El Gobierno descarta dar más tiempo a las CC.AA. para que devuelvan los anticipos a cuenta

MADRID.- El Gobierno ha rechazado la posibilidad de dar más tiempo a las comunidades autónomas para que devuelvan al Gobierno los anticipos a cuenta que recibieron en 2008 y 2009, tal y como pidieron algunas regiones durante la celebración del último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Las comunidades adeudan un total de 5.700 millones de los anticipos recibidos en el año 2008 y casi 20.000 del año 2009, cantidades que tendrán que devolver en un periodo de cinco años, tras el acuerdo de uno de los CPFF del año pasado.

Salgado admitió que, durante el turno de ruegos y preguntas de la reunión algunas comunidades solicitaron al Gobierno que este tiempo se ampliara a diez años, petición que el Gobierno rechazó porque, a su parecer, "no hay razones para cambiar la Ley vigente".

En este sentido, la vicepresidenta económica recordó que la propuesta del año pasado, que ampliaba de cuatro a cinco años el periodo para hacer frente a los pagos, fue firmada y aprobada por todas las comunidades, que ya eran "perfectamente conscientes" de las dificultades presupuestarias.

Además, recordó que el periodo de cinco años ya está contemplado en el objetivo de estabilidad presupuestaria que ha planteado el Gobierno, por lo que no hay razones para cambiar la Ley por una petición que no ha sido general, sino que ha sido planteada por tres o cuatro comunidades.

Las CC AA aprueban por unanimidad la reducción del déficit público

MADRID.- Las comunidades autónomas han apoyado unánimemente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con la única abstención de Ceuta, la reducción del déficit hasta 1,3 por ciento el próximo año, aunque han pedido al Gobierno que ponga en marcha medidas que garanticen el cumplimiento de este objetivo de estabilidad presupuestaria.

A la salida de la reunión, las comunidades del PSOE han reconocido la necesidad de realizar este esfuerzo adicional y han valorado el impacto que tendrá el acuerdo alcanzado para que la economía española transmita confianza en los mercados internacionales, sobretodo habiendo sido posible su aprobación con todos los votos a favor.

Sin embargo, los consejeros de las comunidades 'populares', aunque han apoyado la medida, han criticado la falta de concreción del Gobierno y han censurado que el Ejecutivo no haya aprovechado el encuentro para trasladarles las entregas a cuenta del próximo año, con las que ya podrán elaborar sus presupuestos. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, se ha comprometido a hacerles llegar estos datos antes del próximo jueves a las tres de la tarde.

Por su parte, el consejero Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, ha denunciado "el ejercicio de fariseismo" que ha tenido lugar en la reunión del Consejo, ya que "se ha aprobado un objetivo sin medios para cumplirlo", y ha criticado que el Gobierno haya convocado una reunión en la que "no se ha puesto ninguna medida sobre la mesa para concretar la necesaria toma de decisiones para controlar el gasto y el déficit público".

Dicho esto, ha evitado hacer comentarios sobre la proposición de la ministra, quien ha sugerido "hacer un seminario en noviembre". "Se ha aprobado un objetivo sin medios para cumplirlo y lo dice la única comunidad que tiene sus cuentas cuadradas, porque 16 de las 17 no las tienen, y el Estado tampoco", ha señalado Beteta.

En este sentido, el consejero canario de Economía y Hacienda del Gobierno, José Manuel Soria, ha remarcado la necesidad de concretar "medidas de ajuste adicionales", a las planteadas por el Gobierno, "con modificaciones en la legislación básica". Sin embargo, según ha explicado, se ha encontrado igualmente con la negativa de la vicepresidenta segunda, quien le ha emplazado a plantear estas consideraciones en los foros sectoriales, considerando que el Consejo no era el lugar adecuado para discutir las mismas.

Respecto al límite máximo de endeudamiento de las comunidades, Soria ha pedido que el cálculo del mismo se realice en base al PIB bruto per capita, y no en relación al PIB bruto en su conjunto, porque "tomarlo en su conjunto supone partir de una posición de desventaja para algunas comunidades", y ha solicitado que se tenga en cuenta que "el endeudamiento medio en Canarias está muy por debajo del endeudamiento medio de otros territorios".

Además, ha reclamado al Ejecutivo que recupere el compromiso incumplido sobre los conceptos del extinto impuesto sobre el tráfico de empresas, por el cual el Gobierno debe compensar al territorio insular con 50 millones de euros. "Un compromiso incumplido, cuyas consecuencias han sido 50 millones menos de ingresos y un ahorro bruto negativo de 26 millones de euros. De esta manera, Canarias no ha podido incurrir en un déficit adicional del 0,25 por ciento para inversiones productivas en el 2010 y tendrá una menor previsión de ingresos", ha argumentado.

En la misma línea se ha pronunciado la consejera gallega de Economía y Hacienda, Marta Fernández, quien ha afirmado que su comunidad, a pesar de haber vuelto a recibir una negativa ante la petición de aplazamiento de la devolución de los anticipos recibidos en base al sistema de financiación autonómica, "continuará solicitando esta operación, que ya no tiene ninguna consecuencia financiera para España como Estado miembro de la UE", y que resulta "una mera operación de caja".

La consejera de la Xunta ha afirmado que Galicia ha contado con el apoyo explícito de la Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla y León, pero ha apuntado que, una vez más, la ministra les ha remitido al turno de ruegos y preguntas, en el que Salgado ha defendido que "esto forma parte de una ley, que ha ya ha sido debatida, que no tiene nada que ver con la ley orgánica, y que no está dispuesta a reabrir ese debate".

"Estamos realmente preocupados porque el escenario del 2009 hace pensar que esto sea una especie de círculo vicioso, porque se prevén unos ingresos superiores a los que corresponden a la estimación de crecimiento del conjunto de España, y se ha pedido un poco de prudencia, porque se ha demostrado una vez más que esto es una bomba financiera para las comunidades", ha subrayado.

El consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat valenciana, Gerardo Camps, ha destacado que el compromiso de la comunidad con la estabilidad presupuestaria es "evidente", aunque ha censurado que el Ejecutivo ha incumplido "su compromiso" de llevar a la Conferencia las propuestas de manera que pudieran ser debatidas. "No ha sido así, las propuestas han brillado por su ausencia", ha resaltado.

De la misma manera, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha explicado que ha votado a favor por "responsabilidad" pero "haciendo un acto de fe". "En estos momentos hay que empujar todos en la misma dirección para que España cumpla con los requisitos de Bruselas", ha destacado Del Olmo.

Por su parte, la consejera de Hacienda de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, ha explicado que su voto ha sido un "sí crítico", ya que el objetivo de la comunidad era que el déficit fuera "individualizado" para cada región porque Andalucía tiene un endeudamiento dos puntos por debajo de la media y "siempre ha cumplido" con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

También ha mostrado sus reticencias a este compromiso el conseller de Hacienda de Cataluña, Antoni Castells, quien ha insistido en la necesidad de tomar "medidas adicionales" para lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria, ya que éste es "muy ambicioso". A su juicio, se deberán adoptar "medidas que tengan un impacto financiero relevante" para pasar del 2,4 por ciento de déficit al 1,3 por ciento aprobado.

Para el consejero aragonés, Alberto Larraz, lo importante del encuentro es que el acuerdo ha sido apoyado por todas las autonomías más allá de las críticas puntuales, lo que, a su juicio, ofrece una sensación de "confianza" a los mercados. "Es bueno que se siga manteniendo la unanimidad aunque haya pequeñas críticas", ha insistido.

Larraz ha recordado que nunca las CCAA han tenido límites de déficit diferentes y ha apuntado que, para cumplir con esa reclamación de algunas autonomías, sería necesario poner en marcha un proceso de negociación similar al de la financiación autonómica.

En este punto ha coincidido el responsable de Economía de Asturias, Jaime Rabanal, quien también ha defendido que lo más importante es la unanimidad alcanzada más allá de las posiciones críticas. "Luego ha habido diferentes reflexiones de los consejeros que hay que abordar en el futuro con más tranquilidad", ha explicado.

También se ha referido a la petición de aplazar la devolución de las entregas a cuenta, algo con lo que, según ha reconocido, todas las comunidades estarían "encantadas". En este sentido se ha manifestado el consejero de Hacienda de Extremadura, Ángel Franco, quien ha reconocido que estas devoluciones podrían generar un problema de tesorería.

Por su parte, el conseller de Economía y Hacienda de Baleares, Carles Manera, ha asegurado que la comunidad trabajará "igual que todas" las autonomías con el techo de déficit del 1,3 por ciento del PIB regional en el diseño de sus cuentas públicas en 2011.

MADRID.- El Consejo de Política ha aprobado los objetivos de estabilidad de cada comunidad autónoma, que podrán incurrir en un déficit del 1,3% en 2011 y 2012 y del 1,1% en 2013, según informó hoy la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado.

Si a dicha senda de consolidación se le incorpora el efecto de la liquidación del sistema de financiación autonómica el déficit máximo en 2011 pasaría a ser del 3,3% del PIB.

Salgado aseguró que los objetivos han sido aceptados por unanimidad y que, durante el encuentro, diversas comunidades han manifestado su compromiso a la hora de cumplir con la senda de consolidación fiscal poniendo "todo de su parte" para conseguirlo.

"Ese resultado es muy satisfactorio", señaló la vicepresidenta económica, quien adelantó que el Gobierno y las comunidades celebrarán una nueva reunión en el mes de noviembre para comentar las nuevas medidas que se aprueben en Europa.

En este sentido, Salgado se refirió a las conclusiones del grupo de trabajo creado por el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, que apuntan a la mejora de la coordinación y a una nueva forma de presentar los Presupuestos.

Según Salgado, la reunión ha transcendido en un "buen ambiente" y se ha convertido en una "discusión serena y rica en contenidos".

Los objetivos de estabilidad fijados están condicionados a que las comunidades autónomas presenten o actualicen sus preceptivos planes económico financieros de reequilibrio y a que las medidas incluidas en éstos sean declaradas idóneas por el CPFF.

En el caso de que alguna comunidad no cumpliera este requisito, su objetivo de estabilidad presupuestaria se ajustaría a los límites de déficit estipulados en la ley: el 0,75% del PIB regional en 2011 y equilibrio presupuestario en los ejercicios 2012 y 2013.

Dada la necesidad de garantizar el "estricto cumplimiento" de la senda de consolidación fiscal hasta 2013, los importes máximos contemplados en la propuesta aprobada hoy no podrán verse superados por el déficit excepcional derivado de los programas de inversiones productivas, lo que se tendrá en cuenta a la hora de actualizar dichos programas.

Sobre la posibilidad de que alguna comunidad pueda registrar un déficit superior al 1,3% por sus necesidades de financiación, Salgado explicó que esta posibilidad existe, aunque para que sea posible es necesario que otra comunidad registre un déficit un poco inferior que lo compense.

En este sentido, aseguró que ninguna comunidad se ha ofrecido a registrar un déficit menor al 1,3% , tal y como suele pasar en otras ocasiones, al tiempo que resaltó la importancia de cumplir con el objetivo de déficit general, sobre todo un año en el que España atraviesa un procedimiento de déficit excesivo.

Preguntada por las peticiones que hicieron algunas comunidades sobre la necesidad de que el Gobierno adopte más medidas para reducir el déficit, Salgado recordó que las últimas iniciativas ya afectaban a todas las regiones, como la rebaja salarial de los funcionarios o la disminución del gasto farmacéutico.

En este sentido, aprovechó para criticar al Partido Popular por pedir más medidas al Gobierno y no apoyarlas cuando llegan al Parlamento. "Un poco de coherencia", pidió al principal partido de la oposición.

Aún así, recordó que los consejos territoriales siguen trabajando en medidas que permitan mejorar la eficacia del gasto, que es dónde se tienen que discutir estos asuntos y no en el CPFF. "Las propuestas que lleguen desde ahí serán bien recibidas y espero que, si llega el caso, votadas por el PP", indicó.

Por otro lado, Salgado también informó al CPFF del techo de gasto aprobado la semana pasada en el Congreso de los Diputados, que asciende a 122.256 millones de euros, lo que supone una reducción del 7,7% en comparación con el año anterior.

El PSPV exige la anulación del pleno en Bruselas ante el riesgo de que los acuerdos que se adopten sean nulos

VALENCIA.- El portavoz en la Comisión de Relaciones Instituciones del PSPV en las Corts, Manuel Mata, ha solicitado hoy mediante la presentación de una Proposición no de Ley la anulación del próximo Pleno del Consell que se celebrará en Bruselas el próximo mes de octubre porque "cualquier convocatoria de esta índole" está "vedada" por el Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la Ley de Gobierno Valenciano "y el propio sentido común". Es por ello, ha dicho, que se corre el "gravísimo riesgo de que los acuerdos adoptados en tan pintoresca reunión sean nulos de pleno derecho.

Mata, en un comunicado, ha explicado que dado que el Consell es el órgano colegiado del gobierno de la Generalitat, que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria, "es previsible que en dicha reunión, como en todas las que celebra, se adopten acuerdos normativos de eficacia general cuya validez puede estar afecta por el lugar en el que se adopta, fuera de la Comunitat Valenciana".

A juicio del parlamentario del PSPV, "es evidente que el Estatut no contempla la capital del Reino de Bélgica entre los posibles centros de reunión del Consell, según los artículos 5 y 29".

Asimismo, el portavoz socialista ha asegurado que "ni por criterios de descentralización, ni por coordinación de funciones, ni por criterios de eficacia, ni de austeridad, ni de justificación política está justificada esta convocatoria".

Además, "y ante el gravísimo riesgo de que los acuerdos adoptados en tan pintoresca reunión sean nulos de pleno derecho, sería aconsejable anularlo y volver a la seriedad política".

De esta manera, Mata ha subrayado que los valencianos "ya no estamos para ocurrencias" y si el jefe de la Generalitat, Francisco Camps, quiere reunir su Consell, "debe hacerlo en Valencia o en cualquiera de los municipios de la Comunitat Valenciana, tal como prevé el Estatut d' Autonomia de la Comunitat Valenciana".

Según el portavoz socialista, "reunirse en el Reino de Bélgica todo el Consell de la Generalitat Valenciana, con los gastos de desplazamiento y asesoramiento que hagan falta, no sólo es ilegal, sino también irreal".

"El mundo de fantasía en el que vive Camps nos va a arrastrar a un lodo de improvisación y de gasto".

"Es un ejemplo de derroche del dinero público y de estéril provocación en búsqueda de la ilegalidad porque con este tipo de maniobras se puede entender con meridiana claridad que al presidente Camps, en el fondo, la celebración de un Pleno del Consell en Bruselas y la imagen de la Comunitat Valenciana en el exterior, le importa un bledo", ha declarado.

El PSPV dice que la "mala gestión" de Barberá "obliga a recortar el presupuesto de 2014 un 14,4% respecto a 2009

VALENCIA.- El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha criticado que la "mala gestión" del equipo del equipo de gobierno 'popular' obligará a recortar el presupuesto municipal de 2011 en un 14,4% respecto al del año pasado, según ha señalado el PSPV en un comunicado.

La medida está contenida en el plan económico-financiero de reequilibrio 2011-2013, aprobado hoy en la Comisión de Economía y Hacienda "como consecuencia del desequilibrio estructural entre los ingresos y los gastos corrientes del Ayuntamiento de Valencia y de las numerosas facturadas acumuladas en los cajones año tras año", según ha señalado el portavoz adjunto socialista, Juan Ferrer, quien se abstuvo en la votación.

El representante socialista ha explicado que la intervención general del Ayuntamiento ha propuesto la realización del plan tras constatar, en la liquidación de la cuenta general presentada en mayo de este año, que los gastos del consistorio superan sus ingresos en un 11,09%.

"El desfase es muy superior al 5,19% máximo establecido por la Comisión Nacional de Administración Local en desarrollo del real decreto que fija los criterios de equilibrio presupuestario para 2010 de acuerdo con lo previsto por la Ley General de Estabilidad Presupuestaria", ha indicado.

En la propuesta de plan, que deberá de ser refrendada en el pleno del viernes, el servicio financiero del Ayuntamiento señala que como causante que "nos encontramos ante un déficit en gran parte excepcional y particular del ejercicio, no debido básicamente a decisiones de expansión de gasto, sino a problemas de planificación, presupuestación y ejecución temporal".

Además, "no es factible estimar el posible déficit que pueda generarse en el cierre del ejercicio 2010 como consecuencia, bien de la insuficiencia crónica de la hacienda municipal con relación al nivel de gasto, o de las dificultades para alcanzar niveles más elevados de recaudación de los tributos municipales".

"Son déficits estructurales que exigen ser abordados con un horizonte de medio plazo", concluye el informe.

El plan de reequilibrio prevé que el presupuesto de 2011 ascienda a sólo 684.507.068 euros, 84.688.686 euros menos que los 769.195.745 al que asciende el de este año, lo que supone una reducción del 11%.

La reducción, ha dicho, aumenta hasta el 14,4% si se compara con el presupuesto del ejercicio 2009, que ascendió a 799 millones de euros. Además, es todavía más drástica si se tiene en cuenta las inversiones reales, concepto que se pasará de los actuales 54.876.508 euros a 14.841.807, experimentando así un descenso de 40.034.701, el 72,9%.

Ferrer, en este sentido, ha avanzado que el grupo municipal socialista rechazará en el próximo pleno la aprobación del plan pues "no dice toda la verdad y al no decir toda la verdad no puede remediar lo que está mal", además de porque el Ayuntamiento "ha incumplido la prohibición de solicitar nuevos créditos".

El edil ha explicado que el plan parte de un escenario "ficticio" al no contemplar todos los créditos solicitados por el consistorio en lo que va de año.

Ferrer señala al respecto que "sólo se tiene en cuenta" un crédito de 78.275.984 euros, "de los que 30.575.948 están destinados a la refinanciación de deuda", pero no el crédito de 31 millones adjudicado en la Junta de Gobierno Local celebrada el 28 de mayo.

El rsponsable socialista añade que dicha deuda eleva las operaciones de crédito contratadas este año a 109 millones de euros, y que el Ayuntamiento de Valencia ha concertado con entidades bancarias "pese a que en 2009 ya incumplió el plan de reequilibrio 2009-2011".

Este hecho, ha afirmado, imposibilita legalmente la adjudicación de nueva deuda, "motivo por el que se ha obviado la vigencia de dicho plan para buscar el permiso de la Conselleria de Economía y Hacienda a la concertación de nuevas operaciones, que el Ayuntamiento no podría ni siquiera solicitar si se reconociera la vigencia del plan existente en lugar de elaborar un nuevo".

En este sentido, el propio informe del plan reconoce que "durante el último cuatrimestre del año 2010 se estima la posible realización de una nueva modificación del presupuesto que incluya la concertación de operaciones de endeudamiento a largo plazo, destinadas a anticipar el desembolso de una parte de las amortizaciones previstas contractualmente en el ejercicio 2011".

Ferrer ha informado también de que la Comisión de Economía y Hacienda ha tratado en su orden del día otros dos asuntos que "evidencian la mala gestión presupuestaria del consistorio".

Por un lado, la comisión ha aprobado la segunda modificación presupuestaria del año que, bajo el epígrafe de 'modificación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito del presupuesto 2010', da de baja en el capítulo de gastos gracias a la bajada del Euribor 2.592.227 euros.

Esta cantidad se destina inicialmente en su mayor parte al pago de intereses crediticios, para pasar a destinarlos a pagar parte de la deuda pendiente con Iberdrola por la electricidad del alumbrado público (2.009.981 euros), la electricidad de las escuelas (115.516 euros) y la electricidad en dependencias municipales (362.428 euros).

Los 104.302 euros restantes se destinarán al pago de otros servicios. "Seguimos sin conocer a cuánto asciende la deuda del Ayuntamiento con Iberdrola. Lo que sí es seguro es que la compañía no habría cobrado si el Euribor no hubiese bajado", ha explicado el edil.

Por otro lado, la comisión ha aprobado el séptimo reconocimiento extrajudicial de obligaciones del año, por el que ha sacado de los cajones facturas por valor de 16.305.393 euros -4.156.649 euros de gasto corriente y 12.148.744 de inversiones-, entre los que se encuentran los 2.487.925 que se pagarán a Iberdrola.

Con ello, el equipo de gobierno municipal ya ha reconocido en sólo siete meses gastos no presupuestados correspondientes a ejercicios y meses anteriores por importe de 38.395.855, quedando todavía pendiente de reconocer 56.387.744 euros, hasta alcanzar el importe de 94.783.599 euros al que a principios de año ascendían las facturas pendientes de pago, según el propio presupuesto municipal.

La factura más antigua de las reconocidas hoy data del 27 de octubre de 2007 y tiene un importe de 464 euros. La más cuantiosa data del 28 de mayo de 2009 y asciende a 3.297.054 euros, adeudados por una expropiación, ha apuntado.

La Unió pide el cese Hernández por "consentir irregularidades" e "intervenir en elecciones de consejos reguladores

VALENCIA.- La Unió ha solicitado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que "cese inmediatamente" a la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, por "permitir irregularidades manifiestas e intervenir de forma directa en las elecciones a algunos consejos reguladores de denominación de origen".

La Unió ha recordado que es la organización mayoritaria tras el proceso de las elecciones a consejos reguladores con 31 vocales, más que todo el resto de organizaciones agrarias que tienen sólo 29.

Sin embargo, "en favor de la transparencia democrática", la entidad afirma que "no puede dejar de denunciar las irregularidades, la manipulación y las presiones en algunos de los Consejos Reguladores, con el consentimiento y la participación de primera mano por parte de la Conselleria de Agricultura".

Según ha asegurado la organización en un comunicado, la Conselleria de Agricultura ha sido "juez y parte en este proceso electoral, ayudando con su voto a una candidatura con menoscabo de otra, en un juego sucio e inusual de unas elecciones democráticas para el sector agrario".

Desde La Unió han recalcado que han tenido una relación buena, de cordialidad y respeto, con los consellers y conselleras de los diferentes Gobiernos del PP, pero Maritina Hernández, han aseverado, "ha roto con la dinámica que había hasta ahora".

La Unió ha anunciado además que va a presentar recursos judiciales en los próximos días por las irregularidades manifiestas en la DO de Uva de Mesa del Vinalopó y en el Comité de Agricultura Ecológica. Del mismo modo va a pedir a todos los grupos políticos de las Corts Valencianes que demanden la comparecencia de la consellera para explicar su actuación en estas elecciones.

Las mismas fuentes han recalcado que la Junta Electoral de Denominación (JED) ha rechazado algunos recursos presentados por La Unió ante las irregularidades detectadas, con el voto de calidad de la Conselleria de Agricultura, deshaciendo así el empate entre una candidatura y otra.

Por ejemplo, han apuntado, "se han aceptado candidatos en la DO del Vinalopó a los que otro le confiere poderes notariales para que lo sustituya después, además de no estar inscrito en el censo de la Denominación de Origen y se introduce también un censo con nocturnidad y alevosía de 59 personas, de las que votan 43 después en un claro pucherazo o no se deja votar a otros, saltándose la normativa vigente".

Por lo que respecta al Comité de Agricultura Ecológica, han considerado que "se ha producido un golpe de estado en toda regla".

"De nuevo la Conselleria de Agricultura decanta su voto a favor de un alcalde del PP --Francisco Javier Sendra, de la localidad alicantina de Planes-- y en contra de un destacado productor ecológico; la indignación llega a tal extremo que el mundo de la agricultura ecológica de todo el Estado se ha rebelado en contra de esta decisión en un claro apoyo al candidato de La Unió".

El colectivo considera que la misión principal de los consejos reguladores es la de mejorar la rentabilidad de un determinado producto agrario, "una cuestión por tanto muy alejada de la política".

"Pretender convertir los consejos reguladores en órganos de sumisión al poder establecido o en plataformas de lanzamiento de una carrera política, es una cuestión que no vamos a tolerar nunca porque nuestra independencia hace que deba prevalecer la defensa de los intereses de los productores sobre cualquier otra cuestión", ha advertido el secretario general de La Unió, Josep Botella.

El secretario general ha añadido así mismo que Maritina Hernández "en lugar de hacer política agraria, en vez de pagar los millones de euros que debe a los agricultores y ganaderos, se dedica a manipular e intervenir en procesos democráticos del sector agrario valenciano".

La Audiencia de Madrid ratifica que informar sobre la investigación fiscal a Fabra no es delito

VALENCIA.- La sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado un recurso interpuesto por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por considerar que diversas informaciones periodísticas publicadas en la revista 'Interviú' referentes a las investigaciones fiscales que se siguen sobre su patrimonio constituían delitos de revelación de secretos oficiales e información privada, injurias y calumnias.

Por contra, la resolución judicial rechaza esta pretensión porque "no se ha acreditado el cumplimiento de los presupuestos de tipo penal".

El auto confirma de esta manera una resolución dictada por el juzgado de instrucción número 4 de Madrid que decretaba el sobreseimiento provisional y el archivo de la querella interpuesta por Carlos Fabra. La defensa del presidente de la Diputación castellonense y del PP en la provincia recurrió esa decisión y ahora la Audiencia Provincial la ratifica y destaca que tuvo una "impecable motivación".

En los razonamientos jurídicos, se explica que la querella parte de la base de que un funcionario de la Agencia Tributaria (AEAT) reveló información sobre el patrimonio de Fabra, un extremo que, apunta el auto, "resulta evidente".

Pero lo que no está demostrado, añade, es que este funcionario anónimo haya sido quien ha facilitado la información a los querellados, un punto "importante, pues, al tratarse de una causa pericial, no caben las suposiciones sino los elementos constatados por prueba directa o, al menos, indiciaria".

Del mismo modo, argumenta que "no está justificada la finalidad de perjudicar al querellado; lo único que consta es la finalidad de publicar determinada noticia, de emitir información".

Asimismo, hace hincapié en que estas noticias "no hacen referencia a un particular, sino a toda una autoridad, nada menos que el presidente de la Diputación de Castellón".

"No se han publicado en este caso datos reservados de su patrimonio, sino una investigación sobre el proceder patrimonial y fiscal de un hombre con responsabilidades públicas, que gestiona ingentes sumas de dinero, también público, y del que su comportamiento presenta un indudable interés para los ciudadanos de la provincia de Castellón y de todo el país", recalca.

Por ello, el auto defiende que "no se puede pretender que una investigación fiscal con evidente interés público permanezca en secreto, e imputar semejantes delitos por el hecho de su publicación".

Considera la Audiencia que el "dilema moral" sería más sencillo en el caso de hablar de un particular "pero es que el querellante es el presidente de la Diputación, al que se atribuye la adquisición de valiosos bienes a pesar de que percibe un sueldo que difícilmente alcanza para poder llegar a pagar el precio de sus inmuebles".

En esta línea, sostiene que en el presente caso que los ciudadanos conozcan las investigaciones fiscales de Fabra "nunca podría constituir los delitos que imputa, dada su condición de autoridad pública".

"El derecho al honor, a la buena imagen pública e, incluso, a la intimidad, deben ceder en favor del Derecho Constitucional a emitir y recibir información veraz", afirma.

La sala subraya que la jurisprudencia va en este camino y hace notar que "el sistema democrático español no ha podido evitar la crisis de moralidad que padece en la actualidad la clase política, pero tiene indudables ventajas, y una de ellas, esencial, es la que permite la transparencia y el conocimiento de los datos referidos a personalidades públicas".

"El comportamiento cívico de las autoridades es cuestión de especial interés para el ciudadano y su conocimiento también lo es", sentencia.

Por último, el auto señala que la veracidad de la noticia de la investigación fiscal llevada a cabo es elemento importante pues el querellante se queja de la publicación pero no de que sea falso el contenido, "es decir no se queja de que no sea cierto que la AEAT le investigara por eventuales irregularidades fiscales".

Por estas razones, la sala acuerda desestimar el recurso de apelación interpuesto por Carlos Fabra y declarar de oficio las costas procesales a tenor de lo dispuesto e el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento criminal.

Alarte dice que Camps es responsable de "llevar a las cajas de ahorros valencianas a un callejón sin salida"

ALICANTE.- El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, ha afirmado que "el responsable del fracaso de las políticas económicas de los últimos 15 años se llama Francisco Camps y el PP", a los que además ha culpado de "llevar a las cajas de ahorros valencianas a un callejón sin salida".

Con motivo de su visita a la localidad alicantina de San Juan, Alarte ha explicado que en sus decisiones en torno a Caja Mediterráneo, el PSPV "siempre ha puesto por encima de todo la seguridad, la estabilidad de los impositores, de la gente que tiene sus hipotecas y su dinero".

El líder de los socialistas valencianos ha considerado que "tan irresponsable sería generar problemas de credibilidad y no apoyar a los órganos de las cajas de ahorro, como no apuntar con claridad al responsable político de esta posición de debilidad".

A su parecer, "sólo hay uno, el responsable del fracaso de las políticas económicas de los últimos 15 años que se llama Francisco Camps y el PP".

"El presidente Camps ha llevado a nuestras cajas de ahorros a un callejón sin salida, ha sido un irresponsable, y conste para la historia, que el PSOE valenciano se ha prestado tantas veces al diálogo, a una posición unitaria de la Comunidad Valenciana, al mayor consenso político y territorial posible que ya quedaba pintoresco volverse a ofrecer".

Sin embargo, según ha dicho, la "única respuesta" recibida ha sido "exclusión y mirar hacia otro lado", por parte de "un presidente incapaz de liderar, un presidente que no gobierna, un presidente que ha fracasado y un presidente que es incapaz de sentarse absolutamente con nadie", ha lamentado.