El juez archiva la querella contra el presidente de Marina d'Or por el PAI de los campings de Oropesa

CASTELLÓN.- El Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón ha archivado la querella interpuesta contra el presidente del grupo Marina d'Or, Jesús Ger, por la aprobación del PAI de los campings en Les Amplaries de Oropesa del Mar, según informaron en un comunicado fuentes de dicho grupo empresarial.

El auto de archivo, fechado el pasado 5 de noviembre, hace constar que "no se ha presentado ninguna prueba de que el presidente del Grupo Marina d'Or, Jesús Ger, haya incurrido en el supuesto tráfico de influencias del que le acusaban los querellantes ni en ningún otro delito", indicaron.

El auto declara asimismo que la aprobación del PAI "no constituye ninguna resolución caprichosa ni infundada".

En particular el juzgado de instrucción número 2 destaca que cuando el ayuntamiento desoyó el informe de la Dirección General de Costas que exigía el derribo del edificio de apartamentos Kiwu, la corporación municipal oropesina "no incurrió en ningún delito por negarse a ese derribo, puesto que existían razones para oponerse a él, y dicho informe de Costas no era vinculante --el edificio se construyó con licencia y no se encuentra en la zona de dominio público marítimo-terrestre--", añadieron.

Además se ha acreditado, según Marina d'Or, que la mayoría de vecinos y propietarios del edificio, con excepción del querellante, "se oponían al derribo de sus casas".

El querellante es el dueño del camping ubicado tras el edificio Kiwu y dicho camping se hubiese convertido en solar edificable en altura mediante el citado derribo, apuntó el grupo empresarial.

Según Marina d'Or, el querellante, los señores Sanchis Vanhaverbeke, "está asociado con la empresa constructora PABRAMA, que perdió el concurso de adjudicación del PAI precisamente por proponer dicho derribo, y la esposa del querellante, señor Sanchis Vanhaverbeke, trabajaba como funcionaria de la Dirección General de Costas".

El grupo Marina d'Or está estudiando el ejercicio de acciones legales contra los denunciantes y otras personas por "falsa denuncia y otros motivos", pues --según destacó-- "el daño producido por la querella es importante, ya que muchos medios de comunicación, sobre todo en internet, se hicieron eco de la noticia sin advertir que el juzgado, si bien aceptó examinar la denuncia, nunca respaldó su contenido que ahora, además, ha rechazado de plano".

El Grupo Marina d'Or entiende que la denuncia fue "un caso de instrumentalización irresponsable de la justicia penal para intereses particulares, buscando crear una infundada alarma social como indebida arma de presión para fines privados".

Asociaciones valencianas pedirán una audiencia al juez Garzón y ampliar las investigaciones a cinco fosas

VALENCIA.- El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica y el Grupo de Desaparecidos de 'La Gavilla verde' anunciaron hoy que se personarán en la causa del juez Baltasar Garzón, a quien además, pedirán una audiencia y le invitarán a venir a Valencia con un grupo de expertos para que puedan comprobar por sí mismos la situación de las fosas en esta zona.

Así lo explicaron hoy en rueda de prensa el coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, y el presidente del de 'La Gavilla verde', Pedro Peinado, quienes revelaron que, este año y en 2009 prevén trabajar en cinco fosas de la Comunidad Valenciana, situadas, según dijeron, en Albalat dels Tarongers, Banagèber, Alpuente y Portaceli, y pidieron que se investigue la sección 5ª derecha del Cementerio General de Valencia, junto a las "ya conocidas", 7ª derecha y 5ª izquierda, incidieron.

Además, adelantaron que están investigando la posible existencia de otra fosa en Paterna.

Ambas organizaciones criticaron la "inquietante" actitud de la Fiscalía, después de que solicitara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la paralización --acordada el pasado 7 de octubre-- de las exhumaciones de todas las fosas comunes de la Guerra Civil autorizadas tanto por el juez Garzón, así como por su sustituto en el Juzgado Central, Santiago Pedraz "a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación".

En este sentido, Matías Alonso apuntó que con el recurso de Fiscalía "vemos un intento de apartar al único juez que no ha entrado en el tema" para resolver la situación de los familiares de desaparecidos "cuya herida se abrió hace años" y han encontrado en Garzón "esperanza de que un poder efectivo del Estado pudiera cerrar su herida".

Ante esta situación, calificó de "escándalo jurídico" el fundamento jurídico de la resolución adoptada por la Audiencia Nacional para paralizar las exhumaciones.

En este sentido, vio como una "falta de respeto a los desaparecidos" que no se consideren 'urgentes' las excavaciones, algo "inaplazable para no seguir vulnerando ni un minuto más el derecho de reparación moral y de recuperación de memoria personal y familiar".

En este punto, señaló también que "la edad de muchos demandantes obliga a la tramitación urgente de todo el proceso".

Por otra parte, respecto al tema de si el juez Garzón es competente o no para instruir la causa, Pedro Peinado recordó que aunque se le declare incompetente no se verían afectadas las aperturas de fosas y las inhumaciones que se hayan realizado, pues los Jueces de Instrucción de cada demarcación tienen la "obligación legal" de rectificar dichas actuaciones y ordenar su continuación.

Con lo que si se para el proceso iniciado por Garzón "acudiremos a los jueces de instrucción que corresponda con las denuncias" de posibles entierros ilegales o fosas ilegales, advirtió. "Si no nos hacen caso iniciaremos las excavaciones, con el riesgo que ello conlleva, y si encontramos algo, volveremos a presentar la denuncia ante el mismo juez", insistió.

No obstante, por el momento, "vamos a esperar qué ocurre con el auto del juez Garzón". Aunque, en caso de que se le declare incompetente, desde la organización, "nos presentaremos a las ayudas que concede el Ministerio" para iniciar los trabajos en las fosas, puntualizó.

Además, distinguió que dentro de las peticiones de los familiares de los desaparecidos, hay quienes piden exhumar los cuerpos y otros sólo un memorial y saber donde están, "tener la certeza de que allí yacen los suyos cuando va a llevar flores".

Según Peinado, "la Transición perdonó a los verdugos pero eso no quiere decir que tengamos que conformarnos con el olvido de los justos", sentenció.

Así, reclamaron a las fuerzas políticas parlamentarias que soliciten la comparecencia del Fiscal General del Estado para responder por la políticamente por la actuación del Fiscal de la Audiencia Nacional, al tiempo que instaron a la Generalitat valenciana a realizar un mapa de fosas comunes de la Comunidad Valenciana, tal y como se hace en otras autonomías.

Renault y Ford exigen "acción" al Gobierno y un plan de rescate para el automóvil como el de la banca

BARCELONA.- Los presidentes de Renault y Ford en España, Juan Antonio Fernández de Sevilla y José Manuel Machado, respectivamente, exigieron hoy al Gobierno "acciones" concretas para apoyar al sector de la automoción y apostaron por ayudas como las que ha recibido la banca, si es necesario.

En su intervención en la 23ª edición de las jornadas de automoción en el Iese en Barcelona, Fernández de Sevilla manifestó que, después de un plan Vive que "no sirve para nada", la Administración debe "acercarse a la industria" para abordar la problemática como ya han hecho otros países (en alusión al plan de rescate al sector llevado a cabo por Estados Unidos).

Recordó que España, que tiene todas sus factorías en manos de grupos extranjeros, es el país que afronta en una posición "más débil" la previsible caída de la producción de vehículos no sólo este año sino también el próximo. "Los centros de decisión están fuera", advirtió el responsable de Renault, y apuntó a que esto debe ser considerado como un "dato negativo dentro del problema".

No obstante, aseguró que la competitividad de las plantas españolas frente a las de otros países fabricantes en Europa "está fuera de duda". El problema de España, añadió, es el diferencial de inflación que persiste con la media europea y la madurez de los mercados a los que se dirige su producción, lo que impide su crecimiento.

Por su parte, Machado apostó por que se diga claramente que el Plan Vive, para fomentar la renovación del parte automovilístico, "no funciona en absoluto", y así actuar para afrontar una previsible caída de 1,5 millones de vehículos producidos en Europa el próximo año. "Debemos preguntarnos quién se quedará sin producir la mayor parte de estos coches", apostilló.

El responsable de Ford aseguró que lo que hay que hacer "está claro" porque los problemas de la industria española son "evidentes", y apostó por orientar los esfuerzos a potenciar el mercado doméstico a través de acciones que mejoren los problemas logísticos (como el corredor mediterráneo), reducir el diferencial de inflación y los problemas de financiación en toda la cadena que "alteran la estabilidad de los fabricantes".

El presidente de Renault España subrayó que el modelo a seguir por España no es el inglés, sino el ejemplo de Alemania, y la labor que desarrollan sus autoridades "en defensa de la preservación de su industria". Así, añadió, se evitará que, una vez superada la coyuntura actual, "se vea en el camino el solar de lo que había sido una factoría de automóviles".

Para ambos directivos las voluntades del gobierno español deben llevarse a la práctica con celeridad y aseguraron que, además de las industrias --cuya producción cae un 10% este año-- debe tenerse en cuenta a toda la red de concesionarios.

"Ninguna empresa aguanta con caídas del 40%", insistió Fernández de Sevilla.

La irrupción en el panorama de nuevos países emergentes que se incorporan al mercado de "las cuatro ruedas" con grandes crecimientos potenciales como China, India, Rusia o Brasil obliga a los grandes grupos a tomar posiciones en esos lugares, según Fernández, que aseguró que, en este punto, la posible producción del coche eléctrico en España "cobra todo su sentido".

Advirtió de que la Administración debe apostar por el vehículo eléctrico porque que "a medio plazo el futuro pasará por esto", por lo que invitó a poner "el dinero necesario" si el Ejecutivo quiere verlo "no sólo circular, sino sobre todo fabricar" en España.

El Pleno del CGPJ aprueba las medidas de refuerzo de los Juzgados Mercantiles

MADRID.- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó hoy las medidas de refuerzo de los Juzgados de lo Mercantil de toda España, con las que tratarán de agilizar la carga de trabajo que acumulan desde su creación en 2004, incrementada por la crisis económica.

Durante la rueda de prensa posterior a la votación, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, explicó que las medidas aprobadas "se basan en la necesidad de ampliar el número de órganos de lo Mercantil, porque los que hay no son suficientes para la carga de trabajo que se espera".

El máximo órgano de los jueces dio el visto bueno al informe 'Estudio sobre medidas a corto y medio plazo para dar tratamiento adecuado a la carga de trabajo de la jurisdicción mercantil', que plantea nueve medidas a corto plazo y tres a medio plazo.

Entre las medidas aprobadas, destaca la creación "provisional, mientras dura la actual situación económica", de un Servicio Común Mercantil o, en su caso, una Oficina de Tramitación Mercantil en cada provincia, ya que 31 de las 57 provincias españolas no poseen Juzgados Mercantiles.

Bravo afirmó que se trata de "una batería de propuestas para dar respuesta a la carga de trabajo que tiene la jurisdicción mercantil". Los Juzgados de lo Mercantil esperan un aumento de las causas por despidos y de los concursos de acreedores, que necesitan una "rápida" resolución.

Las propuestas a corto plazo, previstas para finales de año, cuentan con la creación de un Servicio de Mediación entre Empresas y Acreedores que permitiría resolver los conflictos de naturaleza mercantil sin intervención judicial.

También destaca la constitución de servicios comunes mercantiles u oficinas de tramitación para facilitar los concursos de acreedores ante la previsión de que se tripliquen en 2009 respecto a este año, según el CGPJ. Así como el desvío de causas a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

Asimismo, aprobaron establecer enjuiciamientos rápidos o abreviados destinados a materias de poca complejidad procesal, la constitución provisional de los llamados 'Juzgados Bis' y la contratación de personal con formación en materia mercantil.

Las propuestas a medio plazo incluyen la anticipación de la entrada en funcionamiento de los órganos judiciales proyectados para la jurisdicción mercantil, cuyo desarrollo lleva a cabo el Ministerio de Justicia.

La convocatoria de pruebas de especialización mercantil, con periocidad anual o, como máximo, bienal y el incremento de las plantillas de los órganos judiciales mercantiles, creados con posterioridad a 2004.

Las provincias con más Juzgados Mercantiles son Madrid con siete y Barcelona con seis, que se verán incrementados con dos más respectivamente, ya aprobados.

En tercer lugar, se encuentran Valencia, Vizcaya, Alicante, Asturias, Pontevedra y Baleares con dos y, por último, las provincias que cuentan con uno son Guipúzcoa, Tenerife, Castellón, Navarra, Sevilla, Cádiz, La Coruña, Murcia, Zaragoza, Málaga y Las Palmas.

Morgan Stanley incorpora a Banco de Valencia a su índice MSCI

MADRID.- Morgan Stanley ha incorporado a Banco de Valencia a su índice global MSCI ACWI ('Investment All country World Indexque'), que mide la evolución de las compañías que cotizan en las bolsas de los 48 países en los que está presente, informó la entidad financiera española.

El índice del banco de inversión estadounidense es un indicador de 'free-float' y está diseñado para medir la equidad del funcionamiento del mercado de los países desarrollados y de los mercados emergentes.

En su revisión de hoy, Morgan Stanley Capital Investment ha incorporado 66 nuevos valores, entre los que está incluido el banco valenciano, mientras que 128 valores han quedado fuera del mismo.

Banco de Valencia, presente en el EuroStoxx600 desde junio 2003 y en el índice Ibex Medium Cap desde enero de 2007, cerró los nueve primeros meses del presente ejercicio con un beneficio neto de 118 millones de euros, un 12% más que en el mismo periodo del año anterior.

La compañía señaló que esta inclusión ha supuesto un incremento en la actividad bursátil del valor, durante gran parte de la sesión, que ha supuesto revalorizaciones de dos dígitos.

Montoro dice que se pierde más empleo en las pymes españolas que por los ERE's

MADRID.- El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, aseguró hoy que las destrucción de empelo en las pymes es mayor que la derivada de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de las grandes empresas "y no ha merecido titulares", por lo que exigió al Gobierno una rectificación en sus políticas frente "a la formidable y preocupante destrucción de empleo".

En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, Montoro señaló que "cono todo los respetos a las manifestaciones" convocadas por los trabajadores de Nissan en los últimos días, lo que "está llegando a la calle" son las consecuencias de una "muerte silenciosa" del empelo que ha generado más de 800.000 parados desde enero.

Por este motivo, exigió a los socialistas que apliquen una política de contención del gasto público y de reformas en el mercado laboral y en sectores estratégicos como el energético, en la línea de las medidas aplicadas por el PP durante su etapa en el poder "que tan buenos resultados dieron".

Bruselas presenta la norma para regular de manera "muy estricta" las agencias de 'rating'

BRUSELAS.- La Comisión Europea presentó hoy su propuesta para regular el funcionamiento de las agencias de calificación de riesgos --entre ellas, las tres que dominan el sector, Moody's, Standard & Poor's y Fitch-- tras las insuficiencias detectadas a raíz de las turbulencias financieras. Las agencias de 'rating' han sido acusadas de no avisar a tiempo de los problemas de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos y de tener por ello una gran responsabilidad en la actual crisis.

Para evitar que estos problemas se repitan, las agencias de 'rating' deberán someterse a partir de ahora a reglas "muy estrictas" con el objetivo de garantizar que las calificaciones no se vean afectadas por conflictos de intereses, que las agencias velen de forma constante por la calidad de la metodología empleada y que actúen con mayor transparencia.

Para entrar en vigor, la propuesta de la Comisión debe recibir el visto bueno de la Eurocámara y de los Veintisiete.

El comisario responsable de Mercado Interior, Charlie McCreevy, que siempre ha sido poco partidario de regular los mercados financieros, explicó que en el caso de las agencias de calificación de riesgos es inevitable porque los códigos de conducta voluntarios se han revelado ineficaces.

"Estas normas tan estrictas son necesarias para restaurar la confianza del mercado en la actividad de calificación dentro de la UE", dijo McCreevy.

Subrayó que las propuestas del Ejecutivo comunitario "van más lejos que las reglas existentes en cualquier otra jurisdicción del mundo" y que la UE quiere adoptar un "papel de liderazgo" en este ámbito. De hecho, el refuerzo de los controles sobre las agencias de calificación de riesgos constituye una de las cinco prioridades que se ha marcado la UE para la cumbre del G-20 que se celebrará el próximo 15 de noviembre en Washington.

La propuesta del Ejecutivo comunitario obligará a las agencias de calificación de riesgos a registrarse en la UE para poder ejercer su actividad, lo que permitirá a los supervisores europeos controlar su actuación.

La norma fija también una serie de prohibiciones y limitaciones que las agencias de 'rating' deberán respetar para evitar conflictos de interés. En primer lugar, tendrán que hacer público el nombre de las entidades a las que califiquen y de las que reciban más del 5% de sus ingresos actuales.

Además, una agencia no podrá emitir ninguna calificación o deberá retirar la que haya elaborado si ella misma o sus analistas poseen instrumentos financieros en el banco evaluado o vínculos de control.

Finalmente, las agencias de calificación de crédito no podrán prestar servicios de asesoramiento y consultoría.

Para aumentar la calidad de las calificaciones, el reglamento prohíbe calificar instrumentos financieros si la agencia no dispone de información de calidad suficiente para sustentar su actividad de calificación.

Además, las agencias deberán informar sobre los modelos, metodologías y supuestos fundamentales que sirvan de base para efectuar la calificación y tendrán la obligación de publicar un informe anual de transparencia.

La norma obliga a estas empresas a implantar una estructura interna de revisión de la calidad de sus calificaciones. Sus consejos de administración o supervisión deberán contar, como mínimo, con tres administradores independientes cuya retribución no esté supeditada a los resultados empresariales de la agencia de calificación.

Dichos administradores serán nombrados por un único mandato cuya duración no podrá ser superior a cinco años. Sólo podrán ser destituidos en caso de falta profesional. Uno de ellos, como mínimo, deberá ser experto en seguros y financiación estructurada.

Las agencias de calificación de riesgo estarán controladas por los supervisores nacionales de los Estados miembros donde se registren. No obstante, el reglamento también fija mecanismos de cooperación entre los supervisores de los países de la UE.

El supervisor del Estado miembro de residencia deberá informar y consultar a las autoridades de otros países de la UE a la hora de llevar a cabo su tarea y verificar el cumplimiento de las obligaciones que marca el reglamento.

Las agencias de 'rating' que incumplan estas normas serán sancionadas y podrían llegar a perder su licencia para trabajar en la UE.

Vegara pide calma y dice que el Gobierno "está estudiando" dar ayudas a las pymes

MADRID.- El secretario de Estado de Economía, David Vegara, evitó hoy concretar las ayudas que el Gobierno prevé destinar a las pymes porque, según dijo, aún se están "estudiando". Además, señaló, que "si las hubiera", el Ejecutivo procedería a informar sobre ellas.

En rueda de prensa para valorar el IPC de octubre, Vegara se refirió así a la posibilidad de que el Gobierno aporte una línea de crédito a las pymes de 10.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

En cualquier caso, el secretario de Estado de Economía aseguró que esta medida extraordinaria "no sería una novedad", ya que "una parte muy importante de lo que ha venido haciendo el Gobierno desde el inicio de la Legislatura tiene como objetivo apoyar a las pymes".

"El Gobierno está permanentemente analizando la situación y analizando potenciales iniciativas que faciliten la transición de la economía española en estos momentos más difíciles", concluyó.

Los trabajadores de ONO piden a Corbacho que adopte "medidas legales" para evitar el ERE

MADRID.- Los trabajadores de ONO pidieron hoy al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que adopte las "medidas legales correspondientes" para evitar que se lleve a cabo el expediente de regulación de empleo (ERE) previsto por el operador de cable y que supondría el despido de 1.300 empleados, es decir, un 30% de la plantilla.

Así figura en la carta que cinco portavoces de los delegados sindicales de la compañía han entregado en la sede del Ministerio de Trabajo e Inmigración tras la celebración de una concentración a la que han acudido entre 500 y 600 representantes sindicales, según los convocantes.

En la misiva, consensuada por UGT, CC.OO., CGT, STC y APLI, los empleados de la compañía expresan su rechazo "total y absoluto" al ERE previsto por la compañía y critican que la empresa no haya cumplido con el compromiso adquirido tras la fusión de Auna y Tenaria de no iniciar ningún proceso de regulación de empleo hasta octubre de 2009.

Durante la concentración, el coordinador estatal de UGT en ONO, Jose Luis López, no descartó ningún tipo de acción si el ERE sigue adelante, y recordó que los sindicatos tienen previsto celebrar paros de cuatro horas los días 20, 21 y 24 de este mes, así como dos huelgas de 24 horas durante los días 2 y 9 de diciembre.

Por su parte, el miembro de la ejecutiva de CC.OO. en ONO, Francisco Navarro aseguró que no hay causas "objetivas" que justifiquen el despido de 1.300 trabajadores y descartó los motivos económicos como detonante del ERE porque, en su opinión, los resultados de la compañía correspondientes al último trimestre arrojarán beneficios.

Preguntado por la reciente destitución del presidente de ONO, Eugenio Galdón, el secretario general de la Federación de Transportes y Comunicaciones de UGT, Miguel Ángel Cillero, que también estuvo presente en la manifestación, aseguró que este cambio se ha producido "en el peor momento", y que la nueva dirección, encabezada por Jose María Castellano, tampoco ofrece ninguna garantía a los trabajadores.

Cillero reconoció que los trabajadores tendrán que "hacer esfuerzos" para llegar a un acuerdo con la compañía, pero descartó que vayan a conformarse con la actual cifra de despidos contemplada en el ERE.

"Pedimos también garantías para la gente que se queda, con un plan de viabilidad, una participación en los beneficios, un convenio colectivo, y no nos vale que sea de palabra", añadió.

En Castellón, 1.822 extranjeros podrán cobrar íntegramente la prestación por desempleo para volver a sus países

CASTELLÓN.- El subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo, explicó hoy que, según datos referidos al pasado mes de septiembre de 2008, un total de 1.822 inmigrantes residentes en la provincia de Castellón podrían acogerse al Real Decreto 1800/2008, por el que se desarrolla el Real Decreto-Ley 4/2008 sobre el abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países.

Se trata de una medida a la que tienen derecho los trabajadores extranjeros no comunitarios que se encuentren en España en situación legal, que tengan derecho a percibir o estar percibiendo la prestación por desempleo de nivel contributivo y que sean nacionales de Andorra, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Federación Rusa, Filipinas, Marruecos, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Túnez, Ucrania, Uruguay o Venezuela, según informaron en un comunicado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Para poder acogerse al abono acumulado y anticipado de la prestación contributiva por desempleo será necesario que los beneficiarios de esta medida se comprometan a retornar a su país de origen en el plazo de 30 días naturales y a no volver a España hasta pasados tres años. La solicitud podrá formalizarse en cualquier momento en la oficina de empleo que corresponda al beneficiario.

De los 1.822 inmigrantes no comunitarios que pueden solicitar el abono acumulado de la prestación por desempleo, 1.253 (68,77 por ciento) son de nacionalidad marroquí, 200 proceden de Colombia y 124 de Ecuador.

Según manifestó el subdelegado, "lo que se pretende con esta medida es posibilitar que aquellos extranjeros que lo deseen puedan retornar a sus países de origen percibiendo íntegramente toda la prestación por desempleo a la que tienen derecho para que puedan invertirla y crear riqueza en la tierra que les vio nacer".

Aunque según los datos referidos al pasado mes de septiembre en la provincia de Castellón hay un total de 1.822 inmigrantes que cumplen todos los requisitos para poder acogerse al abono íntegro anticipado por la prestación contributiva por desempleo, la cifra total de beneficiarios extranjeros de prestaciones por desempleo es de 5.076 (un 12,45 por ciento más que el mes anterior y un 140,79 por ciento más que en septiembre de 2007).

De los 5.076 perceptores de la prestación por desempleo, 2.514 son originarios de países comunitarios y 2.562 de países extracomunitarios. 2.135 son rumanos, según las mismas fuentes.

El IPC sube un 0,3% en la Comunidad Valenciana; 0,4 en Valencia y 0,3 en Castellón

VALENCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en la Comunidad Valenciana un 0,3 por ciento durante el pasado mes de octubre con respecto al mes anterior, según los datos facilitados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este incremento, la inflación acumulada se sitúa en la Comunidad Valenciana en el 2,5 mientras que la tasa interanual (últimos doce meses) ascendió al 3,4 por ciento.

Por sectores, destacan el incremento en vestido y calzado (9,7) y enseñanza (2,5),; vivienda (0,2); menaje (0,6); comunicaciones (0,1) y otros (0,2), mientras que los precios bajaron en alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,1); bebidas alcohólicas y tabaco (-0,1); medicina (-0,1); transporte (-2,5); ocio y cultura (-0,4); hoteles, cafés y restaurantes (-0,2).

Por provincias, los precios subieron en Alicante un 0,2 por ciento; en Castellón, un 0,3 y en Valencia, un 0,4 por ciento.

En el conjunto nacional, el IPC subió tres décimas en octubre respecto al mes anterior, pero la tasa interanual cayó nueve décimas, hasta el 3,6 por ciento, gracias al abaratamiento de los carburantes y de algunos alimentos, como la leche, el pan, el pollo o el pescado fresco.

General Motors reducirá su producción en Europa al menos un 20% en 2009

ZARAGOZA.- La dirección de General Motors Europa anunció a los representantes de los trabajadores la necesidad de reducir en al menos un 20% la producción de vehículos en el año 2009. Esta reducción se distribuirá entre las plantas y los modelos de forma "lo más equitativa posible", sin que suponga el cierre de ninguna planta, ni el despido forzoso de ningún trabajador.

Así lo explicó el representante de la planta de Figueruelas, de la comisión reducida del Comité Europeo, Pedro Bona, tras su vuelta de Rüsselsheim (Alemania), donde participó en una reunión con la dirección de la multinacional.

En General Motors España, la reducción supondrá pasar de un producción prevista de 415.000 unidades a 361.000 con la consiguiente reducción de jornada y salario para los trabajadores.

Respecto al lanzamiento de nuevos modelos, Bona dijo que la dirección de General Motors les anunció que mantendrá todos los lanzamientos previstos hasta el año 2012 si consiguen solucionar sus problemas de liquidez, que calculan en 750 millones de dólares (590 millones de euros).

Militantes del PSPV reclaman un cambio para Valencia

VALENCIA.- Volem i podem, grupo de militantes y simpatizantes del PSPV-PSOE en Valencia, quieren renovar el discurso y las dinámicas internas para darle la vuelta al gobierno municipal, en manos del PP desde 1991. Son leales a la organización, pero críticos con unas estructuras que consideran oxidadas y, por ello, presentaron, ante decenas de personas en Blanquerías, sede del partido en Valencia, 35 medidas para abrir el partido a los ciudadanos. Entre los asistentes estaban Francesc Romeu y varios miembros de la dirección provincial del partido, según "El País".

Para predicar con el ejemplo, el grupo quiere que, a diferencia de lo sucedido en el pasado congreso provincial ("un espectáculo para los ciudadanos", dijeron), la dirección entregue los documentos de reflexión del congreso de la ciudad con tiempo para el debate. "No somos una plataforma electoral", aclaró Pepe Reig, uno de sus miembros. "Es prematuro hablar de candidatos", apostilló Berta Chulvi. "Aquí no sobra nadie, pero debemos superar los fulanismos", cerró José Ignacio Pastor.

Piden un debate entre los candidatos a la secretaría general de Valencia, una vez se conozcan, abrir el debate del congreso a los ciudadanos, para que expresen sus opiniones y propuestas en un blog en Internet, el diseño de un plan de trabajo político anual, coordinado por las agrupaciones, que celebrarán asambleas ordinarias cada tres mes. Y sobre todo, insistieron ayer sus portavoces, se trata de "dejar de hablar de los quiénes para hablar de los qué".

Bancaja pondrá en marcha medidas de alerta ante la morosidad

VALENCIA.- Bancaja "pondrá en marcha una serie de medidas con el objeto de establecer herramientas de alerta específicas" ante la morosidad, así como en el recobro, atendiendo las estimaciones de analistas independientes, según las cuales "la situación económica y su reflejo en el incremento de desempleo indican que la morosidad mantendrá la tendencia de crecimiento mostrada en los últimos meses", tal como informó en un comunicado la entidad financiera.

El consejo de administración de Bancaja ha estudiado las líneas generales de actuación para el ejercicio 2009 que serán elevadas a la asamblea de este mes y entre las cuales se encuentran "fidelizar la base de clientes, mejorar la cuota de mercado e incrementar la captación de recursos de clientes".

Asimismo, se marca "priorizar la calidad, solvencia y rentabilidad del activo sobre el crecimiento, con el objeto de incrementar la cuota de mercado dentro de un modelo de crecimiento sostenible que se centrará en los segmentos de particulares, micropymes y empresas".

En otro comunicado, la entidad informaba ayer de que el consejo de administración aprobó en su reunión de hace dos semanas las líneas generales de actuación de la Obra Social para 2009, que se centrarán en las áreas de jóvenes, desarrollo social y cultura.

La entidad precisa que se seguirá potenciando la formación de los emprendedores y se continuarán ofertando becas orientadas a ayudar a ampliar los estudios y experiencia de los estudiantes.

En el área de desarrollo social, la Fundación Bancaja seguirá promoviendo la integración de colectivos vulnerables.

Alarte amenaza con una candidatura alternativa en Castellón tras romper el pacto en Valencia

VALENCIA.- La implantación de la nueva estructura provincial del PSPV, que comenzó a configurarse este sábado, pone en evidencia que los socialistas valencianos siguen en crisis. Dos días después del primer congreso provincial, el de Valencia, la disposición de los dos bloques del partido de cara al siguiente cónclave, el de Castellón (el día 15), atenta contra toda lógica, según "Las Provincias".

El alcalde de Morella, Ximo Puig, cuyo grupo quedó excluido en la cumbre del sábado y ostenta la mayoría de los militantes castellonenses, pide integración. Mientras, el entorno del secretario general del PSPV, Jorge Alarte, quien hizo saltar por los aires el acuerdo en Valencia y tiene escasa capacidad de maniobra en Castellón, amenaza ahora con una candidatura alternativa.

La voluntad conciliadora del por ahora único candidato a la secretaría general de Castellón, Francesc Colomer, contrasta con la posición de la llamada Plataforma Municipalista, que en el congreso nacional del PSPV fue la pata de Alarte en la provincia.

El portavoz de este grupo y de los socialistas en el Ayuntamiento de la capital de La Plana, Juan María Calles, sugirió ayer que los alartistas/sevillistas (la plataforma surgió en inicio alrededor del ex ministro Jordi Sevilla) podrían oponerse al alcalde de Benicàssim si éste no respeta las cuotas.

Textualmente, afirmó que Colomer "puede liderar perfectamente el proyecto del PSPV en Castellón, aunque también podría haber alguna otra candidatura, que, desde luego, no va a ser la mía". Según matizó poco después, se refería a que cualquier militante tiene el derecho y la posibilidad de aspirar a cualquier cargo orgánico, por lo que no podía prever que ninguno lo hiciera.

Pero, acto seguido, comentó que la Plataforma Municipalista espera que el futuro líder provincial "llegue a una solución de consenso y equilibrio territorial y orgánico", en la que los grandes focos electorales estén "convenientemente representados en la nueva ejecutiva".

La postura de los afines a Alarte en Castellón resulta difícil de comprender para los lermistas, que a pesar de todo no cejan en su empeño de llegar a un congreso, el del sábado, que se resuelva de manera tranquila y con el visto bueno general de todos los militantes. A cinco días del siguiente cónclave, el entorno de Ximo Puig ha tomado la iniciativa para que, en lo que a acuerdos se refiere, por ellos que no quede.

Colomer aseguró ayer que su ejecutiva será "de integración" y "sin hipotecas". Ahora bien, lanzó un mensaje a Alarte: no habrá cuotas ni familias. El líder del partido reclama una presencia del 50% en los órganos de dirección provinciales y vía libre para el congreso local de Castellón capital, que se celebrará a partir de diciembre.

Sin embargo Colomer ya había advertido tanto a Alarte como a su padrino, Puig, que haría buen uso de su "autonomía" para configurar su equipo con las personas que creyera convenientes. El también alcalde de Benicàssim ha proclamado, durante su ruta por las agrupaciones de la provincia, que su proyecto no es personal, sino político, y para presentarlo ha organizado un acto el próximo jueves en la ciudad de Castellón al que invitará a "todos los que quieran ir".

Castellón aspira a que un 15% de sus turistas sean británicos

CASTELLÓN.- El Patronato de Turismo de Castellón participa, hasta el jueves en el World Travel Market de Londres para captar nuevos clientes para el sector turístico de Castellón y con la aspiración de lograr que "el 15% de sus visitantes sean británicos con la puesta en funcionamiento del Aeropuerto".

La cita reúne a más de 200 países, 50.000 profesionales y casi 6.000 empresas expositoras, hacen de esta feria, junto a Fitur e ITB Berlín, la más importante del mundo.

En el espacio dedicado a la provincia de Castellón, además de información general y completa de la oferta turística de Costa Azahar, están representados los municipios turísticos de la provincia encabezados por Oropesa del Mar y Peñíscola, así como numerosos empresarios, con una completa agenda de contactos.

Rambla intenta frenar el PAI de Els Mestrets en Castellón y Fabra, acelerarlo

CASTELLÓN.- Los intereses del Consell y del Ayuntamiento de Castellón en el Plan de Actuación Integral (PAI) de Els Mestrets son contrapuestos: mientras el equipo de gobierno municipal que dirige Alberto Fabra estudia cómo salvar el "buque insignia" de sus compromisos electorales, la Generalitat tiene adoptada su decisión, según "El País".

El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, insistió ayer en que la Administración autonómica recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula la aprobación del PAI de Els Mestrets, un programa de más de un millón de metros cuadrados en el que están proyectadas 3.000 viviendas de protección oficial, el centro de convenciones de Santiago Calatrava, la sede de la VIU que diseña Frank Gehry y la ronda norte de circunvalación de la ciudad.

La presentación y resolución de un recurso en el Supremo es una "oportunidad" para la Generalitat que, con unas arcas más que menguadas, tiene la excusa perfecta para demorar las inversiones. El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, consciente de esta posibilidad, ya ha mostrado sus dudas respecto a la presentación del recurso, que supondría demorar, no menos de tres años, el respaldo legal que precisa el proyecto.

Incluso, Fabra ha llegado a plantear la posibilidad de cambiar de ubicación alguno de los grandes diseños planeados para Castellón, lo que precisaría de una nueva tramitación urbanística que, en cualquier caso, podría ser más breve que la espera de la resolución del Tribunal Supremo.

Pero el deseo de Alberto Fabra de sacar adelante sus promesas electorales choca con la intención manifestada por Rambla, que ayer insistió en que "el PAI es perfectamente válido". El vicepresidente añadió: "Creemos que la argumentación del juez es recurrible".

La sentencia no supone la suspensión del acto administrativo por el que se aprobó el PAI, ya que puede ser recurrida en casación ante al Tribunal Supremo. Así, el desarrollo podría seguir adelante pero, en el caso de que finalmente el Supremo ratificara la sentencia del TSJ, el volumen de indemnizaciones que habría que pagar sería millonario. Además, el Ayuntamiento tampoco parece dispuesto a seguir con un desarrollo urbanístico cuando su legalidad está en juicio.