pérdidas este año.

Las declaraciones desataron una avalancha de críticas políticas, empresariales y sindicales. Pero también tuvieron otra consecuencia hasta ahora desconocida: la Oficina Española de Patentes y Marcas recibió ese día una solicitud para registrar la marca Bancaja CAM, según 'El País'.

La petición procede de un particular domiciliado en La Pobla de Vallbona (Valencia) que debió ver más que posible la eventual fusión -a la que las dos cajas de ahorros valencianas se han opuesto por activa y por pasiva- y que también confía en sacar ventaja por solicitar el registro del nombre de las dos entidades antes que nadie.

La solicitud está en fase de tramitación y ya ha recibido cuatro oposiciones (impugnaciones), según el expediente. Las oposiciones se concretaron entre el 17 y 18 de marzo y dentro del plazo de tres meses tras publicarse la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

La petición se realizó para las actividades de "seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios. Servicios bancarios".

Las solicitudes de marcas y patentes esconden, en ocasiones, propuestas sorprendentes e incluso insólitas. Cualquier motivo es bueno para intentar aprovechar el tirón de un personaje o de una situación, y tratar de asegurar algún beneficio futuro con el registro de una marca.