Andrada realizó esta declaraciones en una rueda de prensa con motivo de la celebración del II Congreso Nacional de Áridos que se inauguró en el Palacio de Congresos de Valencia bajo el lema 'Los áridos, una materia estratégica' y que se alargará hasta el sábado.
El secretario general de la FdA, Jaume Puig, señaló que entre el 60 y el 70 por ciento de los áridos se destinan a obra pública, de modo que su principal preocupación no se refiere a la duda sobre si se van a cobrar o no estas cantidades, sino "el sufrimiento por el arrastre del retraso de impagos", que les afecta con entre 1.000 y 1.100 millones de euros.
Por su parte, el presidente de la Federación mostró su "desconfianza" acerca de las manifestaciones sobre la recuperación económica, ya que, según explicó, los áridos son los primeros materiales que se necesitan en las obras y por tanto, es el primer sector que nota la reactivación económica.
Sin embargo, lamentó que "se acumula el decrecimiento y eso es porque no se anima la producción". Del mismo modo, manifestó que, para los áridos, "no se ha notado que el Plan E del Gobierno central haya supuesto un repunte", y "las empresas no ven ningún brote verde", afirmó.
En la Comunitat Valenciana, en 2008 la producción de áridos cayó un 31 por ciento, y se retrocedió a los niveles de 1999, con 37 millones de toneladas, frente a las 60 que se producían entre 2006 y 2007, según los datos ofrecidos por el vicepresidente la FdA y presidente de La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana (Arival), Manuel Hermoso.
Hermoso y Ferrando coincidieron en reclamar a las administraciones una mayor implicación para que la "asignatura pendiente" y principal problema del sector, el acceso a los recursos naturales, "llegue a las agendas de los políticos".
El presidente de Cierval manifestó que estas complicaciones en los trámites hacen que "cada día sea un reto" para las compañías de áridos y para que "se puedan desarrollar en el futuro".
En este sentido, el subdirector general de Minas reconoció que las dificultades para acceder a los recursos "aumenta con el tiempo" porque tanto las administraciones como la sociedad "otorga más importancia a la ley medioambiental frente a los derechos mineros".
Así, señaló que los plazos desde que se inician los trámites hasta que se puede comenzar el trabajo en una cantera se alarga entre cuatro y seis años.
Para resolver esta cuestión, Medina propuso un procedimiento que "obligue a todas las administraciones a estudiar "al mismo tiempo y de forma conjunta" las condiciones que presente cada empresa. Se trata de una sugerencia ya formulada por la Unión Europea (UE), aunque el subdirector de Minas mostró sus dudas de que se pueda poner en marcha por la "dificultad" de realizar esta exigencia a los gobiernos.
