lunes, 1 de agosto de 2011

Compromís tilda de "muy poco ético" que Camps se dé "prisa" en reclamar una secretaria y un chófer

VALENCIA.- Compromís ha valorado "negativamente" este lunes la asignación por parte del Consell de una secretaria y de un chófer para Francisco Camps por su condición de exjefe del Consell. En este sentido, la portavoz adjunta del grupo parlamentario en las Corts, Mónica Oltra, ha afirmado que es "muy poco ético que Camps se dé tanta prisa al reclamar los privilegios a que tienen derecho los expresidentes de la Generalitat".

   Oltra, en un comunicado, ha indicado que "lo primero" que tendría que hacer Camps es "dimitir como diputado por las sospechas de corrupción tan graves que hay sobre él y que lo mantienen a la espera de juicio por dejarse sobornar", ha explicado.
   Asimismo, la síndica considera "fuera de toda lógica" que el exjefe del Consell mantenga su acta de diputado e ingreso en el Consell Jurídic Consultiu, un órgano al cual Camps "no puede aportar nada más que su experiencia sobre cómo burlar las leyes, cuestión en la que tiene un máster".
   A su juicio, el Consell "tendría que estudiar mejor las peticiones que ha hecho Camps", puesto que es "una persona que en unos meses podría ser condenado por un caso de corrupción y, si es así, no tendría que tener acceso a estos privilegios".
   Oltra ha recordado que Compromís ha registrado una proposición para reformar la ley que regula el estatuto de los expresidentes "para que los condenados por corrupción no tengan derecho a ningún privilegio".

Compromís vuelve a registrar en Corts 1.508 peticiones de contratos de la trama con el Consell

VALENCIA.- El grupo parlamentario Compromís ha vuelto a registrar en las Corts Valencianes un total de 1.508 solicitudes de documentación para pedir los contratos menores de cada una de las empresas de la trama Gürtel con todas las consellerias entre los años 2003 y 2008.

   Para la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, "ahora el presidente Alberto Fabra tiene la oportunidad de demostrar si verdaderamente hace una apuesta por la transparencia y cumple con aquello que anunció en los medios de comunicación, que va a dar a la oposición todos los contratos".
   "Hay que tener también en cuenta que el pasado mes de junio el Tribunal Superior de Justicia sentenció que era inconstitucional la denegación que hizo el Consell a Compromís en 2009 de esta misma documentación", ha recordado la parlamentaria a través de un comunicado.
   "Desde Compromís exigimos al nuevo presidente de la Generalitat que retire el recurso de casación que el gobierno del PP ha interpuesto contra esta sentencia del TSJCV para continuar blindando el acceso de la oposición a estos contratos. Retirar este recurso y darnos acceso a los contratos es lo que tiene que hacer Alberto Fabra para demostrar que apuesta por la normalidad democrática", ha concluido Oltra.

Presidencia nombra a la secretaria y al conductor al servicio de Camps

VALENCIA.- Presidencia de la Generalitat valenciana ha nombrado a la secretaria y al conductor que estarán al servicio del exjefe del Consell, Francisco Camps, a propuesta de éste.

   Así lo recoge la resolución firmada por la consellera de Presidencia y vicepresidenta del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, fechada el pasado viernes 29 de julio y publicada este lunes en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
   En concreto, según el escrito, el personal eventual que estará al servicio de Camps serán Susana Fayos, asesora y con unas retribuciones equivalentes a las de 'secretaria president', y Francisco Campos, con funciones de conductor y sueldo equivalente al de 'conductor president'.
   Ambos nombramientos tendrán efectos desde el pasado viernes y se producen de conformidad con lo establecido en el Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat, en la ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, en el decreto sobre regulación del personal eventual al servicio de la Administración del Consell, así como en virtud de la delegación de atribución contenida en la Resolución de 28 de julio de 2011 del president de la Generalitat.
   Sánchez de León también dictó otra resolución en la que nombra a otras 15 personas como personal eventual adscrito a Presidencia, que percibirán los sueldos previstos en las tablas retributivas del decreto ley de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público valenciano, de junio de 2010.
   Entre esos nombramientos publicados igualmente este lunes en el DOCV, figura el de María Isabel Silvestre Úbeda, con funciones y retribuciones de secretaria adjunta del president, Alberto Fabra, así como los de dos conductores del nuevo jefe del Consell, siete asesores de categoría 1, tres de categoría 2, uno de categoría 3 y otro asesor más de categoría 4.
   Los asesores con retribuciones correspondientes a la categoría 1 son Roser Campos, Matilde Farinós, Paula Cristina Sánchez, Ana María de Benavides, Manuel Rosalén, Ramón Navarro y Esther Pastor; los de categoría 2, María Carmen Rams, Ana María Valero y Fernando Estrella; de categoría 3, Asunción Francés, y de categoría 4, Amparo Medina.
   Por su parte, Juan Enrique Tamarit y Juan Carlos Tatay realizarán funciones de conductor y obtendrán las retribuciones previstas en la categoría de 'conductor del president'. Según las mismas fuentes, los nombramientos tendrán efectos del pasado viernes 29 de julio.
 El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha confirmado este lunes que el expresidente de la Generalitat dispondrá de dos escoltas tras renunciar a su cargo, tal y como marca la Ley de ex presidentes.
   Castellano se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa al ser preguntado por si Camps ha solicitado algún escolta de la Policía de la Generalitat, después de que Presidencia le haya nombrado este lunes a una secretaria y a un chófer.
   El conseller ha afirmado que "no es que --Camps-- lo haya pedido, sino que le corresponde por ley". La normativa de los ex presidentes, según ha recordado, "recoge una serie de medios, entre ellos, la de disponer de dos escoltas". 
"Y las leyes están para cumplirlas", ha dicho.
   Así, preguntado de nuevo por si Francisco Camps ha solicitado la protección de escoltas, ha respondido: "si, si, tendrá dos escoltas como marca la ley".

El PSOE ve una "vergüenza" y un "choteo" que Camps "asesore jurídicamente"

MADRID.- El vicecoordinador del Comité Electoral del PSOE, Antonio Hernando, ha calificado este lunes como una "vergüenza" que el ex presidente valenciano Francisco Camps vaya a "asesorar jurídicamente" a la Generalitat al formar parte del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) de esta comunidad cuando va a ser juzgado por cohecho.

   "Es un choteo que pueda compatibilizar su condición de diputado con ser miembro del Consejo Consultivo porque se va a dar la paradoja de que va a ser miembro del Consejo Consultivo un señor que va a ser juzgado por un jurado popular por un delito de cohecho", ha lamentado Hernando en la rueda de prensa posterior al Comité Electoral del PSOE.
   En referencia a las palabras del nuevo presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, acerca de hacer un ERE político en la Comunidad Valenciana, el dirigente socialista ha dicho que, a pesar de ello, "lo primero que han hecho" ha sido "poner secretaria y coche" a Camps y "hacer que sea compatible su función de diputado y miembro del Consejo Consultivo para asesorar jurídicamente".

El PSPV dice que la CAM ha sido "el juguete" del PPCV y se ha convertido en "el problema" de Fabra

VALENCIA.- El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en Les Corts, Francisco Toledo, ha afirmado que Caja Mediterráneo (CAM) ha sido "el juguete" del PPCV y se ha convertido ahora en "el problema" del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

En un comunicado, el socialista ha subrayado que "el verdadero escollo de la caja ha sido su excesiva dependencia del Gobierno valenciano, que ha arrastrado y erosionado las cuentas y la gestión de la CAM a base de conductas presuntamente fraudulentas".

Así se ha pronunciado Toledo después de conocerse las presuntas irregularidades cometidas en la entidad en los últimos meses, como la concesión de créditos al 0% entre sus consejeros, la compra de deuda de la Generalitat días antes de ser intervenida por el Banco de España, o el cobro de 16.000 euros mensuales por asistir a reuniones que no se producían.

En este sentido, ha criticado que los gestores de la CAM "instrumentalizaran la caja para obtener condiciones ventajosas y un trato preferencial para ellos y para sus conocidos", un hecho que, a su juicio, "no debe quedar impune".

Toledo ha advertido de que "cuando las instituciones de control investiguen a fondo las connivencias entre los dirigentes de la caja y los poderes públicos, deberán asumirse las responsabilidades políticas por cada actuación y cada decisión que ha sido adoptada".

"Es intolerable que, sus gestores ahora expulsados, hayan disfrutado de jubilaciones de oro millonarias tras ser los máximos responsables de la quiebra de la caja", ha criticado.

Además, ha lamentado que "la participación de la caja en proyectos faraónicos y operaciones inmobiliarias del Consell, entre otras actuaciones, han hecho de la gestión de la CAM un problema que ahora hereda Fabra".

Ante esta situación, ha reiterado la necesidad de que Fabra dé explicaciones y ha reclamado la convocatoria de la Comisión Permanente de Les Corts y la comparecencia urgente del conseller de Economía, Enrique Verdeguer, para que aclare "las implicaciones, que no son pocas, de la Generalitat valenciana en todas las noticias que a diario aparecen en los medios de comunicación sobre la CAM".

Por último, ha recalcado que tras la intervención del Banco de España, los ahorradores e impositores de la caja "pueden estar absolutamente tranquilos porque su dinero está ahora en mejores manos".

La CAM avaló con 24 millones una venta de suelo fallida de Ortiz

ALICANTE.- La intervenida Caja Mediterráneo (CAM) avaló en septiembre de 2007, en la antesala del estallido de la crisis del ladrillo, con 24 millones de euros al promotor Enrique Ortiz en una operación inmobiliaria que finalmente resultó fallida. El objeto del aval era cubrir los riesgos del incumplimiento del contrato, la venta de una parcela en Benidorm, propiedad de Ortiz, a la sociedad Unibail Rodamco, uno de los mayores grupos comerciales de Europa y propietario de la red de supermercados Eroski, según 'El País'.

El grupo comercial adquirió el suelo al promotor Ortiz con el objeto de levantar un centro comercial, pero a fecha de hoy el complejo no está construido. El proyecto incluía unos 49.000 metros cuadrados de galería comercial, unos 13.000 de hipermercado, aparcamiento en superficie y sótano de unas 2.300 plazas y unos 14.000 de zonas comunes.
La escritura se firmó el 6 de septiembre de 2007 en una notaría de Alicante. De acuerdo con el documento mercantil al que ha tenido acceso este períodico, Enrique Ortiz, en representación de la mercantil Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, SA, vendió una parcela de 71.091,31 metros cuadrados, en el término de Benidorm, a Thomas Orchard, en representación de la mercantil Rodamco Benidorm, SL [está firma está participada al 50% por la sociedad Unibail Rodamco]. El precio de la venta fue de 96.135.356,68 euros, más IVA (en total 110.357.013, 75 euros).
La forma de pago fue la siguiente: la cantidad de un millón de euros, más el IVA correspondiente, fue hecha efectiva con anterioridad a la firma de la escritura mediante dos cheques bancarios; y la cifra restante (95.135.356,68 euros), más IVA, lo abonó el comprador en el acto de la firma de contrato, igualmente mediante cheque bancario.
El comprador y vendedor incluyeron una serie cláusulas que de no cumplirse podrían anular o "modificar" el precio de la operación. En este último apartado, Ortiz se comprometió a rebajar el precio en 24.033.839,71, euros y como garantía de pago aportó el aval de la CAM.Las obligaciones entre las partes de compraventa de la parcela de Ortiz en Benidorm al grupo comercial Unibail Rodamco recogidas en la escritura son las siguientes: inscribir la parcela en el Registro de la Propiedad, como finca independiente, a nombre de la mercantil vendedora; obtener la aprobación definitiva y firma de la modificación de los instrumentos urbanísticos para la construcción del centro comercial; y obtener la concesión, con carácter definitivo y firme por parte de la Generalitat Valenciana para la construcción y explotación del centro comercial.
El plazo para la ejecución de la primera cláusula era de seis meses y para la segunda y tercera, de 36 meses. A la fecha de hoy, en el lugar donde estaba previsto levantar el centro no se ha colocado ni una piedra. La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benidorm para instalar en ese sector el centro comercial tampoco ha sido aún tramitada.
La escritura señala que en el caso de que se produjeran algunos de los supuestos que implicara la resolución de la compraventa, el precio final de la operación se reduciría en 24.033.839,17 euros, lo que significaba que el valor último de la venta sería de 72.101.517,51 millones de euros, más el IVA correspondiente.
En garantía de esa rebaja del precio, Ortiz aportó en el acto de compraventa un aval de la CAM por la misma cantidad en la que se comprometía a rebajar el valor de su parcela. Ortiz estaba obligado a devolver la diferencia del precio al comprador si no se ejecutaba la completa urbanización de la parcela, es decir, servicios, conexiones exteriores y accesos.
El aval fue emitido por la CAM el 6 de septiembre de 2007 con una validez de hasta el 6 de diciembre de 2010.
El Ayuntamiento de Benidorm dio luz verde a la modificación del PGOU para acoger nuevas grandes superficies comerciales, entre ellas el proyecto que impulsaba el grupo Unibail Rodamco, en diciembre de 2008. No obstante, un mes más tarde la multinacional pidió al Consistorio la suspensión temporal de la tramitación de la modificación del PGOU hasta que no se resolvieran los accesos al sector. La mercantil tomó esa decisión tras tener conocimiento de que la Dirección General de Carreteras informó desfavorablemente a las obras de urbanización y decretó su paralización. Las obras de urbanización, que tenía que acometer el promotor Ortiz, no han sido recepcionadas oficialmente por el Ayuntamiento. El promotor, según fuentes del anterior equipo de gobierno municipal de Benidorm, intentó entre los meses de agosto y septiembre de 2010 obtener el acta oficial de recepción de las obras de urbanización. Ortiz obtuvo una certificación emitida por dos ingenieros municipales que no fue validada, por Jaume Llinares, entonces concejal de Urbanismo del Ayuntamiento.
Este periódico intentó ayer sin éxito conocer la opinión del promotor Enrique Ortiz sobre esta operación inmobiliaria fallida en Benidorm. El empresario alicantino es uno de lo clientes de mayor envergadura de la intervenida CAM, en operaciones con su grupo empresarial (primero Ortiz e Hijos y ahora grupo Cívica). El promotor está imputado en el sumario del caso Brugal que investiga supuestas irregularidades en el Plan General de Alicante. En esa causa está imputado un exdirectivo de la caja por una compra de suelo con Ortiz para recalificarlo.

Indecencia

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, ha asegurado este lunes que le parece "rematadamente mal" que los directores de entidades bancarias se suban el sueldo "con la que le está cayendo a la gente" y ha recalcado que si ahora dicen que apoyan al PP, son "los últimos en llegar" y se debe a que se quieren "apuntar al caballo del cambio".

  "No es decente que los banqueros, que tanta responsabilidad tienen en lo que ha ocurrido, se suban el sueldo con lo que le está cayendo a sus clientes", ha asegurado González Pons tajante en rueda de prensa en la sede nacional del partido, en Génova. De hecho, ha defendido que lo que le gustaría es que "uno de esos banqueros" renunciara a su aumento de sueldo y dedicara eso que va a "ganar de más" a "que llegue crédito a las pymes".
   Además, en relación al supuesto apoyo que ahora le conceden al PP los directores de bancos, el portavoz del partido liderado por Mariano Rajoy ha reconocido que es "bienvenido", aunque ha apuntado que son "los últimos en llegar".
"La gente, sus clientes, los que pagan hipotecas hace ya mucho que apostaban por el PP", ha asegurado.
   González Pons ha señalado que, con este respaldo, los directores de bancos "se están intentando apuntar al caballo del cambio" y les ha recordado que este caballo "es de la gente, es del pueblo, no es el caballo de las grandes finanzas". 
De hecho, ha garantizado que el Partido Popular hará "economía" si llega al Gobierno pero ha dicho que será "para crear empleo" y no "para que los banqueros ganen más", porque en los últimos años "no se ha creado empleo y los banqueros ganan más".

Caja Mediterráneo renegoció 2.110 millones de activos 'tóxicos'

ALICANTE.- Una gran porción del crecimiento de la Caja Mediterráneo (CAM) en la última década es de la inversión en el sector del ladrillo a través de la financiación de megaproyectos de las grandes empresas españolas, como Martinsa, Nozar, Polaris, Sacresa, Tremón, Hábitat u Onde 2000, la empresa de Francisco Hernando El Pocero. Solo estas promotoras recibieron casi 600 millones de euros de la CAM. Todas, excepto Onde 2000 y Polaris, que al final renegoció su deuda, acabaron presentando concurso de acreedores, lo que implica revisar a la baja la devolución de los créditos, según publica hoy 'El País'.

Estas inversiones fallidas son una parte muy relevante del deterioro de los activos financieros de la caja alicantina. De hecho, el informe de auditoría de 2010 resume en poco más de una frase la realidad de su balance: "Los activos financieros de la cartera de inversiones crediticias que estarían vencidos o que se habrían deteriorado en el ejercicio 2010 si no se hubieran renegociado sus condiciones alcanzan los 2.110 millones de euros". El proceso se aceleró notablemente el año pasado, ya que en 2009 solo tuvo que renegociar 96,7 millones. Tras la novación de las condiciones de los propietarios de esta deuda refinanciados, la CAM incluyó en el epígrafe de pérdidas por deterioro de activos financieros 199 millones.
Por otro lado, el movimiento de los instrumentos de la cartera de inversiones crediticias en suspenso que fueron dados de baja en el balance de situación de la caja durante 2010 fue de 1.776 millones de euros, 50 millones más que en 2009. La Caja Mediterráneo también reclasificó los dos últimos años casi 1.300 millones de euros que tenía como activos financieros disponibles para la venta, que resituó en su balance como cartera de inversión a vencimientos.
A pesar de todo ello, tuvo que realizar correcciones valorativas negativas en la cartera de crédito a la clientela (de casi 51.000 millones de euros) por un importe de 1.135 millones, realizando un ajuste contra reservas y fondos de reservas de cuota partícipes de 739 millones de euros en 2010. Los auditores no pudieron siquiera precisar el plazo de vencimiento de los instrumentos que componen la cartera de inversiones crediticias deterioradas y vencidas, pero también de la deuda vencida y todavía no deteriorada. Sobre esta última, que suponían a finales de 2010 2.872 millones, el 90% del riesgo estaba localizado en España, pero casi 181 millones eran de otros países de la Unión Europea.