VALENCIA.- Jueces para la Democracia (JpD) ha asegurado, sobre al propuesta del conseller de Justicia de la Generalitat valenciana, Jorge Cabré, de "abrir el debate" para aplicar el pago de una tasa que redunde en la "calidad y rapidez" de los tribunales, que esta medida de copago puede tener "efectos recaudatorios" pero "no agilizará en modo alguno los procedimientos, al contrario de lo que indica" el representante del Consell.
La organización argumenta que la gestión de los litigios "podrá mejorar con otro tipo de medidas que no están siendo abordadas por la Generalitat valenciana, como el impulso en la reforma de la oficina judicial, pues el actual modelo resulta obsoleto y la institución autonómica no está mostrando ninguna voluntad de proceder a las modificaciones previstas legalmente".
Asimismo, JpD señala, a través de un comunicado, que "la agilidad de los procedimientos también se incrementaría con una gestión más adecuada de los recursos personales y materiales por parte de la Conselleria de Justicia".
Un ejemplo de ello, apuntan las mismas fuentes, es el elevado número de personal interino que, como reconoce la propia institución autonómica, no cuenta con una suficiente formación para desempeñar sus puestos de trabajo, a pesar de tramitar asuntos que pueden afectar al patrimonio, a la integridad o a la vida de los ciudadanos.
Del mismo modo, defienden que "una gestión más eficaz de la Generalitat en materia de creación de juzgados también supondría un avance para la administración de justicia, ante las carencias de la situación actual".
"Hemos de recordar que, tras reclamar al gobierno central la dotación de juzgados con un discurso marcadamente victimista, la Conselleria de Justicia ha optado por no aportar los recursos que le correspondían para los 15 nuevos juzgados para la Comunidad Valenciana que ya habían sido aprobados desde el Ministerio de Justicia, por lo que los mismos no se han podido poner en funcionamiento", reprochan.
En cambio, insisten, "el copago en la administración de justicia supondría que se generasen importantes desigualdades sociales". En este sentido, las entidades bancarias, las sociedades mercantiles o las personas con elevado patrimonio "no tendrían ningún problema en pagar las tasas que se fijaran, mientras que a los ciudadanos de rentas inferiores se les disuadiría de la defensa de sus derechos, lo cual afectaría al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".
Esta perspectiva de "limitación de los servicios públicos a través del copago, como otras similares referentes a la educación o a la sanidad, representa una visión contraria a los principios esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho, que implica que los poderes públicos deben adoptar las medidas necesarias para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean reales y efectivas, lo cual supone garantizar los derechos sociales y permitir el acceso de todos a los servicios públicos", sostienen.
Para el colectivo, "si el problema se encuentra, según parece, en que la Generalitat no cuenta con suficientes partidas económicas para afrontar la gestión en materia de justicia, la solución debe radicar en otro tipo de ordenación presupuestaria que haga frente a las necesidades reales". "Y ello supone, entre otras cosas, la conveniencia de reducir gastos públicos superfluos sin relevancia social", subrayan.
Por otro lado, Jueces para la Democracia expresa su "disconformidad" con las propuestas de devolución al Gobierno central de las competencias autonómicas, que resultan contrarias a nuestros principios constitucionales. "La solución a estos problemas no se encuentra en la supresión de las competencias autonómicas, sino en una gestión más diligente y eficaz de la Generalitat Valenciana", sentencian.
