martes, 11 de octubre de 2011

Barberá indica que no tiene nada que decir sobre la depuradora de Pinedo

VALENCIA.- La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha asegurado hoy en relación a la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia S.A. (Emarsa), cuyo gerente está declarando ante el titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar el presunto fraude en la gestión de la depuradora de Pinedo, que no tiene "nada que decir" respecto a esta cuestión.

   En este sentido, ha indicado que no tiene "nada que decir" sobre esta cuestión, y ha recordado que "está habiendo declaraciones ante el juez y será lo que diga el juez; yo no tengo absolutamente nada que decir".
   Barberá se ha pronunciado en este sentido tras ser preguntada por esta cuestión, después de que el Ministro de Fomento, José Blanco haya presentado el estudio técnico del Corredor Mediterráneo en Valencia.

El pleno de las Corts abordará la creación de una comisión de investigación sobre la CAM

VALENCIA.- El pleno de las Corts Valencianes de la próxima semana abordará la creación en el Parlamento autonómico de una comisión de investigación sobre la gestión de Caja Mediterráneo (CAM) y la situación en la que se encuentra esta entidad. Esta decisión se ha adoptado este martes en la Junta de Síndics a raíz de una propuesta planteada por el grupo de Esquerra Unida (EU). 

   A este respecto, Ignacio Blanco, diputado de esta formación ha explicado, en la rueda de prensa posterior a la reunión de portavoces, que su grupo en el Congreso también ha presentado a través de Gaspar Llamazares una iniciativa para pedir al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, "que actúe contra los gestores de CAM" porque la Justicia ha de actuar ante su comportamiento y ante las medidas adoptadas para "favorecerse personalmente".
   Ha señalado que con estas propuestas su partido pretende que las instancias judiciales "contemplen en conjunto todas las actuaciones de los responsables de CAM" ante lo que ha considerado "el mayor escándalo financiero conocido en estas tierras".
   Blanco ha afirmado que serán "el pueblo valenciano, los clientes --de la entidad-- y los territorios del sur --de la Comunitat Valenciana, por su vinculación con la caja-- los que pagarán la pérdida de un elemento financiero importante". Ha defendido que esta entidad "sea pública y gestionada por la Generalitat con otros criterios distintos a los que se han mantenido hasta ahora".
   El viceportavoz del PP, Rafael Maluenda, ha destacado, también en una rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, que el PP ha aceptado incluir en el orden del día del próximo pleno abordar la creación de dicha comisión de investigación, pero ha precisado que el grupo 'popular' no puede por el momento pronunciarse a favor o en contra de esta iniciativa porque está estudiando su criterio al respecto.
   "Ya nos pronunciaremos", ha manifestado Maluenda, que ha indicado que el PP "estudiará éste como cualquiera de los otros puntos del orden del día". Ha recordado que los 'populares' han pedido "respeto" a los problemas que se han ocasionado a los trabajadores de CAM y que ante cualquier decisión que les afecte se tenga en cuenta a sus representantes legales, así como que se mantenga la obra social de la entidad.
   El representante del PP ha resaltado que el Consell no ha eludido en las Corts preguntas sobre CAM y que el conseller de Economía, Enrique Verdeguer, ha pedido comparecer para hablar de ella. Por ello, ha señalado que "nadie" puede acusar a esta formación de "no dar paso a los temas de CAM".
   Rafael Maluenda ha comentado, asimismo, que "no se puede evitar pensar en la responsabilidad del Banco de España" en todo lo sucedido en esta caja y ha apuntado que el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, incluye en su programa electoral una reforma del Banco de España "para ejercer también la gestión de control y de responsabilidad".
   Respecto a la investigación abierta de oficio por la Fiscalía Anticorrupción contra la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, María Dolores Amorós, ha aseverado que esta decisión merece al PP "el máximo respeto" y ha afirmado que quiere que "se salvaguarden los derechos de cualquier persona previstos en el ordenamiento jurídico".
   Por su parte, la portavoz adjunta del PSPV Cristina Moreno ha manifestado, preguntada por la situación de CAM en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión de portavoces, que éste es un asunto de "auténtico escándalo". Ha opinado que "se debe investigar no sólo a la cúpula sino todo lo que ha sucedido en CAM", por lo que ha defendido la propuesta de crear en las Corts una comisión para estudiar esas cuestiones.
   Moreno ha comentado, por otro lado, que hasta la fecha el grupo socialista no tiene constancia de que haya llegado a las Corts la petición del conseller de Economía de acudir a la Cámara a hablar de esta entidad y ha rechazado que éste "sólo se haga responsable de CAM desde que ostenta el cargo, hace tres meses". Ha dicho que así "queda en evidencia dieciséis años de política del PP", al que ha relacionado con "políticas equivocadas" aplicadas en esta caja.
   La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, que también ha comparecido tras la Junta de Síndics, ha valorado la decisión de Anticorrupción de investigar a Amorós como ya pidió su coalición "en julio". Tras ello, ha pedido a la Fiscalía "que vaya más allá" y que investigue "más allá de posibles indemnizaciones, sueldos abusivos y cláusulas de blindaje".
   En este sentido, ha pedido que se investigue "la estrategia que ha llevado a la ruina a las propias entidades y a clientes" y ha estimado que ésta tiene las características de "estafa".
"Si lo hace alguien con una estampita va a la cárcel, si lo hace un directivo de CAM, no", ha planteado Oltra.
   La parlamentaria ha avanzado que Compromís estudia, junto con otros colectivos --como plataformas de lucha contra los desahucios, cláusulas abusivas de los bancos, ha precisado-- personarse como acción popular en este caso para "estudiar esta estafa colectiva que afecta a muchas familias que han perdido su casa". Ha subrayado que "la Fiscalía, que defiende el interés general debe tomar cartas en el asunto y depurar las responsabilidades civiles y posiblemente penales que existen en toda esta entidad".

La inflación sube una décima en septiembre en la Comunitat y la tasa interanual crece hasta el 3,0%

VALENCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido una décima en septiembre en la Comunitat Valenciana en relación al mes anterior con lo que la tasa interanual ha crecido también dos décimas, hasta el 3,0 por ciento, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En el conjunto de España, la inflación ha subido dos décimas en septiembre en relación al mes anterior, arrastrado por el fin de las rebajas, y la tasa interanual se ha elevado una décima, hasta el 3,1%, tras cuatro meses registrando descensos.
   Castilla-La Mancha y la Rioja son las comunidades donde la tasa interanual ha sido más alta, hasta el 3,5%, seguidas de Asturias, Castilla y León y Galicia, con un 3,4%.
   En la Comunitta Valenciana la rúbrica que más subio fue Bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,8 por ciento, seguido de Vestido y calzado, con un 2,6 por ciento, Enseñanza con un 0,8 por ciento y Transporte con un 0,6 por ciento. Por su parte, Menaje aumnetó un 0,3 por ciento, y Comunicaciones, Vivienda y Medicina una décima cada una.
  Se mantuvieron estables Alimentos y bebidas no alcohólicas y Otros, mientras que descendieron Ocio y cultura un 2,2 por ciento y Hoteles, cafés y restaurantes un 1,4 por ciento.

Barceló (PSPV) pide que "se devuelva lo que nunca debió cogerse de la CAM"

ALICANTE.- La secretaria general provincial del PSPV en Alicante y diputada autonómica, Ana Barceló, ha reclamado una investigación a "fondo" en torno a la gestión de Caja Mediterráneo (CAM) y ha pedido que "se devuelva lo que nunca debió cogerse de la entidad", según ha informado en un comunicado la formación política.

   Al respecto, Barceló además ha remarcado la necesidad de que el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, acceda a poner en marcha una comisión de investigación sobre la gestión de la CAM.
   Así, al igual que defiende también el portavoz socialista de economía en  les Corts Francisco Toledo, Barceló cree que Fabra "está obligado, por responsabilidad y en aras de la transparencia a votar a favor de la puesta en marcha de esta comisión con el fin de clarificar las numerosas incógnitas que todavía permanecen ocultas en relación a la nefasta gestión de la CAM".
   Barceló ha afirmado además que, "independientemente de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) esté analizando la gestión de la CAM o que, incluso la Fiscalía Anticorrupción haya tomado cartas en el asunto sobre la actuación de su exdirectora general, urge también abrir una comisión de investigación donde el PP deberá de explicar qué ha hecho el Consell y el PPCV con la CAM, asumiendo las consecuencias y dando muchas explicaciones".
   "Es necesario que se investigue hasta el fondo y se devuelva lo que nunca debió cogerse", ha señalado, al tiempo que ha considerado que es "un clamor político, social y del tejido económico de esta provincia que no puede tener una respuesta negativa por parte de Fabra".
   A su parecer, en caso de negarse, Fabra "estaría faltando a la palabra dada en su discurso de investidura cuando prometió transparencia a todos los grupos parlamentarios". Ana Barceló ha insistido también en apoyar las reivindicaciones de los sindicatos "preocupados por el trabajo de muchas personas y el futuro de muchas familias".

Fomento y Consell firman el protocolo para el Tren de la Costa, cuyas actuaciones se iniciarán en cuatro meses

VALENCIA.- El ministro de Fomento, José Blanco, y la consellera de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig, han firmado hoy en Valencia el protocolo de colaboración para impulsar el Tren de la Costa Valencia-Alicante, cuyas actuaciones se iniciarán en cuatro meses, según ha informado el Ministerio de Fomento.

   El presupuesto, según ha indicado la consellera de Infraestructuras, Territorio y Transporte, Isabel Bonig, ronda los 1.300 millones de euros, de los que 560 se hará cargo el Ministerio y del resto, unos 770, la Generalitat --531 a través de aportación propia y el resto, con participación pública-privada--.
   El protocolo establece el marco general, las pautas y la metodología que deben regular las relaciones entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana y las entidades públicas ADIF, RENFE-Operadora y GTP para la realización de los estudios técnicos y económicos necesarios para el desarrollo del mencionado corredor ferroviario.
   El Tren de la Costa entre Valencia y Alicante es la conexión ferroviaria de los municipios litorales del ámbito territorial Valencia-Gandía-Denia-Benidorm-Alicante. El trazado Valencia-Cullera-Gandía forma parte de la red ferroviaria de interés general del Estado y se encuentra  en funcionamiento en vía doble entre Valencia y Cullera y en vía única entre Cullera y Gandía. La futura infraestructura ferroviaria entre Gandía y Alicante será objeto de desarrollo en los términos previstos en el Protocolo.
   Las actuaciones incluidas en el protocolo se iniciarán en un plazo de cuatro meses. Se realizarán estudios de demanda, rentabilidad y de previsión de tráficos, así como el estudio informativo previo a la redacción de proyectos. Para su realización, se tendrán en consideración los estudios previos realizados por la Generalitat Valenciana.
   Respecto a la financiación, los estudios informativos serán licitados y financiados por el Ministerio de Fomento, mientras que los estudios de demanda, rentabilidad, y previsión de tráficos los licitará y financiará la Comunitat Valenciana.
   Las partes podrán convenir la creación de una sociedad mixta para la administración y explotación del nuevo corredor, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Sector Ferroviario y sin integrar la gestión de los sistemas de control, circulación y seguridad, que se llevará a cabo por ADIF.
   Los acuerdos incluidos en el protocolo requerirán su desarrollo a través de los correspondientes convenios que se suscribirán entre las entidades intervinientes, a medida que se vaya avanzando en los estudios técnicos y económicos.
   Para velar por el cumplimiento de las obligaciones asumidas, se crea además una comisión de seguimiento del protocolo presidida por el Ministerio de Fomento y formada por el director general de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento, el director general de Transportes y Logística de la Generalitat Valenciana, el director general de Operaciones e Ingeniería de ADIF, el director General de Viajeros de RENFE-Operadora y el director Gerente de GTP.
   La consellera de Infraestructuras, Territorio y Transporte, Isabel Bonig, ha destacado tras la firma del convenio que se trata de un protocolo muy importante "por el que la Generalitat ha luchado mucho", así como los ayuntamientos implicados. A su juicio, esta infraestructura supone un elemento de vertebración "importantísimo" y ha calificado el de hoy como "un gran día".
Por otra parte, el ministro de Fomento, José Blanco, ha mostrado este martes su convicción de que la Comisión Europea aprobará el próximo día 19 de octubre el Corredor Mediterráneo desde Algeciras, ha recalcado, hasta la frontera francesa.    
Blanco ha presentado este martes el estudio técnico del Corredor Mediterráneo en Valencia, acompañado por  el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del que ha destacado que ya están en funcionamiento 430 kilómetros de los 1.300 kilómetros que lo conformas y que el próximo año se añadirán otros 130, con lo que ya estará más de la mitad en servicio.

El PSPV insta a Fabra a pedir "explicaciones" a Camps por su viaje a Japón y Compromís y EU plantean que deje sus cargos

VALENCIA.- La portavoz adjunta del grupo socialista en las Corts Valencianes Cristina Moreno ha instado este martes al presidente de la Generalitat y del PP en la Comunitat Valenciana (PPCV), Alberto Fabra, a pedir "explicaciones" al ex jefe del Consell y diputado 'popular' en esta Cámara, Francisco Camps, por el viaje que recientemente realizó a Japón para presenciar el Gran Premio de Motociclismo y que, según publica Levante-EMV, hizo invitado por la escudería Aspar Team. 

   A este respecto, la portavoz adjunta de Compromís en la Cámara autonómica, Mònica Oltra, ha considerado que es "una burla" y "como reírse en la cara de los valencianos" que Camps "siga aceptando regalos", al tiempo que ha apuntado que es necesario que "alguien le pare los pies".
   Oltra ha estimado que eso es algo que tendría que hacer el PP si quiere "dar ejemplo de honestidad", además de destacar que Francisco Camps es diputado autonómico, por lo que "todavía tiene una función representativa muy importante" y miembros del Consell Jurídic Consultiu (CJC), un organismo compuestos por personas que "han de dar ejemplo".
   Por su lado, el diputado de Esquerra Unida (EU) Ignacio Blanco ha resaltado también la condición del ex jefe del Consell como componente de este organismo y como "cargo institucional" al ocupar "un escaño" en las Corts aunque "ejerza de diputado ausente", en alusión a sus ausencias en los plenos. Ha lamentado la "falta de decoro político" de Camps al aceptar regalos y ha pedido su dimisión como diputado.
   Moreno, Oltra y Blanco se han pronunciado de este modo en las ruedas de prensa que han ofrecido cada uno de ellos tras la Junta de Síndics, al ser preguntados por este viaje del ex presidente de la Generalitat y del PPCV.
   La portavoz adjunta del PSPV ha comentado que no le sorprende que Camps haya aceptado obsequios pero sí que "todavía no haya una desautorización expresa de Fabra" hacia él y que le "pida explicaciones" como parlamentario 'popular'. Ha pedido al jefe del Consell que diga "si es una tónica habitual permitir que los diputados del PP reciban regalos de quienes hace tres días subvencionaban" desde la Generalitat.
   Mònica Oltra, por su lado, ha censurado que Camps "no aprende que no puede recibir regalos como presidente ni como diputado ni como miembro del CJC. Ha opinado que el ex jefe del Consell debe tener "dinero suficiente para irse a Japón para ver las motos" por su cuenta y ha señalado que "podía acudir a los plenos" de las Corts porque "se le paga por ello".
   Tras ello, ha destacado que "tiene un cargo público" y le ha instado a "dimitir" si no cumple con él y dejar la vida pública. "Camps debe dejar de dejarse sobornar ya", ha planteado la diputada de Compromís, que ha insistido en que el PP "debe tomar cartas en el asunto".  
   Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, ha rechazado que un ex presidente "acepte regalos de lujo por parte de un empresario que recibe contratos públicos".
"Si dimite por aceptar regalos no entendemos cómo comete el error" de recibir nuevos, ha apuntado el diputado, que ha avanzado que su grupo plantea presentar una iniciativa parlamentaria "para que se dé respuesta sobre este tipo de hechos". Por ello, ha pedido la "dimisión" de Camps como parlamentario.  
   Por su lado, el viceportavoz del PP en las Corts, Rafael Maluenda, ha comentado, preguntado por el viaje a Japón del ex presidente, que no conoce ese asunto pero ha pedido "mucho respeto para una persona que ha tenido una actuación ejemplar como presidente de la Generalitat y que ha situado la Comunitat Valenciana al más alto nivel". Ha destacado que decidió dimitir como jefe del Consell "para poder defenderse libremente de cosas de las que se le acusan".
   Maluenda ha indicado también, preguntado por la ausencia de Francisco Camps en el acto institucional del 9 d'Octubre, que "merece mucho respeto su ausencia" y que "seguro que ha tenido una causa" para no acudir que habrá llegado a los organizadores de esta convocatoria.
   Igualmente, respecto a sus ausencias en los plenos de la Cámara, el viceportavoz del PP ha apuntado que el ex presidente de la Generalitat "está ejerciendo como diputado" y ha afirmado que "ejercer como diputado no es sólo asistir al pleno". Ha destacado que él no se encarga de controlar las ausencias a estas sesiones, pero ha matizado que supone que Camps explicará la no asistencia porque es "una persona sumamente correcta y respetuosa con el funcionamiento de la institución".

La CE niega que Barroso dijera a las CCAA que España está al borde del precipicio

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha negado que su presidente, José Manuel Durao Barroso, dijera ayer lunes, durante un almuerzo con nueve presidentes autonómicos, que España está al borde del precipicio. El principal mensaje de Barroso a los líderes regionales fue, según ha aclarado su portavoz, reclamarles que cumplan los objetivos de reducción del déficit.

   "He visto titulares alarmistas en la prensa española que no reconozco y que ciertamente no reflejan el contenido de las palabras del presidente a los presidentes de las regiones españolas", ha dicho la portavoz del Ejecutivo comunitario, Pia Ahrenkilde.
   Barroso mantuvo un diálogo "muy fructífero" e "interesante" con los presidentes autonómicos sobre la situación de la economía española y reconoció ante ellos "el gran progreso efectuado por España en la vía de la consolidación fiscal y las reformas estructurales, lo que traduce una reacción rápida a las tensiones de los mercados que hemos conocido este verano", ha explicado la portavoz.
   "Lo que estaba en el centro de su mensaje era el rol y la insistencia del presidente en el rol que las regiones y las comunidades autónomas deben jugar en estas reformas, en particular en la consolidación de las finanzas públicas. Ese era el mensaje principal del presidente", ha resaltado Ahrenkilde.
   Barroso expresó ante los presidentes autonómicos su preocupación por la "elevada tasa de paro" en España y reclamó una "actuación contundente" para reducirla. Además, señaló que España "debe hacer frente a retos importantes en su política económica" y que "los planes de consolidación fiscal deben aplicarse de forma estricta".
   "También dijo que la reestructuración del sector bancario debe completarse y que hay que dar un impulso a la competitividad, el empleo y el crecimiento a medio plazo", ha precisado la portavoz.
   El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha destacado este martes que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, explicó durante su reunión con los presidentes de las Comunidades Autonómicas que "España estaba al borde del precipicio" y "algo podría ocurrir con nuestro país en las próximas semanas".

S&P rebaja el rating de la Comunidad Valenciana

VALENCIA.- Standard & Poor's (S&P) ha rebajado el rating a largo plazo de la Comunidad Valenciana a 'A-' desde 'A' y el de corto plazo a 'A-2' desde 'A-1', porque considera que ha "retrasado" la puesta en marcha de "medidas significativas" de recorte de gasto en la primera mitad de 2011, y sostiene que excederá los objetivos de déficit fiscal para el ejercicio. 

   Además, añade que ve al Gobierno valenciano "poco dispuesto a hacer un uso completo de su flexibilidad en la recaudación de impuestos".
   Para esta decisión, la agencia precisa que ha tenido en cuenta "el deterioro del proceso presupuestario" en la Comunidad, incluyendo "el historial de desviaciones presupuestarias, la sobreestimación de ingresos teniendo en cuenta la ejecución a mitad de 2011", así como su opinión de que el plan de reequilibrio "introduce diversas suposiciones de difícil cumplimiento".
   La agencia de calificación cree que las estimaciones presupuestarias y financieras de la comunidad "aumentan el riesgo de desviación presupuestaria" y considera que la capacidad de la Generalitat para equilibrar ingresos y gastos "se ve lastrada por su falta de disposición a incrementar impuestos y por la tardanza en poner en marcha una reducción de costes ambiciosa".
   Así, señala que al final del primer semestre de 2011, el déficit presupuestario de la Comunidad Valenciana era del 1,9% del PIB regional, comparado con un objetivo de déficit fiscal para el conjunto del año del 1,3%.
   S&P añade que el rating de Valencia está apoyado en "gran medida" en su visión sobre el "alto nivel de apoyo que presta el sistema intergubernamental español", que espera que continúe. La agencia prevé que la carga de deuda del Gobierno valenciano llegará a un "máximo" en 2012 para reducirse después, y llega a la conclusión de que las contingencias "parecen moderadas".
   La agencia especifica que el rating se ve limitado por su opinión sobre la "débil ejecución presupuestaria" de la Comunidad, la "alta carga" de deuda, la "más alta" de todas las regiones españolas en relación al PIB, y una situación de liquidez "negativa" de acuerdo con sus criterios.
   También espera que la Comunidad modere sus inversiones, reduciendo así su déficit, con unas expectativas de crecimiento a medio plazo similares a las que prevé para el resto de España. La agencia constata que la economía valenciana "se está recuperando lentamente", después de sufrir el impacto de la crisis el sector de la construcción.
   Según S&P, la Comunidad se encuentra en situación de "liquidez negativa" por sus "menores niveles de efectivo, casi total uso de las líneas de crédito y deterioro del remanente de tesorería", incluido la "negativa" del Gobierno central a transferir el anticipo de 633 millones de euros, contabilizados en el presupuesto de 2011. No obstante, piensa que mejorará parcialmente estas tensiones "acudiendo de forma exitosa al mercado minorista español en el mes de diciembre de 2011".
   En caso de que tuviera "dificultades" para conseguir fondos, algo que ve "poco probable", apunta que el Gobierno central tiene "fuertes incentivos" para proporcionar apoyo a través de adelantos en transferencias, préstamos, compra de deuda o avales para emitir deuda, porque "cualquier dificultad financiera en la región afectaría negativamente la reputación de España en los mercados financieros internacionales".

Rechazo con altercados de la sociedad alicantina a Roberto López, ex director general de la CAM

ALICANTE.- El exdirector general de Caja Mediterráneo (CAM), Roberto López, fue increpado en público el pasado fin de semana por un grupo de personas que se encontraban en un establecimiento deportivo al que había acudido junto con un familiar, revela hoy el diario 'Información'.

El suceso se produjo el sábado por la mañana, cuando López se hallaba tomando clases de tenis junto al citado familiar en las pistas del Club Montemar, de Alicante. Según testigos presenciales, un grupo de personas le abucheó e increpó, subiendo progresivamente de tono los insultos. López, al que algunos de los protagonistas del incidente llegaron a llamar "sinvergüenza" y a instarle a que abandonara el recinto, se marchó finalmente del establecimiento sin que el altercado fuera a más.
Entre las personas que en esos momentos se encontraban en el Club Montemar había trabajadores y extrabajadores de la CAM, aunque las fuentes que informaron a este periódico del incidente no supieron precisar si alguno de ellos participó en el mismo.
Roberto López abandonó la dirección general de CAM en medio de la fusión de la entidad con Cajastur y las cajas de Extremadura y Cantabria, pasando a ocupar un puesto en el banco creado tras esta alianza y dejando su cargo en la CAM a María Dolores Amorós, que en los últimos años había sido su "número dos".
Tras romperse esa fusión, al no estar Cajastur de acuerdo con las cuentas que presentaba la CAM, López permaneció en el banco, ya propiedad únicamente de la entidad alicantina, y meses antes de que ésta fuera intervenida se acogió al ERE aprobado por el Gobierno y abandonó definitivamente la caja con una indemnización neta de 3,8 millones de euros, a los que hay que sumar la parte correspondiente al plan de pensiones que la CAM firmó, al iniciarse la crisis en 2007, con la entidad AEGON, para su cúpula directiva, plan por un importe de 30 millones de euros y que garantizaba, según se ha informado, el cobro de una pensión vitalicia que en los cargos más elevados podía alcanzar los 360.000 euros al año.
La salida a la luz de estas indemnizaciones, el montante primero de las cuales lo dio a conocer este mismo periódico el 27 de julio pasado, ha generado una intensa polémica y un fuerte rechazo social, dado que además han coincidido con la quiebra en la práctica de la entidad, de la que el gobernador del Banco de España llegó a decir hace dos semanas que "no vale nada" y que era "lo peor de lo peor".
López ha mantenido un absoluto silencio desde que la CAM fue intervenida, mientras que su sucesora en el cargo, que fue despedida sin derecho a indemnización y acusada por el órgano supervisor de manipular las cuentas de la caja y actuar en beneficio propio por haber llegado a un acuerdo con el presidente de la entidad, Modesto Crespo, que le garantizaba como directora general un salario anual cercano a los 600.000 euros y una pensión vitalicia de alrededor de 360.000 euros al año, emitió hace unos días un comunicado en el que negaba cualquier irregularidad y aseguraba que defendería en los tribunales su actuación.
El exdirector general, además, ha limitado al extremo su vida social desde que el escándalo de la CAM estalló. Sin embargo, el incidente del pasado sábado en las pistas de Montemar podría no haber sido el primero en el que se viera envuelto. Otras fuentes señalaron que hace unas semanas también se produjo en un centro comercial de Alicante un altercado similar, en el que Roberto López también fue increpado por algunas personas que le reconocieron. Y se habla hasta de un tercero mientras viajaba en un vagón del TRAM, donde también al parecer fue increpado por otro ciudadano, pero al igual que el anterior no se ha podido acreditar hasta la fecha.

Ocho líderes autonómicos se llevan un séquito de 56 personas a comer a Bruselas con Barroso

MADRID.- El Parlamento Europeo tuvo que acreditar ayer a un total de 56 personas para que ocho presidentes autonómicos españoles asistieran en Bruselas a un almuerzo con el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso. Medio centenar largo de cargos políticos, jefes de gabinete, secretarias y periodistas para acompañar a los jefes de los ejecutivos regionales de Extremadura, Baleares, Navarra, Aragón, Murcia, Canarias, País Vasco, Extremadura y Andalucía. El desplazamiento del personal clasificado como “staff” o “prensa” para dar el lustre y la repercusión requerida a la comida corría a cargo del erario público nacional, adelanta hoy www.elconfidencial.com

Era un retrato que abonaba la ya reconocida fama de generosidad del Estado de las Autonomías en todo lo que sea representación e imagen. Todos los gobiernos regionales tienen su propia delegación en Bruselas y sólo Castilla-La Mancha, con la llegada de María Dolores de Cospedal a la presidencia, se ha comprometido en firme al cierre de la oficina correspondiente para ahorrar.
Sin distinción de partidos políticos, todos los presidentes autonómicos se hicieron acompañar por entre 5 y 13 personas de su confianza para conversar con Barroso sobre la compatibilidad de varios corredores ferroviarios en España, el mediterráneo y el pirenaico. 
La delegación española del Comité de las Regiones de la Unión Europea está dirigida por el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, que encabezaba como tal la invasión autonómica española de los despachos de Barroso. Para que la Junta estuviera bien representada también concurrió la vicepresidenta de su ejecutivo, Cristina Teniente Sánchez, más otras seis personas de “staff”, dos periodistas y un escolta.

Barcina y Rudi, las más austeras
José Ramón Bauzá, presidente del gobierno balear, se presentó con un equipo completo de cargos y asesores que sumaban otros 8 políticos y funcionarios, más tres periodistas y dos escoltas. El segundo dirigente autonómico con más acompañantes fue el lehendakari, el socialista Patxi López, con seis personas de su confianza más tres informadores y dos escoltas. En el extremo contrario destacaba la ‘austeridad’ de Luisa Fernanda Rudi si se tiene en cuenta que Aragón es la región afectada de lleno por el asunto que se trataba: 2 asesores y otros dos periodistas. La navarra Yolanda Barcina se conformaba con dos personas de su equipo y ningún informador.
En la media de acompañantes estaban el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán (PSOE), con tres asesores y dos informadores, y el murciano Ramón Luis Valcarcel (PP), con el mismo número de personas para su apoyo técnico y de propaganda. El regionalista canario Paulino Rivero, que también se apuntó al almuerzo pese a lo lejos que están de las islas afortunadas los corredores ferroviarios peninsulares, se presentó en Bruselas con siete funcionarios e informadores.
Sobre el coste para el erario del desembarco autonómico español en Bruselas, en fuentes comunitarias matizaron que algunos asesores y funcionarios ya están en la capital belga de forma permanente, con lo que el viaje no tuvieron que hacerlo todos. 
La Comisión y el Comité de las Regiones invitaban a los presidentes autonómicos pero no a los miembros de séquito tan numerosos. Algunos aprovecharon el desplazamiento y no se limitaron a “asesorar” y difundir el almuerzo de Barroso, sino que también participaron en los “días abiertos” de las regiones y las ciudades que todos los años celebran las instituciones comunitarias.

Sin acuerdo entre ellos por el corredor
Después de la reunión con Barroso, los invitados se mostraron optimistas sobre la actitud de la Comisión para hacer compatibles ambos corredores. Rudi ejerció de abanderada de la posición favorable al eje pirenaico (España sólo tiene dos comunicaciones con el resto de Europa y están separadas por 500 kilómetros) mientras que el valenciano Alberto Fabra defendió casi lo contrario, que la UE se debe volcar en la puerta de entrada de Europa con el norte de África.