Asociaciones, gobernantas de hoteles y sindicatos urgen a mejorar las leyes laborales de las ‘kellys’

MADRID.- Asociaciones de camareras de piso, gobernantas de hoteles, representantes de UGT, CCOO y de la Asociación Progresista de Inspectores de Trabajo, han pedido mejoras en las condiciones laborales de las denominadas "kellys", que han vuelto a pedir que se prohíba la extrenalización de la actividad troncal de una empresa.

La Comisión de Empleo del Senado ha abordado este jueves un intenso debate sobre el mundo laboral del colectivo, que actualmente afecta a unas 100.000 personas, en su mayoría mujeres, y cuyo trabajo consiste en limpiar diariamente una media de 30 habitaciones de hotel pagadas, en muchos casos, a 2 euros.

La principal queja de estas asociaciones es la diferencia de contratos y derechos que tienen, ya que mientras hay camareras de piso empleadas por los propios hoteles (fijas y temporales), la mayoría son contratadas por empresas externas.

Este fue uno de los motivos que expusieron las kellys al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que debatirán los parlamentarios de cara a la iniciativa socialista que se tramita en el Congreso y que pide modificar el Estatuto de los Trabajadores.

Las kellys piden que se cambie el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para evitar “cesiones ilegales” de trabajadores a través de externalizaciones así como reducir la carga de trabajo, más inspecciones, colaboración de las Mutuas y que se amplíen las enfermedades profesionales.

El Portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), Fermín Yébenes, ha achacado a la reforma laboral de 2012 la precariedad laboral de las camareras de piso ya que permitió a las empresas descolgarse de convenios colectivos propios del sector y dar prioridad a los convenios de empresa.

La presidenta de la Asociación Autonómica de Gobernantas de Canarias, Mercedes Díaz también ha pedido la derogación de la última reforma laboral para no permitir la contratación externa y ha aludido a la impotencia que tienen frente a los responsables hoteleros y a la inmovilidad de muchos comités de empresa.

La delegada sindical de CCOO, Gladys Medina, ha abogado por mejorar las condiciones de la jubilación anticipada ya que en la mayoría de los casos no llegan activas a la edad de la jubilación legal.

También ha instado a hacer un estudio epidemiológico para ver qué enfermedades son las más repetitivas y poder incluirlas en el cuadro de enfermedades profesionales.

Tanto ella como la responsable de UGT en este ámbito, María del Carmen Casín son camareras de piso y se han quejado de la falta de colaboración de las Mutuas que “atienden el dolor” pero no la raíz de la enfermedad.

El investigador y coordinador de la Asociación Alba Sud, Ernest Cañada, ha coincidido en que la reforma de 2012 ha provocado la sustitución del empleo fijo por temporal o a tiempo parcial, lo que ha llevado a una pérdida salarial de las kellys de hasta el 40 %.

La mayoría de los partidos políticos del Senado han apoyado un cambio legislativo mientras el PP se ha mostrado dispuesto a negociar pero ha considerado importante saber cuál es la legislación internacional para poder valorar la eliminación de la externalización de trabajos troncales con el fin de no perder competitividad.

Uber se prepara para barrer al taxi con 30.000 VTC

MADRID.- El futuro del taxi, Uber y Cabify se decide ahora mismo mientras usted lee estas líneas. Unos y otros viven pendientes de dos acontecimientos clave: la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre la liberalización o no del sector, y el real decreto que el Gobierno planea aprobar este viernes o el viernes 27 para dejar sin efecto ese mismo fallo del Supremo. 

Es una jugada 'in extremis': saltarse al alto tribunal para seguir imponiendo barreras a la actividad de Uber y Cabify. Sin embargo, Fomento ha esperado tanto a hacerlo que se va a encontrar con un serio problema de última hora: alrededor de 30.000 licencias VTC solicitadas desde 2015 hasta hoy que, por una carambola jurídica, podrían entrar en vigor para acabar de reventar por completo al taxi, a juicio de El Confidencial.

Se trata de las licencias que se han ido solicitando en toda España desde el 20 de noviembre de 2015. En esa fecha, el Gobierno cerró el grifo de los permisos VTC con la aprobación del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), y estableció el famoso tope de 1/30 (una VTC por cada 30 taxis). 

En teoría, todas las licencias solicitadas con posterioridad serían denegadas. Pero muchas empresas de transporte las fueron pidiendo en previsión de un posible cambio legislativo en el futuro. Ese cambio puede llegar ahora en forma de liberalización por parte del Supremo. Y las peticiones se han disparado.

Los datos de los tres últimos años en Madrid sirven de ejemplo. En 2016, apenas se solicitaron 1.800 licencias VTC; en 2017, 1.600; pero en lo que va de año esa cifra ha volado a las 6.000 peticiones, con picos de 1.000 por día, según datos de la comunidad. 

Se estima que en toda España la bolsa total de licencias a la espera de luz verde ronda las 30.000. Esas son justo las que ahora pueden quedar aprobadas dependiendo de cómo y cuándo llegue la sentencia del Supremo y cómo y cuándo aterrice el real decreto del Gobierno.

"Es muy sencillo. Si el Supremo mueve ficha antes que el Gobierno, anuncia su sentencia y liberaliza el sector, esas 30.000 licencias VTC quedarían aprobadas y se podrían pedir miles más antes del real decreto de Fomento. Si ocurre al revés, y llega primero el real decreto y luego la sentencia del Supremo liberalizando el sector, las 30.000 licencias quedarían aprobadas pero no se podrían pedir más", explican fuentes del sector. La razón, según apuntan especialistas jurídicos, es que la nueva ley del Gobierno no tendría efecto retroactivo, pero la sentencia del Supremo sí.

Su puesta en marcha efectiva no sería tan directa y sencilla. "Es muy probable que la administración bloquease todas esas licencias en caso de que se diera este supuesto. Hablaríamos entonces de procesos judiciales que podrían durar de dos a cuatro años hasta dirimir la aprobación final o no de las licencias. Pero es una ventana legal que podría darse dadas las circunstancias actuales", explica una fuente del sector.

En otras palabras: Fomento llega tarde a taponar una inundación para salvar al taxi y se le pueden colar 30.000 permisos más. Teniendo en cuenta que hoy en día hay alrededor de 7.000 VTC activas en España (frente a 69.000 del taxi), solo esas 30.000 adicionales supondrían ya un golpe de muerte al sector. Y hay una empresa que está al acecho y sería la única y gran beneficiada de todo este galimatías judicial: Uber.

Directivos de la multinacional estadounidense están de hecho contactando a las grandes empresas VTC españolas para animarlas a pujar por las 30.000 licencias en el aire. Una de esas empresas es Moove Cars, gigante que cuenta con casi 8.000 licencias en su poder y que ha firmado un acuerdo con Uber para operar casi 5.000 en su plataforma. Sin embargo, ni Moove ni el resto de sus competidores están de momento por la labor. El motivo: quieren proteger su inversión.

Curiosamente, estos 'amos' de las licencias VTC en España (Moove Cars, Gesstaxi, Vector...) se están uniendo al taxi para empujar al Gobierno a aprobar un real decreto 'in extremis' saltándose al Supremo (y la separación de poderes). Todos menos Uber desean que se apruebe la nueva ley. Una liberalización del sector, como pretende la CNMC, supondría una avalancha de nuevas VTC y la caída del precio de los permisos. Las millonarias inversiones de decenas de empresarios, de repente, no valdrían casi nada.

Cabify es el otro 'bicho raro': ahora mismo prefiere que las cosas se queden como están a optar por una liberalización completa. "Lo dijo su propio abogado en la vista previa en el Supremo esta semana. Ellos quieren mantener el ratio actual real de VTC y taxis, un 1/9 o 1/7, no el 1/30. ¿Por qué? Han hecho una inversión brutal y quieren rentabilizarla. Además, son dueños de licencias a través de participaciones accionariales en empresas. Si hay una avalancha de nuevas VTC, ellos también perderían mucho dinero", explica una fuente del sector.

Una liberalización total o parcial supondría encima algo todavía más preocupante: la victoria del más fuerte, de la compañía con más dinero en los bolsillos. Y solo hay una en España que gana en ese frente: Uber. Sus 21.000 millones de dólares de financiación frente a los 400 millones de Cabify hacen que la batalla entre ambos sea ridículamente desigual.

Es quizás la mayor paradoja del puzle legal que se avecina: ver a enemigos máximos (taxi, Cabify e inversores y empresas de VTC) unidos ahora para apoyar al Gobierno en su real decreto antiliberalizador solo por puro interés económico. Unos y otros contienen la respiración ante la sentencia del Supremo, que tal vez no llegue hasta la semana que viene, ya que aún no se ha producido el señalamiento de votación y fallo. Si esto ocurre, el Gobierno tendrá la ventaja de mover primero. Pero la partida no ha hecho más que empezar.

El FROB esquiva la presión europea y estudiará más ventas de Bankia en mayo

MADRID.- Las pe­ti­ciones de la Comisión Europa y del Banco Central Europeo (BCE) para ace­lerar el pro­ceso de pri­va­ti­za­ción de Bankia pa­rece que se han to­mado con toda la calma en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Una ter­cera venta por parte del Estado se es­tu­diará ya en el mes de mayo, una vez co­no­cidas las cuentas del primer tri­mestre del grupo que pre­side José Ignacio Goirigolzarri y se com­pruebe una reac­ción po­si­tiva de los mer­cados para que la ac­ción vuelva a si­tuarse, como mí­nimo, por en­cima de los cuatro eu­ros, publica Capital Madrid. 

Tanto el nuevo ministro de Economía, Román Escolano, como los principales gestores de Bankia, su presidente José Ignacio Goirigolzarri y el consejero delegado José Sevilla, se muestran más que confiados en que habrá "ventanas de oportunidad" para una nueva venta parcial de la participación del Estado en el grupo rescatado en 2012.

Por este motivo, según algunas fuente consultadas en círculos financieros, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no se toma como una imposición las recomendaciones de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE) para acelerar la privatización de la entidad.

La evolución de la acción de Bankia se mantiene por debajo de los cuatro euros en las últimas sesiones y se confía en que la presentación de los resultados del primer trimestre, previstos para el próximo 27 de abril, sirvan para reactivar su cotización hasta los niveles en los que se produjo la última venta a mediados del pasado mes de diciembre y con la que el Estado ingreso más de 800 millones de euros con una ganancia de unos 136 millones de euros.

En algunos ámbitos ya se vio esta segunda venta del FROB a precio de derribo, en comparación a los más de seis euros a los que se produjo la primera hace unos años, antes del contrasplit realizado y que tampoco fue excesivamente rentable para las arcas públicas, aunque ya mostró la hoja de ruta prevista para Bankia.

El Estado aún mantiene una participación superior al 60% en Bankia, incluso tras el proceso de integración de BMN, la otra entidad bajo el control público. La presentación del nuevo plan estratégico y la celebración de su junta anual de accionistas reactivaron al alza, de manera leve, la cotización del grupo intervenido.

La confianza en la presentación de los resultados del primer trimestre del actual ejercicio parece firme. Bankia deberá comenzar a dar muestras de que tanto la integración de BMN como sus nuevos planes hasta 2020 comienzan a tomar forma en su cuenta de resultados pese a los bajos tipos de interés.

La subida del precio oficial del dinero por parte del Banco Central Europeo no se espera ya hasta bien entrado el ejercicio 2019. Para entonces, los plazos para la salida del Estado del capital de Bankia son cada vez más justos, por lo que deberá aprovecharse cualquiera de las oportunidades de venta que surjan en los próximos meses.

La segunda y última venta del FROB se hizo con un descuento del 2,7%, pero las acciones de Bankia se sitúan en la actualidad más de un 11% por debajo del precio que tenían a mediados de diciembre.

El Reino Unido ha vendido a pérdidas algunos de los bancos rescatados durante la crisis y algunos expertos consideran que sería la menos mala de las opciones para la privatización de Bankia en el medio plazo, antes de que los problemas políticos pudieran paralizar ese proceso de salida del Estado de su capital.

La negativa de Fomento a extender las concesiones de autopistas divide al Gobierno

MADRID.- El futuro de las concesiones de autopistas de peaje se vuelve cada vez más incierto conforme se acerca el fin de algunos contratos. Este martes, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, volvió a insistir en que no contempla una extensión de estas concesiones, que deberían revertir al Estado una vez vencidas. Sin embargo, dejó claro que la decisión final no está en su mano sino en la del consejo de ministros. Y ahí, las posturas están más encontradas, según Vozpópuli.

“La decisión de cuál va a ser el futuro de las concesiones de autopistas de peaje trasciende al Ministerio de Fomento. La decisión es del Gobierno”, aseguró durante su intervención en un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press. E incluso matizó que sus opiniones personales quedaron en un segundo plano cuando pasó a formar parte del Gobierno.

De la Serna siempre ha defendido que las concesiones que están próximas al vencimiento no deben ser prorrogadas ni renovadas. “Es más, incluso dudo que esta posibilidad tenga encaje legal en nuestro sistema”, apuntó en el citado acto. No obstante, el asunto es uno de tantos que mantiene enfrentado al departamento que dirige el ex alcalde de Santander con los ministerios del área económica, especialmente el de Hacienda.

De hecho, De la Serna habló de la necesidad de un consenso con formaciones políticas de la oposición sobre el futuro del modelo, puesto en duda por la crisis de las concesionarias de autopistas de peaje de última generación (entre las que se encuentran las radiales de Madrid), que están siendo en estos días rescatadas por el Estado para proceder a su relicitación.

“Decisiones de este tipo van más allá del periodo que dura una legislatura”, indicó De la Serna. Consciente de que la decisión final no está en sus manos, lanzó al menos un mensaje que apelaba a la responsabilidad: “lo único que tengo en la cabeza es que tenemos que acertar con la decisión que tomemos”. Y lamentó que “en estos momentos es prácticamente imposible tener un debate moderado en cualquier aspecto relacionado con la política”.

En Moncloa son conscientes de que el asunto de las concesiones próximas a su vencimiento es especialmente delicado. Y más cuando buena parte de las que están a punto de llegar a su fin pertenecen a Abertis, en pleno proceso de cambio de manos y, además, con un buen número de frentes abiertos contra el Estado.

Entre ellos destaca el caso de la AP-7, precisamente una concesión que el Estado prolongó en su día a Abertis como contraprestación por la realización de una serie de trabajos de mejora en la vía. La concesionaria reclama una indemnización superior a los 1.600 millones de euros por el desplome de los tráficos durante los años de la crisis, tal y como contemplaba el contrato de la concesión. El asunto está pendiente de una resolución del Supremo.

A comienzos de año, el Gobierno abrió un expediente sancionador a Abertis por las incidencias en la AP-6  el primer fin de semana de 2018, cuando cientos de conductores quedaron atrapados en la autopista por la nieve.

'Exceltur' anticipa un frenazo del turismo extranjero en verano

MADRID.- El turismo extranjero sigue creciendo con fuerza en España, aunque a un ritmo menor al del pasado ejercicio, en el que se ganaron casi siete millones de viajeros en apenas doce meses. La encuesta realizada a principios de abril por el lobby turístico Exceltur a sus 21 socios, entre ellos las mayores hoteleras, aerolíneas y operadores del sector, apunta que cerca de la mitad de las empresas mejoraron ventas, beneficios y precios entre enero y marzo con respecto al mismo período de 2017. Y las perspectivas para el segundo trimestre también son muy positivas, con un 61% de las compañías que prevé mejorar las ventas entre abril y junio y un 39% que prevé elevar el beneficio obtenido doce meses antes, según publica Cinco Días.

La gran diferencia respecto al ejercicio anterior es que toda la mejora en 2017 se produjo por la explosión del turismo extranjero y la de este año vendrá motivada por la recuperación del nacional. 

“El turista español genera el 45% de la actividad en España. Apreciamos un fuerte repunte de la demanda española, con crecimientos en todos los indicadores. Ese crecimiento puede servir para compensar la ralentización de la demanda extranjera”, apuntó José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur durante la presentación de los resultados. 

¿Qué factores han motivado esa recuperación? Oscar Perelli, director de estudios de Exceltur, recalcó que el más importante ha sido la bajada de precios que han realizado las grandes agencias ante la menor presión de la demanda extranjera. También consideró que el aumento de la conectividad entre destinos españoles ha animado al turista español a viajar, “algo que no había hecho en los siete años de crisis”.

La pérdida de velocidad en la llegada de turismo extranjero está motivada por la recuperación de cuota de mercado de Turquía y Egipto, dos destinos competidores dañados por el terrorismo en los últimos años, gracias a las fuertes rebajas de precios que han realizado para sus grandes destinos de verano. 

“Solo en enero y en febrero, ambos destinos han recuperado 1,4 millones de turistas. Habrá que ver si esa tendencia coge ritmo en los próximos meses”, puntualizó Zoreda. El trasvase de viajeros desde España hacia esos destinos en el primer trimestre de este año se ha producido entre los grandes mercados emisores de España, como Francia, Italia o Reino Unido. 

En paralelo, Exceltur ha detectado un incremento de dos dígitos en la llegada de viajeros de mercados con mayor capacidad de gasto, como EE UU, Asia o Suramérica. 

“Esta mejora de los mercados de larga distancia es muy importante para salirse del patrón de crecimiento incontrolado del turismo. No se pueden duplicar la cifra de turistas cada seis años. Si este verano hay caída de turismo extranjero, se compensará con nacional. No importa tanto el número de turistas, como el gasto que hagan”.

Por destinos, los más beneficiados han sido Madrid, Baleares y Canarias, mientras que el gran damnificado ha sido Cataluña y más en concreto Barcelona. “El 73% de las empresas turísticas catalanas perdieron ventas y el 57% obtuvieron peores resultados”, apuntó Perelli.

 Las perspectivas para el segundo trimestre son mejores, aunque aún el 38,8% de las empresas catalanas prevé que tendrá menores beneficios que en el mismo período de 2017.

Sin impunidad fiscal

Zoreda mostró también su apoyo a las medidas aprobadas por el Ministerio de Hacienda a finales del pasado ejercicio para luchar contra el fraude fiscal en las plataformas que comercializan pisos para turistas. En noviembre, estas empresas tendrán que aportar los datos de los clientes que alquilan y los ingresos que obtienen por ese arrendamiento correspondientes al tercer trimestre. 

En diciembre tendrán que hacerlo con el resto de la información correspondiente a todo 2017. 

“Lo apoyamos para que no haya impunidad fiscal con los apartamentos turísticos. Confiamos en que la aplicación de estas medidas regulará el sector y ofrecerá mayores ingresos fiscales”.

Hacienda amplía las inspecciones a grandes patrimonios

MADRID.- El director de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, anunció que este año habrá más controles sobre grandes patrimonios e instó a no demonizarlos. En su comparecencia en la Comisión de Presupuestos, Menéndez avanzó que en 2018 "se ampliará el número de contribuyentes para inspección" en el grupo de grandes patrimonios y se tendrá especialmente en cuenta los perfiles con más "supuestos de opacidad o deslocalización". En la Ley de Presupuestos de 2018, se prevé que la AEAT realice este año 681.972 actuaciones de control selectivo e investigación frente a 675.220 que desarrolló el año pasado,según recoge Expansión.

Las actuaciones de control selectivo e investigación, que incluyen a los grandes contribuyentes, tienen por finalidad detectar y regularizar los incumplimientos más complejos, así como perseguir las formas más sofisticadas de fraude. Menéndez concretó que la inspección a grandes contribuyentes ha supuesto una cuota liquidada de 333 millones en 2017. 

El director de la AEAT explicó que se intensifica el "control reforzado para grandes patrimonios", a su juicio, "un colectivo con seguimiento continuado y especializado", al que ahora se vigila a través de una nueva herramienta informática que puede estimar su verdadero patrimonio personal, familiar y empresarial y determinar lo que les corresponda de entramados.

Se trata de un instrumento de big data que se ha desarrollado ad hoc a partir de programas existentes y nuevos. Se estudian las alteraciones patrimoniales o trasvases de rentas que supongan una planificación agresiva, la utilización de entidades interpuestas para rebajar la tributación personal, las manifestaciones de actividad económica inconsistentes con lo que se declara y la disponibilidad de activos en el exterior y su tributación. 

Menéndez inició su intervención asegurando que iba a proporcionar "datos, no opiniones". Sin embargo, tras instar a no demonizar a los grandes contribuyentes, dijo que estos pueden serlo por ser "más listos" y "más trabajadores", afirmaciones que generaron rechazo en la oposición (ver apoyo en la parte final del artículo).

Por otra parte, Menéndez subrayó que la plantilla de la AEAT cerrará 2018 con 25.555 efectivos, lo que supone un incremento neto de 396 efectivos respecto a 2017. Ese incremento neto se explica por la incorporación de 455 funcionarios más y la salida de 59 laborales menos, lo que dejará la plantilla a final de año en 24.087 funcionarios y 1.468 laborales.

Además, está prevista la contratación del equivalente a 277 efectivos/año de personal fijo discontinuo para los servicios asociados a la Campaña de la Renta.

El director de la AEAT explicó que la dotación presupuestaria para gastos de personal este año es de 1.065,04 millones de euros, lo que supone un 6,4 % más que en 2017. En total, el presupuesto de la Agencia Tributaria ascenderá en 2018 a 1.088,74 millones, 28,75 millones más que en 2017, de los que la mayoría procede de las transferencias realizadas por el Ministerio de Hacienda para financiar la actividad de la agencia.

Según Menéndez, la prioridad en la asignación de recursos es la lucha contra el fraude, para lo que nunca ha tenido "ninguna limitación", salvo por las restricciones en la reposición de personal durante los años de crisis.

Demonización

· Santiago Menéndez instó ayer a no demonizar a los grandes contribuyentes y dijo que pueden serlo por ser "más listos" y "más trabajadores".
· "Los más ricos son más trabajadores", afirmó, recalcando que "ser trabajador e inteligente no va unido al fraude". "Entre los grandes contribuyentes, hay muchos cumplidores y muy buenos", afirmó

La Fiscalía archiva la denuncia del PP contra Mónica Oltra por fraccionar contratos

VALENCIA.- La Fiscalía provincial de València ha archivado la denuncia presentada por el PP contra la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra por fraccionamiento de contratos al frente de la  Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas  según confirmar la Fiscalía a Levante-EMV.

La denuncia presentada por el PPCV ponía en conocimiento de la Fiscalía Provincial de València un presunto fraccionamiento «ilegal» del objeto de los contratos administrativos para eludir el procedimiento legalmente establecido y, en particular, la libre concurrencia de licitadores. 

La supuesta irregularidad denunciada por la secretaria general del PP y diputada, Eva Ortiz, se habría cometido en contratos relacionados con la limpieza de centros sociales y residencias. Criticaban los populares que así se impide la fiscalización por la Intervención. 

También denunciaban el «el recurso sistemático al reconocimiento de deudas por la vía del enriquecimiento injusto, para evitar cualquier tipo de contratación administrativa así como para eludir toda fiscalización por parte de la Intervención». 

Los populares se referían a contratos de limpieza de distintos centros sociales, como los de Torrent, Catarroja, Ontinyent o Sagunt. También apuntaban a contratos «siempre por importes inferiores a los límites del contrato menor (18.000 euros en contratos de servicios), pero fraccionados en claro fraude de ley». 

En la denuncia se adjuntan hasta once expedientes («aunque son una pequeña muestra», añaden) en los que, supuestamente, se fracciona el objeto del contrato para eludir los controles de Intervención de la Generalitat, que habría puesto reparos a este tipo de contrataciones.

Sin embargo, la Fiscalía provincial de València considera que no existe reproche penal en el fraccionamiento de los veinte expedientes completos que han sido revisados tras la interposición de la denuncia contra Oltra el pasado mes de febrero. 

Según ha podido saber Levante-EMV la Fiscalía ha constatado el fraccionamiento, pero ha descartado que sea delictivo, como ya dictaminó la intervención en otros casos como la contratación de la consultora H&M Sanchis por parte de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), cuyo archivo confirmó la Audiencia de València en septiembre de 2017, o la Conselleria de Sanidad en 2014.

Según explican fuentes jurídicas a Levante-EMV, la ley impide el fraccionamiento de contratos como norma general, aunque está permitido y justificado si existe la necesidad de prestar un servicio, aunque no exista respaldo presupuestario, según dictaminó la Intervención en el asunto de las facturas de Sanidad archivado en el año 2014.

Por otra parte, la Fiscalía Provincial aún mantiene abiertas las diligencias de investigación penal abiertas por la denuncia del PP por fraccionamiento de contratos contra los consellers de Educación y Transparencia, Vicent Marzà y Manuel Alcaraz, que no se unieron a las iniciadas con los contratos de Mónica Oltra y que dirige un fiscal distinto al que analizó los contratos de la vicepresidenta.

Las bajas concedidas en el ERE de Bankia ascienden a 1.495

MADRID.- De acuerdo con los datos facilitados este jueves por el sindicato UGT, el número de bajas pedidas se ha reducido de 2.437 presentadas hasta el 2 de marzo a las 2.265 actuales.

Según las cifras facilitadas, sigue habiendo territorios en los que los acogimientos voluntarios a esa medida no han cubierto el número de despidos previstos.
De este modo, las provincias donde tenía mayor implantación BMN siguen sin estar cubiertas.
En Andalucía, pese haber aumentado el número de peticiones de 252 a 264 solo se ha cubierto el 73% de un total de 361 que había ofrecido el banco.
En Baleares, las peticiones se elevaron a 241 desde las 212 anteriores, el 96,4% de los 250 empleos a amortizar, y en Murcia ascendieron a 261 desde los 250 anteriores, el 93,88% de los 278 despidos previstos.
Sin embargo, en las comunidades donde Bankia tenía una mayor presencia, el número de voluntarios rebasa el de puestos excedentarios calculados para estos lugares.
Es el caso de Madrid y Valencia, donde la demanda de bajas duplica el número de puestos de trabajo a eliminar, ya que en Madrid ha subido desde 715 peticiones hasta 729 actuales (el banco había ofrecido 330 salidas) y en Valencia las peticiones ascienden a 413, cuatro más que en marzo, cuando las bajas previstas ascendían a 192.

La caza mueve en España 6.500 millones y genera casi 200.000 empleos

MADRID.- La caza en España es un sector económico de primer orden. Genera anualmente una actividad valorada en 6.475 millones de euros, lo que supone un 0,3% del PIB español y equivale a toda la riqueza creada por un sector tan potente como el del vino. Esta afición da empleo, entre trabajos directos e indirectos, a 186.758 personas, lo que equivale al 81% de la plantilla de la industria de la automoción.

Estas son algunas de las principales conclusiones del primer estudio realizado sobre 'El impacto económico y social de la caza en España', elaborado por la consultora Deloitte por encargo de la Fundación Artemisa, el grupo de presión que engloba a las principales organizaciones de cazadores e industriales del sector. 

Como admitió el presidente de Artemisa, José Luis López-Schümmer, con el documento quieren cortar de raíz los ataques e insultos que recibe el colectivo, sobre todo desde las redes sociales, y reclamar, por contra, «el reconocimiento que se nos debe» por la importante contribución de este sector al desarrollo económico y social del país, al mantenimiento del medio rural, y a la conservación del medio ambiente.

El estudio se presentó en el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y varios de los principales responsables de este departamento asistieron al acto para dar su «respaldo total» a la actividad cinegética y a sus protagonistas, por su preservación del medio ambiente y por ser clave, destacaron, para frenar el despoblamiento rural.

En España hay 713.139 personas con licencia de caza que practican la actividad en unos 32.800 cotos asentados en 43,8 millones de hectáreas declaradas como de aprovechamiento cinegético, lo que representa nada menos que el 87% del territorio español. Más de la mitad de estos terrenos, en los que cada año se abaten 20 millones de piezas menores y 600.000 de caza mayor, están en las dos Castillas y Andalucía. 

La caza, de hecho, es el tercer deporte español con mayor número de federados, detrás del fútbol y muy cerca del baloncesto, y en Europa solo Francia supera su número de licencias.

El cazador tipo, según el estudio, es un hombre de 46 años o más, con empleo y estudios universitarios, que gasta anualmente unos 9.694 euros en su afición, que practica tanto caza menor como mayor en cotos, y que tiene como principales destinos Castilla-La Mancha (86%), Castilla y León (35%), Andalucía (34%), y Extremadura (33%). 

España es, además, como demostró la reciente visita de Donald Trump Jr., uno de los principales destinos de turismo cinegético del mundo, por la diversidad de especies y modalidades de caza.

El gasto anual directo de los diferentes agentes cinegéticos es de 5.470 millones de euros, en un 67% realizado por los propios cazadores, y su contribución el PIB equivale al 4% de la generada por la construcción o al 9% de la del sector financiero. La Administración también se beneficia de la actividad, pues recibe 614 millones anuales a través de tasas e impuestos.

De los puestos de trabajo que genera, 45.497 son empleos directos de los cotos y organizadores de cacerías y 141.261 indirectos. Un dato que destaca el estudio es que siete de cada diez puestos dan empleo a personas del mundo rural con nivel de estudios primario, que tendrían muy difícil su integración laboral sin esta actividad.

Los propietarios y administradores de terrenos cinegéticos destinan anualmente unos 285 millones de euros a acciones de gestión y conservación de la caza y la fauna silvestre. En concreto, dedican 233 millones a repoblaciones e inversiones de conservación medioambiental y 54 millones al mantenimiento de accesos, pantanos, y a podas, cortafuegos y otras mejoras del monte.

La actividad de la caza y sus inversiones, recuerda el documento, deduce también de forma importante los accidentes de circulación y los siniestros agrícolas en el mundo rural. Evita la sobrepoblación de jabalíes y corzos, que son los responsables del 54% de los siniestros de tráfico causado por fauna silvestre, y también reduce los daños agrícolas, el 12% de los cuales son atribuibles a especies cinegéticas.

López-Schümmer, en su resumen del estudio, indicó que sin cazadores habría más accidentes de tráfico, crecerían los daños a las cosechas, se devaluaría la conservación de los espacios naturales, aumentarían los incendios forestales, se extenderían las enfermedades en el ganado, descendería el valor del patrimonio rural, y aumentaría la despoblación de estos pueblos, muchos de los cuales ya están cerca de su extinción.

Un perfil de Luis José Barcala Sierra, el nuevo alcalde de Alicante

ALICANTE.- Luis José Barcala Sierra es desde hoy el nuevo alcalde de Alicante. Un puesto que le ha llegado por sorpresa pero que sin duda ha trabajado para ostentarlo. El hasta hoy portavoz del grupo popular en el consistorio, abogado de oficio, fue la persona que denunció a Gabriel Echávarri, exalcalde socialista de Alicante, por un posible caso de fraccionamiento de contratos. La denuncia prosperó y Echávarri fue procesado. El nuevo alcalde también promovió el segundo procesamiento de Echávarri, en este caso por despedir a su cuñada, funcionaria en el Ayuntamiento, justo después de denunciarle. Esta complicada situación judicial rompió el tripartito que gobernaba Alicante y forzó la dimisión de Echávarri.

El nuevo alcalde popular llegó al consistorio alicantino en 2011 y dos años después ocupó la concejalía de Sanidad, Consumo y Medio Ambiente bajo el mandato de Sonia Castedo. A principios de 2016 Barcala asumió la portavocía del grupo popular y desde entonces se convirtió en un verdadero azote para el gobierno tripartito encabezado por el PSPV. De ahora en adelante, tendrá poco más de un año para gobernar en minoría la segunda alcaldía de España más importante en manos del PP.

El nuevo alcalde de Alicante es un aficionado al dibujo y la pintura que participa de forma activa en las fiestas de la ciudad, especialmente en las Hogueras y la Semana Santa.

Con esposa y dos hijas, este alicantino de 56 años es licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante y desde los comienzos ha tenido abierto un despacho profesional, aunque también ha trabajado durante un periodo como responsable legal del extinto banco Banesto.

Barcala es afiliado al PP desde 1987, cuando desde Nuevas Generaciones (NNGG) entró a formar parte de la política activa en el año 2011, cuando concurrió a las elecciones municipales en el número 19 de la lista encabezada por la exalcaldesa popular Sonia Castedo.

Aunque no salió elegido en un primer momento, pocos meses después entró en la corporación municipal por la renuncia del también popular y expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll, y desde entonces ha sido concejal de la capital provincial.

En los últimos comicios ocupó el cuarto lugar de la lista del PP, tras Asunción Sánchez Zaplana, que dejó el acta por el de senadora, María Ángeles Goitia (que le ha cedido hoy la opción de la candidatura) y José Císcar, que también abandonó para ser diputado autonómico.

Desde joven le gusta la pintura, incluso forma parte de la Asociación de Artistas Alicantinos, y practica varios deportes, es amante de la fotografía y ha explicado a los periodistas que también es un ávido lector, especialmente antes de dormir.

Ha relatado que desde que nació está vinculado a la Hoguera Alfonso el Sabio y que forma parte de la barraca Els chuanos desde 1995: «Me encantan las Hogueras, los Moros y Cristianos y participo en la Semana Santa», ha comentado.

Luis Barcala ofrece a C's sumarse al nuevo gobierno municipal de Alicante

ALICANTE.- Luis Barcala, nuevo alcalde de Alicante, ha ofrecido a Ciudadanos sumarse al nuevo gobierno municipal de la ciudad. Mientras tanto, Nerea Belmonte era abucheada a gritos de "sinvergüenza" y "vendida" por parte de Guanyar. La edil tránsfuga ha tenido que salir escoltada del Ayuntamiento.

Ciudadanos ha preferido votar a su portavoz Yaneth Giraldo, la cual ha cosechado cinco votos. De esta forma, el partido naranja se ha desinhibido de dar cobertura al gobierno de derechas que proyectaba el PP, como si hizo en 2015.
Por último, el otro concejal tránsfuga salido de las filas de C's, Fernando Sepulcre, se ha votado también a si mismo pero lo ha hecho "a boli", según ha relatado en el recuento de votos el secretario, quien lo ha declarado "nulo".

El sentido del voto de Belmonte se ha desconocido hasta el mismo momento de depositar su papeleta en la urna, segúne los portavoces municipales, incluido el nuevo alcalde, Luis Barcala, quien ha explicado que había olvidado sus gafas "de ver" y que pidió a una compañera que le dijera qué votaba la tránsfuga cuando ésta mostraba públicamente su sufragio en el salón de plenos.

"Ahí me di cuenta de que Montesinos se quedaba en 14 votos y que la alcaldía era para el PP", ha confesado el nuevo alcalde quien, en su primer discurso, ha ofrecido a Ciudadanos entrar en el equipo de gobierno para que puedan "llevar a la práctica sus políticas", posibilidad que la formación naranja ya se ha apresurado a rechazar.

Además de ofrecer a Cs formar un gabinete, Barcala ha explicado que, en "una situación hasta cierto punto inesperado", recibe la vara de mando con "tremenda ilusión", y ha pedido "generosidad y paciencia" para que le dejen trabajar el año que queda de mandato.

El nuevo alcalde ha aclarado que no ha mantenido negociación alguna con Belmonte y ha insistido en que desconocía qué iba a hacer en el pleno de hoy.

El voto en blanco de Belmonte ha levantado la ira de los partidos de izquierda, y hasta el secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha dicho que se trata de un "tamayazo" y que su partido estará "vigilante" para saber qué contrapartidas pudiera recibir del PP la tránsfuga.

Belmonte inició el mandato como concejal de Acción Social y Vivienda por Guanyar (socio del equipo de gobierno con el PSPV-PSOE y Compromís) pero en 2016 fue echada de su grupo y se quedó sin remuneración por dar unos contratos a una empresa creada por dos amigos después de las elecciones.

La tránsfuga ha culpado de su voto que ha dado la alcaldía al PP al portavoz de su anterior grupo (Guanyar), Miguel Ángel Pavón, "por negarse a restituir mis derechos políticos y económicos" y "no dar su brazo a torcer" en las negociaciones de los últimos días.

En la réplica ante los periodistas, Pavón la ha acusado de haber "antepuesto de forma muy miserable que solo quería un sueldo" y ha añadido que "la ciudad le importa un pimiento".

"No sabemos qué le ha podido ofrecer" el PP a Belmonte, ha continuado el portavoz de Guanyar, quien ha añadido que la no adscrita ha tenido un comportamiento "lamentable" con "un nivel de degradación de un responsable público que ha superado los límites", ante lo cual cree que debería de devolver su acta de concejal.

La socialista Eva Montesinos, que en un principio era la favorita para alcaldesa, ha criticado la "irresponsabilidad" de los cinco concejales de C's y los dos tránsfugas por "haber devuelto la alcaldía al partido más corrupto del país".

Especialmente, ha puesto de manifiesto la "paradoja" de que Belmonte, elegida por la coalición de izquierdas Guanyar, "haya decidido que gobernara el PP".

De igual modo, los portavoces de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, y de Compromís, Natxo Bellido, han afeado la conducta de Belmonte y han anunciado que harán una oposición dura.

Incluso, Bellido ha calificado la maniobra de la tránsfuga de "belmontazo" y se ha preguntado "qué le han prometido" desde el PP antes de señalar que en los días previos los partidos de izquierda no podían aceptar su chantaje de "un sueldo para el voto".

El popular Barcala se convierte, de esta inesperada manera, el quinto alcalde de Alicante en la última década tras los también populares Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo y Miguel Valor, y el socialista Echávarri.

Durante estos tres años de inestable gobierno socialista también han visto mermar sus filas los grupos municipales de Guanyar Alacant y de Ciudadanos. El primero se vio obligado a  expulsar al grupo de nos los adscritos a su concejala de Acción Social y Vivienda después de que se supiese que había concedido varios contratos menores a la empresa de comunicación de dos compañeros de partido. 

C's también abrió un expediente a su concejal  Fernando Sepulcre tras detectarse que había intentado pasar facturas de gastos de su vehículo al grupo de la formación naranja en la Diputación de Alicante donde es diputado. En el organismo provincial, ya como tránsfuga, ha venido dando su respaldo al PP de César Sánchez, cuyo voto permite a los 'populares' seguir gobernando. Ahora, Sepulcre y Belmonte también han dado vía libre a otro gobierno del PP en la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana. 

El secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha acusado a la tránsfuga Nerea Belmonte, ex de Guanyar, de propiciar un "tamayazo" para dar la alcaldía al PP, y ha añadido que los populares deben "aclarar" lo ocurrido.

Muñoz ha seguido en directo el desarrollo del pleno de investidura en el que su compañera de partido Eva Montesinos no ha logrado recabar la mayoría suficiente para ser alcaldesa, lo que ha beneficiado al popular Luis Barcala.

"Hoy se ha producido un 'tamayazo' y la ciudad de Alicante tiene que estar triste por tener un alcalde que ha llegado mediante una serie de cuestiones que tendrán que aclarar en su momento" y ante las cuales, ha advertido, "el PSOE estará vigilante".

Para el secretario de Organización del PSPV-PSOE, "Barcala es el alcalde de una vergüenza compartida por distintos actores", de los cuales ha citado a Ciudadanos (C's), "un partido que dice que es la regeneración democrática y que, con su abstención, ha permitido que el más corrupto vuelva para malversar, gestionar mal y despreocuparse de la ciudad".

Del mismo modo, ha criticado a Belmonte por "preferir mirar su interés personal, retributivo, y olvidarse de los ciudadanos progresistas" por los que consiguió el acta de concejal.

"Sabemos que esto no va a salir gratis", ha incidido Muñoz, quien ha anunciado una oposición de los socialistas "dura".

El secretario de Organización del PSPV-PSOE también ha recordado que su partido "estuvo a la altura" cuando, al ser investigado por presunta prevaricación administrativa, el exalcalde Gabriel Echávarri dimitió el pasado día 9 y se planteó a la oposición "un proyecto regenerador" para seguir con el proyecto socialista.

"Hoy quien pierde es la ciudad de Alicante y los ciudadanos que votaron progreso y ven traicionada su voluntad democrática por un partido, Ciudadanos, que no ha estado a la altura", ha señalado.

Ximo Puig: "Las fuerzas progresistas no podían aceptar ningún chantaje"

TOKIO.- El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentado que el PSPV haya perdido la Alcaldía de Alicante después de que la tránsfuga Nerea Belmonte se haya negado a respaldar a Eva Montesinos y haya propiciado la elección del popular Luis Barcala como nuevo primer edil de la ciudad. 

Sin querer ahondar en el tema, Puig ha asegurado que "las fuerzas progresistas en ningún caso podían aceptar ningún chantaje" -en una referencia implícita a las exigencia de Belmonte de recuperar el sueldo que perdió cuando fue expulsada de Guanyar- y que los partidos del tripartito habían actuado con "ética" en este asunto. 

"Yo creo que el Partido Socialista ha actuado con ética y con responsabilidad, como también lo han hecho los grupos progresistas. El PP ha actuado como siempre", ha asegurado este jueves el president al ser preguntado por la prensa durante una recepción en la embajada de España en Tokio, donde se encuentra en una misión comercial.
Puig ha asegurado desconocer los entresijos de las negociaciones que se han desarrollado en los últimos días -lleva en China y Japón desde el sábado- pero ha asegurado que "es evidente es que las fuerzas progresistas en ningún caso podían aceptar ningún chantaje y estamos en el terreno de lo que es ético y lo que no lo es, pero yo creo que no hay ninguna novedad. Hace tiempo que sabemos lo que pasa. Lo único que los ciudadanos tienen que saber es que aquí hay un Gobierno progresista abierto, que gobierna para todos y que no hace trampas", ha asegurado en contraposición a la actuación que ha tenido, a su juicio, el PP.
Del mismo modo, ha señalado que "no es una buena noticia" que vuelva a gobernar "el partido que llevó al descrédito absoluto a Alicante por la corrupción masiva".
En la misma línea, Puig ha defendido que el PSPV "sí ha hecho autocrítica" y que prueba de ello es el hecho de que dimitiera Gabriel Echávarri. 

 "Eso no pasa en la política española por eso creo que hay una constancia de lo que es la ética para unos o para otros", ha destacado el jefe del Consell, que también ha lamentado que "los ciudadanos habían votado progreso y cambio, y ahora se ha propiciado lo contrario y hay unos responsables evidentes".

Luis Barcala (PP), nuevo alcalde de Alicante tras el voto en blanco de la tránsfuga Nerea Belmonte

ALICANTE.- El PP vuelve a gobernar en Alicante después de que la concejal no adscrita Nerea Belmonte haya negado su voto al proyecto encabezado por la socialista Eva Montesinos. Esta se había postulado para sustituir al ex alcalde (también del PSOE) Gabriel Echávarri, quien se retiró tras su doble procesamiento por el presunto fraccionamiento irregular de facturas de Comercio y por el despido de una funcionaria, cuñada del portavoz del PP. 

El PSOE ha llegado al Pleno con 14 votos asegurados. Los de sus concejales, los de Guanyar y los de Compromís. Faltaba el apoyo decisivo, el número 15, que buscaba en Nerea Belmonte (ex de Podemos) y que ha quedado en el aire hasta el último momento. Finalmente, Belmonte ha votado en blanco, lo que no ha sumado el apoyo necesario para los socialistas y ha dejado la vara de mando en manos del portavoz de los 'populares', Luis Barcala, al ser esta la formación con mejores resultados en las últimas elecciones municipales.
Durante las últimas semanas y especialmente durante todo este miércoles, una comitiva encabezada por la propia Montesinos y con el refuerzo de dirigentes socialistas valencianos se había reunido con sus dos ex socios del tripartito en Alicante, que le ratificaron el apoyo. También habían mantenido negociaciones con Belmonte, quien exigía -a cambio de su respaldo- recuperar el sueldo que se le retiró en 2016 cuando se descubrió que había dado contratos con dinero público a sus compañeros de candidatura en Podemos.
Aunque en las diferentes conversaciones, los grupos de izquierdas se comprometieron a modificar el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP), (cambio que abría la posibilidad a que Belmonte volviera a cobrar) a última hora de la jornada, la concejal exigió por escrito esa promesa. La imposibilidad de conseguirlo ha hecho que acabara decidiéndose por votar en blanco en el pleno.
En su discurso de investidura, Barcala ha destacado que "hemos llegado hasta aquí y poco importa el por qué, lo importante es el para qué". Ha destacado también que hay muchos puntos de coincidencia en los proyectos a realizar, por lo que considera que los acuerdos serán posibles. Tras pedir el apoyo incondicional de los representantes de las Administraciones provinciales, autonómicas y estatal, ha subrayado la necesidad de emprender una ronda de contactos urgentes con ellos, así como también con las asociaciones, organizaciones y vecinos de la ciudad. Barcala ha asegurado que potenciará el papel de la junta de portavoces para que todos los concejales estén informados en todo momento y ha lanzado el guante a Ciudadanos, el otro grupo que ha rechazado votar la reedición del tripartito.
Después de la sesión plenaria, la edil no adscrita, ex de Guanyar Alacant, Nerea Belmonte, ha acusado al líder de esta formación, Miguel Ángel Pavón, de ser el responsable de que el PP haya logrado la Alcaldía de Alicante por negarse a respetar su "dignidad y honor" y a no restituirle sus derechos "políticos y económicos" como concejal.
Belmonte ha justificado su voto en blanco en el pleno de investidura, celebrado este jueves, en que "la responsabilidad de que esta situación no se produjese era de Guanyar Alacant, Compromís y el partido socialista".
Por su parte, Pavón ha acusado a la ex podemita de haber actuado de una forma "muy miserable" al permitir con su voto en blanco la llegada del PP a la Alcaldía de Alicante mediante un "fraude" a la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas en mayo de 2015.
"El señor Barcala es alcalde por mandato legal", ha subrayado Pavón en atención a los medios en el salón de plenos al término de la sesión. "No por la voluntad popular de la ciudadanía, que han pervertido los concejales de Ciudadanos y los dos tránsfugas, que han antepuesto sus intereses partidistas y personales".
En cuando a su excompañera de partido, Pavón le ha recriminado que solo quisiera "un sueldo" y que la ciudad le importa "un pimiento" y de "traicionar de forma reitareda a la izquierda de esta ciudad". "Estamos en la situación que estamos por ese egoísmo y esos intereses personales y partidistas", ha seguido.
Pavón ha aseverado que Belmonte ha dado la Alcaldía "al partido de la corrupción y de la mala gestión económica" y ha lamentado que se vuelva al "escenario" del mandato anterior. Preguntado por permitir o no un sueldo para Belmonte, Miguel Ángel Pavón ha incidido en que no se les puede achacar haber "traicionado nuestros propios principios" y ha afirmado que llegaron "hasta donde hemos podido ceder" en un documento firmado con Compromís y PSPV para que se le restituyeran derechos políticos y económicos por medio de un Reglamento del Pleno. "Estábamos dispuestos a ceder y ella no ha cedido un milímetro", ha enfatizado. 

"Pero no podíamos garantizarle un sueldo", ha sostenido Pavón que ha dudado sobre qué le pueden haber "ofrecido otros partidos". "No sabemos si el PP le ha ofrecido algo a la señora Belmonte, tendrá que responder a esas preguntas, pero la situación que tenemos hoy es la que es", ha lamentado.

Ya como nuevo alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, ha dicho que "en absoluto, en ningún momento" ha mantenido conversaciones con la edil no adscrita, ex de Guanyar Alacant, Nerea Belmonte.
"No teníamos que negociar nada porque no necesitábamos esos 15 votos", ha sostenido el ya alcalde, en referencia al número de votos que necesitaba Montesinos para alcanzar la mayoría absoluta, dado que el PP llegaba a la Alcaldía si nadie la obtenía por ser el partido más votado en mayo de 2015.
A preguntas de los medios al término de la sesión, Luis Barcala ha negado haber mantenido conversaciones con la edil no adscrita y ha afirmado que la "responsabilidad de buscar" apoyos era de Montesinos y que desde el PP se ha respetado.
Así, preguntado sobre su ofrecimiento expreso a Ciudadanos, ha asegurado que buscará "sondear esa posibilidad" porque hay "cuestiones mayoritarias" en las que están de acuerdo y porque quienes no han formado parte del tripartito deben "asumir la responsabilidad ahora de pasar de oposición a hacer efectivo".
Asimismo, ha recordado a Ciudadanos que se va a las elecciones a "ganar" y "para gobernar" con un programa electoral: "No es muy comprensible presentarse a las elecciones para esperar a las siguientes elecciones y cuando se te presenta la oportunidad de llevar a cabo las políticas por las que has estado peleando durante tres años", siempre la crónica de El Mundo.

Valcárcel asegura que fue ajeno a los contratos del congreso del PP en Valencia

VALENCIA.- El expresidente de la Región de Murcia y presidente del comité organizador del XVI Congreso Nacional que el PP celebró en Valencia en 2007, Ramón Luis Valcárcel, aseguró este jueves que se mantuvo ajeno a las cuestiones legales y administrativas de dicho congreso.

Valcárcel compareció en la comisión parlamentaria de Las Cortes Valencianes que investigan la gestión de Feria Valencia y se expresó en estos términos al ser preguntado por el citado congreso, en el que Mariano Rajoy resultó elegido presidente del PP.

El alquiler de las instalaciones a Feria Valencia no fue abonado por el partido y casi 10 años después, en junio de 2017, un juzgado de Madrid condenó al PP a abonar los 568.511 euros que adeudaba a Feria Valencia, además de los intereses legales.

A preguntas de los diputados, Valcárcel indicó que desconoce el motivo del impago de la citada factura y que sólo supo de este hecho por la prensa posteriormente.

«Sé lo que sabe cualquier otra persona que se mantuvo al margen de las negociaciones, contratos o acuerdos. Mi papel fue única y exclusivamente político, ajeno a cuestiones legales y administrativas», insistió.

«La víspera del congreso vine a Valencia a conocer las instalaciones, que ya habían sido previamente pactadas», apuntó el expresidente murciano, quien aseguró que no recuerda quién le informó sobre la contratación de dichas instalaciones: «supongo que algún miembro de la dirección del partido, no me acuerdo. Podría haber sido perfectamente Mariano Rajoy, pero no lo fue».

Asimismo, insistió en que: «yo abrí el congreso y se acabó mi participación como presidente, posteriormente lo dirigió Rita Barberá, a la que tengo un tremendo aprecio y admiración, y lo hizo muy bien».

«No me preocupé de lo que no era mi cometido. No sé ni la cuota que pago yo al mes en mi partido... y no lo considere una broma de mal gusto», indicó al diputado socialista David Cerdán, quien se mostró sorprendido por el «milagro» de la organización de un congreso del que, según ironizó, «nadie se encargó».

Este diputado del PSPV-PSOE, en su último turno de palabra, se dirigió a Valcárcel: «márchese tranquilo porque creemos sus palabras, pero entendemos que si nadie en Génova se preocupó del pago de la factura es que el PP valenciano entendía que Feria Valencia era suya y la usaba como le daba la gana. Sabemos dónde está el pozo negro».

Periodistas del misterio / Guillermo Herrera *

¿Por qué enferman o mueren tantos periodistas dedicados a investigar temas de misterio? Las respuestas a esta pregunta pueden ser muchas, y no descarto ninguna incluidas las teorías conspirativas, pero la explicación más sencilla es la misma que tiene el tabaco: puede ser peligrosa para la salud la investigación de temas densos, oscuros y siniestros, o incluso conducir al trastorno mental. Digamos que cuando buscas demonios, te los llevas a casa de regalo. Yo mismo acabo de eliminar mi blog de “Periodismo de Misterio” por razones higiénicas.

 

Nunca olvidaré el infarto súbito que mató al doctor Jiménez del Oso, pionero en la investigación de estos temas en España. ¿Le hicieron vudú para silenciarlo? Tampoco olvidaré el extraño pinchazo que recibió en la calle el periodista catalán Andreas Faber Kaiser, director de la revista “Mundo Desconocido”, que le contagió el sida y lo llevó a la muerte. El periodismo es una profesión de riesgo, y cuando revelas conspiraciones, más todavía.

En cambio el mayor superviviente de esta raza de periodistas es Iker Jiménez. Su fórmula es muy sencilla: no meterse en camisa de once varas, es decir, no tocar temas que puedan molestar al poder para no perder su trabajo, y mantenerse dentro de la ortodoxia científica, con temas que a veces tienen poco de misterio, o con fantasmas caseros que son demasiado repetitivos.

Otro superviviente veterano es mi amigo Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, con la que yo mismo colaboré hace años. Además de sabio es mucho más astuto que yo, y tiene una habilidad mundana innata para llevarse bien con todo el mundo, porque es un maestro de las relaciones públicas.

Yo mismo fundé y dirigí en 1.988 el primer periódico mensual nacional de misterio llamado “Universo Secreto” aprovechando la misma infraestructura del semanario de sucesos “El Caso” que se hacía desde Almería, pero sólo duró un año porque a mi exjefe Joaquín Abad no le pareció un negocio rentable y en eso se equivocó como en muchas otras cosas.

Actualmente los mejores investigadores y divulgadores del misterio están en la plataforma de vídeos de Youtube y son muy buenos todos ellos. Sólo mencionaré unos pocos nombres pero hay muchos más que me enseñan cosas nuevas todos los días y aprendo mucho de ellos: David Parcerisa, José Luis Camacho, Luis Carlos Campos, León Valverde, Carles Torá y Alberto Canosa, que parece ser un futuro líder profético.

Investigar el misterio y la conspiración es el trabajo más apasionante que conozco, pero a mis años he llegado a la conclusión de que no se puede vivir todos los días con fantasmas o te vuelves loco, y de que hay que hablar de todo como la vida misma, sin excluir lo oculto.

(*) Periodista