La Generalitat crea una viceintervención general para mejorar el control del gasto

VALENCIA.- El pleno del Consell ha aprobado este viernes el proyecto de decreto que incluye la nueva Viceintervención General de Control Financiero de la Generalitat en el reglamento del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores. El objetivo es "mejorar el control del gasto en toda la administración".

   Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell la portavoz del Gobierno valenciano, Lola Johnson, quien ha explicado que la nueva Viceintervención General de Control Financiero de la Generalitat, dependiente de la Intervención General de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, iniciará sus actuaciones en el mes de enero.

   Para ello, la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2012 ha incluido también una modificación en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat que posibilitará la programación, a través de esta unidad de nueva creación, de controles especiales de carácter financiero sobre áreas específicas de la actividad de los órganos de la administración de la Generalitat, así como sobre las entidades, empresas y fundaciones dependientes.

   De esta forma "se amplia el alcance de las funciones de control interno de la Intervención General, permitiéndole efectuar controles específicos en aquellas áreas de gestión donde se hayan podido constatar desajustes importantes de orden presupuestario no suficientemente justificados o debilidades de gestión que precisen de un pronunciamiento sobre la eficacia, eficiencia y economía de la misma".

   Johnson, preguntada por el motivo de crear este nuevo órgano y por si responde a que no existen suficientes mecanismos de control, lo ha negado, ya que ha resaltado que existen "muchos mecanismos de control". Respecto a la nueva viceintervención, ha destacado que "reforzará y mejorará el control del gasto" en la administración autonómica.

   La estructura de los servicios centrales de la Intervención General se ve reforzada con esta nueva unidad de control, que incluye cinco viceintervenciones generales, en concreto, de Función Interventora, de Control Financiero, de Auditorías, de Contabilidad Pública y para la Administración Sanitaria.

   El anteproyecto de decreto cuenta con el dictamen conforme del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat, al haberse adecuado el texto finalmente aprobado por el Consell, a las observaciones y sugerencias realizadas por el citado organismo.

   La nueva unidad tendrá capacidad para evaluar determinados programas o áreas de la Generalitat, especialmente aquellas en que se detecten desviaciones o ineficiencias. Ejercerá, a su vez, las funciones de planificación, programación y ejecución tanto del control financiero permanente como de estos nuevos controles de carácter especial.

   Personal técnico cualificado de la Intervención General ya está trabajando en la tarea previa de análisis y detección de las áreas de gestión de la Generalitat que actualmente resultan "más sensibles", diseñando las líneas de actuación a seguir en este tipo de controles financieros a partir del mes de enero.

   En concreto, ya se están preparando controles financieros especiales en las áreas de Sanidad; Educación, Formación y Empleo; Economía, Industria y Comercio; y Medio Ambiente. El objetivo inmediato es emitir un pronunciamiento sobre la adecuación de su gestión a la "racionalidad económica-financiera".

   Por otra parte, el decreto reconoce rango de secretario autonómico a la persona titular de la Intervención General, con el objetivo de equiparar dos órganos superiores de la Generalitat que tienen un marcado perfil técnico, como son la Abogacía General y la Intervención General de la Generalitat.

   En el pleno del Consell, desde la Conselleria de Hacienda han indicado que la Intervención General cuenta con un presupuesto de 14,3 millones de euros para 2012, dotación que contribuirá a "intensificar el control del gasto, tal y como recoge el Plan de Ajuste aprobado recientemente por el Consell".

Los consejeros y el director general de RTVV serán destituidos cuando el presupuesto se desvíe un 10%

VALENCIA.- Los miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y el director general podrán ser destituidos, mediante acuerdo de la Junta General, cuando se produzca una desviación igual o superior al 7 por ciento de la dotación otorgada por el Consell al ente o igual o más del 10 por ciento de todo el presupuesto --en el que se incluyen también los ingresos comerciales--. 

   Así consta en el anteproyecto de ley de RTVV, presentado este viernes por la vicepresidente de la Generalitat, Paula Sánchez de León, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, órgano que le ha dado luz verde.

   La entidad RTVV y sus sociedades se transformarán en una única sociedad mercantil íntegramente participada por la Generalitat o sus entidades autónomas, que se denominara Grupo Radiotelevisión Valenciana, S.A., al que se le encomienda la gestión del servicio público de radio y televisión.

   El Consejo de Administración, frente a los doce consejeros de los que se compone en la actualidad, constará de nueve, incluido el Director General, a quien corresponde la alta dirección del grrupo, su administración y representación ordinaria.

   Asimismo, la ley establece que los consejeros deben ser personas con "cualificación, experiencia y méritos profesionales relevantes", presumiéndose estos requisitos en quienes han desempeñado durante, al menos, cinco años funciones en órganos de administración, alta dirección, control o asesoramiento, o funciones de similar responsabilidad en entidades públicas o privadas.

Los compromisos de gasto de la Generalitat para ejercicios posteriores ascienden a 26.109,9 millones

VALENCIA.- El informe de fiscalización de la Administración Pública valenciana del ejercicio 2010 realizado por la Sindicatura de Comptes revela que los compromisos de la Generalitat con cargo a ejercicios posteriores ascendieron en ese año a 26.109,9 millones, de los que 14.179,8 millones corresponden al 'servicio de la deuda', lo que supone el 54,3 por ciento del total. 

   Por ejercicios, la acumulación de gastos corresponden 2.453,2 millones a 2011; 1.750,3 millones a 2012; 1.460,5 millones a 2013; 1.289,9 millones a 2014 y 19.156 millones a ejercicios posteriores.  

   Asimismo, la disminución respecto a 2009 es del 18,7 por ciento. Pero, el síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, explica en este sentido que esta disminución se debe al cambio de criterio en la contabilización de estos compromisos, ya que se han calculado "teniendo en cuenta el vencimiento de las operaciones vivas a 31 de diciembre de 2010 y no el de los programas financieros como en ejercicios anteriores.

   Además de a la deuda, la sección de Sanidad contempla una carga de gastos para otros ejercicios de 6.453,2 millones derivados, principalmente de los contratos de gestión integral de diversos departamentos de salud, el concierto para la gestión del servicio de técnicas de diagnóstico por imagen y el concierto con el IVO.

  Asimismo, los gastos financieros suponen una carga de 2.072,9 millones y en la sección de Infraestructuras y Transporte el importe asciende a 2.412,4 millones e incluye, entre otros, los compromisos derivados de los contratos de concesión de obra pública para construcción, conservación y explotación de autovías.

   En Educación, se ha incorporado al balance la parte correspondiente a los convenios de colaboración entre la Conselleria y las universidades públicas para el programa plurianual de financiación, cuyo pago se contempla desde 2011 hasta 2022. Para las universidades hay reconocidos 52 millones por intereses y vencimientos en el ejercicio 2010. Además, los compromisos procedentes de ejercicios anteriores ascienden a 523,6 millones más intereses.

FERIA VALENCIA

   Por otro lado, faltan por incluir en los compromisos futuros del Consell para el pago de obligaciones sanitarias por un total de 1.398,3 millones y los compromisos derivados del acuerdo de financiación del plan de modernización de las instalaciones de Feria Valencia del convenio de 2002, por un importe de cerca de 92,5 millones.

  Asimismo, señala el informe que faltan por contabilizar los compromisos plurianuales derivados de un contrato de 28,5 millones y los del convenio con CIEGSA.

   Por otro lado, se encuentran los derechos a cobrar de presupuestos cerrados, que ascienden a 1.252,7 millones los que están pendientes de cobro -1.906,5 al inicio del ejercicio--. De esta cantidad, son 'derechos definidos' -de "dudoso cobro"- el 50,5 por ciento --633,1 millones--, formalizados entre el ejercicio 1999 y anteriores. Asimismo, durante 2010 se anularon o cancelaron un total 197,8, de los cuales 15,7 fueron por insolvencias.

   En este sentido, también hay fondos europeos pendientes de cobro de los ejercicios 2006 a 2009 y que ascienden a 235,8 millones. Sobre éstos "se observa un bajo grado de cobro" y que el Programa Operativo Europeo 2000-2006 en que se sustentan está "prácticamente finalizado".

   Otro de los apartados son las operaciones no presupuestarias la cantidad procedente de acreedores pendientes a 31 de diciembre de 2010 ascendían a 1.099 millones. Una gran parte --224,3 millones-- corresponde a los 'fondos de formalización", que son los ingresos recibidos por la Generalitat de los que "no se dispone información suficiente" para imputarlos a los conceptos presupuestarios correspondientes.

CAJA FIJA

   Para el ejercicio 2010 se han utilizado 303 cuentas para gestionar los fondos de la caja fija, con una dotación de 177,2 millones --los pagos realizados suponen el 97,8 por ciento de la dotación--. El síndic advierte de que en el proceso de fiscalización de los mismos "se omitieron datos referentes a los perceptores", por lo que "no ha sido posible efectuar una revisión global". Para el estudio de gastos, se ha escogido a las Consellerias de Justicia y Administraciones Públicas y la de Cultura y Deporte.

   La distribución de estos gastos corresponde el 32,5 por ciento a gastos diversos de reuniones, conferencias y similares; 23,7 por ciento a dietas, locomoción y otras; 15,2 por ciento a trabajos externos; 12,2 a material no inventariable y 16,3 por ciento de otros conceptos. Así, las incidencias más comunes son que "no siempre constan o son incorrectas" las aprobaciones de gasto y las comprobaciones de recepción de suministros o servicios prestados y que han originado el gasto.

La Sindicatura detecta 758 millones pendientes de cobro provenientes de los ejercicios 1990 a 2005

VALENCIA.- La Sindicatura de Comptes, en su informe de fiscalización del sector público de la Generalitat del ejercicio 2010, ha señalado que la administración autonómica contempla un total de 757,9 millones de euros pendientes de cobro provenientes de los ejercicios 1990 a 2005, de los que 633,1 son 'derechos definidos' y 235,8 --provenientes de los ejercicios 2006 a 2009-- suscitan "incertidumbre" en cuanto a su expectativa de cobro ya sea por su "antigüedad, bajo grado de realización de cobro y otras circunstancias".

En este sentido, la provisión por insolvencias asciende a 388,4 millones pero "debería incrementarse hasta cubrir la totalidad de los derechos dudosos", señala el documento.

   El informe apunta que la evolución de los ingresos en 2010 ha estado marcada por la crisis, al tiempo que señala que los derechos reconocidos han disminuido un 10,6 por ciento respecto a 2009 (excluida la variación de pasivos financieros). En este punto, detecta que la Generalitat no ha cobrado el fondo de competitividad --635,7 millones-- y destaca que la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómico supone para la Comunitat un saldo negativo de 1.707,2 millones.

   En el apartado de  gastos, el informe detecta además que la deuda sanitaria --sin incluir farmacia-- contempla un total de 1.343, millones por contabilizar --conocidas como facturas en el cajón--, a lo que habría que añadir otra cuenta de 1.398,3 millones de deuda de pagos aplazados a otros ejercicios. Asimismo, indica que en 2010 el gasto de la administración valenciana ascendió a 18.073,7 millones y su endeudamiento financiero fue de 12.577,5 millones --9.333,7 en 2009--.

   En este sentido, el Síndic Major, Rafael Vicente Queralt, en declaraciones a los medios tras entregar el informe al presidente de las Corts, Juan Cotino, ha dicho que si la financiación es deficiente, los gastos superan a los ingresos, por lo que, en un "elemento fundamental de cualquier presupuesto público como es la sanidad, se produce un desfase y hay facturas en el cajón".

   Por ello, Queralt considera necesaria la "revisión" del sistema de financiación de las comunidades autónomas, especialmente para la Comunitat Valenciana porque ocupa la penúltima plaza por ingresos en este apartado.

   En cuanto a los gastos, el informe indica que la asistencia sanitaria sigue siendo el mayor peso en el presupuesto de la Generalitat ya que supone el 41,5 por ciento de las obligaciones reconocidas, seguido de educación --28,3 por ciento--.

   Del mismo modo, apunta que, de los compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores, el informe no recoge los derivados de algunos contratos, acuerdos, convenios y acuerdos por un importe conjunto de, al menos, 2.042,9 millones.

   En cuanto a los gastos de farmacia, el informe detalla que hubo 290,5 millones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2009 que fueron imputados al presupuesto de 2010, pero a final de ese año todavía quedaban por pagar 259,2 millones. No obstante, dicho importe se satisfizo en el primer trimestre de 2011. La disminución del saldo pendiente de farmacia se debe, según indica el informe, a la reducción del gasto anual en recetas, "rompiendo la tendencia histórica creciente de este gasto".

   Por otro lado, el documento del Síndic de Comptes insiste en la necesidad de que la Generalitat realice un inventario de su inmovilizado para poder actualizar la valoración del mismo. En consecuencia, como en ejercicios anteriores, "no se ha podido verificar la razonabilidad" de los saldos de esos epígrafes a 31 de diciembre de 2010, que en conjunto ascienden a 15.281,6 millones de euros, "ni de su impacto en la cuenta del resultado económico-patrimonial".

   Por lo que se refiere a la fiscalización de la contratación, el total de adjudicaciones fiscalizadas ha ascendido a 1.137,2 millones; de los que 822,9 --712 contratos-- han sido por procedimiento abierto; 2,1 millones -un contrato- por procedimiento cerrado; 311,1 millones --592 contratos-- por procedimiento negociado; y un millón de euros --cinco contratos-- por procedimiento de emergencia.

   Según el informe, en el proceso de fiscalización "no se han encontrado situaciones en las que pudieran concurrir características básicas de responsabilidad contable". En este ejercicio, además, la Sindicatura ha realizado dos auditorías de eficacia de la gestión de la nómina del personal sanitario de la Generalitat y otra sobre las Ciudad de las Artes y las Ciencias. Asimismo, se han entregado los informes de fiscalización de las Cámaras de Comercio y de las Universidades.

   El Síndic Major ha aseverado que la "radiografía de las cuentas" es una "confirmación de la situación crítica existente" actual aunque en 2010 "ya era muy evidente que la situación era muy compleja" por la disminución de los ingresos de un 10,6 por ciento, que con la ejecución del 95 por ciento de los gastos, requiere la revisión de la financiación autonómica y del sistema de financiación de las comunidades autónomas.

El juez pide al alcalde de Manises que comunique si le ha tocado la lotería

VALENCIA.- El juez instructor del caso Emarsa ha requerido al alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, imputado en el caso, para que comunique al juzgado si es cierto que este jueves le tocó la lotería y, en caso afirmativo, en qué entidad bancaria ha depositado los décimos.

La providencia del juez, fechada este jueves y facilitada el viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), establece que Crespo debe comunicar ante la secretaría del Juzgado antes de las 22 horas de este viernes, personalmente o a través de su representación procesal, estas circunstancias.

El juez Vicente Ríos dictó la providencia después de que el imputado afirmara en declaraciones a los medios de comunicación que tenía varios décimos del número 53.404, agraciado con el segundo premio del sorteo de Navidad, y que llevaba más lotería que el presidente de la Diputación, Alfonso Rus, al que le habían tocado 625.000 euros, aunque no sabía cuánta.

En consecuencia, el juez le pide que ponga de manifiesto "si es cierto que es poseedor de décimos del número agraciado con el segundo premio del sorteo extraordinario de la lotería de Navidad y, en caso afirmativo, que diga cuántos décimos posee, con indicación del número de serie y fracción".

Asimismo, Crespo debe indicar si ha depositado dichos décimos en una entidad bancaria y, en caso afirmativo, en cuál, y en caso de no haberlo hecho aún, cuando lo haga que indique en el juzgado el nombre de la entidad.

Crespo, ex presidente de Emarsa, está imputado desde el pasado mes de octubre en la causa que investiga supuestos delitos de estafa y malversación de fondos públicos en la antigua depuradora de Pinedo, en la que hay 18 imputados y se investiga un agujero económico que podría alcanzar los 40 millones de euros.

Consell y sindicatos valencianos negocian que funcionarios tengan horario europeo

VALENCIA.- El Consell valenciano y los sindicatos negocian modificar el horario laboral de los funcionarios autonómicos para adaptarlo al europeo y, de hecho, "sea cual sea finalmente la solución que se adopte, ésta será siempre con anterioridad al 31 de marzo", en palabras del consejero de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela.   

  

   Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa convocada para analizar los resultados del informe de la Cuenta General de la Generalitat de la Sindicatura de Cuentas correspondiente al ejercicio 2010.

   Al respecto, ha indicado que están "trabajando con los sindicatos para modificar ese horario" por considerar que "puede servir para racionalizar más el trabajo de los funcionarios", para "mejorar la conciliación entre vida familiar y vida laboral" y para lograr "un ahorro muy significativo en gastos, sobre todo gastos de energía eléctrica y todos aquellos asociados a la ocupación de edificios".

   "De momento, es algo en lo que estamos trabajando, nos hemos sentado con los sindicatos y nos vamos a seguir sentando", ha apuntado Vela, quien ha comentado que "las negociaciones no son fáciles" porque "cada uno manifiesta y defiende su postura".

   En cualquier caso, Vela ha aseverado que "sea cual sea finalmente la solución que se adopte, ésta será siempre con anterioridad al 31 de marzo" dado que "de nada sirve adoptar medidas que tengas que aplicar en el mes de julio porque el presupuesto ya ha corrido siete meses". "Y si puede ser en febrero, mejor todavía", ha sentenciado.

   Por su parte, la portavoz del Consejo valenciano, Lola Johnson, ha explicado que es "una de las muchas medidas en las que se está trabajando" aunque, por el momento, "no hay ninguna propuesta".

   La consejera ha señalado que el "punto de partida" --que todavía se está estudiando y, por tanto, puede variar-- es ampliar los horarios por la mañana --entrando media hora antes y saliendo una hora más tarde--, es decir hacer jornadas intensivas, lo que permitiría que algunas tardes "no haya actividad" y, por lo tanto, se podrían "cerrar centros y ahorrar en todos los sentidos".

   Lola Johnson ha indicado que se trata de "aprovechar al máximo todos los recursos, también los humanos", y utilizarlos "de la mejor manera posible".

Holcim plantea cerrar la mitad de sus plantas de hormigón en España y el despido de 151 empleados

MADRID.- Holcim España ha planteado a los sindicatos el cierre de entre el 50% y el 60% de las plantas de hormigón con que cuenta en España y un expediente de regulación de empleo (ERE) para 151 empleados, el 43% del total, según informaron hoy fuentes sindicales.

   La filial española del grupo suizo Holcim atribuye esta decisión al descenso de la demanda de hormigón como consecuencia del parón constructor y a la competencia desleal que presentan "empresas piratas" que operan en el sector.

   Holcim España acaba de presentar la propuesta a los sindicatos con representación en la compañía para iniciar el periodo de consultas y comenzar el periodo de negociaciones.

   El ajuste sólo afecta a la actividad de hormigones, con lo que queda fuera el resto de actividades que la compañía realiza en España (áridos, cemento y mortero).

   En concreto, en la propuesta remitida a los sindicatos, la compañía propone el cierre de entre el 50% y el 60% de las 56 plantas de hormigón con que cuenta en el territorio español.

   En consecuencia, Holcin España plantea un ERE extintivo para un total de 151 trabajadores, el 43% de la plantilla total de 352 empleados de esta división.

   Entre las plantas sobre las que está prevista el cierre se encuentran las jienenses de Bailén, Úbeda y Torredonjimeno, según publica el diario 'Ideal'.

   El director de desarrollo sostenible de Holcim, Manuel Soriano, explicó que "el mercado de la construcción se encuentra bajo mínimos y, a pesar de los ajustes que la empresa venía realizando, el deterioro del mercado sigue siendo mayor".

No obstante, el director de desarrollo sostenible de Holcim "espera y desea" que la situación se estabilice y se pueda restablecer progresivamente.

   De su lado, fuentes sindicales manifestaron su voluntad de reducir el impacto del ajuste en el periodo de negociaciones que abrirán ahora con la empresa, así como limitar al máximo el número de despidos mediante recolocaciones y abordando medidas de flexibilidad en alguna de las plantas que prevé cerrar.

El PSPV estudia medidas legales contra Crespo por decir al juez que tiene un décimo

VALENCIA.- La secretaria general del PSPV de la provincia de Valencia y diputada en las Cortes valencianas, Carmen Martínez, ha anunciado este viernes que el PSOE, que ejerce como acusación particular en el 'caso Emarsa' en el que se investiga el 'agujero' de 17 millones en la depuradora de Pinedo, "estudia emprender acciones legales" contra el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, imputado en la causa, por haber informado al juez de que tan sólo posee un décimo premiado con el segundo premio cuando ayer "presumía tener más de seis".

   En un comunicado, la socialista ha exigido también al presidente del PPCV, Alberto Fabra, el "cese inmediato" de Crespo "por demostrar con el bochornoso espectáculo en que está convirtiendo su premio de la lotería, que es una persona que miente y engaña a todo el mundo, especialmente a los líderes de su partido, (Alberto) Fabra, (Alfonso) Rus y Rita (Barberá), y no es de fiar".

   El juez que investiga el caso ha requerido este viernes a Crespo que diga si ha sido agraciado con el segundo premio de la lotería de Navidad que recayó ayer en la localidad de forma íntegra y repartido en buena parte por el PP municipal, e informe de cuántos décimos tiene y si los ha depositado ya en el banco, petición a la que el 'popular' ha respondido asegurando que sólo posee un décimo.

   La socialista ha resaltado que este jueves Crespo "protagonizó junto a Alfonso Rus un espectáculo público de opulencia exhibiendo una ristra de décimos agraciados con el segundo premio del Gordo y presumiendo de tener más de seis, información que fue ratificada por el propio presidente de la Diputación", mientras hoy, por el contrario, ha ofrecido una versión totalmente diferente ante el juez al tiene que responder por los presuntos delitos de estafa, malversación, falsedad y delito societario".

   Carmen Martínez ha argumentado que "o Crespo mintió a sus compañeros de partido que hasta ayer decían que creen en su inocencia o, lo que es aún peor, miente hoy ante el juez para evitar responder con ese dinero a las responsabilidades civiles a las que pudiera tener que hacer frente por el saqueo del que se le acusa".

   "En cualquiera de los dos casos, el presidente de la Generalitat debe actuar y cesarle para que el señor Crespo no continúe degradando la vida pública de la Comunitat", ha añadido.

   La líder socialista en la provincia ha destacado que Crespo "también ha dejado en ridículo al presidente provincial del PP, Alfonso Rus, a Rita Barberá, y a los otros dirigentes del partido, con los que ayer presumía de la lluvia de millones".

   Así, se ha preguntado si "van a seguir creyéndolo después de esta demostración de burda mentira" y ha agregado que esta actuación es "la confirmación de que el expresidente de Emarsa es una persona que no dice la verdad".

   Por último, Carmen Martínez ha comparado a Crespo con el presidente provincial del PP en Castellón, Carlos Fabra, varias veces agraciado con la lotería y ha señalado que ambos "son dos gotas de agua en multitud de aspectos", ya que "corren igual suerte ante la lotería y los dos correrán igual suerte ante los tribunales de justicia".

El alcalde de Manises comunica al juez que solo tiene un décimo premiado

VALENCIA.- El alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, imputado en el 'caso Emarsa', ha comunicado al juez que investiga el agujero de 17 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinero que únicamente tiene un décimo del 53.404, agraciado con el segundo premio del sorteo extraordinario de Lotería de Navidad 2011, por lo que el magistrado se ha dirigido a él para preguntarle si, además, posee alguna participación del número premiado.

   Así consta en una providencia del juez instructor, Vicente Ríos, en la que se informa que Crespo ha puesto de manifiesto en el juzgado que solo tiene un décimo del 53.404 de la serie 57, fracción sexta, por lo que el magistrado ha dado un nuevo plazo, que finaliza a las 22.00 horas de este mismo viernes, para que responda sobre si tiene participaciones, cuántas y en qué banco las ha depositado.

   El juez ha pedido que, por la secretaría del juzgado, se unan a la causa "cuantas informaciones se han publicado en medios de comunicación respecto al premio" obtenido por Enrique Crespo en el sorteo. El requerimiento al imputado se le hará llegar bien mediante fax a su abogado a por llamadas telefónicas tanto a él como a su abogado.

   En concreto, el magistrado le pide que especifique si además del único décimo que asegura tener, "es poseedor de participaciones de otros décimos" del mismo número; en caso afirmativo, que diga cuántas tiene, el importe y que dé copia; que informe si las ha depositado en alguna entidad y en cuál y que diga en cualquier caso en qué banco y cuenta ingresa el importe de los premios.

   El juez requirió ayer a Crespo --del que acordó en su día practicar las diligencias necesarias para la averiguación de su patrimonio-- para que informara del premio recibido en la Lotería, tras conocerse que había sido agraciado con el segundo premio, que recayó en Manises de forma íntegra y repartido en buena parte por el PP municipal.

   En esa providencia, el juez apuntaba que las informaciones periodísticas recogían declaraciones del imputado en las que asegura desconocer cuántos décimos tenía del número agraciado aunque confesaba que "bastantes" y que más que el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus.

   Rus reconoció asimismo haber resultado afortunado con 625.000 euros gracias a los décimos vendidos por Crespo y aseguraba que el vicepresidente de la corporación llevaba más lotería que él aunque no sabía cuánta.

El dueño de Forever: el sastre "nunca" le dijo que "nadie" pagara "nada" a Camps

VALENCIA.- Eduardo Hinojosa, el dueño de la empresa Forever Young, ha insistido  ante el jurado que juzga al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, por un delito de cohecho impropio pasivo en la 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel', que el sastre José Tomás "nunca" le dijo que "nadie" pagara "nada" a Camps. Lo mismo ha indicado respecto a Costa, y sobre éste también ha señalado que no había "ningún" ticket ni de venta ni de compra a su nombre. 

   Hinojosa ha comparecido este viernes por segunda vez ante el tribunal para concluir su interrogatorio, puesto que ayer, en más de cuatro horas, tan tolo le dio tiempo a contestar a las preguntas formuladas por las acusaciones --la fiscal y el abogado del PSPV--. Este viernes ha vuelto a acudir al tribunal para responder a las defensas --los letrados de Camps y Costa--. En total ha prestado declaración --sumando los días-- durante seis horas, es decir, el interrogatorio más largo hasta el momento.

   El testigo, quien se mostró bastante confuso y hoy, frente a las preguntas de las defensas, ha sido mucho más contundente y preciso, ha explicado que él mantenía una relación "buena" con José Tomás cuando éste era jefe de ventas de Milano y de Forever y, sin embargo, ha señalado que nunca le comentó que a Camps le pagaran sus prendas. "Decía que venía a vestirse pero que pagaba otro la ropa, nunca", ha dicho.

   Así, ha repetido que lo "lógico" es que si eso hubiera pasado, es decir, si alguien hubiera pagado las prendas de un presidente de la Generalitat, Tomás se lo hubiera comentado. Tampoco le dijo, según ha agregado, que hiciera facturas falsas. "Nada, nada, en absoluto. Es que las facturas falsas duplican la facturación y me van a costar a mí más impuestos", ha apostillado.

   En esta línea, ha añadido que él tampoco ha encontrado ningún dato que le indicase que alguien le hubiera pagado una prenda a Camps. También ha señalado que en la tienda se hacían pagos en efectivo, y que el sastre "normalmente" atendía personalmente a sus clientes, ya que "tenía una cartera de clientes y llevaba en el comercio muchos años".

   Asimismo, ha repetido, tal y como asintió en su declaración del jueves en diferentes ocasiones, que Tomás realizaba facturas falsas como "regalo" a Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', y a Pablo Crespo, ambos presuntos cabecillas de la trama, para que se desgravaran. "Les daba facturas falsas con contenidos para efectos fiscales, como tapicerías", ha especificado.

   Al testigo también se le ha preguntado por si en la tienda, en Forever, se comercializaban diferentes artículos como fracs, chaqués o esmoquins, a lo que ha contestado que la mayoría sí. Al interpelarle por si vendían chalecos para estas prendas ha contestado que "sí" pero ha añadido, sin que nadie le volviera a preguntar nada, que "blancos no". Asimismo, ha dicho que no alquilaban las prendas, y que en el caso en que Tomás las hubiera prestado "no sería de acuerdo con la dinámica de la empresa", ha aseverado.

   Junto a ello, ha explicado, en cuanto a tickets y facturación, que si un cliente compraba varias prendas, estas ventas se tenían que introducir "inmediatamente" en la caja, así que no se podía poner en días diferentes. También ha dicho que si el cliente paga en efectivo, "siempre hay ticket", a no ser que éste no pague en caja y se lo dé a otra persona. "En este caso --ha agregado-- no se le daría porque se descuadraría la caja".

   Por otro lado, el letrado de Camps le ha preguntado al administrador por el ya famoso 'Documento 71', que es el que va a la atención de Pablo Crespo e incluye los nombres de Camps, Costa, Pérez, Crespo y García junto a unas cantidades de dinero. El total asciende a algo más de 30.000 euros.

   Sobre el mismo, ha indicado que "no es un papel oficial", y que "estaba en la carpeta de Tomás" pero desconoce quién lo elaboró. También ha añadido: "yo creo que hay más compras realizadas por Crespo y Pérez que lo que aquí hay, y de otros está mal, porque de Francisco Camps y de Costa yo no he visto nunca nada", ha destacado.

   Sobre Camps, ha indicado que una cajera le comentó que había ido a comprar un 31 de julio, pero no sabe el qué ni con quién; y ha añadido que "nunca" vio pendientes de pago bajo el nombre de 'Comunidad Valenciana'. Respecto a Costa, ha señalado que tampoco vivo "nada" de él en Forever, y se ha ratificado en un informe en el que decía que el diputado "puede haber pagado en caja o no haber comprado porque no le sentara bien la ropa, no sabemos lo que ha sucedido porque no hay ninguna compra a nombre de Costa".

   Interpelado por la relación que mantenía con el informático que colaboraba para Forever, Francisco Ferre, quien ayer declaró que tuvo que alterar las bases de datos de varios tickets en los que ponía 'Camps' para poner 'Alv Pérez' tras pedírselo la contable a instancias de Hinojosa, ha señalado que se fue a primeros de 2010 y les dijo que ya no le interesaba seguir trabajando para ellos. Así, ha negado que él o la contable, Raquel Vázquez, le hubiesen dado algún tipo de instrucción.

   Además, el abogado le ha preguntado si se ratificaba en todos los escritos y documentos que había aportado al juez en esta causa, y en este momento le ha interrumpido el magistrado presidente, Juan Climent, para recordarle al testigo que ayer se ratificó pero con matizaciones a preguntas de la fiscal.

   Así, el juez le ha preguntado si se ratificaba pero con matizaciones, a lo que ha contestado que "como lo he declarado aquí". El letrado se ha molestado por esta intervención y el juez le ha explicado que le ha tenido que recordar su declaración para que "no se confunda" y para que "si quiere incurrir en contradicción, que por lo menos lo sepa", ha dicho.