CASTELLÓN.- El PSPV de la provincia de Castellón ha recalcado que el hecho de que la Audiencia Provincial haya decidido sobreseer la causa abierta contra el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, por presuntos delitos fiscales entre 2000 y 2003 al considerar que han prescrito, no quiere decir que el dirigente 'popular' "no los haya cometido".
Los socialistas han hecho público un comunicado después de que se haya conocido un auto de la Audiencia Provincial que decreta el sobreseimiento de la causa abierta contra el también presidente provincial del PP por supuestos delitos fiscales entre los años 2000 a 2003 --cuatro de los cinco de los que estaba acusado-- al considerar que habrían prescrito por no haberse producido un acto de interposición judicial que interrumpiera el plazo para ello.
Aun así, el PSPV subraya que este auto "mantiene para Carlos Fabra la imputación por los delitos más graves a los que se puede enfrentar un cargo público, como son el fraude fiscal, el tráfico de influencias y el cohecho".
Asimismo, señala que el auto sobresee los delitos de fraude fiscal de los años 2000, 2001, 2002 y 2003 por haber, supuestamente prescrito, lo que "en ningún caso conlleva que no los haya cometido".
En su opinión, "llama la atención que la defensa del propio Fabra solo argumentara la prescripción como motivo para no ser juzgado por estos delitos, cuando lo lógico habría sido argumentar cuestiones de fondo que pusieran de manifiesto que no los había cometido".
El PSPV incide en que "en ningún caso el auto sostiene que los informes elaborados por los inspectores de la Agencia Tributaria y las información recopilada por la policía judicial sea inexacta", de modo que, a su juicio, "no cuestiona los informes oficiales de Hacienda, según los cuales, Carlos Fabra Carreras ingresó durante esos años 3,6 millones de euros, sin haber explicado, todavía ahora, el origen de ese dinero".
"Esta es la hora en la que los ciudadanos y ciudadanas de Castellón no saben quién se lo pagó ni a cambio de qué, a pesar de haberlo preguntado en la diputación en diversas ocasiones", subraya.
Por tanto, el PSPV considera "incompatible, desde cualquier punto de vista, el mantenimiento de Carlos Fabra Carrera al frente de una institución, tras el auto de la audiencia en la que se le mantiene como imputado por haber cometido un presunto fraude fiscal del ejercicio 99, por tráfico de influencias y por cohecho (soborno)".
Así, los socialistas castellonenses abogan por "poner freno a la decadencia que amenaza el futuro de nuestra provincia", lo que, en su opinión, "solo es posible apartando al fabrismo de las instituciones, con el cambio que se producirá el 22 de mayo".
Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario de Compromís en las Corts y secretario general del Bloc, Enric Morera, ha manifestado este lunes que el presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, es "un caradura que no puede continuar como presidente de la Diputación de Castellón porque no reúne los requisitos morales necesarios para representarse ni a sí mismo".
En su opinión, ese auto "pone en evidencia que nos encontramos ante un personaje inmoral que no debería estar ni un minuto más al frente de una institución pública".
Ha reprobado, en este sentido, que "un señor que se ha demostrado que ha cometido irregularidades tributarias" ahora "se escapa por la puerta falsa para escarnio de los ciudadanos que pagan".
Morera ha denunciado que "Fabra representa cada día más la cara de Berslusconi en la política valenciana y española".
"Aún espero que nos expliquen por qué se le facilitó un trasplante de hígado en la sanidad pública madrileña, si se cumplieron todos los protocolos en condiciones de igualdad para todo el mundo", ha agregado Morera, quien ha recalcado que no van a "callar" hasta que tengan "una respuesta en condiciones" por considerar que "no se debería beneficiar de la sanidad pública quien no paga sus impuestos como manda la ley, más cuando es un representante público".
Ha criticado igualmente "la pasividad del PSOE y de los representantes de la Agencia Tributaria en Castellón" a quienes, en su opinión, "habría que expedientar urgentemente por no haberse personado en el juicio".
"Es incomprensible a todas luces que la Agencia Tributaria, conocidos los hechos e informando al juzgado de los mismos, no haya considerado la posibilidad de abrir un expediente administrativo para impedir la prescripción", ha sentenciado Morera, quien considera que "habría que cesar los responsables del error".
Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario de Compromís en las Corts y secretario general del Bloc, Enric Morera, ha manifestado este lunes que el presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, es "un caradura que no puede continuar como presidente de la Diputación de Castellón porque no reúne los requisitos morales necesarios para representarse ni a sí mismo".
En su opinión, ese auto "pone en evidencia que nos encontramos ante un personaje inmoral que no debería estar ni un minuto más al frente de una institución pública".
Ha reprobado, en este sentido, que "un señor que se ha demostrado que ha cometido irregularidades tributarias" ahora "se escapa por la puerta falsa para escarnio de los ciudadanos que pagan".
Morera ha denunciado que "Fabra representa cada día más la cara de Berslusconi en la política valenciana y española".
"Aún espero que nos expliquen por qué se le facilitó un trasplante de hígado en la sanidad pública madrileña, si se cumplieron todos los protocolos en condiciones de igualdad para todo el mundo", ha agregado Morera, quien ha recalcado que no van a "callar" hasta que tengan "una respuesta en condiciones" por considerar que "no se debería beneficiar de la sanidad pública quien no paga sus impuestos como manda la ley, más cuando es un representante público".
Ha criticado igualmente "la pasividad del PSOE y de los representantes de la Agencia Tributaria en Castellón" a quienes, en su opinión, "habría que expedientar urgentemente por no haberse personado en el juicio".
"Es incomprensible a todas luces que la Agencia Tributaria, conocidos los hechos e informando al juzgado de los mismos, no haya considerado la posibilidad de abrir un expediente administrativo para impedir la prescripción", ha sentenciado Morera, quien considera que "habría que cesar los responsables del error".
