VALENCIA.- La sección tercera de la Audiencia de
Valencia ha decidido que se reabra una causa contra cuatro exdirectivos
del Valencia C.F. por un presunto delito societario en relación con la
querella interpuesta por un grupo de socios del club que denunciaba que
los 75 millones del préstamo de Bancaja para la ampliación de capital
fueron destinados a "elevados pagos a dirigentes" que "no deberían
haberse satisfecho" por el "mal estado económico" de la entidad.
Así consta en un auto, de fecha 11 de noviembre, en el que la sala
estima un recurso de apelación de un grupo de socios contra una
resolución del juzgado de instrucción número 3 que el pasado 15 de julio
rechazó una querella por delito societario --dirigida contra el
expresidente y exvicepresidente del club, Manuel Llorente y Javier
Gómez; el responsable de la fundación, Társilo Piles y el expresidente
de Bancaja, José Luis Olivas-- y acordó el archivo de la causa. Un día
antes, este mismo órgano judicial había acordado que los querellantes
acreditasen su condición de socios de la entidad o prestasen fianza, una
decisión que sí que confirma.
La sala considera que, en este caso y desde un plano "meramente
hipótetico", "si fuese cierta la hipótesis planteada en el escrito de
querella", los hechos podrían ser constitutivos de delito, por lo que se
estima "razonable" iniciar una causa criminal para investigar la
realidad de la denuncia de los querellantes.
Los querellantes argumentaron que los dirigentes del Valencia C.F.
decidieron celebrar una junta general para aprobar una ampliación de
capital por 92.421.780 euros "como instrumento para regularizar la
situación económica" de la entidad mediante un plan de viabilidad
financiera a ejecutar en un plazo de tres años.
De acuerdo con la querella, el 7 de junio de 2009 se aprobó la
ampliación de capital, que se realizaría ofreciendo a los socios la
suscripción de las acciones correspondientes y el sobrante no vendido
sería ofrecido después al público en general.
Los querellantes sostienen que los querellados --como responsables
máximos del Valencia, de Bancaja y de la Fundación Valencia, decidieron
que esta última entidad, integrada por los directivos del club,
adquiriese el sobrante de acciones, para lo que convinieron en que
Bancaja concedería un préstamo de 75 millones, con el aval del Instituto
Valenciano de Finanzas, con lo que se hizo con la mayoría del capital
social, cifrada en un 72,8 por ciento.
Según la querella, el dinero obtenido "fue destinado a elevados
pagos a dirigentes del Valencia C.F., que no deberían hacerse satisfecho
si se tiene presente el mal estado económico de dicha entidad". Además,
alegaban que el préstamo generaba unos intereses que la fundación no
tenía capacidad de pagar al no generar ningún ingreso. Por ello,
sostenían que se había producido un "grave perjuicio económico" para el
Valencia y sus socios.
Todo ello, recoge la sala, induciría a pensar en la "posible
perpetración" de un delito del artículo 295 del Código Penal, que
sanciona a los administradores de una sociedad que, en beneficio propio o
de un tercer, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o
contraigan obligaciones a cargo de ella con perjuicio para los socios.
Así, señala que si se obtuvo un préstamo de 75 millones, "una muy
relevante cantidad de dinero", sin que la fundación tuviera capacidad
para devolverla o pagar intereses y si se dispuso de una parte de él
para "finalidades diferentes de conseguir el éxito del plan de
viabilidad, es factible pensar a nivel hipotético en la causación de un
perjuicio a los socios como consecuencia de una gestión social
incorrecta".
Por ello, cree "prudente" iniciar una acción penal para investigar
la realidad de esta hipótesis, y analizar "qué se ha hecho" con los 75
millones de euros, que se deberán valorar percialmente con el
correspondiente dictamen. Asimismo, sostiene que los dirigentes del
Valencia y de la Fundación tendrá que explicar "con el suficiente
detalle" a qué finalidades se destinó el préstamo, para que se "disipe
cualquier duda" sobre si se causó algún perjuicio a los socios.
