jueves, 18 de abril de 2013

Font de Mora expulsa de las Corts a alcaldes y portavoces de La Ribera por mostrar pancartas reclamando agua potable

VALENCIA.- El vicepresidente primero de la Mesa de las Corts Valencianes, Alejandro Font de Mora, que ha ejercicio como presidente de la cámara, ha expulsado este jueves del hemiciclo a una quincena de alcaldes y portavoces de la comarca valenciana de La Ribera por exhibir pancartas reclamando agua potable.

   Durante el punto del orden del día del pleno en el que el diputado socialista Francesc Signes defendía una moción sobre la política del Consell en materia de depuración y reutilización de aguas residuales, alrededor de una quincena de alcaldes y concejales socialistas han mostrado pancartas desde la tribuna de invitados en las que podía leerse 'Som vida, som aigua. Aigua per a La Ribera' ('Somos vida, somos agua. Agua para la Ribera').
   Font de Mora ha asegurado que el Reglamento de las Corts impide que los invitados al pleno realicen "manifestacines", por lo que los ha expulsado del hemiciclo. 
El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, han iniciado desde sus escaños a corear 'Agua para todos, agua para todos', a la que se han unido otros diputados 'populares', impidiendo de este modo que se pudieran escuchar las palabras que pronunciaban los alcaldes y concejales mientras abandonaban el hemiciclo.
   Ante esta situación, el diputado socialista Josep Moreno ha llamado "sinvergüenzas" a Rus y Castedo, por lo que Font de Mora le ha llamado al orden y le ha pedido que retirara este "insulto". El representante del PSPV ha negado que fuera "un insulto" y ha señalado que, según la Real Academia de la Lengua, "sinvergüenza es el que carece de vergüenza" y ha añadido que Alfonso Rus y Sonia Castedo "carecen de vergüenza y de decoro".
   Por ello, Alejandro Font de Mora le ha llamado al orden por segunda vez. Finalmente Josep Moreno ha destacado: "Me siento absolutamente apenado de haber dicho sinvergüenza a Rus y Castedo. Perdónenme". Posteriormente, otros diputados del PSPV, como Juan Soto, Clara Tirado o Pilar Sarrión, han mostrado desde sus escaños los mismos carteles reclamando agua para La Ribera.

Fabra anuncia un acuerdo con el CGPJ y la FVMP para ofrecer recursos a familias en el momento de ser desahuciadas

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha anunciado este jueves la firma de un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para conocer "inmediatamente" cuándo se produce un desahucio y poder poner "recursos a disposición de esas personas para que no pasen ni una sola noche en la calle".

   Fabra ha realizado este anuncio durante la sesión de control al jefe del Consell en las Corts tras una pregunta de la portavoz de EUPV, Marga Sanz, quien ha denunciado que la Comunitat está a la cabeza en número de desahucios y le ha inquirido por las medidas que el Gobierno valenciano pondrá en marcha para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.
   Asimismo, la diputada de EUPV Marina Albiol ha señalado que el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, "que aunque no lo parezca, es muy listo, no se atreve a enfrentarse" a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), mientras que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, considera a los miembros de este colectivo "nazis, totalitarios y sectarios".
   Por ello, Albiol ha preguntado a Fabra: "en este tema, ¿usted es más de Rus o de Cospedal?".
 "Nosotros somos más de las personas que tienen necesidad", ha respondido el vicepresidente y portavoz de la Generalitat, José Císcar.

Vidal (RTVV): "Aquí no ha ocurrido lo de Telemadrid. Tres meses en negro es el hundimiento"

VALENCIA.- La directora general de Radio Televisión Valenciana (RTVV), Rosa Vidal, ha asegurado este jueves que en este ente "no ha ocurrido lo que ha ocurrido en Telemadrid", emitiendo en negro "tres meses", lo que considera "el hundimiento de una cadena". 

   Vidal ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la comisión de control de la actuación de RTVV en las Corts Valencianes, tras la petición de comparecencia del PSPV para explicar la situación en la que se encuentra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el ente y los expedientes sancionadores incoados a diferentes trabajadores.
   Durante su comparecencia, que han seguido desde la sala de la comisión miembros del comité de empresa, la directora general ha explicado que la tramitación del ERE de las tres entidades --televisión, radio y ente público-- se ha tramitado simultáneamente y que el período de consultas se desarrolló entre julio y agosto de 2012, con un total de diez reuniones celebradas.
   El número de afectados por el ERE asciende a unos 1.200 y, de esta cifra, ya se han producido 659 salidas y quedan pendientes 472, que se harán efectivas el 30 de abril, el 30 de junio y el 31 de agosto. Así, ha señalado que la plantilla final del grupo será de 480 trabajadores, de los que 321 personas trabajarán en la televisión, 67 en la radio y 92 en el ente.
   Asimismo, ha destacado que para determinar qué personas serían despedidas en la radio y la televisión se tuvieron en cuenta diversos criterios como la titulación específica para el lugar de trabajo, la prestación efectiva de servicios en los últimos tres años, la polivalencia del personal y la incorporación por medio de una oposición pública. Al respecto, ha indicado que este último criterio fue el primero que se tuvo en cuenta en los despidos del ente, dado que "tiene las consideración de administración pública a todos los efectos".
   También ha explicado que el informe del inspector de trabajo, fechado el 5 de septiembre de 2012, concluye que el procedimiento del ERE "ha seguido las previsiones establecidas legalmente"; que los datos contables "ponen de manifiesto una situación económica negativa" del grupo y de las entres entidades";  y que la plantilla aparece "sobredimensionada, con gastos de personal insostenibles".
   Por su parte, el diputado socialista Josep Moreno ha subrayado que Vidal ha intentado "presentarse impoluta como directora general", pero el ERE "ya es todo suyo". Asimismo, el portavoz de Compromís, Enric Morera, ha denunciado la "depuración ideológica" y considera que el ERE es "nulo de pleno derecho" porque entiende que el ex director general del ente Alejandro Reig "no fue nombrado legalmente".
   Asimismo, Moreno ha hecho referencia al ex secretario general de RTVV Vicente Sanz, acusado de abusos sexuales a tres trabajadoras del ente. Vidal ha expresado su respeto a la "presunción de inocencia" y considera que "la mayoría de imputaciones no llegan a ningún sitio".
   Vidal, en otro orden de cosas, ha señalado que cuando decidió aceptar el cargo y "por fin" llegó a Canal 9 "supe perfectamente que no parto de cero".
 "Las decisiones tomadas están tomadas, hay todo un listado de actuaciones del año 2012 y esas actuaciones vienen avaladas por la autoridad laboral y con criterios técnicos, puramente objetivos y baremables", ha apostillado.
   Posteriormente, Rosa Vidal ha comparecido, también a petición del PSPV, para explicar la situación económica del ente. Al respecto, ha señalado que esta nueva sociedad se encuentra "reequilibrada económicamente" y con un capital social de algo más de cinco millones de euros.  
   Asimismo, ha destacado que hay que añadir los ingresos comerciales y otros de explotación que, en el caso del primer trimestre de este año, ascienden a 1,9 millones de euros,  lo que Enric Morera ha tildado de "muy poca cosa".
   El diputado Josep Moreno, en su intervención, ha asegurado que dimitirá si la directora general "colabora" con los grupos de la oposición para que pueda revisar todos los contratos de productos audiovisuales y no encuentran "nada extraño".
   Por su parte, la portavoz de EUPV, Marga Sanz, le ha preguntado si la Generalitat ha asumido "absolutamente toda la deuda que tenía RTVV, los 1.217 millones, o nos podemos encontrar con que aparezcan proveedores reclamando a la nueva RTVV pagos no realizados".
   Vidal ha explicado que la Generalitat ha asumido la deuda financiera de RTVV, al igual que la de "más empresas públicas", mientras que los contratos comerciales se pasarán a la nueva sociedad. Asimismo, ha señalado que el contrato programa recogerá "el importe económico con el que cuenta la nueva sociedad para poder trabajar tres años". También ha destacado que la serie 'L'Alqueria Blanca' y el programa 'Trau la Llengua' "son ejemplos del tipo de programación que queremos".

Mercadona se valora en 3.100 millones, después de comprar a Fernando Roig un 2,4% por 71,6 millones

MADRID.- El consejo de administración de Mercadona ha valorado la compañía en 3.100 millones de euros, después de que Fernando Roig, hermano de Juan Roig y presidente del Villarreal, vendiera el 2,4 por ciento de la firma a la propia empresa por un importe de 71,6 millones de euros, según han confirmado hoy fuentes del mercado. 

   Dicha operación se produce después del descenso del Villarreal a Segunda División, un hecho que provocó que su presidente decidiera sanear las cuentas del club con parte de su patrimonio, lo que le llevó a vender ese 2,4 por ciento de su participación, equivalente a un paquete accionarial de 3.025 títulos, a razón de 23.660 euros cada uno.
   Pese a que la valoración total de la firma valenciana se eleva a 3.100 millones de euros, las mismas fuentes han asegurado que el valor de mercado sería bastante superior, al tiempo que han subrayado que dicho precio no sería extrapolable para una eventual venta a terceros.
   Junto a esta operación y también dentro de su compromiso de salvar  al club de Castellón, Fernando Roig también solicitó a la empresa un préstamo de 250 millones de euros, aportando como garantía la participación del 9% que todavía conserva en la firma de supermercados.
   Tras la adquisición del 2,4 por ciento del capital del consejero y presidente del Villarreal, Mercadona cuenta con un 5,2 por ciento del capital en autocartera, mientras que el 80 por ciento está en manos de Juan Roig y su mujer Hortensia Herrero y el 9 por ciento pertenece a Fernando Roig.
   Según informan este jueves 'Cinco Días' y 'El País', ambas operaciones figuran en las cuentas de la compañía depositadas en el Registro Mercantil de Valencia.

La Fiscalía reclamará una fianza civil para los exaltos cargos que intervinieron en los contratos con Nóos

PALMA DE MALLORCA.- La Fiscalía Anticorrupción prevé solicitar en el marco del caso Nóos una fianza de responsabilidad civil millonaria para los exaltos cargos que intervinieron en las contrataciones presuntamente irregulares con el Instituto presidido entonces por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, si bien se circunscribirá por el momento a los exresponsables del Govern balear, a raíz del supuesto desvío de unos 2,6 millones de euros de las arcas del Ejecutivo.

   Así lo han informado fuentes de la causa, que han señalado de este modo que las responsabilidades civiles en el marco de este procedimiento judicial no se ceñirían únicamente a Urdangarin y su exsocio Diego Torres, para quienes el Ministerio Público ya reclamó una caución de 8,2 millones de euros, posteriormente acordada por el juez instructor, José Castro, sino que también los exaltos cargos también deberán responder del dinero presuntamente malversado.
   En concreto, la fianza prevé ser solicitada para quienes ostentaban un cargo público en las islas, ya que en el caso de la Comunidad Valenciana los investigadores estudiarán si solicitar al juez Castro que remita una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) que permita el encausamiento del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa Rita Barberá, y a partir de ahí contemplar la posibilidad de que entonces sí sean reclamadas las responsabilidades civiles oportunas.
   Las mismas fuentes han precisado que será de cara a la recta final de la instrucción cuando la acusación pública previsiblemente reclame la fianza para los exaltos cargos del Ejecutivo balear, si bien por ahora no se ha concretado sobre quiénes pesaría esta petición, que prevé fundamentarse principalmente, a pesar de que por el momento no hay fijada una cifra exacta, en los 1,2 millones de euros que percibió Nóos para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006).
   A estas cantidades se añaden los 54.520 euros que el Govern abonó a la entidad para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo, y los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, eventos que se encuentran bajo lupa judicial en el marco de este complejo procedimiento judicial, que constituye la pieza número 25 de las 27 que integran el llamado caso Palma Arena.
   En concreto, por los hechos investigados en relación con Baleares se encuentran imputados, entre otros, el expresidente del Govern Jaume Matas -cuya defensa solicitó en su día la citación de Camps en este caso por los convenios rubricados con Nóos-, el exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester, y el exgerente del organismo público Illesport.
   El propio magistrado, en el auto por el que impuso la fianza de 8,2 millones a los dos exsocios del Instituto Nóos, negaba que éstos fuesen "los únicos criminalmente responsables" en estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado: unos 5,8 millones de euros cuyo destino se desconoce.
   En una resolución de 542 páginas, el instructor llegaba a afirmar que se limitaba a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión".
   De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma aseveraba que los responsables de las Instituciones balear y valenciana, de las que el Instituto Nóos percibió el dinero supuestamente defraudado, son "merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados".
   Es más, Castro sostenía que, en el marco de las contrataciones llevadas a cabo entre las Administraciones y el Instituto Nóos, los convenios de colaboración suscritos para ello "no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo", cuya "única" finalidad era, con un "total abuso de poder", beneficiar a la entidad y en este caso "al más ilustre de sus miembros: el señor Urdangarin".