El PSPV asegura que alcalde de Mislata "también ha intervenido en el banquete de Emarsa"

VALENCIA.- El portavoz socialista en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI), Ramón Marí, ha denunciado que el alcalde de Mislata, Manuel Corredera, "también ha intervenido en el banquete de Emarsa", ya que "Producciones Ageiron S.L., una empresa con sede en Mislata que se dedica a la venta de artículos de publicidad ha cobrado de la depuradora 40.185 euros". 

Además, ha destacado que esta empresa publica un "panfleto propagandístico, 'MV7 informa' dedicado al autobombo del también portavoz del PP en la EMSHI", ha informado la formación socialista en un comunicado.

   Marí ha realizado estas manifestaciones en la asamblea de la EMSHI en la que el PP ha aprobado en solitario la modificación de los presupuestos, la petición de un crédito y un plan económico-financiero de reequilibrio para la liquidación de Emarsa.

   El grupo socialista ha votado en contra al considerar que el préstamo "viene a financiar las irresponsabilidades que están claramente identificadas con la nefasta gestión del presidente de la EMSHI, Enrique Crespo en la administración de la planta y en el nepotismo que el PP ha implantado".

   El portavoz socialista ha manifestado que "jamás se tenía que haber cedido de esta forma Emarsa a la EPSAR", y ha calificado de "inconcebible" que hayan regalado los activos "a cambio de nada y que los ayuntamientos nos tengamos que hacer cargo ahora de los déficit generados".

   A pesar de la insistencia de Marí, el presidente de la EMSHI y alcalde de Manises, Enrique Crespo, "no ha aclarado por qué dos colaboradoras suyas en el consistorio, una periodista y una abogada de familia, han estado facturando durante años a Emarsa, ni los trabajos que han realizado". Además, el portavoz socialista ha desvelado que "en los últimos meses", y "a pesar de la situación crítica de Emarsa", Crespo ha "enchufado al menos a otras tres personas de Manises".

   El dirigente socialista ha señalado que "en más de ocho ocasione le pidió al presidente que le retirara la firma única de gastos ilimitados al gerente, Esteban Cuesta, a lo que éste se negó", y ha indicado que "hasta ahora todos nuestros pronósticos sobre lo que aquí ha ocurrido se han ido cumpliendo", por lo que ha augurado que "a corto plazo será el señor Crespo quien tendrá problemas judiciales relacionados con el saqueo a EMARSA".

   El dirigente socialista ha exigido la dimisión de Crespo de la EMSHI por su gestión como presidente y consejero delegado de Emarsa. "Sólo usted estaba facultado para convocar el consejo y sólo usted lo convocó siempre; sólo usted fijaba el orden del día de las reuniones, sólo usted dirigía los debates, sólo usted tenía voto de calidad, sólo usted visaba las actas. Nadie más tenía esas facultades y nadie más las ejerció nunca. Sólo usted. Esto no es una opinión sino un hecho: esto lo dicen los Estatutos y las actas de EMARSA", ha afirmado.

   Además, Crespo "ostentaba la representación de la Sociedad, dirigía sus actividades, recibía información completa y detallada del Gerente", ha añadido.

   Marí, además, ha subrayado que Crespo debe dimitir "si dijo la verdad e hizo dejación de responsabilidades, ya que no podemos confiar en que no va a seguir haciendo ahora lo mismo". Y también debe dimitir "si mintió porque está ocultando o minimizando a sabiendas de la verdadera gravedad de los delitos presuntamente cometidos".

El juez Pedreira levanta el secreto total del sumario del caso Gürtel

MADRID.- El juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, ha dictado un auto en el que acuerda levantar la práctica totalidad del secreto del sumario que pesa en las actuaciones del proceso penal que implica a varias administraciones del PP, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

   No obstante, no será hasta el próximo día 5 de diciembre cuando las partes tengan acceso a la documentación por el procedimiento actualmente establecido. Fuentes jurídicas han indicado que previsiblemente el acceso se haga efectivo el primer día laboral, que sería el próximo 7 de diciembre.

   En un auto el magistrado acuerda el levantamiento de la prórroga del secreto con efectos de 29 de noviembre, "alzándose el secreto de las piezas que hasta la fecha permanecían secretas acordándose solamente la prórroga del secreto del auto de 21 de octubre de 2010 por el plazo de un mes.

   En la resolución, contra la que cabe recurso de apelación, el magistrado esgrime que el mantenimiento del secreto en este caso estuvo justificado por "el trabajo ingente, que supuso escanear los documentos, investigar los posibles delitos, tomar declaración a los numerosos imputados y practicar numerosísimas diligencias".

   Recalca que "no sólo el magistrado-instructor, sino también la Sala de lo Civil y Penal del TSJM y la Sala segunda del Tribunal Supremo estimaron justificado el mantenimiento del secreto".

   Asimismo, insiste en que "se ha tratado de garantizar el éxito de la investigación sumarial evitando la destrucción o manipulación de fuentes de prueba". "La investigación no solamente ha servido para imputar, sino también para levantar la imputación de varias personas", añade el juez.

   Precisa que "la jurisprudencia del Tribunal Supremo estima que el derecho de la defensa a la publicidad relativa del sumario no es subsumible en el derecho fundamental a un proceso público del artículo 24.2 de la Constitución Española".

   Además, pone de relieve que el Tribunal Constitucional ha establecido que "la concesión de la prórroga al secreto instructorio no infringe el derecho a la defensa".

   Entre las piezas se encuentra la que investiga los contratos de la Comunidad de Madrid con las empresas implicadas en la trama de corrupción y la supuesta financiación del PP a través de la fundación Fundescam.

   Otra de las piezas se refiere a las intervenciones de las comunicaciones en la prisión de Soto del Real entre los imputados encarcelados, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, y sus abogados.

   El pasado 25 de marzo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM acordó anular todas las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los abogados y sus clientes. Esto dio lugar a un incidente de nulidad que forma parte de una pieza separada en el que los abogados vienen reclamando la nulidad parcial o total de la causa al estar muchas partes contaminadas por las escuchas anuladas.

   Otra de las piezas separadas se refiere a la que investiga la supuesta financiación irregular del PP a través de la fundación Fundescam en los años 2003 y 2004. En aquellos años, Pío García Escudero estaba al frente de la formación, siendo sustituido el 30 de noviembre de 2004 por la actual presidenta, Esperanza Aguirre.

   Fuentes jurídicas indicaron que esta pieza se desgajó a raíz de tres denuncias interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción, el abogado del PSM y la defensa de una diputada de IU.

   Otra de las piezas abiertas trata lo relativo a los contratos de la Comunidad de Madrid con empresas relacionadas con la red Gürtel, así como la facturación del Gobierno regional y otras administraciones municipales gobernadas por el PP con las empresas del Grupo Rafael..

Feria Valencia comunica al comité de empresa que estudia presentar un ERE para reducir costes salariales

VALENCIA.- La dirección de Feria Valencia comunicó el pasado viernes a los miembros del comité de empresa que estudia presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ante la necesidad de reducir los costes salariales de la institución, aunque no les facilitó ningún otro detalle relativo al número de afectados, medidas o condiciones en que se aplicaría dicho expediente.

   Así lo han señalado fuentes sindicales, quienes han apuntado que la empresa les ha facilitado un informe sobre la situación económica en que se encuentra tras la fuerte caída de facturación registrada en 2009 y la puesta en marcha de un plan de ahorro a lo largo de este ejercicio, que señala en su diagnóstico que Feria Valencia "tiene que reducir sobre todo los costes de personal y los costes financieros, además del gasto con los proveedores".

   Desde Feria Valencia, únicamente han confirmado que el pasado viernes se produjo una "reunión de carácter ordinario" entre la dirección y la representación sindical de la plantilla, que se enmarca "dentro de las reuniones que son habituales en la casa".

   Los sindicatos han coincidido en la conveniencia de "negociar cualquier medida que se vaya a aplicar" y, en concreto, han reclamado que la dirección acceda a buscar "soluciones negociadas" para "evitar despidos traumáticos" con la representación sindical de los 320 trabajadores, tales como "plantear prejubilaciones voluntarias a los cerca de 40 trabajadores que tienen entre 60 y 65 años".

   CGT, que cuenta con tres representantes en el comité, ha señalado en un comunicado que la empresa "sólo ha presentado un informe económico en el que no concreta cómo sería el ERE" y les ha emplazado a una reunión que tendrá lugar el próximo jueves.

   Por el momento, el sindicato permanece "a la espera" de que la empresa "presente más datos sobre la situación de la compañía" y les "informe sobre el ERE anunciado".

   En cualquier caso, ha manifestado su oposición a "cualquier medida que suponga despidos traumáticos de trabajadores" y ha reivindicado que "antes de acometer un ERE, hay medidas que pueden ser negociadas siempre y cuando no supongan un perjuicio para la plantilla".

   Desde la Federación de Servicios (FeS) de UGT-PV, a la que pertenecen tres miembros del comité de empresa, han constatado a Europa Press que la dirección "únicamente comentó la posibilidad de plantear un ERE, pero sin aportar ningún otro detalle".

   Así, han indicado que si bien "es pronto para hacer cualquier valoración hasta conocer más datos", han avanzado que centrarán sus esfuerzos en "apoyar medidas negociadas para lograr evitar despidos traumáticos". 

"Lo importante es ver qué presentan y después, conseguir que se abra un periodo de negociación", han recalcado.

   Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos (Comfia) de CCOO-PV, José Miguel Mandingorra, ha apuntado que "el viernes, sólo comunicó que probablemente se iba a hacer un ERE, pero sin explicar de qué tipo ni a cuántas personas podría afectar".

  Ha indicado que este lunes les han entregado "un dossier en el que se habla de la situación en cuanto a ingresos y costes y se recalca el ahorro que tiene que hacer la empresa sobre todo a nivel de salarios, aunque también debe reducir costes financieros derivados de los intereses que adeuda a distintas entidades y recortar el gasto con los proveedores".

   En opinión de CCOO-PV, que acaba de incorporarse al comité y cuenta con un representante, convendría "estudiar otras medidas antes de recurrir a un ERE, como por ejemplo dejar algunas de las muchas subcontratas que tiene la Feria, con lo que se evitaría perjudicar a la plantilla".

   A la espera de conocer más datos, Mandingorra ha apuntado que "también se podría acordar una salida voluntaria de los cerca de 40 trabajadores que tienen entre 60 y 65 años, siempre que ellos estuvieran de acuerdo, para evitar perder puestos traumáticamente".

Alarte hace "responsable político" a Rajoy por "asentimiento" y a Camps por "acción" de la querella de Luna

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha hecho "responsable político" --de la querella contra Ángel Luna por la reforma de su piso-- al presidente del PP, Mariano Rajoy, por "asentimiento" y al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por "acción", porque "él es el único responsable de este ataque antidemocrático".

"Debería salir y asumir la responsabilidad democrática y de paso irse. Pero en eso no tenemos ninguna confianza" ha lamentado Alarte, que ha añadido que Camps "se irá sólo cuando la gente lo saque democráticamente el 22 de mayo".

   Alarte se ha pronunciado de esta manera en rueda de prensa, en la que ha comparecido también el portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, en relación al archivo de la querella de los 'populares' contra el síndic socialista por un presunto delito de cohecho al considerar que había ofrecido trato de favor al constructor Enrique Ortiz a cambio de que éste se hiciera cargo de la reforma de su casa. El PP "lo único que quería era calumniarnos y, en este caso atacar a Luna"

   El líder socialista ha valorado que el juez "con elegancia" les diga "mentirosos varias veces" a los 'populares" porque señala en su escrito la "inexactitud" de las acusaciones. Por ello, considera que "alguien tiene que asumir que se haya perseguido" a Luna.

   En esta línea, Ángel Luna, se ha mostrado "satisfecho" porque el auto es "concluyente", ya que "desmonta" la versión de la querella al considerar que los delitos que se le imputaban "no pueden ser constitutivos de delito".

"Han intentado callar una de las voces del socialismo y han fracasado", ha apostillado.

    Según Luna, el auto "rebate punto por punto" los argumentos de la querella del PP y "hasta cuatro veces les dice que indiciariamente no se pueden considerar como dádivas los hechos que el PP relata en su querella".

   Por su parte, Alarte ha insistido en que "alguien debe explicar a la gente que se hace responsable de perseguir a Luna". "No es de recibo, en una sociedad democrática, que se persiga por parte del poder y del presidente de la Generalitat a los líderes de la oposición para callarlos y para buscar la impunidad".

   El secretario general ha felicitado a Luna "por la tranquilidad" que supone el archivo y ha remarcado la "confianza más absoluta de todo el PSOE" en Luna y en su "tarea".

   Del mismo modo, Ángel Luna, ha insistido en que la querella del PP "no tenía más finalidad que amedrentarnos" y hacer llegar a los ciudadanos el mensaje de que "todos somos iguales, todos estamos igualmente imputados y todos tenemos problemas con la Justicia".

   Luna ha recordado que el TSJCV rechazó de inicio la acusación de prevaricación, que en el PP "no fueron capaces de defender", pero quedó la acusación de cohecho. Según Luna, el PP le atribuyó este delito "con la secreta intención de que el magistrado, o finalmente la sala, establecieran que había prescripción,  algo que era más que evidente, y no se pudiera entrar en el fondo del asunto" para que le quedara el "sambenito de que había un delito que no se podía investigar".

   Luna ha hecho referencia en este sentido al monólogo que el autor de 'Gomorra' Roberto Saviano, realizó en la televisión italiana bajo el título 'La máquina del fango', en el que "se pone de manifiesto como el poder político pone en marcha una máquina para destruir la imagen de los que preguntan y quienes defienden la democracia". A su juicio, "alguien en la Comunitat Valenciana decidió poner en marcha la máquina del fango pero no les va a servir", ha advertido.

El TSJCV archiva la causa de la reforma de Luna al declarar que el presunto delito de cohecho ha prescrito

VALENCIA.- El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que instruye la causa abierta contra el portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, en base a la querella presentada por seis diputados autonómicos del PP, ha declarado la prescripción del presunto delito de cohecho, y por lo tanto ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo de la causa, según ha informado el tribunal en un comunicado. 

   Los 'populares' presentaron una querella contra el síndic socialista al considerar que había cometido un delito de cohecho al dar un supuesto trato de favor, cuando ocupaba la Alcaldía de Alicante, al constructor Enrique Ortiz a cambio de que éste se hiciera cargo de las obras de reforma de su casa.   

   Según ha explicado el TSJCV, una vez planteada por el Ministerio Fiscal la prescripción del presunto delito de cohecho, el único por el que fue admitida la querella de los diputados del PP, esta cuestión debía ser examinada y resuelta por el magistrado instructor con carácter preferente y previo a cualquier otra, ya que la prescripción de los delitos extingue la responsabilidad penal (art. 130.5 del Código Penal), lo que impide cualquier otra investigación acerca de la existencia y calificación de los delitos y personas a las que afecta.

   Asimismo, ha señalado que contra esta decisión del magistrado instructor caben recursos de reforma y de apelación.

Habrá recurso del PP

El PP ha anunciado que recurrirá la decisión del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) Juan Climent de archivar la causa abierta contra el síndic del PSPV en las Corts Valencianes, Ánegl Luna, tras la querella interpuesta por seis diputados del grupo 'popular' contra él por un presunto delito de cohecho al considerar que había ofrecido trato de favor al constructor Enrique Ortiz a cambio de que éste se hiciera cargo de la reforma de su casa. 

   El grupo parlamentario 'popular' ha considerado en un comunicado que es "sorprendente, por inusual, la prisa que se han dado el fiscal y el magistrado instructor en pedir el archivo por prescripción y en acordarlo" y ha señalado que ninguno de ellos ha pedido a la acusación su opinión "sobre la eventual prescripción". 

   El PP, que ha subrayado que "ni siquiera" conoce el escrito del fiscal, ha indicado que el auto "cierra la investigación y, por ende, impide conocer la verdad de las relaciones entre Luna y el empresario Enrique Ortiz".

"Hay que recordar que Luna, en su etapa como alcalde de Alicante, adjudicó a Ortiz contratos por valor de 1.200 millones de pesetas, y que una vez dejó la alcaldía pasó a trabajar para este empresario, que realizó diversos actos patrimonialmente beneficiosos para Luna y su familia. Es un hecho insólito", ha añadido el grupo parlamentario en el comunicado.

   Para el PP, "Luna debería ser el primer interesado en que no se archive el caso con el fin de que se esclarezcan los hechos" y ha recalcado que actualmente, el síndic socialista "no ha aclarado las contradicciones en que incurrió durante su declaración y en las semanas previas" ya que, según el PP, el portavoz del PSPV en las Corts "ha pasado de decir que pagaba sus facturas, a que las pagaba directa o indirectamente, que las abonó con su mujer y finalmente que fue sólo ella quien pagó la reforma. Todo ello sin una sola prueba".

   En esta línea, según el PP, "si bien el fiscal y el magistrado instructor consideran que el delito que habría podido cometer Luna es el previsto por el artículo 425.1 del Código Penal", que prescribe a los tres años, los querellantes entienden que el delito cometido es el del artículo 420, "que no exige que el acto por el que se recibe el regalo o la promesa sea delictivo, sino simplemente injusto. Y este delito prescribe a los diez años".

   Asimismo, han añadido que el fiscal y el magistrado instructor "dan relieve al hecho de que la vivienda no sea propiedad de Luna y a la factura relativa al coche". Para la acusación, "el delito de cohecho existe aunque se beneficie del mismo una persona distinta del corrupto, como su cónyuge, en tanto que la factura no demuestra nada sin ser corroborada por otros medios de prueba, como los documentos relativos a su pago o a su contabilización y declaración a la Agencia Tributaria por Enrique Ortiz".

   El PP subraya que si el magistrado instructor y el fiscal "tenían tan claro cuál era el delito cometido y que éste estaba prescrito", "¿por qué acordaron y permitieron, respectivamente, la declaración de Luna?", se pregunta, ya que afirma que la prescripción se podía haber apreciado sin necesidad de que el síndic del PSPV declarara ante el TSJCV.

   El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que instruye la causa contra Luna ha declarado la prescripción del presunto delito de cohecho, y por lo tanto ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo de la causa.