Aguirre pide en Bruselas que se vote contra la importación de arroz tratado con triciclazol

BRUSELAS.- El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre, ha pedido en Bruselas que los eurodiputados voten "contra la importación a la Unión Europea de arroz tratado con el fungicida triciclazol".

Aguirre se ha desplazado a la capital de la Unión Europea, donde se ha reunido con representantes de las principales organizaciones agrarias y representantes de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, a quienes ha planteado la necesidad de votar el próximo 19 de octubre negativamente a la comercialización en la Unión Europea de arroz procedente de países donde el triciclazol no está prohibido, a diferencia de lo que sucede en la Unión Europea, según ha explicado la administración autonómica en un comunicado.

Además, ha trasladado las preocupaciones del sector agrario valenciano en relación a las últimas interceptaciones de plagas y enfermedades registradas en suelo europeo y que afectan sobre todo a los cítricos.

El Parlamento Europeo someterá a votación esta iniciativa que ya rechazó en la Comisión de Agricultura del Europarlamento el pasado 19 de julio, por lo que José Luis Aguirre pide de nuevo el voto negativo "por coherencia interna y por coherencia con el sector agrario europeo".

A este respecto, ha calificado la propuesta de "injusta e intolerable para la rentabilidad del sector y un fraude para los consumidores europeos y su salud".

Además, según Aguirre, "esta medida no está alineada ni con los compromisos que contrajo la UE sobre las importaciones conforme a la nueva Política Agrícola Común, ni con la estrategia 'De la Granja a la Mesa', en la que se afirma que no se revisarán tolerancias para sustancias prohibidas en la UE. Supondría claramente una competencia desleal y un paso atrás en la reciprocidad de las relaciones comerciales".

El triciclazol es un fungicida prohibido a los agricultores en la Unión Europea, esencial para el control de la principal enfermedad del cultivo del arroz, la Pyricularia oryzae. Desde su prohibición, los arroceros valencianos sufren importantes mermas de producción, sobre todo en la variedad Bomba, más sensible a este hongo.

El Grupo de Trabajo de Medio Ambiente del Consejo de Europa votó a favor de apoyar la propuesta de la Comisión para aumentar en los arroces importados el nivel máximo de residuos (LMR) de 0,01 a 0,09 mg/kg del Triciclazol, a pesar de que se trata de una materia fitosanitaria cuyo uso tienen prohibido los arroceros europeos.

Por ello, el conseller considera contradictorio que se prohíba a los agricultores europeos y se permita la importación de terceros países a la Unión Europea, y por tanto, se mantenga el límite máximo de residuos (LMR) de triciclazol en arroz en el límite de detección mientras la sustancia activa triciclazol no esté aprobada para su uso en ninguna parte del territorio de la UE.

Además, ha añadido que "desde el punto de vista de salud pública es inaceptable que se tolere la importación de arroz procedente de terceros países, con residuos de plaguicidas cuyo uso está prohibido en la Unión Europea" y que, en consecuencia, "deberíamos defender que se aplique a las importaciones de productos agroalimentarios, los mismos estándares que se exigen a nuestros productores".

El conseller señala que es perjudicial para la producción agraria de arroz y para la soberanía alimentaria, a la que contribuye el arroz en España y en otros Estados miembros productores de arroz en la UE, que prosperara esa propuesta de Reglamento.

El sector de la edificación advierte de la falta de mano de obra en la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- Profesionales del sector de la construcción han advertido que la "coyuntura favorable para la edificación" en la Comunitat Valenciana se ve afectada "por la falta de mano de obra y la reducción de los márgenes de beneficio para los proveedores".

Es la principal conclusión de las aportaciones de los patrocinadores de los I Premios de la Arquitectura Técnica Valenciana, que han ofrecido en un desayuno de debate, organizado por el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia (COAT Valencia), su visión sobre el panorama edificatorio, según ha informado la institución en un comunicado.

La mesa ha ofrecido una representación del sector desde sus diferentes parcelas de actividad: Federico Esteve, vocal de Musaat; Miguel Ángel Arranz, director general de Obras y Reformas Levante; Sergio Bautista, director de desarrollo de negocio de billdin; Martina González, directora de Sabadell Professional; Pascual Martínez Cabañero y Mireia Martínez, director general y arquitecta en Cabañero Ventanas respectivamente; César Fos, director técnico de Marina Nou Fontana; Carmen Machirán, consejera delegada en Laboratorios CyTEM; y Carlos del Pozo, socio-director de Absotec Absorción Acústica; moderados por Borja Nebot, director gerente de COAT Valencia.

Todos los presentes se han mostrado de acuerdo en la escasez de mano de obra, y en especial la cualificada, que dificulta el afrontamiento de una coyuntura favorable para la edificación, potenciada, principalmente en rehabilitación, por la convocatoria de ayudas procedentes de los fondos europeos Next Generation.

Los proveedores de edificación han acusado además la reducción de los márgenes de beneficio, propiciada por el incremento de precio de las materias primas y la entrada de productos de menos calidad que aminoran los precios.

No obstante, han afirmado que la edificación afronta un periodo favorable, con oferta de obra y demanda del cliente final, en el que profesiones como la arquitectura técnica han alcanzado el pleno empleo.

Los órganos judiciales de la Comunitat recibieron un 11 % más de asuntos de abril a junio

VALENCIA.- El número de asuntos recibidos en los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana durante el segundo trimestre de este año fue de 200.392, lo que supone un aumento del 11,1 % respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que se resolvieron 186.815 asuntos, un 2,1 % más.

Asimismo, la tasa de litigiosidad autonómica se situó en los 38,4 casos por cada 1.000 habitantes, ligeramente superior a la media nacional (37,8), según el informe estadístico sobre la "Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2023" que el Consejo General del Poder Judicial ha publicado este miércoles.

Los mayores incrementos en la carga de trabajo se dieron en la jurisdicción Civil, con 2.225 nuevos asuntos (un 18,7 % más que un año antes) y la Social, con 11.849 asuntos (un 23,4 % más). Los 91.995 nuevos asuntos del orden Penal significaron un crecimiento interanual del 3,5 %, y los 4.323 del Contencioso-Administrativo un aumento del 2,3 %.

En el trimestre analizado se han juntado dos elementos distorsionadores: la admisión masiva en algunas comunidades de procedimientos pendientes por la huelga de letrados del primer trimestre de 2023, y la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia del segundo trimestre del año.

En España tuvieron entrada durante el segundo trimestre de este año 1.816.522 asuntos en el conjunto de los órganos judiciales, un incremento del 7,7 % respecto al mismo trimestre de 2022, mientras que se resolvieron 1.629.971, un 4,7 % menos, y quedaron pendientes 3.664.388 asuntos, un incremento del 17 %.

A diferencia de esa tendencia a la baja, en la Comunitat Valenciana los órganos judiciales resolvieron entre abril y junio 186.815 asuntos, un 2,1% más que un año antes, aunque quedaron en trámite al final del periodo 358.889 asuntos, un 19,6 % más.

En la jurisdicción Civil, el número de asuntos resueltos durante el trimestre fue 81.325, un 4 % más que un año antes, y quedaron en trámite al final del periodo 201.301, un 19,8 % más. En la Penal, se resolvieron 90.238 asuntos, con un incremento interanual del 0,9 %, y quedaron pendientes de resolución 107.291, un aumento del 18,9 %.

En la jurisdicción Contencioso-Administrativo se resolvieron 4.698 asuntos, un 10,4 % menos que en el segundo trimestre de 2022, y quedaron en trámite 13.284, un 8,7 % más, mientras que en el orden Social se resolvieron 10.554, un 4 % más que el año anterior, y quedaron en trámite 37.013, un 19,6 % más.

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido de 37,8 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades con una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (47,9), Cataluña (42,6), Baleares (39,8), Andalucía (39,2), Madrid (38,6) y Comunitat Valenciana (38,4). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron País Vasco (26), La Rioja (27,3) y Navarra (27,8).

Entre abril y junio de este año los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana dictaron 44.385 sentencias, con una disminución interanual del 10 %, así como 97.742 autos, un 9,7% más que un año antes, y 46.010 decretos.

Por provincias, en la de Alicante los órganos judiciales registraron entre abril y junio de este año 70.065 nuevos asuntos (34.589 en Civil, 30.353 en Penal, 1.236 en lo Contencioso-Administrativo y 3.887 en lo Social), lo que implica un incremento interanual del 15,1 %. Resolvieron 64.648 asuntos, un 3,9 % más que un año antes, y quedaron en trámite 137.781 procedimientos y causas, un 23,1 % más.

En la provincia de Castellón, la cifra total de asuntos ingresados en el segundo trimestre del año llegó a 20.613 (10.157 en Civil, 9.108 en Penal, 360 en Contencioso-Administrativo y 988 en Social), con un aumento del 10,6 %. Se resolvieron 19.151 asuntos, un 1 % más que el año anterior, quedaron en trámite 44.994, un 17,6 % más.

En la provincia de Valencia tuvieron entrada 100.779 nuevos asuntos (47.473 de la jurisdicción Civil, 46.142 de la Penal, 1.221 de la Contenciosa y 5.943 de la Social), con un crecimiento del 8,8 %. Los asuntos entre abril y junio de 2023 fueron 93.427, un 0,2 % más, y quedaron en trámite 163.532, un 20,1 % más.

La UE detecta en septiembre cinco cargamentos más de cítricos sudafricanos con mancha negra

VALENCIA.- La Unión Europea (UE) detectó el pasado mes de septiembre cinco cargamentos de cítricos procedentes de Sudáfrica contaminados con la plaga de cuarentena Phyllosticta citricarpa, el hongo causante de la mancha negra de los cítricos: una intercepción en limones, una en mandarinas y tres en naranjas, según ha denunciado AVA-Asaja en un comunicado.

Con estas interceptaciones, sumadas a las 33 de mancha negra en lo que va de campaña de exportación a Europa, los cítricos sudafricanos «ya acumulan un total de 38 detecciones infestadas de esta enfermedad que, en caso de introducirse y propagarse en la citricultura comunitaria, provocaría graves pérdidas al sector».

La Asociación Valenciana de Agricultores ha denunciado que este número de interceptaciones de mancha negra en los cítricos sudafricanos es «una barbaridad y coloca a la Comisión Europea en una posición insostenible y vergonzosa».

Por ello, ha solicitado a los europarlamentarios que impulsen «una reprobación a los comisarios, direcciones generales y responsables políticos con competencias en esta materia si no cierran indefinidamente las fronteras a todos los cítricos de Sudáfrica hasta que los inspectores comunitarios comprueben que este país tercero es capaz de garantizar su sanidad vegetal».

«Mientras continúen mirando hacia otro lado, serán cómplices de un riesgo fitosanitario intolerable que amenaza la citricultura europea por unos particulares intereses comerciales», ha advertido la organización agraria.

El informe mensual de la UE también informa de una interceptación de la falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta) en un envío de mandarinas originarias de Sudáfrica. 

Al respecto, AVA-Asaja ha alertado de que «este caso »vuelve a poner de manifiesto la necesidad de extender el tratamiento en frío a todas las especies de cítricos que tienen el riesgo de propagar esta plaga de cuarentena".

«No tiene ningún sentido científico que únicamente se aplique este mecanismo a las naranjas, cuando las mandarinas y los pomelos también entrañan el mismo riesgo fitosanitario», ha recalcado.

 La organización presidida por Cristóbal Aguado también recuerda que Sudáfrica «no está haciendo bien el tratamiento en frío en sus envíos de naranjas, ya que, tal como denunció la interprofesional Intercitrus, no está aplicando la temperatura de tratamiento sobre la parte central de la fruta tal como establece la normativa, sino sobre la temperatura ambiente del contenedor».

Por ello, «no está garantizando la eliminación de las posibles larvas de la plaga en el interior de los frutos». 

En este sentido, considera que la Comisión «está beneficiando a Sudáfrica permitiendo que este país tercero incumpla su propia normativa».

 «Sus representantes no son dignos de ostentar el cargo que ocupan», ha insistido.

Por último, AVA-Asaja ha destacado que Sudáfrica «encabeza de nuevo el ranking mundial en número de incidencias comerciales, alcanzando en septiembre la cifra total de 99 notificaciones, especialmente en cítricos». 

La organización asegura que «todas estas notificaciones demuestran que Sudáfrica no es un país tercero de fiar y que los responsables europeos que lo consienten tampoco lo son».

La Generalitat va a iniciar el proceso para elaborar una nueva ley de Costas autonómica

 

VALENCIA.- El portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario del PP en Les Corts Valencianes, Jesús Lecha, ha pedido al Gobierno central que «acelere al máximo las obras pendientes de protección de la costa de la Comunitat Valenciana que tiene paralizadas» y cuentan «con un ritmo exageradamente lento».

El PP ha anunciado la presentación en la Cámara autonómica de una propuesta en la que solicita que se ejecuten las obras programadas en 2015-16 por la administración central.

«De las 61 obras proyectadas, solo se han ejecutado tres por parte del Gobierno de España. Mientras tanto el litoral de la Comunitat se encuentra cada vez más deteriorado y, con el paso de cada temporal, las afecciones son más graves», ha afirmado Lecha en un comunicado.

Asimismo, el parlamentario 'popular' ha manifestado que «la costa valenciana necesita sin demoras que se acometan estas actuaciones» y ha insistido en que la administración central «debe agilizar toda la tramitación para hacerlas realidad de una vez y desatascar todas estas actuaciones programadas desde hace años, para que puedan ejecutarse con prontitud».

Jesús Lecha ha comentado que «entre 2015 y 2016 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presentó y aprobó las Estrategias para la protección de la costa y contra la erosión del litoral, señalando dos zonas de mayor afección: una en el tramo comprendido entre Castellón y Sagunto (Valencia), y la otra para el tramo comprendido entre Valencia y Dénia (Alicante)».

«Desde el PP pedimos, además de ejecutar las actuaciones programadas en su día por el Ministerio, que se permita mayor participación de entidades, asociaciones vecinales y ayuntamientos costeros, rediseñando los proyectos a partir del proceso participativo», ha añadido el portavoz 'popular' de Medio Ambiente.

Lecha ha manifestado la «necesidad» de «mejorar la conciliación entre la protección del dominio público marítimo terrestre con los derechos consolidados de los ocupantes y el reconocimiento del valor etnológico, cultural e histórico de los núcleos de población costeros tradicionales para otorgarles protección».

«La solución está. El problema es la falta de voluntad política para llevarla a cabo durante los últimos años, con el ninguneo del gobierno socialista de --Pedro-- Sánchez», ha expuesto el diputado.

Nueva ley de costas autonómica

Jesús Lecha ha exigido que el Gobierno «haga de una vez todo lo necesario para solucionar el problema de regresión de la costa y de una normativa costera que no se ajusta a las necesidades de la Comunitat Valenciana» y ha asegurado que «la Generalitat va a iniciar el proceso para elaborar una nueva ley de Costas autonómica».

La Guardia Civil contará con una nueva casa-cuartel en Almassora

VALENCIA.-  La Guardia Civil ha contabilizado desde enero a septiembre de 2023 un total de 13.864 delitos relacionados con la ciberdelincuencia en la Comunitat Valenciana frente a los 10.470 que se detectados en 2022, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana coincidiendo con el Día del Pilar, patrona de la Benemérita.

La delegada del Gobierno en esta autonomía, Pilar Bernabé, ha destacado, en los actos conmemorativos de este jornada, las acciones de la Guardia Civil en la lucha contra las nuevas tipologías delictivas. Asimismo, ha subrayado el papel de este cuerpo de seguridad también ante situaciones «difíciles» como los incendios forestales.

Pilar Bernabé ha presidido este jueves junto al general jefe de la VI Zona, Arturo Prieto, los actos conmemorativos del día de la patrona de la Guardia Civil celebrados en la explanada Prado del Rey del Real Monasterio de la localidad valenciana de El Puig de Santa María.

La delegada del Gobierno ha apuntado, al remarcar las acciones desarrolladas por el Instituto Armado en la lucha contra las nuevas tipologías delictivas, que «la tecnología y sus desafíos están a la orden del día» y que «los delitos en la red retan continuamente a la Guardia Civil», ha informado la Delegación en un comunicado.

Bernabé ha valorado igualmente la labor de la Benemérita en la erradicación de la violencia de género y ha manifestado que solo en el primer trimestre del año las denuncias de violencia de género han aumentado un 17 por ciento. Hasta septiembre de 2023 desde la Guardia Civil se han registrado 6.784 denuncias en la Comunitat Valenciana.

La representante del Ejecutivo central ha indicado que «la Guardia Civil está inmersa en una lucha diaria contra esta lacra social». A su vez, ha aludido a la lucha de sus agentes contra los delitos de odio, «que combaten para mantener los parámetros democráticos que avalan la convivencia democrática de la ciudadanía».

De enero a septiembre de este año, la Benemérita lleva registrados 111 delitos de odio en la Comunitat Valenciana, mientras que el año pasado se contabilizaron un total de 147 delitos de odio de enero a diciembre.

Bernabé ha aseverado, por otro lado, que la Guardia Civil «siempre ha estado al lado de la ciudadanía» en situaciones «tan difíciles» como han sido los incendios que han asolado a la Comunitat en 2022 y 2023.

Este territorio dispone de 7.417 agentes en activo, de los que 794 son mujeres. La presencia de la mujer en la Guardia Civil ha experimentado, según ha afirmado la delegada, un incremento del 18,7 por ciento en la zona. 

Bernabé ha felicitado al Instituto Armado por «la progresiva incorporación de la mujer, muestra de que los techos de cristal se rompen» y ha animado «a seguir trabajando por la igualdad real y efectiva».

Infraestructuras

Desde la Delegación del Gobierno han señalado también en cuanto a infraestructuras, que el Ministerio del Interior tiene previstas en la Comunitat Valenciana inversiones por más 18,7 millones de euros destinadas a la mejora y renovación de las instalaciones de acuartelamientos en las tres provincias, así como a los proyectos de los nuevos acuartelamientos de Almassora (Castellón) y San Juan de Alicante.

La Guardia Civil está presente y garantiza la seguridad en 515 municipios de esta autonomía y protege así a las personas del 90 por ciento del territorio valenciano y a casi a la mitad de su población total.

Pilar Bernabé ha expuesto que la Benemérita es uno de los cuerpos de seguridad «más querido y mejor valorado por la ciudadanía» por «la efectividad, la profesionalidad y la ejemplaridad ». España, ha dicho, necesita a la Guardia Civil «para seguir siendo una sociedad diversa, plural e igualitaria, y uno de los países más seguros del mundo».

El mundo rural español se moviliza de nuevo para proteger la agricultura y su economía

 

MADRID.- El mundo rural español se pone de nuevo en marcha de forma coordinada y con una agenda de largo recorrido y gran profundidad política y social. SOS Rural, que surgió en abril de este año gracias al apoyo de cientos de organizaciones a este movimiento ciudadano independiente, anunció en Madrid esta semana la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), con una campaña masiva de recogida de firmas, cuyo objetivo central es “proteger la agricultura y la economía rural en España, en especial el regadío”, ya que es un “sector estratégico que aporta un gran valor económico, social, territorial y medioambiental, y que se encuentra sometido a fuertes presiones y amenazas que requieren de una respuesta regulatoria integral”.

Una ILP, también conocida como iniciativa ciudadana, es un mecanismo de democracia directa amparado en la Constitución, por la que los ciudadanos pueden presentar proposiciones de ley al Congreso de los Diputados si reúnen al menos 500.000 firmas en un plazo de nueve meses tras la presentación de la iniciativa a la Cámara Baja.

SOS Rural informó también de que esta ILP irá acompañada de una acción a nivel europeo con sus aliados de países como Alemania, Holanda, Francia, Polonia o Rumanía. Se trata de una Iniciativa Ciudadana Europea, cuyo objetivo es garantizar la soberanía y seguridad alimentarias, defendiendo la agricultura nacional y europea contra la competencia desleal de terceros países.

Para ello, se quiere “promover el uso de la política comercial de la UE para establecer aranceles y defender el producto agrícola español y europeo contra la competencia desleal de terceros países que no son parte de la Unión Europea, así como para dar preferencia a las cadenas de suministro locales”, como explicó José Andrés García Cuesta, director-gerente de ADESPOFA.

La portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán, explicó durante una jornada, organizada junto con la Asociación de Periodistas Agroalimentarios (APAE), que “el maltrato al campo tiene una incidencia decisiva en los precios de los alimentos y en el bolsillo de los españoles”. 

Y tiene además otra incidencia económica de calado: desmantelada la industria, “si desmantelamos la producción de alimentos, España será un país de sólo servicios, empleo precario y rehén de otros para algo tan elemental como comer a buen precio”.

Corbalán incidió en esta línea: “La soberanía alimentaria es un factor estratégico para un país. Para naciones como Canadá, Estados Unidos, China o Rusia el sector primario es una cuestión de Estado”.

El también portavoz de SOS Rural Salvador Marqués explicó las líneas maestras que se incluirán en la ILP. Así, detalló que, además de impulsar una campaña masiva de recogida de firmas, el texto pedirá “la protección de la agricultura y la economía rural con un marco regulador integral que persiga el objetivo de la seguridad alimentaria y que gire en torno a varios ejes: uso prioritario de tierras agrícolas para la producción de alimentos y protección de las tierras de regadío, que desempeñan un papel crucial en la producción de alimentos”.

Además, incluirá la petición de proteger “el sector primario en conjunto con un marco regulador integral para dotar al sector productivo y al resto de la industria agro alimentaria de herramientas para impulsar su actividad económica, basada en la producción de alimentos seguros, saludables, suficientes y asequibles”. 

También, la “protección del acceso a insumos ganaderos esenciales para la supervivencia de los animales de granja a un precio razonable, incluyendo piensos y fertilizantes”, así como la “protección de la actividad pesquera para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del sector”.

Defendió Marqués que la ILP incluirá la petición de “acceso de las comunidades rurales a servicios como infraestructuras y transporte, financiación especializada, digitalización, emprendimiento y educación, áreas que forman los pilares para la sostenibilidad de la vida fuera de la ciudad”. 

También, la ancestral reivindicación del mundo rural de una “actualización de la política hídrica en España que favorezca el desarrollo socioeconómico y agro alimentario, que respete el riego y garantice los caudales. Y también la vigilancia sobre la contaminación de las aguas sobre la base de criterios técnicos e independientes, no ideológicos”.

Rusos y ucranianos se mudan a España

 

MADRID.- La compra de vivienda en España por parte de ciudadanos rusos se disparó más de un 50% en la primera mitad del año, mientras que las transacciones realizadas por los ucranianos registraron un incremento superior al 40% en un contexto marcado por una guerra que dura ya más de un año y medio, se recoge en La Razón.

Entre enero y junio de este año los rusos cerraron 2.137 compraventas de vivienda en nuestro país, la cifra más alta desde hace 9 años, cuando batieron su récord con 2.573 transacciones, según los datos que maneja el Consejo General del Notariado.

De hecho, es la primera vez desde 2014 que los rusos superan las 2.000 operaciones. Una cifra que contrasta, por ejemplo, con las 571 viviendas que adquirieron en la primera mitad de 2007.

Coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, y las sanciones internacionales impuestas al país que dirige Vladímir Putin, la compra de vivienda en España por parte de rusos encadena cinco semestres de subidas interanuales.

Los rusos protagonizan su mayor subida y pagan por sus viviendas más que el extranjero medio.

En el primer semestre del año, la compra de vivienda por parte de los rusos creció un 50,2% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone el mayor avance registrado en su historia y el mayor incremento que se observa entre todas las nacionalidades extranjeras que adquirieron una vivienda en nuestro país.

Además, los rusos pagaron por sus propiedades en España más que la media del conjunto de extranjeros. En concreto, los rusos desembolsaron de media 2.293 euros/m2, el mayor importe en 13 años y el 15,2 % más que el año anterior. Este precio supera así los 2.094 euros/m2 que pagaron de media el conjunto de extranjeros.

La mayor parte de las compras las hicieron los residentes rusos en España, un total de 1.447 operaciones, el 45,3 % más, y la mayor cifra de la serie histórica. Además, pagaron de media 2.139 euros/m2, el 27 % más.

Por su parte, los no residentes cerraron 690 compraventas, el 61,6 % más, aunque antes del estallido de la guerra llevaban a cabo más operaciones. Pagaron de media por sus viviendas 2.612 euros/m2, el 1,8 % menos.

Récord ucraniano

El desembarco ucraniano ha ido parejo. En la primera mitad de 2023 llevaron a cabo 1.758 operaciones, el 41,5% más, y la mayor cifra de la serie histórica. Esta cantidad contrasta, por ejemplo, con las 77 casas que compraron en los seis primeros meses de 2009.

Desde 2022, coincidiendo con el conflicto, rebasan las 1.000 operaciones en España, una cifra que se va incrementando progresivamente hasta aproximarse en estos momentos a las 2.000 unidades.

Por sus viviendas en España, los ucranianos pagaron menos que los rusos: 1.672 euros/m2, máximos desde 2010, y el 3,5 % más que un año antes.

Los ucranianos que residen en España fueron los más activos con 1.406 compraventas, el 48,3 % más, y pagaron por sus viviendas 1.554 euros/m2, el 10,4 % más.

Los no residentes cerraron 352 operaciones, una cifra que sigue en máximos y que supone un 19,7 % más que el año anterior. Sin embargo, el precio que desembolsaron por metro cuadrado se situó en 2.101 euros, el 7,7 % menos.

Las compras de extranjeros ponen fin a dos años al alza pero baten su máximo histórico.

A pesar de los fuertes incrementos registrados en las compraventas de vivienda por parte de rusos y ucranianos, las protagonizadas por el conjunto de extranjeros cayeron un 7,5 % interanual en la primera mitad del año hasta las 67.983, rompiendo con una tendencia de subidas que duraba ya dos años.

Sin embargo, concentraron el 21,4 % del total de compraventas que se registraron a nivel nacional, la cifra más alta desde que se tiene registro.

Los británicos siguen liderando las compras de extranjeros en España con el 9,6 % del total, seguidos por alemanes (8,1 %) y marroquíes (7,3 %) y son los suecos los que compran el metro cuadrado más caro (3.036 euros).