jueves, 8 de julio de 2010

Rajoy planea un congreso extraordinario del PPCV para relevar a Camps, Fabra y Ripoll

ALICANTE.- El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, planea un congreso extraordinario del PPCV en el mes de septiembre para relevar como líderes a los actualmente imputados en los tribunales: Francisco Camps, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll y sustituirlos por políticos más jóvenes y no salpicados por casos de corrupción, según fuentes de Génova 13 citadas por la Cadena SER.

Según fuentes de la sede nacional, la solución global al problema valenciano pasaría por la convocatoria de un congreso extraordinario que reordenase los equilibrios de poder. En el entorno de Rajoy se apuesta por la incorporación de caras nuevas al PP valenciano, sabedores de que el 'post zaplanismo' ha sido un fracaso que, de no solucionarse, puede complicar las aspiraciones electorales de un Rajoy que en Valencia, por el momento, sigue teniendo su principal granero de votos.

De confirmarse este extremo, parece claro que Francisco Camps no repetirá como candidato a la presidencia de la Generalitat en 2011 pese a la insistencia de los últimos días sobre la confirmación de su candidatura, que Fabra dejará la política debido a su enfermedad y situación procesal, y que Ripoll se quedará solo para enfrentarse a los eventuales cargos presentados contra él en los tribunales de justicia, susceptibles de deparar aún nuevas sorpresas hasta para el propio Eduardo Zaplana al tirar por elevación contra su lugarteniente.

La dirección nacional del Partido Popular es consciente de que tiene que tomar una decisión sobre José Joaquín Ripoll. Dentro de la dirección, en el entorno de la secretaría general, se apuesta por su suspensión de militancia. Sin embargo, el equipo de Rajoy está analizando la decisión judicial sobre el presidente de la Diputación Provincial de Alicante

Dicen que Rajoy pretende un nuevo reparto de poder a nivel provincial y regional en la Comunidad Valenciana dentro de su partido y que serán muchos los políticos dudosos que tendrán que abandonar a continuación sus actuales situaciones de poder y privilegio en la administración autonómica, por otra parte fuertemente endeudada y hasta 'gripada'.

Al parecer, tiene toda la pinta de ser firme la decisión de Rajoy de afrontar esta inaplazable cirugía política de urgencia porque la situación ya amenaza con dinamitar su propia candidatura a La Moncloa en los comicios de 2012 de seguir pudriéndose la situación de su partido en la Comunidad Valenciana a cuenta de secuenciales casos de probada corrupción, que pueden no haber terminado.

Entre los políticos que ya se barajan para sustituir a Camps, estaría el propio Esteban González Pons, ahora fiel escudero de Rajoy y político alejado de las intrigas de Valencia, el inefable Gerardo Camps, y hasta el castellonense Juan Costa (hermano de Ricardo), quien llegó a competir con Rajoy por el liderazgo nacional del PP. Se descarta absolutamente a Rita Barberá, incluso es más que probable que tampoco opte a su reelección como alcaldesa de Valencia.

El detonante de la imputación de Ripoll, presumiblemente por varios presuntos y graves delitos, ha convulsionado a todo el PP desde Madrid a Valencia y muestra como algo inaplazable una acción decidida de líder y aparato central frente a la recurrente corrupción en Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y, ahora, al parecer, la Región de Murcia como trueno gordo de esta corrosiva entrega por capítulos que todavía dicen aguarda muchas sorpresas para la gran militancia honesta del partido conservador fundado por Manuel Fraga.

Compromís: "La imputación de Ripoll es una mala noticia a la que nos tiene acostumbrados el PP"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha considerado este jueves que la imputación del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, en el marco del llamado 'caso Brugal' es "una mala noticia a la que ya nos tiene acostumbrados el PP".

"Y es también una mala noticia y una imagen fatídica y mala para el País Valenciano, porque al resto del estado y en Europa nos ven como un nido de gobernantes corruptos", ha lamentado.

En opinión de Morera, el líder del PP, Mariano Rajoy, "no tiene más remedio ahora que tomar medidas y pedir responsabilidades o esta espiral de corrupción acabará arrastrándolo a él hacia el fracaso político".

El Gobierno Zapatero acaba con la naturaleza genuina de las cajas de ahorro para entregarlas a los bancos

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que la nueva Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) permitirá a estas entidades emitir cuotas participativas con derechos políticos, similares a las acciones de las sociedades anónimas, por un importe no superior al 50% de su patrimonio para "evitar su desnaturalización".

Zapatero señaló que el Consejo de Ministros aprobará el viernes un Real Decreto para articular esta reforma, que definió como "fundamental, urgente y necesaria", y como "la más importante del sistema bancario español de la historia".

El presidente compareció este jueves tras reunirse con el comité ejecutivo de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) para abordar la reforma de la Lorca e insistió en que, a pesar de que el sistema financiero ha demostrado solvencia, las cajas de ahorros mostraban debilidades y carencias que había que fortalecer para su estabilidad en el futuro.

No obstante, matizó que el cambio legislativo se hace preservando la función social, los intereses generales de las cajas y su obra fundacional, y que se plantea con dos objetivos fundamentales: la capitalización de las cajas para facilitar el acceso a recursos de "máxima categoría" en iguales condiciones que otras entidades de crédito, y "la profesionalización y democratización de las cajas de ahorro".

Respecto a la capitalización, Zapatero explicó que la reforma del régimen de cuotas permitirá la entrada de inversores privados en las entidades, a los que se reconocerán derechos políticos de manera directamente proporcional a su participación en el patrimonio de la caja.

No obstante, se suprimen los límites a la tenencia de cuotas por un único partícipe y se establecen los principios de libertad de emisión y retribución de dichas cuotas. Estos títulos podrán ser emitidos desde el mismo momento en que entre vigor la nueva norma.

En relación a la profesionalización, Zapatero precisó que se limita la presencia de representación política de las cajas porque se establece "la incompatibilidad de los cargos electos a ser miembros de los órganos de gobierno de las cajas", y se "impide" la participación de representates de la administración ejecutiva en los órganos de gobierno de las entidades.

Asimismo, se refuerzan los requisitos de profesionalidad de los órganos de gobierno a través de exigencias especiales de cualificación y experiencia para al menos la mitad de los miembros del consejo de administración, y se refuerza el gobierno corporativo, extendiendo la obligación de informe anual a todas las cajas de ahorros.

La nueva ley también establece mayorías reforzadas en los órganos de gobierno para las decisiones fundamentales de la caja. De este modos, se establece la necesidad de una mayoría de dos tercios de los presentes para pasar a cualquiera de los otros modelos de funcionamiento y orden jurídico de las cajas, la integración, el ejercicio indirecto a través de un banco y la transformación en fundación cediendo patrimonio a un banco.

Zapatero recalcó que tras la reforma legal las cajas van a poder disponer de un "abanico extenso" de posibilidades para acceder a las mejoras alternativas de capitalización y que podrán integrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP), cuya entidad central tendrá la naturaleza de sociedad autonómica, permitiéndoles el acceso directo a los mercados.

Asimismo, insisitiò en que las entidades también podrán ejercer su actividad indirectamente a través de un banco y podrán optar por traspasarle el patrimonio sujeto a la actividad financiera, así como transformarse en una fundación renunciado a su condición de caja.

El presidente expresó su deseo de que la reforma, "fruto en gran medida del proceso de diálogo con el PP", consiga un amplio apoyo parlamentario y de las comunidades autónomas, dado el "relevante papel" de las cajas en el sistema financiero español y de la importancia que la reforma tiene no sólo para la solvencia del sistema financiero, sino también para la capacidad del crecimiento económico del país.

"Las cajas van a tener la palabra decisiva sobre su futuro y sobre su posición en el sistema financiero, pero el cambio debe contar, para que sea lo más fuerte posible, con el mayor número de apoyos parlamentarios. Por ello trabajará el Gobierno", añadió.

Zapatero también agradeció la colaboración del PP y de las cajas de ahorros, con quien se ha mantenido "un intenso diálogo", para sacar adelante esta reforma, y avanzó que seguirá profundizando este diálogo con los representantes sindicales y con las comunidades autónomas.

En este sentido, subrayó que el Decreto Ley va a tener un carácter de "largo alcance y de reforma en profundidad" y que ha tenido espacios de encuentros "bastante considerables", que se han intensificado en las últimas semanas entre el responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado.

El presidente insistió que el diálogo ha sido "satisfactorio" y en que existe un marco de entendimiento, a expensas de que van a seguir seguir trabajando hasta que el Consejo de Ministros aborde mañana la reforma.

Asimismo, recordó que la reforma se produce tras concluir "con éxito" el proceso de reestructuración financiera mediante fusiones e integraciones, que comenzó hace un año con el Decreto Ley que regula el FROB, que también acordó con el Partido Popular.

En este sentido, consideró que para que esta reestructuración de las cajas de ahorros mantenga la eficiencia, la solvencia y las entidades se adapten al tamaño del mercado actual, exigía una reforma de "más calado" que afectase a su legislación.

El PSPV de Castellón denuncia la adjudicación "a dedo" de 25 millones a empresas relacionadas con la trama Gürtel

CASTELLÓN.- El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castellón ha denunciado en un informe la adjudicación "a dedo" por parte del equipo de gobierno municipal de proyectos por importe de 25 millones de euros a empresas relacionadas con la trama Gürtel.

Según ha señalado la formación en un comunicado, la Asamblea General de la agrupación municipal del PSPV de Castellón se ha reunido este jueves en sesión ordinaria y, entre otras cuestiones, ha aprobado mostrar un "claro y rotundo apoyo" al dictamen particular elaborado por los dos miembros del grupo socialista Javier Peris y Juli Domingo en la Comisión de Investigación del 'caso Gürtel' en el consistorio.

El secretario general de los socialistas castellonenses, Pep Grau, ha explicado que los ediles socialistas "han denunciado en dicho informe una forma de trabajar no muy correcta, donde unos 25 millones de euros han sido adjudicado a dedo a empresas relacionadas con el caso Gürtel".

"Los socialistas no podíamos estar de acuerdo con el rodillo que querían hacer pasar los grupos municipales del PP y del Bloc al aprobar un dictamen que no reconocía esta forma de actuar", ha señalado Grau.

Por otro lado, la asamblea ha expresado su apoyo a las reclamaciones ciudadanas y empresariales de la ciudad a la hora de solicitar que las inversiones previstas por parte del Ministerio de Fomento para ejecutar infraestructuras en Castellón "continúen adelante en su totalidad, y en los términos y presupuestos previstos".

Pep Grau ha destacado que los socialistas van a "estar de la mano de los ciudadanos para salir de la crisis; hay infraestructuras que consideramos necesarias y las vamos a reclamar día a día y donde haga falta". "Ojalá todos hiciésemos lo mismo", ha apostillado.

Además, ha criticado que el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, "sólo reclama a unas administraciones, mientras se olvida de exigir a otras", y que, "además, quiere hacer lobbys de presión sin querer contar con nuestro partido, que tiene el apoyo de más del 35 por ciento de los castellonenses".

"Alguien debería explicarle a Fabra que la mejor manera de exigir es actuando conjuntamente y con acuerdos mayoritarios, no de enfrentamientos partidistas", ha sentenciado.

Por último, la asamblea ha lamentado el "desprecio" del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, a la ciudad de Castellón y a la Universidad Jaume I, y ha aprobado una resolución en la que exige a la Generalitat que los estudios de Ciencias de la Salud "se pongan en marcha lo más pronto posible y, en cualquiera de los casos, nunca después de su autorización para que se imparta esta disciplina en alguna universidad privada en la ciudad".

Monseñor Osoro acuerda con responsables empresariales valencianos y Cáritas los primeros proyectos de ayuda a parados

VALENCIA.- El arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, ha reunido este jueves a los máximos responsables de instituciones empresariales como la Cámara de Comercio de Valencia, la patronal autonómica Cierval, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) o Feria Valencia, con los representantes de Cáritas Diocesana y otras entidades de la Iglesia para "fijar medidas de ayuda a parados de larga duración que han quedado sin subsidio de desempleo", a través de "microcréditos, colectas diocesanas, cooperativas de trabajo y bolsas de empleo".

El encuentro tuvo lugar en el Palacio Arzobispal de Valencia y, junto con el arzobispo y el obispo auxiliar monseñor Esteban Escudero, contó con la participación de los presidentes de Cámara Valencia, José Vicente Morata; Cierval, Rafael Ferrando; la APV, Rafael Aznar; y Feria Valencia, Alberto Catalá, respectivamente.

Igualmente, asistieron a la reunión la presidenta de Cáritas Diocesana de Valencia, Concha Guillén; fray Conrado Estruch, en representación de la Asociación de Amigos de San Antonio; el presidente de la Gran Asociación de Beneficencia, Fernando Musoles; el vicerrector de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, José Luis Sánchez; el presidente de la Orden de Malta en Valencia, José Luis Aguirre; y el titular de la Fundación Colegio Seminario Santo Tomás de Villanueva, José Máximo Lledó.

Según ha informado el Arzobispado en un comunicado, a partir de ahora esas entidades trabajarán en el desarrollo de "proyectos conjuntos entre instituciones empresariales, Cáritas y otras instituciones de la Iglesia, como la concesión de microcréditos, creación de cooperativas de trabajo" o "bolsas de empleo para facilitar las contrataciones de los parados de más larga duración".

Además, se potenciará la contratación de becarios y se estudiará crear "una línea de trabajo con el Estado para la cesión de tierras para el cultivo y la colaboración para el fomento de la artesanía".

Por otra parte, se ha analizado la "realidad" de los cursos del Servicio valenciano de Empleo y Formación (Servef), "con ayuda de las instituciones valencianas" y "se ha pedido a los empresarios la colaboración de sus entidades en la promoción de la Responsabilidad Social Corporativa".

Según las mismas fuentes, también se han estudiado iniciativas para potenciar la sensibilización social, como promoción de películas, canciones y exposiciones artísticas.

De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Trabajo, la Comunitat Valenciana cerró el pasado mes de junio con 497.808 parados registrados, 113.314 de ellos sin prestaciones o subsidios.

El juez imputa a Ripoll diversos cargos y decreta libertad provisional

ORIHUELA.- El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela ha acordado mantener la situación de libertad provisional para cinco de las personas que han comparecido este jueves a declarar de forma voluntaria dentro de la denominada 'operación Brugal', entre ellas el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, a quien ha imputado diversos cargos.

De esta manera el magistrado ha desestimado la petición del fiscal de fijar una fianza de 500.000 euros para el también presidente del PP en Alicante por lo que ha quedado en libertad sin fianza.

Asimismo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado, el juez ha ordenado el ingreso en prisión, eludible con una fianza de 100.000 euros, para el empresario Rafael Gregory, al que se le ha concedido un plazo para reunir dicha cantidad.

El juez ha tomado declaración, en calidad de imputadas, a estas seis personas --entre las que también se encuentra el empresario y el máximo accionista Hércules, Enrique Ortiz, un empleado de su empresa Inusa y otro de la firma Sufi y un empresario valenciano-- que debían comparecer en el marco de las Diligencias Previas 851/07, abiertas por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros.

En cada comparecencia se han practicado las diligencias de imputación judicial y se ha explicado a cada uno de los afectados por la investigación que no se les podían detallar los hechos imputados como consecuencia del secreto que afecta a las actuaciones, aunque sí que se les ha expuesto, de forma minuciosa, las figuras penales y los preceptos legales a los cuales se pueden referir sus conductas, ha detallado el TSJCV en un comunicado.

El Juzgado tiene previsto que mañana comparezcan para diligencia de imputación judicial y posterior declaración en calidad de imputadas, otras cinco personas, tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela y dos empresarios de la localidad.

Contra los autos dictados por el magistrado-juez cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días, según se les ha notificado a las partes en el día de hoy.

El director de la Policía defiende que en Alicante se ha actuado "en el marco de la legalidad y el Estado de Derecho"

GRANADA.- El director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, defendió este jueves la labor de la Policía en las detenciones que efectuó el pasado martes en Alicante en la denominada 'Operación Brugal', entre ellas la del presidente de la Diputación alicantina, José Joaquín Ripoll, y aseguró que los agentes actuaron "en el marco de la legalidad establecida en el Estado de Derecho de España".

En declaraciones a los periodistas en Granada, donde presidió la inauguración del Laboratorio de Biología y ADN de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, Velázquez abogó por hacer uso en este asunto del "sentido común y las leyes", después de las críticas realizadas por miembros del PP al Ministerio de Interior y en concreto a su titular, Alfredo Pérez Rubalcaba.

"La Policía realiza investigaciones, y tras las investigaciones descubre presuntos delincuentes. Se efectúan declaraciones en la sede policial, se ponen a disposición del juez, y en los casos en que haya que efectuar registros son siempre con autorización judicial. Eso es exactamente lo que ha hecho la Policía", explicó.

En consecuencia, afirmó, todo se hizo "dentro de la legalidad y por lo tanto era lo que le correspondía a la Policía realizar", manifestó el director general, que en su discurso de inauguración del Laboratorio también se refirió a este asunto.

"La Policía actúa siempre en el marco del Estado de Derecho: cuando asegura la eficacia probatoria y cuando detiene y toma declaración a presuntos delincuentes. Es su trabajo incluso en los momentos en que esas detenciones se realizan sobre personas de relevancia pública", dijo.

Fernando de Rosa dice que el CGPJ apoya la posición del juez de Orihuela, "que es el que dirige la instrucción"

ALICANTE.- El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha asegurado este jueves que el CGPJ "apoya" la posición del titular del juzgado de primera instancia número tres de Orihuela "puesta de manifiesto ayer" en los dos comunicados remitidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y ha recordado que es el juez "el que dirige la instrucción" del caso por presunta corrupción llevada a cabo el pasado martes en la provincia de Alicante.

Al término de la inauguración este jueves de la jornada 'La reforma del Código Penal. El nuevo Código Penal ante el reto del Cibercrimen' en Dénia, a preguntas de los medios de comunicación, De Rosa se ha remitido a los comunicados emitidos este miércoles pasado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y por el propio CGPJ este jueves.

Este escrito, ha dicho, "avala lo manifestado por el juez de Orihuela en el sentido de que son unas actuaciones secretas". Además, ha remarcado que "el que dirige la instrucción es el propio juez, y habrá que esperar a la evolución de lo acontecido", ha indicado.

El CGPJ aclara que el TSJCV distribuyó las notas sobre la trama de Alicante a petición del juez de Orihuela

MADRID.- La Comisión de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aclarado este jueves, en relación con los dos comunicados divulgados ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en relación con la 'Operación Brugal' desarrollada contra una presunta trama de corrupción en Alicante, que "ambas se emitieron a instancia del titular del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, "quien así lo estimó necesario".

De este modo, los cinco vocales que integran esta comisión --Margarita Robles, Gabriela Bravo, Miguel Collado, Antonio Dorado y Margarita Uría--, han salido al paso de las críticas vertidas por algunos sectores que apuntaban al presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, como artífice de los comunicados, según señalaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

El TSJCV emitió un comunicado en la mañana del miércoles negando que el Juzgado de Orihuela hubiera ordenado la detención del presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll y otras diez personas en relación con la 'Operación Brugal' que investiga este órgano y añadiendo que no había citado a ninguna de ellas en relación con la instrucción abierta por una presunta trama de corrupción en la provincia.

Unas siete horas más tarde, el alto tribunal difundió una segunda nota señalando que titular del juzgado de primera instancia número de 3 de Orihuela había sido informado "verbalmente, aunque no de manera oficial", de las comparecencias previstas para mañana de algunas de las personas que fueron detenidas en el marco de la operación lanzada por la Fiscalía Anticorrupción en Alicante, entre ellas la de Ripoll.

En este segundo comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana aseguraba que, ante la "confusión suscitada por la citación para comparecer en este juzgado de varias personas", al término de la mañana de ayer no disponía de ninguna comunicación directa u oficial por parte de la Policía sobre el número de personas que hubieran sido detenidas en el transcurso de la operación, ni de su posterior puesta en libertad, ni de las fechas en las que hubieran sido emplazadas para comparecer en el Juzgado".

Añadía que con anterioridad a la operación desarrollada este martes únicamente se recibió consulta sobre horarios y disponibilidad del órgano judicial y, una vez concluida la mañana, "el Juzgado no tenía constancia oficial de comparecencia alguna prevista para mañana o próximos días en relación a las Diligencias Previas 851/07, excepto lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación".

Sin embargo, puntualizaba, "a media tarde, el juez ha sido informado verbalmente, aunque no de manera oficial, al respecto".

Asimismo, la nota explicaba que San Martín autorizó las entradas y registros practicados ayer como consecuencia de las correspondientes peticiones formuladas por parte de la Policía. Las resoluciones adoptadas fueron notificadas a los interesados "en tiempo y forma", recalcaba.

De la Vega cree "irresponsable" que Rajoy no exija dimisiones por la situación del PPCV

GANDÍA.- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado este jueves que es "irresponsable e imprudente" que el presidente del PP, Mariano Rajoy, no dé explicaciones ni exija responsabilidades a los dirigentes del PPCV ante la situación política en la Comunitat por las operación de Anticorrupción desarrollada en Alicante, y que afecta al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll; por la imputación del presidente provincial de Castellón, Carlos Fabra, así como por el 'caso Gürtel'.

De la Vega que se ha expresado de esta manera en el acto de apertura de las jornadas interpalamentarias de los socialistas valencianos que se celebra en Gandia en un momento de su discurso en el que hizo mención a la situación política en la Comunitat en relación a la última investigación judicial abierta en la provincia de Alicante con la llamada 'Operación Brugal'.

En este sentido, la dirigente socialista ha manifestado que Mariano Rajoy, en la Comunitat, "ya no sabe hacia dónde mirar, si al Castellón de Fabra, al Alicante de Ripoll o a la Comunitat de Camps, para encontrar a alguien que dé la más mínima explicación y que sea capaz de asumir sus propias responsabilidades.

La vicepresidenta ha señalado que son necesarios "algo mejor que unos líderes bajo sospecha que jamás han dado una explicación ni han asumido una sola responsabilidad política". Para De la Vega es "increíble que tras la detención" de Ripoll desde el PP pidan "prudencia y responsabilidad" y mientras, se dediquen a "atacar a fiscales y policías sólo por cumplir con su deber".

En este sentido, ha declarado además, que son los ciudadanos los que tienen derecho a exigir prudencia y responsabilidad a sus representantes políticos y ha subrayado que es "irresponsable e imprudente" intentar "huir hacia delante, lanzando insidias y sospechas, arremetiendo contra todo y contra todos, como hacen los dirigentes del PP".

La vicepresidenta, además, ha recordado que Rajoy puso a Camps como el modelo que quiere "para toda España", pero, en su opinión, los españoles "se merecen otra cosa" y por ello, instó a los socialistas valencianos a poner en marcha un "nuevo proyecto", como el elaborado en el programa para la reforma de la economía valenciana, capaz de "sanear" las cuentas públicas, estimule la iniciativa privada, un proyecto que se dedique a "hacer lo que debe hacer, trabajar a favor de los ciudadanos y no en contra del Gobierno".

El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, en esta línea ha señalado que las personas honradas, cuando tienen un problema con la justicia, lo que hacen es "ponerse al servicio de la legalidad, de la verdad y de los órganos jurisdiccionales".

Pero, el PP y el PPCV, cuando uno de sus miembros tiene alguna "responsabilidad, una explicación que dar o es objeto de una investigación --desde la presunción de inocencia, ha aclarado-- y tienen que responder, su actitud siempre es la misma, atacar, atacar y atacar a los órganos de justicia, fiscales y policía, que funcionan siempre bajo el orden constitucional".

Para Alarte, esta no es la respuesta de un ciudadano "ejemplar y honorable" y "no puede ser la respuesta de Rajoy, González Pons y el PP", al tiempo que ha afirmado que esta es la "sensación que cualquier ciudadano esta mañana tiene" al conocer la información que se publica en los medios.

Asimismo, ha criticado que la táctica del PP sea decir que los socialistas les "persiguen", por ello, la posición del PSOE ante esta situación es responder con "palabra y compromiso" y ante las exigencias de ética y honradez, hay que actuar con "transparencia, con explicaciones y responsabilidad política".