Rajoy y sus 'barones' cuerdan fijar un "sistema de prioridades" para salvar servicios sociales básicos

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus presidentes autonómicos y regionales del PP se han comprometido este sábado a "garantizar" los servicios sociales básicos que reciben los ciudadanos, pero para ello se han marcado como reto establecer un "sistema de prioridades" para salvar la prestación de esos servicios.

 En esta línea, han apostado por acometer una "profunda" reforma de las administraciones públicas y los servicios que prestan, eliminando duplicidades y ordenando competencias, pero sin devolverlas.

   Así lo ha anunciado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que ha explicado ante la prensa las medidas acordadas por los 'barones' del PP en esta "fructífera" reunión, que se ha prolongado durante más de tres horas, y a la que han asistido también la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Hacienda y de Economía, Cristóbal Montoro y Luis De Guindos, respectivamente.  

     En este encuentro, Rajoy y sus 'barones' han suscrito una declaración de cuatro páginas en la que, entre otros puntos, expresan su apoyo con el cumplimiento de los objetivos de déficit y las reformas que está realizando el Gobierno. Cospedal ha definido este texto como "el gran pacto del Partido Popular" y ha invitado a sumarse a otros grupos políticos. De hecho, ha asegurado que el Ejecutivo no renuncia a un gran pacto con el primer partido de la oposición, si bien ha recordado que el PSOE ya votó en contra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria esta misma semana en el Congreso.

   La 'número dos' del PP ha explicado que para poder garantizar los servicios sociales básicos, el Ejecutivo central y los gobiernos del PP "están estableciendo un sistema de prioridades para que los servicios sociales básicos se puedan mantener" porque "de otra manera, con la situación económica" que han "heredado" del PSOE sería "imposible" mantenerlos.

   "El compromiso con la ciudadanía española y el mantenimiento de lo servicios sociales básicos es absolutamente total, como lo es el establecimiento de prioridades para garantizar esos servicios básicos", ha insistido Cospedal, que ha recalcado que no se pueden considerar derechos sociales los beneficios de los que han disfrutado los ciudadanos en época de bonanza económica, como libros o transporte gratis.  

    En la reunión en 'Génova', los presidentes del PP se han comprometido a "racionalizar" las administraciones, evitar duplicidades y ordenar las competencias, con el fin de "gestionar el dinero de los ciudadanos de la manera más austera y sobria posible", en palabras de Cospedal.

    De hecho, en el documento que han suscrito figura explícitamente la necesidad de "acometer de forma clara y profunda una reforma del conjunto de las administraciones públicas y de los servicios que prestan". Se trata, añade el texto, de "usar con más eficiencia y capacidad los recursos que los ciudadanos, con gran esfuerzo, ponen a disposición de todas las administraciones".

   En cuanto a las competencias -el documento no habla en ningún momento de devolverlas como planteó esta semana Esperanza Aguirre--, se comprometen a "eliminar las duplicidades existentes de forma que cada ámbito competencial sea ejercido por una sola administración". El ordenamiento de las competencias, añade, debe llevar a la eliminación de forma progresiva de las competencias impropias de las corporaciones locales. Además, "los servicios públicos se han de modernizar de forma que se racionalice su uso y se puedan prestar con más calidad a los ciudadanos", dice el manifiesto.

    Además, la número dos del PP ha señalado que el jefe del Ejecutivo ha trasladado un mensaje de "confianza" y ha destacado que España saldrá de la crisis si cumple el objetivo de déficit y sigue adelante con las reformas. "Ese mensaje de confianza absoluta ha sido apoyado y respaldado por todo los presidentes del PP", ha dicho, para subrayar que todos los presidentes se han comprometido con el cumplimiento del objetivo de déficit del 1,5 por ciento fijado para las CC.AA.

    Durante la reunión, los presentes han compartido el "diagnóstico" de la situación, subrayando que España se encuentra en una situación "muy difícil", y han manifestado su respaldo "sin fisuras" a las reformas del Ejecutivo y, en concreto, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Sabemos que hemos heredado la peor situación que haya tenido nunca un Gobierno de España en la democracia española", ha indicado Cospedal, que se ha mostrado convencida de que se saldrá de esta situación "complicada".

     En la declaración firmada por los presidentes del PP se recoge además la importancia de la lealtad institucional que "tanto se ha olvidado en los pasados ocho años", según Cospedal. Tras recordar que España está formada por 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas , ha señalado que "no se puede hacer una política de oposición ente las partes y el todo".

 "Nunca más con el PP al frente del Gobierno de España se dará la espalda a las CC.AA. como se ha hecho estos últimos ocho años ni las comunidades actuarán con deslealtad hacia los intereses generales de los españoles", ha proclamado.

    Cospedal ha manifestado que el Gobierno de Rajoy se ha comprometido a no establecer nuevos servicios que tengan que prestar las CCAA sin la suficiencia financiera necesaria y las CCAA se han comprometido a racionalizar las respectivas administraciones, evitar duplicidades y gestionar el dinero de los ciudadanos de manera "eficaz, austera y sobria".

   Finalmente, la secretaria general de los 'populares' ha asegurado que las Comunidades Autónomas "no son el problema de España" sino que tienen que ser "parte de la solución". Con este espíritu, ha dicho que las CC.AA. Se han  comprometido a hacer los mayores ejercicios de austeridad para que las normas y las pautas fijadas en la ley de Presupuestos Generales del Estado estén recogidas en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales de todas y cada una de las autonomías.

   Ante el recorte de 10.000 millones de euros en educación y sanidad que debe realizar el Gobierno, Cospedal ha indicado que los presidentes han planteado "fórmulas" en sus comunidades y ha recordado que se estudiarán la próxima semana en las dos conferencias sectoriales convocadas.

Compromís pregunta si se aplicarán los mismos recortes de hospitales públicos a los gestionados por empresas privadas

VALENCIA.- El síndic de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha preguntado al conseller de Sanidad, Luis Rosado, sobre la cantidad anual que la Generalitat paga en determinadas áreas de salud de la Comunitat por la gestión de centros hospitalarios públicos por parte de empresas privadas, y por si los recortes anunciados en esta materia por el Gobierno central y que pueden afectar a los hospitales públicos se aplicarán también a los centros gestionados por esas empresas privadas.

   Según ha indicado Morera en un comunicado, "el denominado modelo de Ribera Salud implica que el Consell está pagando unos 619 euros por habitante a una empresa privada, como si se tratara de un seguro de salud privada y parece, si el conseller no lo rectifica, que, a pesar de los recortes en sanidad, las empresas privadas que gestionan cinco hospitales valencianos continuarán cobrando lo mismo".

   El portavoz de Compromís ha insistido en que el modelo de gestión de los hospitales de Alzira, Torrevieja, Dénia, Manises y Elche, "está sometido a un contrato por el que los hospitales reciben una prima per cápita anual de unos 619,88 euros, aproximadamente, por habitante de cada área de salud donde están esos centros".

   Asimismo, ha añadido que, de acuerdo con los datos que se encuentran en las memorias de gestión de esos hospitales, en la actualidad la Generalitat valenciana "paga por un total aproximado de 813.000 habitantes, lo que supone un gasto sanitario de 565.950.440 euros al año, aproximadamente".

   Según Morera, "los recortes anunciados por el Gobierno central, que afectarán principalmente a la educación y a la sanidad, afecta directamente también a los hospitales y centros de salud públicos valencianos, que sufrirán recortes que les obligarán a racionar material, a prescindir de profesionales sanitarios y a cerrar camas hospitalarias".

   Sin embargo, ha criticado que los hospitales gestionados de forma privada "continúan recibiendo la misma prima per cápita porque los recortes afectan al sector público, no al privado". El dirigente de Compromís ha considerado que los contratos firmados por la Generalitat con las empresas que gestionan esos hospitales, "no pueden ser como los que --Francisco-- Camps firmó en su día con --Bernie-- Ecclestone, que no se pueden tocar ni modificar", en alusión a la Fórmula 1.

   En esta línea, ha advertido de que "si no es así, la herencia de Camps será terrible, porque pasará a la historia como el presidente que se dedicó a hipotecar a las valencianas y valencianos con contratos de confidencialidad o largo plazo, imposibles de rectificar".

   Morera ha destacado la necesidad de que el Consell "modifique a la baja, aplicando el mismo recorte que sufrirán el resto de hospitales, a los que están gestionados por empresas privadas". 

"Esto puede suponer un importante ahorro para poder obtener dinero para mejorar el sistema sanitario público y no para que obtengan beneficios elevados empresas privadas, porque la sanidad no es ningún negocio a pesar del modelo fomentado por el PP valenciano", ha manifestado.

EUPV pide al Consell que defienda el autogobierno y rechace el recorte de 10.000 millones de euros "impuesto por Rajoy"

VALENCIA.- El grupo parlamentario de EUPV ha anunciado este sábado la presentación de una Proposición No de Ley en las Corts en la que reclama al Consell que "defienda el autogobierno valenciano" y rechace el recorte de 10.000 millones de euros en educación y sanidad anunciado por el Gobierno Central. 

   La síndica de EUPV, Marga Sanz, ha subrayado en un comunicado que estos recortes "no son sólo un ataque a dos pilares fundamentales del Estado del Bienestar, también son un golpe contra el autogobierno establecido al artículo 137 de la Constitución Española".

   Sanz ha considerado que unos recortes "de esta magnitud y características vulneran las competencias exclusivas autonómicas en materia de Educación y Sanidad, porque no se respeta la autonomía política, como tampoco la voluntad popular, puesto que se aprobaron unos presupuestos hace nada que ahora van a modificarse".

   Esquerra Unida exige en su propuesta al Consell "que haga todo lo posible para impedir que estas maniobras antisociales se lleven a cabo". 

 "El Gobierno valenciano está en la obligación de velar por los intereses de los valencianos y valencianas frente las imposiciones que vengan desde Madrid o desde Bruselas. En este caso, además, hablamos de unos intereses que son los de mantener una educación y una sanidad públicas y de calidad", ha destacado Sanz.

La Fiscalía pide al juez que recabe informes a Banco de Valencia y España por la querella de Apabankval

VALENCIA.- La Fiscalía ha solicitado al titular del juzgado de Instrucción nº 3 de Valencia, que instruye la querella interpuesta por la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval) contra el Consejo de Administración de la entidad por dos delitos societarios --uno de falsedad contable y otro de administración desleal--, que recabe documentación registral e informes a esta entidad bancaria y a Banco de España, según han confirmado  hoy fuentes conocedoras del caso.

   El ministerio público dispone, en la actualidad, de la querella interpuesta por la asociación y de la documentación adjuntada por la misma, material que considera insuficiente para poder comenzar con las declaraciones de los 27 imputados que hay en este procedimiento, entre los que se encuentra el ex presidente de Banco de Valencia y actual presidente de Bancaja, José Luis Olivas.

   Por este motivo, solicitó al juzgado que aplazase las declaraciones previstas para el próximo 25 de abril, hasta que disponga de más documentación sobre el caso, entre ella, libros de actas de Banco de Valencia, informes de las inspecciones realizadas por Banco de España a esta primera entidad, créditos concedidos y operaciones de compra/venta de acciones o de riesgo.

   Esta misma documentación también fue requerida por Diego Muñoz-Cobo, letrado de la asociación de pequeños accionistas, en la querella que presentó el pasado 28 de febrero con la adhesión de 137 accionistas que representan el 1% del capital de Banco de Valencia. Este abogado también pidió a la mercantil Deloitte S.A., encargada de auditar las cuentas de la entidad, las cuentas individuales del banco y una relación de todas las personas físicas que han intervenido durante los últimos cinco años en las tareas de auditoría.

   Asimismo, en la querella se desgranan los motivos por los que la asociación considera que Banco de Valencia, que fue intervenido el pasado mes de noviembre, cometió dos delitos societarios. Respecto al primero, el referente a la falsedad contable, en el escrito se indica que el 28 de enero de 2011, los querellados, todos ellos miembros del Consejo de Administración de Banco de Valencia, "falsearon" y formularon las cuentas anuales individuales y consolidadas del banco "a sabiendas de que no reflejaban la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad", de conformidad a la ley.

   Además, entiende que los querellados Deloitte S.L., y su representante legal, en fecha 31 de enero del mismo ejercicio, validaron con su firma las cuentas del banco, "con conocimiento y a sabiendas de que eran falsas".

   La asociación llega a estas conclusiones después de que el Banco de España, en fecha 21 de noviembre de 2011, a raíz de una inspección realizada sobre las cuentas de Banco de Valencia, decidiera su reestructuración ordenada, a través del FROB, destituyendo al Consejo de Administración y estimando en sus cuentas un déficit de 562 millones de euros. Hacía unos meses, la entidad bancaria había declarado un beneficio de unos 63 millones. Estas actitudes han causado a los querellantes "importantes perjuicios económicos", según se señala en la querella.

   Por otro lado, en cuanto al delito societario de administración desleal, abusiva y fraudulenta, en la querella se explica que el Consejo de Administración del banco, a lo largo de 2008, 2009 y 2010, dispuso de los recursos de la sociedad, "contrayendo obligaciones con abuso de sus funciones, realizando actos impropios de un administrador leal, comprometiendo el patrimonio de la sociedad y causándole pérdidas al banco que no se correspondían con operaciones propias de la actividad de la entidad o de sus participadas".

   En este punto, la querella contempla que algunas operaciones realizadas, con relación a empresas participadas por el Banco de Valencia, "llaman poderosamente la atención y deben ser investigadas en profundidad". Así, indica que la toma de riesgos de inversión en sociedades dirigidas por personas afines a la cúpula del banco "ha terminado con pérdidas que se han saldado con la toma de participación en dichas sociedades, liberando totalmente a sus promotores y causando pérdidas a la entidad".

   Asimismo, en la querella se refieren, en el tema de las participadas, a las inversiones en empresas que desarrollan su actividad en el sector energético y en el campo de las energías renovables, en las que, en algunas de ellas, el banco llegó a acuerdos con personas que debían asumir un 25% del capital social, asumiendo el banco el 75% restante, pese a lo cual "el banco financió también la aportación de capital de los socios que ahora se ha visto obligada a ejecutar con grave perjuicio para la entidad", sostiene.

   Por todo, los pequeños accionistas afirman en su escrito presentado en el juzgado que "no cabe ninguna duda" de que pasar de un resultado de beneficios antes de impuestos de 63.977 miles de euros a una pérdida de 500.000 miles de euros, supone un desfase de tal magnitud que "hace imposible aceptar que tanto el órgano de administración como los auditores no conocieran, con absoluta certeza, que cuando formularon los primeros las cuentas anuales, y cuando validó el segundo el informe de auditoría sin salvedades, supieses que las cuentas eran falsas".

   De esta forma, entienden que existió una "connivencia" entre el Consejo de Administración y los auditores para presentar unas cuentas falsas "con la finalidad de no mostrar la imagen fiel del patrimonio y de los estados financieros para perpetuarse unos y otros en la situación de privilegio de la que disfrutaban como administradores y supervisores de la entidad, y en perjuicio de los accionistas e inversores".

Las ejecuciones hipotecarias crecen en Valencia un 25,3% en el primer trimestre del año

VALENCIA.-  Las ejecuciones sobre bienes hipotecados en Valencia han crecido un 25,3 por ciento en el primer trimestre de este año en relación con el mismo periodo del año anterior, al pasar de 367 a 460, según los datos de los juzgados de primera instancia de este partido judicial, facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

   En general, las causas tramitadas en estas instancias han descendido un 6,1 por ciento, al pasar de 12.543 casos a 11.778, aunque algunos procedimientos han aumentado sus porcentajes, como es el supuesto de las ejecuciones hipotecarias o las de contratos bancarios (pólizas de crédito y préstamos intervenidos por notario), que crecen un 17,4 por ciento, o los juicios cambiarios (por pagarés, cheques o letras), que sube un 16,6 por ciento.

   Asimismo, han crecido los actos de conciliación, al pasar de 715 a 949, un 32,7 por ciento, mientras que en el caso de los desahucios, que corresponden a impagos del alquiler, se incrementan por encima del 3 por ciento. De igual forma, las reclamaciones por el impago de las cuotas a comunidades de vecinos baja un 21 por ciento al igual que descienden en un 61,4 por ciento las reclamaciones por deudas de más de 3.000 euros.