lunes, 22 de noviembre de 2010

Toda la información económica mundial, cada día en 'Economía Avanzada'


El PSPV exige al PP que "se aclare" sobre la televisión que quiere después de haber llevado "a la quiebra" a RTVV

VALENCIA.- El PSPV ha exigido al PP "que se aclare" sobre el modelo de televisión autonómica que quiere, pública o privada, después de que, a su parecer, los 'populares' hayan llevado "a la quiebra" a Radiotelevisió Valenciana (RTVV). Para los socialistas valencianos, la solución para el ente autonómico pasa por elaborar una auditoria de gestión que arroje luz sobre el "estado real" de sus cuentas y por impulsar desde las Corts Valencianes un plan de viabilidad.

   Así lo ha manifestado el representante socialista en el consejo de administración de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Miguel Mazón preguntado por las declaraciones realizadas por el presidente de este organismo, Emilio Fernández, sobre la necesidad de privatizar RTVV debido a su situación económica, unas afirmaciones que el PSPV enmarca en el escenario "crítico" en que se encuentra la entidad.
   Al respecto, Mazón ha considerado que "lo primero que debe hacer el PP es aclararse, porque el partido a nivel nacional dice una cosa, la portavoz del Consell, otra, y ahora el presidente del consejo de administración dice lo mismo que el PP nacional".  
   El socialista ha achacado a los 'populares' haber llevado "a la quiebra en todos los sentidos" al ente, tanto desde el punto de vista social "con una gran manipulación", como económico y con unas audiencias "irrisorias".
   El consejero ha recordado que, según los últimos datos que se conocen --correspondientes a 2009 porque "no se proporciona información"-- el déficit del ente llegaba a los 270 millones de euros, al tiempo que ha denunciado que para 2011 "se han ocultado" los costes financieros de la deuda, que asciende a más de mil millones de euros, y por otra, la amortización de la misma.
   Mazón ha opinado que hay "desencadenantes" de la actual situación, entre los que ha citado "la corrupción" con la "trama Gürtel y la cobertura de la visita del Papa", y ha lamentado que, "ante estas circunstancias, el PP reaccione de la forma más negativa: unos  diciendo una cosa y el resto otra".
   Por su parte, ha recalcado que el PSPV apuesta por que se haga una auditoría de gestión que permita ver "cómo se ha dilapidado el dinero hasta llegar a una situación límite". En este punto, ha agregado que el estado económico de la Generalitat es similar al de RTVV, por lo que "la madre ya no puede cuidar al hijo", ha sentenciado.  
   Mazón --que ha precisado que los socialistas abogan por un modelo parecido al de TVE en el ámbito nacional-- ha subrayado también la conveniencia de que el asunto se trate en las Corts Valencianes "para entre todos estudiar la fórmula de hacer un servicio público, no instrumentalizado por ningún partido político y al menor coste".
   "Deben ser las Corts las que determinen el coste que los valencianos estén dispuestos a pagar por recibir un servicio de calidad de verdad" e impulsen un "plan de viabilidad", sostiene Mazón.

Blasco opina sobre la posibilidad de privatizar RTVV que es "un tema abierto"

VALENCIA.- El portavoz del grupo parlamentario popular en las Corts Valencianes y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha indicado hoy en relación a la posibilidad de privatizar Radio Televisión Valenciana (RTVV), que es un "tema abierto" sobre el que "no hay una posición decidida finalmente" y se ha mostrado abierto a que "se vayan aportando soluciones que nos parecen todas respetables".

   De este modo, ha señalado que "el tema de las televisiones autónomicas está en el debate nacional", y ha reconocido que es "lógico que haya posiciones de distinto tipo".
   En cualquier caso, ha garantizado que "las posiciones que mantiene el Gobierno de la Generalitat respecto de una televisión autonómica como la valenciana, que tiene unos excelentes profesionales y que está desarrollando una labor encomiable al servicio de toda la ciudadanía valenciana, es en principio la que se ha mantenido ya desde el Gobierno".
   Según Blasco, "éste es un tema abierto, seguiremos escuchando opiniones" y, ha añadido que "tiene que ser una decisión que se adopte también en el ámbito nacional, puesto que "ésta es una televisión que tiene que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de las televisiones autonómicas".
   Así, ha concluido que "sobre esto realmente no hay una posición decidida finalmente, pero sí que está abierto a que se vayan aportando soluciones que nos parecen todas respetables".
    Blasco se ha manifestado en estos términos después de que el presidente del consejo de administración del ente, Emilio Fernández, representante del PP, se pronunciara sobre la necesidad de privatizar el organismo debido a su situación económica y tras la reunión mantenida por secretario general del PPCV, Antonio Clemente; la directora de Campaña del PPCV, Paula Sánchez de León, el director del Programa Electoral, Rafael Blasco y las coordinadoras del PPCV Rita Barberá, María José Catalá, Isabel Bonig y Mercedes Alonso.

EUPV cree que el Consell mantiene una posición "preelectoral" ante RTVV y que tras los comicios intentará privatizarla

VALENCIA.- Esquerra Unida (EUPV) ha asegurado que la posición de defensa de la titularidad pública de Radio Televisión Valenciana (RTVV) que mantiene el Consell es "preelectoral" y que, "una vez pasados los comicios, se impondrá la visión del PP nacional, que es la de privatizar" estos entes autonómicos en toda España. 

   Así lo ha afirmado el consejero de esta formación en RTVV, Amadeu Sanchis, en referencia a las declaraciones realizadas por el presidente del consejo de administración del ente, Emilio Fernández, representante del PP, sobre la necesidad de privatizar el organismo debido a su situación económica.  
   Al respecto, Sanchis ha comentado que las manifestaciones de Fernández son una "sorpresa relativa, puesto que la semana pasada la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáez de Santamaría, defendía la visión del PP de privatizar las televisiones  públicas en toda España".
   El representante de Esquerra Unida ha agregado que "la posición oficial del Consell, sobre todo en periodo preelectoral, es defender la titularidad pública, pero una vez pasen las elecciones las opiniones de Emilio Fernández y del PP se impondrán".
   Sobre esta posibilidad, Sanchis ha avanzado que EUPV se opondrá igual que lo hizo en 2003 con el "primer envite privatizador" que protagonizó el ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Para esta formación, hay otras fórmulas, entre las que ha citado que la programación "se ciña a la Ley de Creación", lo que ahorraría costes.
   "Nos hubiera gustado más que, por parte de Fernández o del PP, votaran a nuestro lado en contra de iniciativas como contratar a gente de fuera (del ente) o retransmitir grandes eventos deportivos", ha puntualizado.  
   Sanchis ha equiparado el "endeudamiento" de RTVV con el de las 'conselleries' "y la Generalitat en general".
"Pero no por eso suprimimos la administración autonómica", ha argumentado.
   El consejero ha defendido finalmente que el ente público es "un servicio esencial en el marco de la Constitución", por lo que EUPV se opondrá "siempre a cualquier proceso de privatización", ha insistido.

Alarte dice que no se puede hablar del modelo de gestión de RTVV sin una auditoría y una normalización democrática

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha afirmado este lunes que no se puede hablar del modelo de gestión de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) sin hacer previamente una auditoría y una normalización democrática para "saber lo que hay de verdad". "No vamos a caer en la trampa de que la puedan vender sin saber cuánto vale", ha indicado.

   Alarte se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación en una rueda de prensa antes de reunirse con la Permanente de la Comisión Ejecutiva Nacional, al ser preguntado por su opinión sobre RTVV después de que el presidente del Consejo de Administración, Emilio Fernández, haya pedido la privatización del ente.
   A este respecto, el líder socialista, quien ha recordado que RTVV tiene una deuda de más de 1.100 millones de euros, ha indicado que Fernández "se ha visto obligado" a declarar como "insostenible" la situación financiera del ente, aunque "hablaba con mucho miedo", ha matizado. A su juicio, sus declaraciones "responden a parte de la descomposición del poder del PP, a miedos no explicitados sobre posibles responsabilidades de todo tipo".
   A pesar de ello, ha pedido que "nadie desvíe el debate", porque éste no debe ser el modelo de gestión de RTVV, ya que éste "no se puede discutir sin abordar algunos problemas más urgentes como la normalización del funcionamiento democrático del ente; y sin hacer una auditoría para determinar el estado patrimonial, saber cuál es la deuda real, la comercial, cuántas facturas hay en los cajones, contratos, compromisos de deuda reconocida" y, además, determinar si "existen responsabilidades de tipo penal o civil por parte de los actuales gestores o de Jaraba".
   Respecto a la normalización democrática, ha recordado que su partido dispone de un decálogo para lograrla, con algunos puntos como la dimisión inmediata del director general de RTVV y ahora del presidente del Consejo de Administración; la aprobación urgente de un plan de saneamiento tras las auditorías; la elección de un nuevo director cumpliendo la ley; la entrega de documentación relativa a la visita del Papa y sobre la trama 'Gürtel'; y la constitución del Consejo del Audiovisual, entre otros.
   Al insistir en varias preguntas por su postura sobre el modelo de gestión de RTVV, ha reiterado que "primero, normalización democrática; segundo, auditoría y plan de emergencia sobre la situación económica; y, después, discusión sobre el modelo".
   "No vamos a caer en la trampa --ha agregado-- de que la puedan vender sin saber cuánto vale, cuánto hay que pagar, cuál es la deuda, el activo y el pasivo. Ahora no lo sabemos, cuando lo sepamos diremos cuál es el mejor modelo de gestión para RTVV".
"Mientras tanto --ha repetido-- no vamos a entrar en este debate".
   Alarte, quien ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de RTVV ante las informaciones relativas a posibles despidos, ha subrayado en diversas ocasiones la "ruina" del ente y, ante su situación, se ha mostrado dispuesto a arrimar el hombro, a corresponsabilizarse del "caos" derivado "del modelo de corrupción del presidente de la Generalitat, Francisco Camps".
   A este respecto, ha matizado que mostrarán su apoyo si Camps "asume la responsabilidad política de lo que sucede, abandona la mentira permanente y aclara la situación, si pone a disposición todos los datos". Así, ha agregado, "estamos dispuestos a ayudar a cuantas medidas sean necesarias, siempre que sea desde la transparencia". 
"No queremos que un día pongamos Canal 9 y no la podamos ver porque hayan cortado la luz", ha dicho.

Fabra asegura que la declaración de los peritos de Hacienda "no le quita el sueño"

CASTELLÓN.- El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha asegurado que la declaración de los peritos de Hacienda en el juzgado de instrucción de Nules "no le quita el sueño". Asimismo, ha asegurado que se "alegra" de que puedan ser interrogados por su abogado y que declare también su perito fiscal "tal y como habíamos pedido".

   Fabra, en rueda de prensa, a preguntas de los medios ha indicado que creía que su perito declaraba mañana, cuando lo ha hecho hoy. "Imagínese lo que me preocupa el tema. No estoy en el tema", ha remarcado.
   Por otro lado, inquirido por el juicio al vicepresidente segundo de la Diputación de Castellón, Vicent Aparici, acusado por la Fiscalía de autorizar el vertido de residuos en un vertedero no autorizado en la etapa en que era alcalde de la localidad castellonense de La Vall d'Uixó, ha señalado que él no va a poder acompañarle por obligaciones en la Diputación pero que "la mayor parte de mis compañeros, empezando por la secretaria general del PP en Castellón, Marisol Linares, van a estar ahí apoyándole en el juzgado".
   "Otros, que están en la Comisión de Gobierno de la Diputación no vamos a poder estar". No obstante, ha recordado que ya ha mostrado en ocasiones anteriores su "total apoyo" a Aparisi.
   Respecto al juicio, ha comentado que "no dejaría de ser una guasa que quien clausuró ese vertedero y quien ha llevado la responsabilidad de los residuos en la provincia, fuera condenado por prevaricación por un vertedero que no inició. Al revés, lo clausuró".
   Fabra también ha criticado que es "muy importante" para los 'populares' "ver el tratamiento de la Fiscalía según se trata de unos o de otros".
"Es una historia que ocurre en este país y en esta provincia con mucha frecuencia", ha lamentado.
   Por su parte, el secretario general del PPCV, que ha comparecido también en esta rueda de prensa, junto con Marisol Linares, ha explicado que tampoco va a poder estar en el juzgado para apoyar "físicamente" a Aparisi porque estará en Alicante, aunque "cuenta con el apoyo de la Regional --en referencia a la dirección regional del partido--".
   Asimismo, ha respaldado las palabras de apoyo de Fabra y ha considerado que "este tema se va a resolver rápidamente y que no va a haber nada más".

El presupuesto municipal de Valencia para 2011 asciende a 693.710.018 euros y baja un 9,8%

VALENCIA.- El presupuesto del Ayuntamiento de Valencia para 2011 asciende a 693.710.018 euros, una cifra que supone un descenso del 9,8 por ciento (75,4 millones de euros menos) respecto a las cuentas municipales de 2010, que alcanzaron los 769,1 millones de euros. Asimismo, el presupuesto consolidado del consistorio para el próximo año --incluidos los organismos autónomos y las empresas municipales-- es de 788.201.223 euros, lo que supone un 10 por ciento menos que el pasado ejercicio. 

   Así lo ha expuesto este lunes la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar las cuentas municipales de 2011. Éstas se han aprobado en la Junta de Gobierno Local celebrada antes de la comparecencia de la primera edil e irán al pleno ordinario del próximo viernes para su aprobación inicial antes de aprobarse definitivamente en la sesión de diciembre.
   Barberá ha indicado que es un presupuesto "condicionado" por la crisis y por la "errónea o nula política del Gobierno" central y por su "insensibilidad y desprecio ante la dificilísima situación financiera del municipalismo español". Así, ha dicho que ante la "grave inseguridad jurídica" del Ejecutivo nacional, su "merma de millones de ingresos" y su decisión "sectaria y arbitraria" de "impedir a los ayuntamientos acudir al crédito", el valenciano ha hecho para 2011 un presupuesto "austero, restrictivo, muy responsable y muy realista".
   La primera edil ha agregado que "para mejorar las dotaciones de los barrios, la calidad de vida de los valencianos y la actividad económica" el presupuesto es "razonablemente inversor". Ha destacado que para elaborarlo y "mantener la inversión" su equipo ha hecho "piruetas" y "cabriolas políticas" y ha explicado que ha empleado "muchas horas de trabajo", "mucho esfuerzo" y "mucha imaginación", pero también "mucha ilusión" para mostrar su "compromiso de servicio con la ciudad a pesar de las dificultades".
   Para mantener las inversiones y acometer nuevas, Barberá ha explicado que su equipo, ante la posibilidad de endeudarse en 2011, ha acordado una modificación de crédito de 35 millones de euros con cargo al presupuesto de 2010 que se aprobará en el pleno del viernes. Ha precisado que como esta partida no se gastará de aquí a final de año, pasará y se podrá invertir en 2011 como remanente. "Afirmo con orgullo y satisfacción que Valencia tendrá nuevas inversiones aunque el Gobierno de Zapatero no quiera".
   Así, por lo que se refiere a las inversiones, la alcaldesa ha apuntado que para el próximo año la ciudad contará con una "importante cifra de inversiones" que alcanza los 212 millones de euros. De este total, son 49 los millones que contemplan estos presupuestos como inversión directa procedente de las arcas municipales (frente a los 62,2 de 2010). Los 163 millones restantes los recibirá la capital a través del Plan Confianza impulsado por la Generalitat.
   De los 49 millones de inversión municipal directa, 14 vienen de fondos finalistas e ingresos corrientes y los 35 restantes de la modificación de crédito citada. De este modo, las cuentas del consistorio para 2011 destinarán el próximo ejercicio 14,2 millones a Seguridad Ciudadana (3,1 millones --de éstos 2,3 al Retén de centro histórico--), Ciclo Integral del Agua (9,7 millones), Urbanismo (1,3 millones) y 12.700 a otras actuaciones.
   Por otro lado, de los 35 millones restantes 5,6 se destinarán a mantener una ciudad sostenible (jardines, Albufera, Parque de Marxalenes y Parque de la Rambleta); 1,2 para incrementar la innovación y el dinamismo económico (tecnologías de la información, Pescadería del Mercado Central --200.000 euros-- y empleo y proyectos emprendedores), 20,9 para incrementar la calidad de vida en los barrios (renovación de aceras, alumbrado y fuentes, Plaza Redonda, vivienda, transportes, Pont de Fusta) y 7,1 millones a mejorar equipamientos (bienestar social, deportes, pedanías, patrimonio, San Vicente de la Roqueta --500.000 euros--).
   Rita Barberá ha considerado que el de 2011 es un presupuesto "eminentemente social" en el que "6 de cada 10 euros se dirigen a políticas sociales", así como un presupuesto que "va a dar mucha confianza a los valencianos". Igualmente, ha aseverado que se trata de unas cuentas "equilibradas" que corresponden a "una ciudad solvente" y con una gestión "saneada".
   Por lo que se refiere a los ingresos, que se descienden en 75,4 millones, la primera edil ha destacado que "por cuarto año consecutivo" el consistorio mantiene congelados los impuestos. Ha indicado que el presupuesto recoge un incremento de 1,9 millones procedentes de los impuestos (en los directos crece el IBI y las Plusvalías, baja el IRPF y el impuesto de vehículos y se mantiene el IAE, mientras que en los indirectos suben el IVA y el ICIO y baja el de Hidrocarburos).
   Dentro del capítulo de ingresos, las tasas y otros impuestos bajan un 10,5 por ciento y las transferencias crecen un 0,9 por ciento. Por lo que respecta a los gastos, la alcaldesa ha manifestado que los de 2011 son "unos presupuestos claramente de contención" y ha destacado "reducciones importantes" como las registradas en personal (4,3%) y la de gasto corriente (0,2%).
   La alcaldesa ha comentado que las cuentas reflejan la "tremenda austeridad" de su gestión y ha asegurado que ésta se mantendrá. Asimismo, ha citado ahorros como los experimentados en papelería, lavado de coches, fotocopias, estafeta, imprenta y servicio 010. Las transferencias corrientes, que ascienden en 2011 a 137,2 millones bajan un 0,9 por ciento. La primera edil ha subrayado que a pesar de bajar "todos los gastos", se están manteniendo "la prestación de servicios a los ciudadanos".
   Respecto a la deuda del Ayuntamiento de Valencia, Rita Barberá, ha destacado que a 31 de diciembre de 2010 ésta será de 886,1 millones de euros, lo que situará al consistorio en el 107,44 por ciento de endeudamiento, dentro del límite legal. Ha agregado que en 2011 se amortizarán 60 millones de deuda.
   Por otro lado, ha comentado que desea y espera que en 2011 se haga realidad el proyecto diseñado para las naves de Juan Verdeguer (contemplas también en los presupuestos dentro del área de Juventud) y que para ello, tras acabar la obra, se están manteniendo contactos con "importantes empresas con departamentos de innovación" como ONO.

El PP de Sueca cree que el dictamen del Síndic de Greues es un "aviso para que el alcalde deje de actuar como un sheriff"

SUECA.- El portavoz del Partido Popular de Sueca, Carlos Ramírez ha asegurado que la resolución del Síndic de Greuges sobre la expulsión de dos jóvenes de Nuevas Generaciones de un pleno celebrado en el mes de marzo por llevar unas camisetas de 'ZP al paro' es "un aviso a navegantes para que el alcalde, Joan Baldoví, deje de actuar con sus vecinos como un Sheriff provinciano".

   Ramírez, en un comunicado, ha celebrado que el Síndic considere que el alcalde "vulneró, de esta manera, el derecho al honor y a la libertad de expresión de los jóvenes" y ha exigido a Baldoví "unas sonoras disculpas públicas a los afectados por mentir al asegurar en los medios de comunicación que los jóvenes gritaron y alteraron el desarrollo de la sesión plenaria".
   El portavoz del PP que ha calificado de "extrema torpeza" las citadas declaraciones, puesto que "las grabaciones del día de autos dejan por el suelo la credibilidad del alcalde y evidencian el carácter antidemocrático y dictatorial de su actuación".
   También ha aseverado que los hechos "marcarán un antes y un después para la carrera política de Baldoví que tiene ya sus días contados en el consistorio".
   Asimismo, Ramírez ha reiterado su apoyo a los jóvenes que "hicieron valer un derecho Constitucional y que en ningún momento entorpeció o alteró el orden de la sesión plenaria", al tiempo que ha instado al primer edil a "dar un giro de 90 grados en su particular y despótica manera de hacer política".

Peralta afirma que si Botella fuese candidata a delegada del Gobierno contaría con su "apoyo y reconocimiento"

VALENCIA.- El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, ha afirmado este lunes que si la concejala socialista del Ayuntamiento de Valencia Ana Botella fuese candidata a delegada del Ejecutivo contaría con su "apoyo" y "reconocimiento".

   Peralta se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por las últimas informaciones que apuntan a la figura de Ana Botella como posible candidata a ocupar Delegación de Gobierno.
   A este respecto, ha calificado a Botella de "magnífica compañera" y ha asegurado que si en algún momento se llegara a plantear esta hipótesis, la concejala "contaría con todo mi reconocimiento y todo mi apoyo, y yo personalmente con agradecimiento por haber podido estar trabajando en Delegación y para los valencianos".
   Ha señalado también que considera que la razón principal de las "especulaciones" reside en que el PSPV "tiene una magnífica cantera de personas que están en condiciones de desempeñar las labores de Delegación de Gobierno tan bien, al menos, como se viene haciendo desde 2004", ha dicho.

Ferrmed afirma que la crisis sería más llevadera si se hubiera invertido en el Corredor Meditarráneo y no en el AVE

VALENCIA.- El secretario general de Ferrmed, Joan Amorós, ha mantenido este lunes que el Corredor Mediterráneo es un eje "tan fundamental" para la economía española que si el Gobierno en lugar de una red radial del AVE que "no tienen rentabilidad" hubiera invertido en esta infraestructura la crisis "ahora sería más llevadera". 

  De hecho, en rueda de prensa para presentar el Manifiesto sobre la Red Ferroviaria Trasn-Europea de Mercancías, que incluye el Corredor Mediterráneo, ha concretado que supondría un ahorro económico de 67.000 millones de euros para la economía española entre 2016 y 2045 en comparación con el tráfico rodado.
  En el caso de la Comunitat Valenciana este ahorro sería de 19.000 millones y si además se tiene en cuenta que esta infraestructura permitirá a los puertos de la Comunitat canalizar el tráfico asiático marítimo y crear una industria transformadora de estos productos para ser comercializados en Europa aumentaría un 1 por cieno el PIB regional, con lo que los beneficios rondarían los 55.000 millones de euros en 10 años a partir de 2016. Y puso un ejemplo: de Valencia a Tarragona sólo circulan entre 10 a 20 trenes diarios mientras si estuviera en funcionamiento este corredor serían de 150 trenes.
  Por ello, ha recalcado la necesidad de que el Ministerio de Fomento materialice sus compromisos y establezca un calendario de actuación que, en su opinión, debe comenzar con un cambio de vía o la construcción de un tercer carril hasta Cartagena, presupuestado en 2.350 millones, que esté concluido en 2013. Posteriormente para 2017 las circunvalaciones de Valencia y Barcelona para evitar el tráfico de cercanías llegar hasta Almería para poder alcanzar Algeciras en 2019-2020. "Todo debe estar terminado  para 2020", ha señalado. Además, reclama que se reabra la conexión Lorca-Granada que se cerró a principios de los 80 pero con un trazado más idóneo para las mercancías.  
   Amorós ha expuesto que "siempre se habla del triángulo de oro ferroviario" que es Valencia, Madrid, Barcelona y vuelta a Valencia,. A partir de diciembre estarán dos patas: Valencia-Barcelona y Barcelona-Madrid, pero queda por hacer Barcelona-Valencia. En su opinión, resulta "increíble" que las dos ciudades más importantes, detrás de Madrid, o estén unidas por la alta velocidad y sí lo estén otras capiteles ya que esta unión permitirán liberar la línea para "el transporte de mercancías con la misma prioridad que los pasajeros convencionales".
  En ese sentido, ha recalcado: "las inversiones se debe hacer teniendo en cuenta la cohesión social, pero sin olvidar dónde está la rentabilidad económica", que en esta infraestructura, según ha puntualizado, es de 11,1% de retorno de media aunque en determinados tramos es muy superior, como en el tercer carril. Por ello, se calcula la inversión privada podría participar en un 30 por ciento de todo el corredor hasta Estocolmo. "Si España tiene la pretensión de convertirse en una plataforma logística intercontinental de primer orden sólo lo puede lograr si invierte en el Corredor Mediterráneo", ha señalado.  
  Del mismo modo, el vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat valenciana (COIICV), Javier Rodríguez, ha agregado: "un país vale las inversiones que poseen y los conocimientos que posee y un país sin industria está condenado a vivir de la caridad de los países ricos".
   Por ello, Ferrmed ha elaborado un manifiesto que presentará el próximo 12 de enero en el Parlamento Europeo de Bruselas con tres puntos esenciales: el primero, que están de acuerdo con la concepción de la red que propone la Comisión, es decir, una red ferroviaria europea que interrelacione todas los grandes corredores de mercancías de europea y sus puertos.
   El segundo, que esta red se establezca a partir de un estándares comunes y por último que incluya todas las líneas realmente importantes , los puertos , las industrias logísticas y por supuesto el Corredor Mediterráneo tan importante para Europa y España. Al acto está confirmada la asistencia del presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y esperan contar con el de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, así como de una representación del Gobierno español.
  La Comisión europea presentará en enero u borrador de la red prioritaria que tras su discusión con los países implicados se presentará de forma definitiva en abril para su aprobación por el Consejo de Ministros y el Parlamento europeo. En marzo o a principios de junio estará definida la red europea de transportes y, desde Ferrmed, se espera con el Corredor Mediterráneo incluido.

Luna asegura al juez que el coste de las obras en su casa fue sufragado por su mujer, dueña de la vivienda

VALENCIA.-El síndic del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, ha asegurado al juez durante su comparecencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, --donde este lunes ha declarado como imputado por la querella que interpuso contra él el PP por un presunto delito de cohecho al considerar que había ofrecido trato de favor al constructor Enrique Ortiz a cambio de que éste se hiciera cargo de la reforma de su casa--, que el coste de los trabajos fue sufragado por su actual mujer, que es la dueña de la vivienda. 


   Además, según ha explicado a los periodistas al término de su declaración, en su comparecencia ha aportado la factura de su vehículo y ha dado al magistrado explicaciones de su actuación tanto como alcalde de Alicante como de su trabajo en la empresa del contructor alicantino.
   También ha comentado que no ha presentado la factura de la reforma porque las empresas que participaron "no guardan facturas de hace 13 años", aunque ha afirmado que, en la declaración, ha explicado "totalmente cómo se han producido los hechos".
   Luna, que llegó al TSJCV en compañía de su abogado hacia las 16.20 horas y abandonó las dependencias judiciales sobre las 18.00 horas, ha contestado a las preguntas del fiscal y del instructor, aunque no a las del abogado de la parte querellante "porque entiendo que el PP en este procedimiento no busca la verdad material sino manipular unos hechos sucedidos hace 13 o 15 años", ha dicho.
   El síndic del PSPV ha estado declarando durante una hora y el magistrado instructor no ha adoptado ninguna medida por lo que la causa sigue su curso, según han informado a Europa Press fuentes del TSJCV.
   Por su parte, el abogado de la parte querellante, Jorge Carbó, que ha abandonado las dependencias judiciales minutos antes que Luna, ha avanzado que ha efectuado la petición de declaración del constructor Enrique Ortiz y ahora está "pendiente" de que el tribunal acuerde esta práctica.
 También ha pedido el esclarecimiento de una "comisión municipal de investigación" sobre las adjudicaciones a Enrique Ortiz cuando Luna era alcalde de Alicante.
   Respecto a la declaración de Luna, el abogado ha señalado que la comparecencia, que ha sido "relativamente corta", ha transcurrido "con normalidad" y ha recordado que "el querellado se ha negado a contestar a las preguntas" formuladas por él y aunque ha admitido que Luna ha presentado documentos, "ninguno relativo a las obras de la vivienda de su mujer".
   Carbó también ha destacado que Ángel Luna, durante su declaración, ha incurrido en una "contradicción" porque ha dicho que su mujer pagó las facturas a Ortiz, excepto en un momento en el que ha comentado que las pagó él mismo.
   Respecto a este punto, Luna ha subrayado que "no ha habido ninguna contradicción" y ha tildado de "débil" la posición del abogado querellante "si lo que él interpreta como victoria de esta declaración es que ha habido alguna contradicción sobre si materialmente el dinero lo entregaba yo o mi mujer".
   "El dinero lo ha pagado la propietaria de la casa, independientemente de quien lo haya entregado físicamente en cada momento, algo que después de 13 años es muy difícil recordar", ha aclarado el síndic socialista.
   Luna ha subrayado, asimismo, que el auto de admisión a trámite de la querella --que atribuía un presunto delito de cohecho y de prevaricación-- "rechaza de plano" la acusación de prevaricación que contenía "y sorprendentemente el PP no ha recurrido la admisión a trámite", lo que, en su opinión, "da una idea de la ligereza con la que se ha planteado la querella" porque, en palabras de Luna, "si alguien piensa que ha habido prevaricación tiene que mantenerlo hasta al final".
   Para el representante socialista, esta actuación del PP se debe a que la querella "ha sido simplemente un instrumento para neutralizar a una persona que está resultando incómoda, una voz incómoda en las Corts y fuera de las Corts".
   Jorge Carbó, preguntado sobre por qué no ha recurrido la admisión a trámite de la acusación de prevaricación, ha señalado que "el auto está ajustado a derecho".
   En términos generales, Luna ha apuntado que a ha asistido a su declaración "solo y tranquilo".
"No he necesitado montar ningún numerito de presión hacia los jueces porque tengo la conciencia tranquila", ha recalcado Luna, quien ha manifestado que no se ha recurrido el auto de admisión a trámite de la querella porque "hemos preferido que la querella caminara con toda la rapidez posible para que cuanto antes los jueces determinen lo que tengan que determinar sobre este asunto".
   Ha sostenido que ha rechazado contestar al abogado del PP porque "en este procedimiento el PP no busca la verdad material sino manipular unos hechos sucedidos hace 13 o 15 años" para, en su opinión, "construir una historia que me mantega en los medios de comunicación como persona imputada, queriendo colocarme en pie de igualdad con aquellos imputados del PP que lo están después de una actividad investigadsoire de la policía, fiscales y jueces".
   Además, ha indicado que, aparte de la factura del vehículo, ha aportado la nota del registro de la vivienda, "donde se ponen de manifiesto algunas de las inexactitudes con las que se ha fabricado toda esta historia", por ejemplo "que se habían unido varios pisos o que el piso tenía 310 m2".
   Inquirido sobre la supuesta comisión municipal de investigación para aclarar las adjudicaciones a Enrique Ortiz cuando Luna fue alcalde, el síndic ha asegurado no tener constancia de esta comisión y ha aclarado que él como alcalde "no tenía ninguna facultad de contratar". 
"Todas las facultades de contratar estaban delegadas en la comisión de gobierno o en los concejales delegados. Yo personalmente jamás realicé ninguna adjudicación", ha afirmado.

El 68% de los españoles defiende que los inmigrantes mantengan sus costumbres

MADRID.- El 68 por ciento de los españoles está a favor de que la población inmigrante mantenga sus tradiciones y costumbres "siempre y cuando" no entren en conflicto con los valores propios de España, según se desprende de la encuesta 'La percepción de los españoles sobre la diversidad y la inmigración', elaborada por la Fundación Bertelsmann.

   El documento, presentado este lunes en Madrid en el marco del V Congreso Diálogo y Acción, bajo la dirección de Fernando Vallespín, ex presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), también refleja que la crisis "no ha acentuado las percepciones negativas de los españoles hacia la inmigración que llega a España".
   En opinión de Vallespín, España vive "un momento de estancamiento" con respecto al fenómeno de la inmigración ya que "no se percibe un cambio sustantivo en la opinión de los españoles" relativo a este tema. "Los españoles ven la inmigración como algo normal. Se ha integrado la inmigración como un fenómeno globalizado y habitual", ha asegurado.
   Así, mientras que el 63 por ciento de los españoles decía tener contacto con los inmigrantes en el año 2005, el porcentaje se eleva hasta el 85 por ciento en la encuesta de este año. Además, un 89 por ciento de los encuestados se muestra a favor de la inmigración al suscribir que "toda persona debería tener la libertad de vivir y trabajar en cualquier país, aunque no fuera el suyo".
   "Los derechos cívicos son los que mejor van a integrar a los inmigrantes", ha subrayado Vallespín que ha reiterado que "el mejor mecanismo de integración pasa por tratar a los inmigrantes en igualdad de condiciones".
   A modo de ejemplo, el experto ha destacado el apoyo mayoritario que suscitan aspectos como el acceso a la educación pública (97%), la asistencia sanitaria gratuita (91%), obtener un puesto de trabajo en igualdad de condiciones (92%), cobrar un subsidio (93,5%), obtener la nacionalidad española (86%) o votar en las elecciones municipales (83,2%).
   En el capítulo de la educación, los encuestados afirman que les importa poco (83%) o nada (66%) que sus hijos compartan clases con alumnos de origen extranjero. En la misma línea, un 73 por ciento señala que la presencia de hijos de inmigrantes en la escuela "es enriquecedora para el conjunto de los alumnos y no empeora la calidad de la educación".
   Los encuestados consideran que las diferencias de rendimiento entre alumnos españoles e inmigrantes son fruto del desconocimiento de la lengua (66%), del apoyo que reciben de sus padres (71%) o del hecho de que los profesores no puedan prestarles una atención diferenciada (72,5%).
   En cuanto a los aspectos negativos que refleja el estudio, el 67 por ciento de la población considera "elevado" el número actual de inmigrantes censados en España --la población inmigrante supone el 12,2 por ciento de la población, un total de 5,7 millones de personas-- y un 72 por ciento de los ciudadanos ve con "preocupación" el tema de la inmigración. Además, un 31 por ciento es partidario de la expulsión de aquellos inmigrantes que se han quedado sin trabajo y permanecen "en el paro durante mucho tiempo".
   Por otro lado, un 65 por ciento de los encuestados tiene "muy en cuenta" las propuestas de los partidos sobre "cómo actuar con los inmigrantes legales", mientras que un 58 por ciento se interesa "mucho" por las propuestas "en relación con los inmigrantes ilegales". Vallespin ha subrayado que "estos porcentajes no alcanzan el nivel de otros asuntos más decisivos en la intención de voto, como las políticas de sanidad (81%), educación (78%) o económica (72%)".
   El estudio también constata diferentes opiniones en función de la ideología política ya que el 68 por ciento de los votantes de los partidos del PP se muestran contrarios a que los inmigrantes puedan votar en las elecciones generales frente a un 96 por ciento de los votantes de Izquierda Unida que sí concederían este derecho.
   En cualquier caso, Vallespín cree que la utilización de la inmigración como un asunto político es "un error" y ha aclarado que las opiniones de la encuesta no se pueden extrapolar a localidades específicas. "El resultado sería diferente según la comunidad autónoma en la que se realizara el estudio. De todos modos, los problemas específicos de localidades concretas no se pueden trasladar a nivel general", ha insistido.
   En la presentación del estudio, la presidenta de la Fundación Bertelsmann, Liz Mohn,  ha asegurado que "el siglo que viene, no será europeo ni americano, será una siglo global, y eso no tiene parangón en la historia". 
"Una mayor diversidad cultural significa nuevas oportunidades para la sociedad", ha indicado.

35 años de Monarquía y fin de la Transición / Pablo Sebastián

Podría ser que la declaración Atlántica de Lisboa, donde se extienden las responsabilidades de Seguridad y Defensa de los países de la OTAN a todo el Planeta -con el argumento de la lucha contra el terrorismo- suponga entre otras cosas que Ceuta y Melilla ya están bajo el paraguas de la Alianza Atlántica, cosa que no ocurría hasta ahora. De ahí que la situación de ambas plazas españolas constituyera el “talón de Aquiles” del chantaje de Marruecos sobre España, como se ve con frecuencia y ha reaparecido con nitidez durante la reciente crisis del Sáhara donde la monarquía alauita de Mohamed VI ha vuelto a aprovechar -como en la muerte de Franco- la actual inestabilidad política, económica y social de España para avanzar en su política expansionista. Naturalmente, imaginar que la troika diplomática que representó España -Zapatero, Jiménez y Chacón- en la reciente cumbre atlántica de Lisboa se haya percatado de la importancia y alcance de esta interpretación de la nueva definición atlántica es demasiado pedir, por más que sobre el papel no deja de ser una novedad e interesante realidad que debe inquietar a Marruecos.

Sobre todo en este convulso tiempo español, donde las barbas financieras de Irlanda -y pronto las de Portugal- están siendo peladas por el barbero del rescate financiero de la Unión Europea, mientras en Cataluña estamos al borde de una renacer del nacionalismo pro independentista de la mano de un taimado Artur Mas que con su minoría “decisiva” pretenderá someter la soberanía nacional como recientemente lo hizo, con solo siete diputados, el PNV a cambio de aprobar a Zapatero los Presupuestos de 2011, con lo que se completa y escenifica el deterioro de España en la cohesión nacional, así como en la dramática situación económica y social y en la política Exterior, como se aprecia en la crisis del Sáhara.

Ofreciendo todo ello y coincidiendo con el 35 aniversario de la instauración por el general Franco de la Monarquía de don Juan Carlos I un escenario de final del Régimen de la transición de la dictadura franquista a favor de la pretendida Democracia española -más bien una partitocracia-, que si bien consiguió el objetivo de la reconciliación nacional de “las dos Españas” enfrentadas en la Guerra Civil, la recuperación de las libertades y nuestra integración en las instituciones democráticas europeas, lo que constituye un excelente balance, aún tiene pendiente en España el logro de la verdadera y moderna democracia y la primacía de la identidad y cohesión nacional, hoy a la deriva entre el caótico modelo autonómico del Estado y la insaciable sed independentista de los políticos nacionalistas, que viven del discurso de la ruptura al margen del sentimiento ciudadano, como se aprecia ahora en Cataluña con el hundimiento electoral de los radicales de Esquerra (ERC).

El paso de la Transición a la Democracia bien podría ser la misión o tiempo del Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón si las cosas se hacen bien -o en su defecto de la III República- una vez que las grandes fuerzas políticas nacionales, hoy encarnadas por el PSOE y el PP, estén en condiciones de liderar y de sellar un pacto nacional de reforma democrática y del modelo político, económico y social de España, al margen de los chantajes de las minorías nacionalistas, separando de una vez por todas los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cambiando la ley electoral hacia un modelo representativo justo, y poniendo fin al imperio y al dominio del poder por los aparatos de los partidos políticos. Los que están dominados por una clase política sin prestigio social, donde la mediocridad, la falta de formación y la incapacidad de los gobernantes alcanzó cotas insufribles y está en el origen de los graves problemas que inundan la vida española y enturbian el horizonte de nuestro país en un mundo convulso y globalizado.

Los 35 años del Rey don Juan Carlos ofrecen un buen balance global para la Historia de este país, por más que permanecen zonas oscuras relativas al golpe de Estado del 23-F, la corrupción política, los crímenes del GAL, etc. Pero tiempo es de avanzar en la reforma democrática y cohesión nacional de España y ello sólo será posible con un pacto político de las dos fuerzas nacionales más representativas y las minorías que se quieran sumar, que ha de comenzar con un primer pacto de batalla frontal a la crisis económica y social que nos invade, dejando de lado y en su función de minorías a los insaciables del nacionalismo, y buscando una zona de confianza dentro y fuera de España que permita un esperanzado horizonte de recuperación de la economía y de estabilidad financiera.

Un camino sin duda difícil y escabroso pero obligado e imprescindible, y desde luego muy difícil de imaginar bajo el liderazgo de Zapatero una vez que este presidente ha negado a España la crisis económica, y ha probado su incapacidad y la de su gobierno para hacer frente a los problemas de nuestro tiempo y de la sociedad. Al final de este camino habrá que llegar a un verdadero periodo constituyente español -que se nos negó en el difícil inicio de la transición por la presión del franquismo saliente-, sin miedo a las reformas democráticas y de cohesión nacional. Porque los problemas que sufre España en estos momentos no sólo dependen de la crisis general, o si se quiere internacional, ni tampoco y en exclusiva de los malos gobernantes sino de un cúmulo de elementos entre los que destacan las pésimas reglas del actual juego político español que consienten todo esto y que, agotada la transición, nos han conducido a la vigente situación.

Los 35 años de la Monarquía
Las crónicas celeste y rosa que en estas efemérides y aniversarios nos presentan los canales de las televisiones oficiales y oficiosas no se corresponden en muchos aspectos fundamentales de la transición con la verdad. Por ejemplo, en España no hubo periodo constituyente para pasar de la dictadura a la democracia, como exige todo proceso democrático –o como ocurrió en la Suráfrica de Nelson Mandela-, ni hubo debate constitucional sino conversaciones secretas y a puerta cerrada de los llamados “siete padres constitucionales” cuyo texto final, debatido de espaldas al conjunto de los españoles, se aprobó por casi unanimidad en 1978.

No hubo, por ejemplo, referéndum sobre Monarquía o República, y la Corona se camufló en el texto general de la Constitución de 1978. En definitiva, no hubo una ruptura democrática con el régimen del general y dictador Franco, y además otros países como los Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania ejercieron su influencia sobre el futuro español, promoviendo en nuestro país un modelo de parlamentarismo con sistema electoral de corte proporcional porque temían los liderazgos populistas en un modelo más democrático y mayoritario –o la elección del presidente del Gobierno por sufragio universal directo- como el que impera en sus países. Aquí todo se dejó al control del aparato de los partidos, incluida la soberanía nacional disuelta en las listas cerradas de la partitocracia a la española.

Y todo eso se prolongó por el sendero de la acumulación, en las manos del partido ganador de las elecciones, de todos los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, mas la prensa, la banca, las grandes empresas reguladas por el Estado, los servicios de información, etc. Todo un inmenso poder propicio para la impunidad, el abuso o la corrupción y con gran capacidad para evitar el control democrático, judicial o periodístico, aunque en algunos y sonados casos no se pudo evitar porque algunos jueces, fiscales, periodistas o incluso políticos denunciaron a tiempo los abusos y se pudieron condenar. Pero falta mucho por aclarar.

¿Por qué el Parlamento no investigó la dimisión de Adolfo Suárez, el golpe de Estado 23-F, la corrupción general de los partidos, los GAL- de los que ahora presume Felipe González-, las privatizaciones de empresas públicas, las concesiones audiovisuales, etc? El golpe de Estado, los atentados islamistas de 11-M de 2004 en Madrid y los cerca de mil asesinatos de ETA han sido los momentos más duros de la transición. Así como el ingreso en la OTAN (en tiempos de Calvo Sotelo y luego ratificado por González), y el apoyo de España a la guerra de Irak (bajo el mandato de Aznar) o al Rey Mohamed VI de Marruecos en la reciente crisis del Sáhara (ahora con Zapatero) fueron decisiones de los gobiernos de España que chocaron frontalmente con el sentimiento mayoritario del pueblo español. Y lo mismo ha ocurrido con el estatuto catalán, burlando la legalidad constitucional por la vía de leyes orgánicas bajo el férreo mando de los partidos implicados, y luego rectificado –solo en parte- por el Tribunal Constitucional. ¿Dónde estaba en todos estos casos la soberanía nacional?

Siempre se nos dijo como excusa o argumento que la Democracia española era joven y pecaba de inexperiencia, pero la Democracia no tiene edad, es o no es, y parece llegada la hora de una profunda reflexión y de una reforma moderna, representativa y en profundidad, por más que los beneficiarios –la clase política, que vive de la política y no para la política- del vigente y ya demasiado largo régimen partitocrático español se resista a hacer la reforma aunque pierdan sus privilegios en beneficio de la ciudadanía y de la soberanía nacional. Sabemos que en estos 35 años de transición hubo progreso, libertades y muchas cosas buenas y elogiables pero todo debe mejorar y la actual crisis institucional y de cohesión e identidad nacional, sumada a la no menos importante crisis económica y social deben provocar el cambio definitivo y completar el largo viaje de la transición hacia la libertad con el viaje final hacia la Democracia. Y ese debe ser el objetivo y desafío de las nuevas generaciones, ajenas a la Guerra Civil –que algunos han querido desempolvar- e incluso al tiempo de la transición por más que las clases dirigentes de los partidos, los poderes públicos y fácticos prefieran que todo siga como está.