sábado, 29 de enero de 2011

El PP lamenta que "Luna se jacta y vanagloria de haber conseguido eludir por una prescripción la acción de la justicia"

VALENCIA.- El secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes, José Marí Olano, ha criticado hoy que el socialista Ángel Luna "se jacta y vanagloria de haber conseguido eludir por una prescripción la acción de la Justicia".

   Marí Olano se ha pronunciado así en relación al último auto sobre el caso de la reforma doméstica de la casa de Luna, del que ha señalado que es "lo suficientemente explícito como para que se avergüence".
   Así, el dirigente popular ha afirmado que el tribunal "ha entendido que Luna puede haber delinquido, que existen claros indicios de que puede haber cometido un delito de cohecho, pero cohecho del de verdad, no un sucedáneo, cohecho del de meterse dinero en el bolsillo y la reacción del justiciero Luna, en vez de avergonzarse ha sido la de alegrarse".
   En ese sentido, Marí Olano ha señalado que los populares "sabíamos de la poca catadura moral, de la falta de ética y de escrúpulos de Luna, pero ahora sabemos también que es un cínico". 
Para el diputado popular el socialista "representa la cumbre del cinismo, ya que después de pasarse condenando a dirigentes populares durante dos años, calla ante la vergüenza que le supone este auto judicial y saber que ha escapado de la Justicia por los plazos de prescripción".
   El secretario general adjunto del Grupo Popular cree "irónico" que los socialistas se alegren de recibir un auto "que supone un auténtico varapalo y que lo que le está diciendo a Luna es que se ha librado por los pelos pero que su actitud es recriminatoria".
   Así, ha recordado que en el auto se señala que "si se sostuviera que no hay delito, porque no hubo dádiva, no podría hablarse de prescripción", y ha recordado que de ser "pillado a tiempo, Luna hubiera tenido que dejar su escaño en Les Corts y no podría presentarse a concejal ni en el pueblo más pequeño".
   El auto recoge también de forma contundente que no puede "afirmarse ni negarse" la existencia de dádivas, y deja claro que las empresas del mismo empresario al que Luna adjudicó contratos millonarios en su etapa de alcalde de Alicante realizaron un favor, directo o indirecto al dirigente socialista con la reforma de la casa. 
"Aun con todo esto Luna se muestra feliz y sigue hablando de montaje y de mordaza, cuando lo que debería hacer es una reflexión y dejar de creerse el adalid de la democracia y la transparencia, porque su expediente está manchado".

Blasco afirma que la causa archivada de Luna "no representa ninguna exculpación moral"

VALENCIA.- El conseller de Solidaridad y Ciudadanía y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Corts Valencianes, Rafael Blasco, ha afirmado que la causa archivada del 'síndic' socialista, Ángel Luna, "no representa ninguna exculpación moral" porque "no ha podido probar que la reforma de su casa fue hecha por una persona --en referencia al empresario Enrique Ortiz-- a la que le adjudicó contratas en su etapa de alcalde de Alicante por un importe de muchos millones de pesetas". 
 
   Blasco ha hecho estas declaraciones este sábado al ser preguntado por los medios de comunicación sobre la decisión Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de archivar la causa de la reforma de la casa de Luna al haber prescrito, tras asistir al acto de entrega de los Premios Raquel Payá a tres menores que se encuentran cumpliendo medidas judiciales en centros de reeducación dependientes de la Generalitat. 

   Preguntado por las declaraciones en las que el síndic socialista asegura estar "tranquilo", Blasco ha señalado que este síntoma "es una percepción personal que debe tenerla y es respetable". No obstante, ha recordado que Luna, "en estos momentos, está imputado por haber exhibido un informe que está bajo secreto de sumario", una actitud, a su juicio, "antidemocrática".

El PSOE propone que el futuro almacén pague la tasa de residuos nucleares

MADRID.- El PSOE ha presentado una enmienda en el Senado a la Ley de Economía Sostenible (LES) para que el futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares también pague la tasa por la prestación de servicios de gestión de residuos radioactivos generados, de igual forma que ya lo hacen las centrales nucleares.

   En el texto de la enmienda los socialistas plantean una nueva disposición adicional que modifique la Ley de 1997 del Sector Eléctrico, por la que se pide una nueva redacción de la 'Tasa por la prestación de servicios de gestión de residuos radioactivos generados en otras instalaciones', es decir, que todas las instalaciones que manejan residuos nucleares abonen este impuesto con forme al principio de 'quien contamina, paga'.
  En la exposición de motivos, el PSOE argumenta que el objetivo de esta propuesta es simplificar los detalles de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos radioactivos, así como modificar la definición de hecho imponible, sujeto pasivo y tipo de gravamen de la tasa para incluir la financiación de nuevos servicios de gestión de residuos radiactivos, que no están precisados en la normativa vigente.
 El Almacén Temporal Centralizado es una instalación diseñada para guardar en un único lugar el combustible gastado de las centrales nucleares y los residuos de alta actividad que se producen en España.
   Concretamente, la instalación no genera energía, ni es contaminante. Se dispone en superficie y almacenará en seco durante 60 años estos materiales mediante un sistema de espacios modulares. Además, aquí se centralizarán los procesos necesarios para la gestión temporal de todos los residuos radiactivos de alta actividad.
   Hasta ahora los residuos permanecen en las piscinas de las centrales, pero por razones estratégicas y económicas, se ha optado por una solución integral. Por el momento, se está a la espera de que el Gobierno determine qué municipio será el candidato definitivo para ubicar esta instalación nuclear.

Tirado dice que "sólo" ha difundido "cierta información" y que si Blasco la denuncia presentará "todas las pruebas"

VALENCIA.- La portavoz adjunta del Comité Electoral Nacional del PSPV, Clara Tirado, ha señalado este sábado que hasta el momento ha sido "moderada y prudente" y "sólo" ha hecho pública "cierta información" relacionada con los "tejemanejes" del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Corts y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco. Por eso, ha pedido a Blasco que pase "de las amenazas a los hechos" y la "denuncie" para poder presentar "todas las pruebas" ante el juez. 

   En un comunicado, Tirado ha reclamado al conseller que la "obligue" a presentarse ante un tribunal, "como tantas veces ha anunciado a bombo y platillo que va a hacer", porque de esa manera volverá a contar todo lo que ha dicho en sesión parlamentaria. "Cuando tenga que repetir lo que tanto le desagrada oír a Blasco en las Corts, se llevará una desagradable sorpresa", ha asegurado.
   A este respecto, la dirigente socialista ha destacado que, si se diera el caso, aprovecharía la comparecencia ante el juez para "presentar todas las pruebas" que tiene contra el titular de Solidaridad y Ciudadanía.
   "Será una ocasión perfecta para entregar al juez las evidencias que lo implican y demuestran las acusaciones del PSPV", ha apuntado Tirado en referencia "a los tejemanejes de Blasco a través de la Conselleria de Solidaridad y el desvío de fondos públicos". Una medida que, según la parlamentaria, provocará que esa denuncia contra ella se convierta "en una querella contra Blasco".
   La dirigente socialista ha recalcado que, hasta ahora, el PSPV, "por responsabilidad política, ha denunciado la actuación del conseller sin acudir a los tribunales, dejando que la justicia, la policía y los fiscales trabajen libremente, porque confiamos en ellos".
   No obstante, ha anunciado que "hasta este momento" ha sido "moderada y prudente", haciendo pública "sólo cierta información" con el fin de "no entorpecer las investigaciones de la policía y la fiscalía", pero ha advertido de que si Blasco la acaba situando ante un juez "no habrá la más mínima duda" de que "el criminal" es Blasco.
   También se ha referido a la "costumbre" de Blasco "de usar el dinero público para pagar sus batacazos jurídicos".
"Las arcas vacías de la Generalitat lo están un poco más si cabe con cada sentencia por las torpezas de Blasco", ha indicado la dirigente socialista, quien ha añadido que el conseller "persigue a la oposición y a los periodistas, sin importarle las consecuencias", que se traducen en "sentencias perdidas e importantes costas que se pagan con el dinero de todos los valencianos".
   La portavoz adjunta del Comité Electoral Nacional de los Socialistas Valencianos ha dudado finalmente que Blasco le dé "esa oportunidad". "No estamos acostumbrados a que vaya de frente, por lo que es probable que opte por urdir una estratagema más", ha argumentado.
   Ha declarado que la actuación de Blasco es "una táctica de denuncias falsas que establecen que es evidente la diferencia que existe entre el PSOE y el PP". "A Blasco le investiga la Fiscalía y la policía española. A mí, si me denuncia, lo hará el protagonista del caso Calpe y el inspirador de las peores y más repugnantes políticas llevadas a cabo por el Consell de Camps", ha apuntado.
   De igual modo, ha hecho referencia a otras situaciones similares y le ha recordado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que "por más que se empeñe, a él le investiga y le ha puesto ante los tribunales la policía española, la Fiscalía del Estado y jueces de varios tribunales", lo que, en su opinión, es una situación "muy diferente" de la que se encuentran el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, y el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, a quienes persigue "el responsable de la atrocidad del YAK-42, Federico Trillo".

JpD critica que el CGPJ no aborde una profunda renovación de las instituciones judiciales valencianas

VALENCIA.-  Jueces para la Democracia (JpD) ha lamentado este sábado en un comunicado que tras el nombramiento del actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sus vocales no hayan abordado "una profunda renovación de las instituciones judiciales valencianas, desde la perspectiva del mérito y la capacidad, así como desde una apuesta por programas de trabajo transformadores, que pudieran suponer un estímulo para poder afrontar los graves problemas existentes".

   Así, ha constatado que en el ámbito valenciano estas estructuras judiciales, a través de las correspondientes audiencias provinciales y del Tribunal Superior de Justicia, se han caracterizado en los últimos años por una situación de "serio estancamiento y, en muchos casos, por una actitud de complacencia institucional hacia el poder político autonómico".
   A pesar de ello, ha señalado que los nombramientos realizados desde Madrid por el Consejo General del Poder Judicial suponen "un continuismo en la misma línea institucional anterior, sin que los vocales de dicho organismo hayan sido capaces de explicar las razones por las que han preferido no optar por la imprescindible renovación que necesitan las estructuras judiciales valencianas".
   Al respecto, ha señalado que las designaciones efectuadas para la Audiencia Provincial de Castellón, la Audiencia Provincial de Valencia y la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, así como el hecho de que haya quedado desierta la presidencia de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ, "nos muestran la falta de voluntad de que se lleven a cabo experiencias verdaderamente transformadoras, después de tantos años de continuismo".
   "Esta visión no es exclusiva de Jueces para la Democracia, como lo demuestra el hecho de que candidatos independientes que han optado a dichos cargos hayan denunciado que los mismos no se están cubriendo de acuerdo con el principio de mérito y capacidad, sino en función de determinadas componendas políticas, especialmente vinculadas a los intereses de la administración autonómica", ha añadido.
   Todo ello implica que Jueces para la Democracia muestre su "preocupación" por "la falta de sensibilidad" del Consejo General del Poder Judicial "a la hora de afrontar una asignatura que, después de tantos años, vuelve a quedar pendiente en la Comunidad Valenciana".
"Ello debe relacionarse necesariamente con la perplejidad que pueden sentir los ciudadanos al constatar que determinadas causas que afectan a relevantes cargos públicos se dilatan en el tiempo, mientras que la administración autonómica no asigna a los juzgados los recursos necesarios para que puedan llevar adelante su trabajo y, al mismo tiempo, se acostumbra a guardar silencio sobre estas deficiencias desde las instituciones judiciales", ha indicado.
    Por ello, desde Jueces para la Democracia han reiterado su  "apuesta por unos organismos judiciales que actúen desde los principios de transparencia e independencia". Y pedimos al Consejo General del Poder Judicial que "aborde una profunda reforma en la gestión de los nombramientos judiciales, que incida en los principios de mérito y capacidad, y que deje de lado otros criterios ajenos a las necesidades reales en el ámbito judicial".
   Además, ha recordado que "las graves carencias" que afectan a la administración de justicia son "una inversión pública insuficiente, una falta de adecuación de la planta judicial a la litigiosidad real, una alarmante penuria de medios personales y materiales, una insuficiencia de los instrumentos tecnológicos o un modelo obsoleto de organización interna, que no acaba de resolverse con el precario despliegue de la oficina judicial, entre otros problemas". 
"De dichas deficiencias son responsables, en función de sus competencias, tanto el gobierno central como la administración autonómica", ha apostillado.

La crisis financiera era "evitable" y sus causas siguen intactas

WASHINGTON.- El comité gubernamental oficial que investiga las causas de la crisis financiera del país ya publicó su informe final. Al dar a conocer las conclusiones, el Presidente de la Comisión Investigadora de la Crisis Financiera Phil Angelides dijo que la crisis era “evitable” y que fue producto más que nada de la falta generalizada de regulación y de los delitos de las grandes empresas.

Angelides dijo: "Se podría haber evitado la crisis financiera. Seamos claros: esta calamidad fue producto de las acciones, inacciones y errores de juicio humanos, no de la madre naturaleza o de un desbarajuste de los modelos informáticos. 

Los capitanes de las finanzas y los administradores públicos de nuestro sistema financiero ignoraron las advertencias y, lo que es peor, no cuestionaron, comprendieron ni administraron los riesgos cambiantes en un sistema financiero que es tan esencial al bienestar de nuestro país. Esto no se trató de un traspié, sino de grandes fallas".

La comisión informó que había remitido al Departamento de Justicia y a los fiscales generales de los estados las presuntas violaciones de la ley cometidas por figuras y empresas de la industria financiera. El miembro de la comisión John Thompson responsabilizó de la crisis a la conjunción de la desrregulación y la inacción en los ámbitos federales.

Thompson expresó: "Claramente, la Reserva Federal era la encargada de fijar las pautas de los préstamos en este país. Optaron por no actuar. La Reserva Federal de Nueva York ciertamente podría haber supervisado lo que se estaba haciendo en los grandes bancos establecidos en las principales plazas financieras. 

Optaron sistemáticamente por no actuar. Una entidad reguladora tras otra, optaron por no actuar o hacer la vista gorda con respecto a lo que realmente estaba sucediendo. Por lo tanto, se trata menos de personas concretas que de un sentido sistemático de la desrregulación y la inacción de quienes eran responsables de tomar medidas".

Mirando al futuro, el miembro de la comisión Byron Georgiou advirtió que las estructuras básicas del sistema financiero que llevaron al derrumbe siguen firmemente en pie.

Georgiou declaró: "Nuestro sistema financiero no es muy diferente ahora en 2011 de lo que era en el período previo a la crisis de 2006 y 2007. De hecho, la concentración de activos financieros en los bancos comerciales y de inversión más grandes es significativamente mayor ahora que antes de la crisis, como resultado del vaciamiento de algunas de las instituciones y la unión y fusión de otras para conformar entidades más grandes".

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Bruselas publica una guía para aclarar a los ayuntamientos cómo financiar servicios públicos

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha publicado este viernes una guía para aclarar a los poderes públicos de los Estados miembros, especialmente los ayuntamientos, cómo financiar los servicios de interés general respetando las reglas comunitarias sobre ayudas públicas.

   La guía deja claro que la UE no impone un modelo particular de organización de los servicios públicos sino que se limita a exigir que la financiación no sobrepase las cantidades necesarias. En este sentido, precisa cómo atribuir servicios de interés general a empresas privadas y cómo calcular la compensación, según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
   El documento precisa igualmente las condiciones en las que la prestación de servicios sociales puede limitarse a empresas sin ánimo de lucro. Asimismo, resalta que la aplicación de la directiva de liberalización de los servicios no impide a los Estados miembros seguir regulando los servicios sociales para garantizar su accesibilidad y calidad.
   Bruselas ha publicado además este viernes otra guía destinada a ayudar a los poderes públicos a comprar bienes y servicios de manera socialmente responsable y respetando al mismo tiempo las reglas de la UE.

REE inicia el tendido del segundo cable submarino entre la Comunidad Valenciana y Baleares

MADRID.- Red Eléctrica de España (REE) ha iniciado el tendido del segundo de los tres cables submarinos que compondrán la interconexión eléctrica entre la península Ibérica y las Islas Baleares, anunció en un comunicado.

   El barco Skagerrak, uno de los dos únicos del mundo capaces de realizar esta tarea, ha comenzado a depositar en el fondo marino los primeros metros del cable, de 237 kilómetros de longitud, que enlazarán Santa Ponsa (Mallorca) con Sagunto (Valencia).
   La conexión del extremo del cable con el sistema eléctrico de Mallorca se ha realizado con la ayuda de un equipo de buzos, que lo ha acercado a la costa.
   Los trabajos realizados por el Skagerrak son similares a los llevados a cabo por el Giulio Verne durante el tendido del primer cable de la interconexión. Este barco partió de Mallorca el pasado 13 de enero y ya ha completado más de la mitad del recorrido.
   El proyecto Rómulo consiste en la construcción de la primera interconexión eléctrica entre la Península y Baleares. Este enlace, submarino y en corriente continua, se compone de tres cables de 237 kilómetros cada uno que alcanzan una profundidad máxima de 1.480 metros.
   Cuando esté en funcionamiento, la conexión aportará en torno al 25% de la electricidad que se consume en las islas, lo que permitirá diversificar el suministro a las Baleares.

Don Tapscott: "Esto no es una crisis, es un cambio histórico"


BARCELONA.- Tengo 63 años. Nací y vivo en Toronto. Estoy casado y tengo dos hijos. Licenciado en Psicología y Estadística. Soy doctor en Derecho y profesor de gestión. Tengo una empresa de investigación sobre cómo internet cambia los negocios y la manera de gobernar los países.

Esto no es sólo una crisis económica, estamos ante unmomento de cambio histórico: la era industrial y todas sus instituciones se han quedado sin energía.

¿No salva nada?
Periódicos, universidades, corporaciones, gobiernos, educación, sistemas de salud, red de energías..., todo está basado en modelos de la era industrial, y están fallando.

Ha habido otras crisis.
Igual que la imprenta de Gutenberg permitió evolucionar de un modelo agrario a la era industrial con todos sus cambios sociales y de gobierno, internet nos lleva de la era industrial a la digital.

Y todas nuestras instituciones están todavía en el modelo industrial...
Sí, en las universidades se da la educación industrializada: una clase magistral de uno a muchos; como en los medios de comunicación, la producción y distribución masiva, los servicios de salud y la democracia, una élite de políticos y una masa que los elige.

¿Cuál es el nuevo modelo?
Hay cinco principios para construirlo. El primero es la colaboración, modelo opuesto a la jerarquía. Ahora la colaboración se puede dar en una escala astronómica: millones de personas han creado una enciclopedia.

¿Es extrapolable?
Linux, el sistema operativo gratuito, ha sido creado por cientos de miles de colaboradores. La tercera parte de las motocicletas que se fabrican en el mundo son el resultado de cientos de pequeñas compañías que se encuentran para colaborar.

Segundo principio.
Apertura y transparencia.

Eso va en contra de las maneras de hacer de los gobiernos del mundo.
Sí, pero la luz es un buen desinfectante. Todo el mundo está preocupado por Wikileaks, que es sólo la punta del iceberg. Hay muchas cosas feas dentro de los gobiernos y las corporaciones, y cuando salen a la luz evolucionan para mejor.

Tercero.
Interdependencia, los negocios no pueden triunfar en un mundo que está fallando. Si España no pagara su deuda soberana, el euro en su conjunto se hundiría y llevaría al mundo entero a la depresión.

Cuarto.
Compartir la propiedad intelectual, que ya no es necesaria. The Guardian ha liberado todas sus ediciones pasadas, IBM entregó 400 millones de dólares en software a Linux, que se encarga de desarrollarlo con voluntarios y de paso IBM aprovecha para desarrollar un negocio multimillonario de hardware ligado a este nuevo software. Compartir es crear riqueza.

Cinco.
La integridad. Las instituciones del mundo en el que vivimos no han sido construidas sobre la integridad.

Ya.
La falta de integridad de los banqueros casi destrozó el modelo capitalista en su totalidad. El resultado de la falta de honradez de los banqueros de Nueva York es un 40% de desempleo juvenil en España.

El modelo capitalista está basado en la ley del más fuerte y el más listo.
Ese es el capitalismo de la era industrial y no volverá. Muchas corporaciones se están viendo obligadas a la transparencia y están mejorado gracias a ella.

¿Cuáles son los ejes del cambio?
La comunicación global: internet; las nuevas generaciones, que son nativos digitales; la revolución social, a través de las redes sociales, y los emprendedores.

Las empresas ¿también cambian?
Hasta ahora el talento estaba dentro de las instituciones. Procter & Gamble tiene 700 químicos contratados, pero el 50% de sus innovaciones viene de comunidades de internautas. Las empresas están dejando de seguir modelos piramidales.

Hablemos de gobiernos.
Todos están en crisis. El Gobierno español, por ejemplo, les sale a los españoles carísimo, y no digamos la sanidad.

¿Alternativas?
Yo como gobierno tengo muchísima información y voy a publicar datos brutos. Por ejemplo, estadísticas de crímenes, emisiones de gas en las casas, actividades de emprendedores y otras muchas categorías.

Bien.
Proveyendo toda la información tienes a ciudadanos y empresas que pueden organizarse para crear valor público. Me reuní con el alcalde de Melbourne porque tenían un problema de accidentes de bicicleta. Simplemente le propuse que publicara en internet todos los datos que tuviera sobre ese tipo de accidentes.

¿Y?
En 24 horas alguien creó una página web con el mapa de los lugares con más riesgo de accidente; y a esta le siguieron muchas otras. En una semana estaban salvando vidas con un coste cero para el gobierno.

La idea es un gobierno plataforma.
Sí, que libera información permitiendo al mundo organizarse autónomamente para crear valor público con la iniciativa del ciudadano. Hay que revisar la democracia.

Sí, pobre.
El voto de los jóvenes está bajando en todo el mundo y no es un tema de falta de valores, es el momento de la historia en que el voluntariado de los jóvenes es más alto. Quieren participar y ellos son el futuro.

Esperanza

Acuñó el concepto 'economía digital', es una autoridad en cómo las tecnologías de la información cambian las empresas, el gobierno y la sociedad. Miembro del Foro Económico Mundial, dirige programas de investigación y educación, y es consultor de diversos gobiernos. Su idea fundamental es que a pesar de la crisis hay espacio para el optimismo. "En todos los rincones del mundo y en todos los sectores, un nuevo modelo de innovación económica y social está arrasando. La gente con dinamismo, pasión y pericia toma ventaja de las nuevas herramientas web". Dos de sus libros, Wikinomics (superventas en EE.UU.) y Grown up digital (La era digital), están traducidos al español.

El TSJCV archiva la causa abierta contra Ángel Luna aunque ve indicios de delito


VALENCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha archivado la causa abierta contra el portavoz del PSPV en las Cortes valencianas, Ángel Luna, por un supuesto delito de cohecho propio, en relación con la reforma realizada en su vivienda de Alicante, según consta en un auto facilitado por el TSJCV.

   De esta manera, el tribunal ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el PPCV contra la decisión que adoptó el magistrado instructor el 23 de diciembre de 2010, cuando rechazó un recurso de reforma presentado también por este partido contra el archivo de la causa. En su último recurso, los populares exponían, entre otros argumentos, que era improcedente la declaración de prescripción, puesto que aunque se admitiera la posibilidad de que ésta se decretase en cualquier momento de la instrucción, "esto debe ser de modo excepcional".
   Además, este partido planteaba, tal y como hizo en su recurso anterior, que los hechos referentes a las pretendidas dádivas a Luna podrían incardinarse en el artículo 420 del Código Penal --y no en el 425, tal y como se ha hecho, con una prescripción de tres años--, caso en el que la prescripción no se habría producido. Con ello, pretendían que no se excluyera que "las dádivas recibidas fuesen promesa de recompensa por los actos injustos del querellado no constitutivos de delito, relativos al ejercicio de su cargo como alcalde de Alicante".
   El TSJCV, tras estudiar estos argumentos, ha indicado, en un auto con fecha de 27 de enero de 2011 --contra el que no cabe recurso--, que no es preciso realizar una investigación exhaustiva antes de cuestionarse si existió o no prescripción del delito, y añade que en este caso "existen indicios", ya advertidos en la admisión de la querella y concretados en la limitada actividad investigadora, "para admitir que los hechos pudieran llegar a calificarse de delictivos, no ya en abstracto, sino con referencia a alguno de los tipos del cohecho" contemplados en el Código Penal.
   Respecto al artículo que se le podría imputar --por el asunto de la prescripción-- el tribunal mantiene que debe ser el 425. Para llegar a esta última conclusión se fundamenta en que en la querella no se imputan a Luna hechos concretos y determinados, es decir, que él realizara adjudicaciones individualizadas de obras. De hecho, lo que se dice en este escrito es que, en la época de su mandato como alcalde, el Ayuntamiento adjudicó a las empresa del empresario Enrique Ortiz parte muy importante de las adjudicaciones, "decenas de adjudicaciones y por centenares de millones de pesetas".
   En este contexto, el tribunal entiende que se está ante el tipo de admitir dádiva como recompensa por algo ya realizado, que es lo que contempla el tipo del artículo 425, de modo que a partir de 1997 Luna empezó a recibir retribución por su anterior actividad en el Ayuntamiento de Alicante. Pero considera que no puede concluirse que se esté ante aquel otro tipo --el 420-- que atiende a recibir promesa por ejecutar un acto injusto, es decir, en recibir la promesa de que se le beneficiará en el futuro por un acto injusto y ya ejecutado, que es el tipo con plazo de prescripción de 10 años.
   Así, estima que no se está ante un acto injusto realizado personalmente por Luna, puesto que en la querella no se le ha imputado ese acto concreto que se individualizaría con una adjudicación injusta de obras. "No tiene sentido pensar que estemos ante dádivas por actos a realizar cuando Luna vuelva a ser alcalde; este es un futurible que no puede tener implicaciones penales, sobre todo cuando la dádiva última se hace en 2002, y era 2010 cuando se formuló la querella.
ORIGEN DE LA CAUSA
   El origen de la causa se encuentra en la querella interpuesta el 24 de septiembre de 2010 por el PPCV contra Ángel Luna por delitos de prevaricación y cohecho, aunque el magistrado instructor tan sólo admitió el último. Admitida a trámite la querella, se tomó declaración al imputado el 22 de noviembre, y éste presentó algunos documentos. Al día siguiente, el ministerio fiscal pidió el sobreseimiento libre con archivo de las actuaciones por la concurrencia de la prescripción del delito de cohecho.
   Seguidamente, el magistrado dictó un auto el 29 de noviembre en el que decretó el sobreseimiento y archivo de la causa. En él, recogía que Luna fue alcalde de la ciudad de Alicante desde 1991 hasta junio de 1995, si bien continuó como concejal hasta 1996, pero ya en la oposición.
   También dice que el síndic socialista fue contratado por Ortiz en la entidad Enrique Ortiz e Hijos S.A. desde el 25 de enero de 1999 y hasta el 15 de junio de 2002. Pero el tiempo transcurrido desde el cese como alcalde hasta la contratación no permite la consideración de dádiva del hecho de la contratación.
   Las obras en la vivienda, no de la titularidad del querellado, pero sí de la entonces pareja o compañera, se realizaron entre noviembre de 1997 y febrero de 1998. El socialista contrajo matrimonio con la propietaria de esta vivienda en el año 1999, así que la circunstancia de la titularidad de la casa "pone en cuestión que quepa hablar de dádiva", consideraba. En consecuencia, entendía que "indiciariamente" y atendida la secuencia temporal de los hechos, no parecía que debía hablarse de dádivas en el sentido penal de la palabra.
   Así, el magistrado entendía que las supuestas dádivas, aún en el supuesto de que se hubieran producido, deberían incardinarse en el tipo del artículo 425.1 del Código Penal y referirse a la recompensa por actos anteriores, los cuales no podrían ser constitutivos de delito, ya que se produjeron entre 1991 y 1995.

El justiciero


El secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Corts Valencianes, José Marí Olano, ha afirmado que es "una verdadera pena que el justiciero Ángel Luna haya conseguido eludir la acción de la Justicia".
   El diputado popular ha afirmado que, pese al rechazo del recurso, el auto "es muy claro y evidencia que Luna mintió, ya que existen indicios de que pudo cometer un grave delito de cohecho, con el único pero de que ya ha prescrito".
   La querella inicial giraba en torno a la reforma doméstica de Luna, que realizó el mismo constructor al que en su etapa como alcalde de Alicante "había adjudicado obras por valor de más de 1.200 millones de pesetas", ha apuntado.
   Marí Olano ha recordado que durante su declaración Luna "no pudo justificar que las obras las pagara él e incluso incurrió en varias contradicciones, y además existe el testimonio del operario que realizó la reforma y que se mostró convencido de que las obras eran un regalo al dirigente socialista".
   El dirigente popular ha señalado que en el auto judicial se afirma que en el caso de Luna "existen indicios, que ya se apreciaron en la admisión de la querella inicial de los populares y concretados en la actividad investigadora, para admitir que los hechos pudieran llegar a calificarse de delictivos, no en abstracto, sino en referencia con alguno de los tipos de cohecho en el Código Penal".
   Asimismo, señala que en el auto también se concreta que "pudiera llegarse a entender que se está ante el tipo de admitir dádiva como recompensa por algo ya realizado, que el tipo del artículo 425, de modo que a partir de 1997 empezó el señor Luna a recibir retribución por su anterior actividad en el Ayuntamiento de Alicante".
    Para Marí Olano, el auto "es clarificador, entre otras cosas porque señala que si se sostuviera que no hay delito, porque no hubo dádiva, no podría hablarse de prescripción del delito".
"Se confirma así que la Sala cree tener indicios de que Luna cometió un delito que además implica una pena de inhabilitación como cargo público, con lo que de haber llegado a tiempo tendría que haber dejado sus responsabilidades políticas", agrega.
   Asimismo, recalca que "el auto es contundente al indicar que la existencia o no de dádivas es algo que no puede afirmarse ni negarse de forma categórica, dado el estado procesal en el que se produce el pronunciamiento sobre la prescripción".
   Otro de los apartados importantes del auto, ha señalado, es el que hace referencia a que "está acreditado que Luna, como alcalde de Alicante, adjudicó a un número de empresas un número importante, tanto en términos absolutos como relativos, de las obras, y por otro, consta también acreditado que algún tiempo después un grupo de empresas realizó a favor del señor Luna, directa o indirectamente la reforma de la casa y la transferencia de un coche".
   "Se demuestra por tanto que los populares teníamos razón y que Luna ha mentido, que las obras se hicieron y que hay indicios racionales de que se las pagaron, y que el único problema es que se ha llegado tarde", ha indicado Marí Olano.
   "El diputado popular ha querido también dejar claro que si se ha impuesto el pago de las costas a los populares "es por qué la Ley obliga a imponerlas a quien pierde el recurso", ha concluido.

Alarte asegura que "la democracia y la verdad se imponen frente a las mentiras de Camps"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV y candidato a la presidencia de la Generalitat, Jorge Alarte, ha manifestado que "la democracia, la verdad y el estado de Derecho se imponen frente al autoritarismo y mentiras de Camps". De esta forma se ha pronunciado para valorar el archivo de la causa abierta contra el portavoz socialista en  las Corts, Ángel Luna, por las obras de su vivienda.

   En un comunicado, Alarte se ha felicitado públicamente porque "el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha puesto fin definitivo a la persecución y las maniobras torticeras y  antidemocráticas del PP para intentar callar a Luna" y ha lamentado  "esta nueva operación de persecución".
   El candidato socialista a la presidencia ha criticado "el autoritarismo y las mentiras de Camps y del PPCV, que contrastan de forma notoria con la confianza de los Socialistas Valencianos y de la inmensa mayoría de la sociedad valenciana en el Estado de Derecho, los jueces y los fiscales".
   Alarte ha aprovechado para exigir públicamente a Camps "que esté a la  altura de las circunstancias y se abstenga en su condición de 'president' de atacar a los jueces, los tribunales y los fiscales y sea respetuoso con las instituciones y la justicia".
   El candidato socialista también se ha referido a las nuevas querellas que el portavoz popular en las Corts, Rafael Blasco, ha interpuesto con los socialistas Ángel Luna y Clara Tirado y la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, por considerar que "atacan" a la cooperación valenciano, sobre las que ha dicho que "son un acto más  de persecución política a los líderes del PSOE".
   Por último, Alarte ha exigido a Camps "que respete las actuaciones del TSJCV a sus magistrados y se abstenga de cuestionarlos o violentarlos en su tarea jurisdiccional", ha concluido.

Rus declara bienes por más de 970.000 euros y ningún patrimonio inmueble

VALENCIA.- El alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, también presidente de la Diputación Provincial, declara estar en posesión de bienes por valor de 970.968,39 euros y que en su activo no figura patrimonio inmueble en propiedad. Tampoco tiene contraída ninguna deuda por créditos o préstamos. 

   Así se refleja en la declaración de actividades y bienes correspondientes a los miembros del Ayuntamiento de Xàtiva, que  publica este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en cumplimiento de la Ley de Régimen Local.
   Rus declara también sus actividades, que, son, además de la alcaldía de la capital de la Costera, presidente de la Diputación de Valencia, así como de la mercantil Proexa, Imelsa, Egevasa y Girsa.
   Asimismo, ejerce como administrador único de FDM SL y Art Invest 2007 SL, así como administrador solidario de Alquivent MRSL y Edificio Requena Promociones MR SL.
   Alfonso Rus es el miembro de este consistorio que declara un mayor activo, seguido de la concejala María José Masip, con 402.756 euros  --algo más de 342.000 de ellos correspondientes a bienes inmuebles-- y un pasivo de 255.000 euros.
   El primer teniente de alcalde, Vicente Parra, presenta un activo de 377.807,15 euros, 329.588 por propiedad inmueble y el resto --48.219-- por otros bienes. En el pasivo contabiliza 361.982 euros. Además de concejal, es presidente de la Mancomunidad La Costera-La Canal, presidente del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos Zona X, XI y XII, diputado de las Corts Valencianes y administrador único de la mercantil Ingytop XXI SL.

El Consell pide al CJC un informe sobre las competencias del Estatuto en ordenación del litoral

VALENCIA.- El pleno del Consell ha pedido al Consejo Jurídico Consultivo (CJC) un informe facultativo sobre las competencias del Estatuto en materia de ordenación del litoral, con el objetivo de "clarificar cualquier duda jurídica sobre la interpretación restrictiva que hace el Estado".

   De esta forma, el Consell, a propuesta del conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha acordado solicitar un informe sobre las competencias en materia de ordenación del litoral, recogidas en el artículo 49.1.19 del Estatuto de Autonomía.
   La consellera portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, ha apuntado en la rueda de prensa posterior al pleno que "desde el principio" han solicitado al Gobierno central que transfiera a la Generalitat estas competencias para regular los establecimientos llamados 'chiringuitos' y, con el fin de "defender la posición con el máximo rigor", han planteado la consulta al CJC "para que sitúe el tema en sus justos términos".
   "Defendemos que la transferencia responde a una voluntad política más que jurídica  porque hay instrumentos suficientes para hacerla efectiva", ha dicho, y ha apuntado que, si se entendiera que no puede ser a través de este artículo del Estatuto, que defiende que sí, "cabe el artículo 150.2 de la Constitución Española o un acuerdo específico de competencias".
   El objetivo del informe es "clarificar cualquier duda jurídica al respecto de la interpretación restrictiva que hace el Estado sobre la competencia que tiene la Generalitat sobre la zona marítimo terrestre, y en especial sobre la facultad para conceder autorizaciones y concesiones a los establecimientos expendedores de bebidas y comidas en el litoral (chiringuitos), entre otras cuestiones", según ha indicado la Generalitat, que afirma que el artículo 49.1.9ª dice que el Gobierno valenciano "tiene la competencia en la ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda".

El paro en la Comunidad Valenciana se mantiene prácticamente invariable en 2010

VALENCIA.- El número de parados en la Comunitat Valenciana prácticamente no varió en relación al año anterior ya que descendió un 0,1 por ciento, lo que supone que los desempleados se sitúan en 575.900 personas, mientras que la tasa de paro escaló hasta el 22,91 por ciento, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hechos públicos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En el último trimestre, el número de ocupados en la región creció en 10.800 personas, un 0,56 por ciento más que el trimestre anterior hasta cerrar el ejercicio con 1,937.900 ocupados. Además, si se compara este trimestre con el anterior, el número de parados disminuyó en 13.000 personas, experimentando una caída del 2,21 por ciento.
   En este periodo de tiempo, la tasa de paro masculina fue del 22,57 por ciento, con 315.700 desempleados, mientras que la femenina se situó en el 23,34 por ciento, con 260.200 paradas.