El Consell alerta del riesgo que suponen los sondeos petrolíferos en las Islas Columbretes

CASTELLÓN.- La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina Hernández, ha alertado del riesgo que suponen los sondeos petrolíferos autorizados por el Gobierno central frente a las costas de las Comunitat Valenciana para un área de gran importancia para la pesca y la biodiversidad como son las Islas Columbretes, "una reserva marina cuya función principal es servir de refugio a poblaciones de especies de interés pesquero", según ha informado el Consell en un comunicado.

   La consellera ha participado este martes junto al alcalde de Castellón, Alberto Fabra, en una reunión con el presidente de la Cofradía de Pescadores San Pedro, Ramón Salvador; y el presidente de la Federación de Cofradías de la provincia, Salvador Orero, entre otros, con el fin de abordar las consecuencias de las prospecciones de hidrocarburos frente a las costas de Castellón.

   En este sentido, la titular de Agricultura, Pesca y Alimentación ha trasladado a los representantes pesqueros las primeras conclusiones de un estudio que está elaborando la Unidad Mixta de Investigaciones Pesqueras, en la que participan expertos de la facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Católica de Valencia.

   En concreto, recoge que las campañas de prospección sísmicas provocan sobre los peces un comportamiento de huida que se deja sentir a más de 40 kilómetros de distancia y provoca una drástica reducción de los recursos y rendimientos pesqueros.

   Los niveles sonoros que producen los pulsos acústicos empleados durante la exploración de las distintas áreas tienen un efecto directo en la modificación del comportamiento de peces, cetáceos y tortugas, especialmente en cuanto al alejamiento de las zonas de origen del ruido.

   Dada la distancia de la reserva marina de Columbretes de las áreas de investigación, unos 25 kilómetros, la afectación, según el estudio, podría dar lugar al abandono del lugar por parte de las especies marinas, anulando así el efecto reserva conseguido desde la protección de este paraje marino.

   Asimismo, en este sector se produce la transición entre la plataforma continental y los fondos profundos a través de un talud muy pronunciado e irregular, lo que da lugar a fenómenos directamente relacionados con la productividad planctónica y, por tanto, la concentración de recursos pesqueros. Las ondas sonoras derivadas de las exploraciones incidirían de forma negativa en el plancton.

   Maritina Hernández ha señalado que las prospecciones representan una "amenaza para el sector pesquero de la provincia de Castellón pero también del conjunto de la Comunitat, y por tanto, una amenaza a la economía y al empleo en las comarcas de nuestro litoral, puesto que de este sector dependen más de 5.000 empleos".

   La consellera ha recordado que el pasado viernes el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, mantuvo una reunión de trabajo con los responsables de las distintas cofradías de la Comunitat a quienes transmitió la oposición del Consell  a esta decisión del Gobierno.

   Durante la reunión, ha informado también de las medidas que está adoptando el Consell en la comisión interdepartamental formada para analizar la situación, y ha expresado la colaboración de la Generalitat para evitar el impacto que las prospecciones pueden tener tanto a nivel económico, por el perjuicio que supone a los sectores productivos, como a nivel medioambiental.

Adif se alía con los puertos de Alicante, Castellón y Valencia para impulsar el tráfico de mercancías en tren

MADRID.- Adif mantiene acuerdos de colaboración con 17 autoridades portuarias con el objetivo de impulsar el transporte ferroviario de mercancías con origen o destino marítimo y mejorar la integración y coordinación de la red ferroviaria con los puertos, según informó el ente público.

   En virtud de estos acuerdos se facilitan los procedimientos operativos para el acceso y expedición de trenes al interior de los puertos y se coordinan las circulaciones y maniobras interiores.

   Las autoridades portuarias que, hasta ahora, han suscrito el citado acuerdo con Adif son A Coruña, Algeciras, Alicante, Avilés, Barcelona, Bilbao, Castellón, Ferrol, Huelva, Marín, Pasajes, Santander, Sevilla, Tarragona, Valencia, Vigo y Vilagarcía.  

   La colaboración se enmarca en el Plan Estratégico para el Impulso del Transporte Ferroviario de Mercancías en España, elaborado por el Ministerio de Fomento.

Por otra parte, la diputada autonómica de EUPV Marina Albiol ha advertido este martes en un comunicado que su formación denunciará al Consell ante la Junta Electoral Central si se inaugura el aeropuerto de Castellón sin estar funcionando antes de elecciones.
   Albiol considera "inaceptable" la "intención" de Fabra de inaugurar el aeropuerto el 22 de marzo, pues "el PP está utilizando esta infraestructura de forma partidista e interesada".
   Marina Albiol ha asegurado que esta iniciativa es "pura propaganda electoral" del Partido Popular, y ha señalado que "estamos delante de un caso flagrante de utilización partidista por parte del Partido Popular de una infraestructura pagada con dinero público, o sea por todos y todas", y ha añadido que "si el PP finalmente hace campaña electoral con el aeropuerto, lo denunciaremos inmediatamente".
   La representante de izquierdas considera "ridículo" inaugurar la infraestructura aeroportuaria en las condiciones actuales, ya que -ha añadido- "no tienen cerrado ningún acuerdo con operadoras y los socios privados los huyen debido a la poca rentabilidad del negocio, una situación poco propicia para celebraciones y mucho menos para inauguraciones".
   "No tiene ningún sentido abrir una instalación simplemente para que la visite la gente, como si fuera un museo, porque no va haber ningún avión ni servicio activo".
   Además ha recordado que desde Aerocas "no tienen ninguna fecha de entrada en funcionamiento del aeropuerto seria, que puede aplazarse meses, y sobrepasar el verano". "En estos momentos pensar en una inauguración causa auténtico estupor y demuestra a las claras la utilización del aeropuerto con intenciones electorales por parte del presidente de la Diputación, Carlos Fabra", ha dicho.
   La representante de izquierdas le ha recordado al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, que el aeropuerto de Castelló "no es propiedad suya ni del Partido Popular, es de todos los castellonenses", y ha aclarado que "la utilización interesada y partidista de las instituciones públicas por parte de Fabra es un asunto que no vamos a tolerar".

El Metal augura estancamiento en 2011

VALENCIA.- El sector valenciano del metal augura "un nuevo ciclo de estancamiento o de leve empeoramiento" en 2011 y ha urgido a acometer un "plan de choque de emergencia", por considerar que "las empresas, para sobrevivir, necesitan algo más que gestos en un momento crítico de nuestra economía", en palabras del presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), Vicente Lafuente.

   Lafuente ha señalado que "ante la precaria situación del contexto político, económico y empresarial", la crisis "exige actuar" e implantar "un plan de choque de emergencia consensuado que ayude a las empresas". "Hay que hacerlo ya, y nadie puede eximirse de sus responsabilidades", ha sentenciado.

   En su opinión, "lejos del excesivo énfasis que se está poniendo en impulsar medidas estructurales futuras, urgen reformas inmediatas y sustanciales" y "se debe activar un plan de choque concreto y de emergencia a corto plazo para que el mercado reaccione".

   En concreto, ha instado a "reclamar a las administraciones que se autoexijan un plan de austeridad, donde prime un recorte del gasto público sin eliminar inversión productiva" y se aborde la "necesaria coordinación" para "optimizar los escasos recursos existentes".

   Además, Lafuente ha abogado por "potenciar" las "inspecciones para eliminar el nivel de economía sumergida, que ronda el 20 por ciento del PIB" y el "asociacionismo como fórmula de crecimiento empresarial y vehículo de representación y gestión de los legítimos intereses generales de cada sector".

   Desde Femeval se han mostrado partidarios de "vincular los salarios a la productividad, desligando las subidas salariales a la inflación", así como de "ajustarlos a la inflación" y "alcanzar un acuerdo entre empresarios y sindicatos para asumir una moderación de salarios".

   Han reclamado asimismo una ley que "obligue a todas las administraciones públicas a auditar y exponer públicamente sus cuentas de resultados y balances en tiempo y forma", por considerar que esa transparencia "es clave para una gestión justa y eficiente".

   También han abogado por "incrementar la flexibilidad interna de las empresas, mediante el fomento de la distribución irregular de la jornada", por definir la duración de los convenios en función de parámetros y por establecer la posibilidad de "vigencias diferenciadas dentro del mismo convenio".

   Femeval solicita igualmente que se regule definitivamente la ultraactividad, "más recursos para cualificación y capacitación del capital humano de las empresas y de los activos desempleados" y promocionar la rehabilitación de viviendas y edificios, como "sector dinamizador" que está "estancado por el parón de la construcción".

   Entre los condicionantes que afectan al sector, Lafuente ha resaltado que "el crédito está muy lejos de fluir en condiciones normales al tejido empresarial" y ha augurado que "las regulaciones que las autoridades pretenden aplicar para ganar la confianza de los inversores en la solvencia de las entidades, van a agudizar aún más la sequía de crédito y la mortalidad empresarial".

   También ha apuntado a la tardanza de pago como factor que contribuye al "estrangulamiento financiero empresarial", dado que la morosidad impide a las empresas "llegar a cobrar el 4 por ciento de las ventas" y "se ha convertido en la causa directa de la disolución de más de 16.200 compañías desde 2008".

   Para Femeval, la actual "debilidad financiera y económica" oculta asimismo "una profunda crisis institucional y política", lo que "genera una mayor desconfianza y pone en duda la credibilidad de todo un sistema representativo al que la sociedad está dando la espalda".

   Lafuente ha aludido a la dimensión de las entidades públicas como "uno los grandes obstáculos que el tejido empresarial, y en concreto la economía de polígono, está soportando sin sentido" dado que en los últimos ocho años, se ha incrementado en un 150 por ciento el número de sociedades y entes públicos mientras la deuda de las comunidades autónomas "ha crecido sin control, con un ritmo de avance dramático del 27 por ciento anual, lo que supone 108.000 millones de euros".

   De cara a las próximas elecciones municipales, ha pedido a los candidatos que "incluyan en sus programas políticas realistas y responsables". "Los partidos políticos no deben maquillar más la realidad", ha recalcado Lafuente, quien ha exigido "una gestión austera y transparente de los recursos públicos para impedir que hipotequen nuestro futuro económico".

   En cuanto al éxodo de trabajadores cualificados, ha alertado de que "implica un proceso de descapitalización humana que disminuye la tasa de crecimiento potencial de nuestra economía a medio plazo" y "convierte nuestro gasto público en ineficaz y no equitativo", en un momento en el que el metal valenciano "necesita una mano de obra comprometida, flexible y cada vez más cualificada".

   De cara a 2011, tras cerrar 2010 "con un retorno a la tendencia negativa que ha marcado los últimos dos años", el sector cree que "se ha cerrado la etapa de buenos resultados de principios de 2010" y espera "un nuevo ciclo de estancamiento o de leve empeoramiento que dificultará la actividad en 2011", con las ventas al mismo nivel y "una nueva destrucción de empleo".

   El balance de 2010 muestra un sector que ha recuperado 8.900 empleos, aunque con cifras de ocupación muy alejadas de las del inicio de la crisis, y que ha mejorado un 14 por ciento el valor de los productos exportados respecto a 2009.

Los sindicatos reclaman que el II Plan Valenciano de la FP tenga apoyo económico "real"

VALENCIA.- Sindicatos del sector docente han reclamado que el II Plan Valenciano de la Formación Profesional (FP), cuya propuesta se aprobará este miércoles en el Consejo Valenciano de la FP, disponga de un apoyo económico "real" para desarrollar un sistema integrado de este nivel educativo en la Comunitat. 

   Así, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT (FETE-UGT PV) ha valorado la propuesta que el Consejo Valenciano de la FP va formular al Consell y que recibirá el "apoyo crítico" de este sindicato, principalmente por lo "excesivamente generales que son sus propuestas y el limitado desarrollo que va a tener en el tiempo, ya que finalizará su aplicación en 2013, con un recorrido limitado a los años 2011-2013".

   Asimismo, FETE considera que "el éxito del Plan depende del impulso político que reciba por parte del conjunto de la Generalitat después de las elecciones del 22 de mayo, y de los recursos económicos que se destinen para su correcto desarrollo".

   UGT advierte además de que, tal y como se presenta, el plan "puede adolecer además del mismo defecto del primer Plan Valenciano de FP de 2002, y es el de carecer de memoria económica o consignación presupuestaria para su desarrollo". "Esta grave circunstancia motivó que el anterior Plan Valenciano de FP de 2002 no se desarrollará y quedase, desde su firma, en papel mojado", han recordado.

   Para la entidad, "también es preocupante que este nuevo Plan Valenciano de FP, tal y como está diseñado, no sirva de impulso y desarrollo efectivo del Sistema Integrado de Formación Profesional que precisa nuestra Comunidad, ya que, en la práctica funcionan como compartimentos estancos y separados los dos sistemas de Formación Profesional existentes --la FP responsabilidad del sistema educativo y la FP responsabilidad de la administración laboral--, sin compartir eficazmente recursos, ni materiales ni humanos".

   "Y lo que es más importante, sin que se establezca en este Plan mecanismos de integración efectiva, de coordinación y para compartir recursos, lo que provoca dificultades para un eficaz desarrollo de la cualificación profesional de los trabajadores valencianos", destacan.

   Asimismo, FETE recalca "no puede aceptar que como consecuencia del cambio de modelo de las plantillas docentes de FP, se hayan suprimido 800 puestos de trabajo, sólo en desdobles y en aquellas materias o módulos eminentemente prácticos, que se desarrollan en laboratorios o talleres".

   "Tampoco es de recibo --prosiguen desde el sindicato-- que exista un desequilibrio tan acusado entre la oferta formativa que presenta la Conselleria de Educación y la demanda existente, que ha provocado que en estos dos últimos cursos se hayan quedado sin plaza en estas enseñanzas más de 8.000 personas, trabajadores desempleados la mayoría de ellos que precisan mejorar su cualificación profesional para mejorar su empleabilidad".

   Por su parte, la Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV)ha señalado que con la aprobación de este Plan, el Consell pone en evidencia "una contradicción, y no puede sino cuestionar la política educativa, errática, totalitaria e irresponsable, de la Conselleria de Educación", ya que, "por un lado, la Generalitat ha presentado una planificación amplia que presupone un horizonte de inversiones y apuestas para la FP, pero por otro, se aplican recortes presupuestarios".

   La federación opina que "las mayores carencias a las que deberá hacer frente el Plan provienen de los recortes arbitrarios y la falta de inversión para la mejora en la FP reglada: la ausencia de un mapa de centros equilibrado; la insuficiente oferta educativa en el sistema público; que no se autorizan los grupos necesarios para atender la demanda actual y se recortan las plantillas de profesorado mediante la reducción del número de grupos", han citado desde el colectivo.

   En este sentido, CCOO insiste en "la necesidad de la ampliación de la red de centros integrados, actualmente constituida por 11 centros mal distribuidos, que se concentran en la provincia de Valencia, desatendiendo anchas zonas de Castelló, Alicante y de el interior del País Valenciano".

   En resumen, aunque CCOO PV valora el hecho de haber llegado a un acuerdo que puede ser positivo para el sistema valenciano de formación profesional, "no renuncia a ninguna herramienta al servicio de la lucha sindical para paliar los déficits que hace falta superar, parar los recortes en inversión en el sistema educativo y contribuir a fortalecer este sistema que será capital por superar la actual crisis económica".

Carlos Fabra reitera que es "lamentable" que Génova no haya ratificado a Camps

CASTELLÓN.- El presidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha reiterado este martes que es "lamentable" que la Dirección Nacional del PP no haya ratificado a Francisco Camps como candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana "desde hace más de un mes".

   Fabra, que ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras finalizar el pleno ordinario de la Diputación.

   Al respecto, ha señalado que "me parece lamentable que Camps no haya sido ya ratificado por Génova desde hace más de un mes porque los valencianos ya le hemos ratificado, los 'populares' y los no 'populares'".

   Fabra ha argumentado en este sentido que todas las encuestan dan al PP entre 59 y 61 diputados, "es decir, que podríamos llegar a tener los 3/5 del Parlamento, y supongo que no serán solo 'populares' a los que les hacen las encuestas".

Antonio Asunción considera un "barbaridad" la petición del PSPV de tres años de cárcel para Camps

VALENCIA.- El exministro del Interior Antonio Asunción considera un "barbaridad" que el PSPV solicite en su escrito de conclusiones provisionales un total de tres años de prisión y ocho de inhabilitación para el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, por la 'causa de los trajes', que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

   Asunción se ha pronunciado así tras ser preguntado en el foro de diálogo Punto de Encuentro, celebrado este martes en Valencia, sobre este asunto. En este sentido, ha indicado que la pieza de Gürtel que está separada y en estudio "podría cambiar el escenario" y "en ese caso el supuesto sería otro".

   El exministro ha explicado que "lo que hay en la instrucción es una pena de multa", aunque ha señalado que "otra cosa sería el desgaste político" que pueda suponer este asunto para Francisco Camps y su partido. "Yo cuando pensaba que podía generar desgaste me marche a casa", ha apostillado en relación a su experiencia como ministro.

   Preguntado sobre si tiene algún pacto con el PP, Asunción ha asegurado que esas afirmaciones son "totalmente falsas" y que son "difamaciones realizadas por el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, y secretaria provincial del PSPV, Carmen Martínez".

   A este respecto, ha indicado que las declaraciones de Alarte y Martínez son "soeces e insultantes", por eso, ha dicho, "están en los juzgados". 

Asimismo, ha criticado que se "invoque a la amistad de las personas para ensuciar el nombre" y ha recordado que "después de treinta y tantos años" en el partido "no tengo que demostrar ni pasar la prueba de la lealtad". "No tengo ningún pacto con el PP y no voy ir al PP", ha concluido.

El Tribunal de Cuentas italiano advierte de que la corrupción es "patológica"

ROMA.- El fiscal general del Tribunal de Cuentas italiano, Mario Ristuccia, ha advertido este martes de que "la corrupción y el fraude", sobre todo "en el sector de las contribuciones nacionales y de la Unión Europea", son una "patología" en la Administración pública italiana.

   Ristuccia ha presentado los datos recogidos por la Policía y la Guardia de Finanzas italiana, que indican que las fuerzas del orden descubrieron 237 casos de corrupción, 137 de abuso de poder y 1.090 casos de abuso de oficio.

El Tribunal de Cuentas asegura que el sector sanitario es el más afectado por esta corrupción ya que "existen verdaderos episodios de mala gestión favorecida por las carencias del sistema de control".

   Además, el fiscal ha recordado el proyecto de ley que pretende presentar el primer ministro, Silvio Berlusconi, para prohibir que las escuchas telefónicas sean utilizadas en los procesos judiciales y ha subrayado que este decreto "no está dirigido a una verdadera lucha contra la corrupción". Según Ristuccia, las escuchas "son uno de los instrumentos más importantes en las investigaciones" para impedir la corrupción.

   Berlusconi recordó en una reunión del Consejo de Ministros que su partido, Pueblo de la Libertad, debía presentar un nuevo proyecto de ley sobre la utilización de las escuchas en los procesos, después de que la Fiscalía de Milán acusara al mandatario de prostitución de menores y abuso de poder basándose en las interceptaciones realizadas a los teléfonos de las supuestas prostitutas que habrían participado en las fiestas que el 'Cavaliere' organiza en sus villas.

   El Tribunal de Milán consideró "evidente" las pruebas presentadas por la Fiscalía, que demostrarían que Berlusconi mantuvo relaciones sexuales con la joven marroquí Kharima El Mahroug, alias 'Ruby', a cambio de dinero y joyas. El 'premier' se enfrentará a los tribunales el próximo 6 de abril por el llamado 'caso Ruby'.

La recapitalización de cajas "va más lenta de lo esperado"

MADRID.- La recapitalización de las cajas de ahorros en España "va más lenta de lo esperado", según un informe de Barclays Capital que analiza la norma de Reforzamiento del Sistema Financiero aprobada por el Gobierno para disipar las dudas sobre la economía española y su banca.

   Además, el informe insiste en que las necesidades de recapitalización del sector financiero español se elevan a 46.000 millones de euros, lo que supone más que duplicar los 20.000 millones de hueco de capital identificado por el Gobierno tras informes del Banco de España.

   La firma de análisis afirma que el Gobierno español ha diluido en el decreto ley las exigencias que anunció en la presentación del proyecto de norma, ya que ha dilatado al plazo para permitir que las entidades salgan a bolsa hasta marzo de 2012 y ha ampliado el concepto de capital.

   Ampliar el periodo para que las cajas puedan salir al parqué hasta el primer trimestre de 2012 "retrasa la capitalización del sector y suscita dudas respecto a su capacidad de superar las pruebas de resistencia del próximo mes de junio", sostiene.

   Además, el Gobierno español ha establecido una definición flexible de capital "para permitir a las cajas de ahorros cumplir con el nuevo requerimiento", y no queda claro si las participaciones industriales se tomarán en cuenta para minorar el capital, agrega Barclays Capital.

   El anuncio del plan de recapitalización del sector financiero parecía abrumador y fue recibido con escepticismo en el mercado, "impresión inicial que el Gobierno ha confirmado con la aprobación de la norma, porque suaviza algunas de las exigencias iniciales", asevera.

   En este sentido, especifica que la definición del capital contenida en el decreto no sigue las directrices de la regulación internacional de Basilea III, tal y como se anunció inicialmente, por los ingredientes que pueden formar parte del mismo.

   Barclays considera que el decreto ley "es un paso claro en la buena dirección", pero resalta que las necesidades de capital son más del doble de las identificadas por el Gobierno y que en su mayoría deberán cubrirse con fondos públicos.

   "Una parte significativa de la recapitalización en el escenario base deberá ser cubierta por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)", aunque hay "algunas oportunidades" para la entrada de capital privado en las entidades financieras, afirma Barclays.

   La firma subraya que algunos bancos han manifestado su interés por entrar en el capital de las cajas, mientras que algunas de éstas pueden optar por desprenderse de sus participaciones industriales. Asimismo, apunta a la posibilidad de una nueva y "limitada" ronda de consolidación entre los 17 grupos de cajas existentes.

   Por esta razón, para Barclays Capital "la pieza que falta" en el decreto de capitalización de entidades es "una estrategia de financiación del FROB" que le permita hacer frente a unas necesidades de capital muy superiores a las estimadas por el Ejecutivo.

   En este caso, Europa tendrá que desempeñar un papel a través de una mayor flexibilidad del fondo de rescate europeo que le habilite a comprar deuda de los gobiernos en los mercados primarios, apunta.

El Banco de España dice que la norma de capital profesionalizará las cajas

LONDRES.- El director general de Regulación del Banco de España, José María Roldán, ha asegurado ante inversores y analistas en Londres que la norma que exige más capital a las entidades financieras aprobada por el Gobierno permite a las cajas acceder a capital de máxima calidad y "contribuye a profesionalizar su gestión y órganos de gobierno, al tiempo que somete a estas entidades a la disciplina del mercado".

   Roldán ha desgranado en la City el decreto ley de Reforzamiento del Sector Financiero publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que eleva los requisitos de capital de las entidades al 8%, porcentaje que se sitúa en el 10% para las que no coticen, no tengan presencia de inversores privados en al menos el 20% del capital o presenten una financiación mayorista superior al 20%.

   "Donde sea necesario el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) proporcionará los fondos para alcanzar los requerimientos de capital de la norma", dijo Roldán, en alusión a las entidades que no logren reforzar su solvencia por sus propios medios y tengan que recurrir al respaldo público en el plazo señalado.

   Los resultados de la reestructuración financiera en España "han sido sustanciales" y las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno persiguen "disipar las dudas que puedan quedar sobre la fortaleza del sistema financiero español", ha incidido Roldán.

    Roldán ha indicado que a raíz del recrudecimiento de la crisis de deuda soberana de los países periféricos y de las dudas sobre la economía española y su sistema financiero, el Gobierno español ha aprobado el decreto ley de reforzamiento de la solvencia, a lo que se suman los mayores requerimientos de transparencia a las entidades.

   El responsable del Banco de España ha informado a los inversores y analistas británicos de que la exposición de las cajas de ahorros al sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria se eleva a 217.000 millones de euros, de los que se consideran potencialmente problemáticos 100.000 millones, el 46% del total.

   Los créditos dudosos y subestándar se elevan a 28.000 millones en cada caso, mientras que los activos adjudicados alcanzan 44.000 millones. Las provisiones específicas cubren el 31% de la exposición problemática, pero si se suman las genéricas, la cobertura se eleva al 38%, ha agregado.

   Roldán ha defendido que el reconocimiento de las pérdidas potenciales de las entidades españolas, debidas principalmente a los créditos a los sectores de la construcción y la promoción, se ajusta a la realidad, tal y como reflejan tanto los niveles de reconocimiento como el cálculo realizado, que es "transparente, reglado y prudente".

   Según concretó, las entidades españolas ya han reconocido un deterioro de activos desde enero de 2008 por importe similar al 9% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone unos 91.000 millones de euros, de los que 52.000 millones corresponden a cajas y 39.000 millones a bancos.

   Además, el responsable de Regulación del Banco de España ha incidido en que la gran mayoría de las entidades superaron los test de estrés aplicados al sistema financiero el pasado mes de julio, que recogían unos escenarios posibles pero que no se han materializado y que es improbable que eso suceda.

   Asimismo, ha puntualizado que las entidades fueron sometidas a unas pruebas de resistencia muy transparentes y detalladas que englobaron al 90% del sector financiero, según figura en la presentación ante inversores colgada en la web del instituto emisor español.

   Roldán ha subrayado que el sistema financiero español se basa en el modelo de banca tradicional, sin inversiones en activos tóxicos ni vehículos fuera de balance y con un enfoque prudente a la financiación mayorista, lo que contribuyó a incrementar su resistencia frente a los primeros embates de la crisis financiera internacional en el verano de 2007.

Casa Caridad detecta en 2010 un incremento del 33,6% de las atenciones a valencianos

VALENCIA.- El V Informe sobre la Pobreza del departamento de Trabajo Social de Casa Caridad de Valencia refleja un incremento del 33,6 por ciento de las atenciones prestadas a valencianos en 2010 en el servicio de comedor en relación con 2009, y un 167,5 por ciento más si se compara con 2008. Por contra, ha disminuido la cifra de inmigrantes no comunitarios atendidos en sus instalaciones.

   Así se desprende del diagnóstico de la pobreza en la ciudad de Valencia que ha elaborado la entidad benéfica a partir del colectivo que atiende en sus instalaciones, según ha informado en un comunicado. El informe refleja que el número de españoles que requieren de los servicios de Casa Caridad ha continuado aumentando en el último año y, concretamente, ha sido la población valenciana la que ha requerido en mayor medida de su ayuda.

   Así, las atenciones realizadas a valencianos en el servicio de comedor han aumentado en un 33,6 por ciento respecto a 2009 y un 167,5 por ciento si se compara con las cifras de 2008, lo que refleja "la situación de necesidad a la que se han visto abocados quienes, tras buscar apoyo en redes sociales y familiares, se han visto obligados a acudir a la institución benéfica debido a la carencia de recursos económicos que sufren".

   Según Casa Caridad, este incremento de la demanda de ayuda por parte de valencianos se ha observado en todos los servicios, entre los que destaca el albergue, donde ya suponen el 41,5 por ciento del total de personas que pernoctan en sus instalaciones. "Esto significa que ya no son personas que están de paso, como solía ocurrir hace unos años, sino que se trata de una población sin hogar no itinerante, que ha nacido en Valencia y que, por diferentes situaciones personales o procesos de rupturas, necesitan de los servicios de primera acogida de Casa Caridad", ha explicado.

   Otro hecho destacable del informe es el que señala que más de 80 por ciento de los usuarios de Casa Caridad se encuentra en edad de trabajar. Son mayoritariamente hombres, entre 21 y 40 años. Las mujeres, por su parte, que ya incrementaron su presencia en 2009, presentan un "ligero repunte" en el albergue, situándose en el 30 por ciento, al haberse incrementado las familias con menores en este servicio, principalmente las procedentes de Rumanía.

   El aumento de familias con niños se ha producido en todos los servicios de Casa Caridad y han alcanzado las 7.000 atenciones recibidas en 2010. "Los menores representan el 9 por ciento de nuestros usuarios de albergue y el 5,7 por ciento de las personas que vienen a comer. Una tendencia al alza que comenzó a finales de 2008 y que refleja una creciente población infantil desfavorecida, y el posterior riesgo futuro de exclusión social de estos menores", ha señalado Luis Miralles, vicepresidente de Asuntos Sociales de Casa Caridad.  

   Por su parte, la disminución del número de extranjeros en situación de necesidad se debe principalmente al descenso de inmigrantes recién llegados y a la mayor movilidad de este colectivo al no encontrar trabajo, según la entidad.

   Así, los extranjeros no comunitarios han descendido "significativamente", pero los que continúan haciendo uso de los servicios de Casa Caridad "lo hacen en mayor medida". Mientras, nacionalidades ya instaladas en España desde hace tiempo, como Rumanía, Bulgaria, Bolivia o Colombia mantienen su presencia.

   "Las expectativas laborales y de calidad de vida que ofrece España ya no atraen a los extranjeros, que prefieren emigrar a otros países con más posibilidades. Además, la situación administrativa irregular a la que se han visto abocados muchos de ellos, tras perder su empleo y su permiso de residencia, unido al endurecimiento de la Ley de Extranjería, ha hecho que se produzcan más repatriaciones a sus países de origen", ha indicado Miralles.

   Por nacionalidades, destaca la "desaparició"n entre los usuarios de Casa Caridad de personas provenientes de países subsaharianos como Ghana y Guinea, así como la progresiva disminución de la población senegalesa y de Mali.

   Casa Caridad Valencia es una institución benéfica privada, declarada de utilidad pública, dedicada a resolver las necesidades más básicas de las personas sin hogar. Actualmente sus servicios incluyen comedor social, albergue, escuelas infantiles, ropero, centro de día, programas de higiene y salud y búsqueda de vivienda y empleo.

   Anualmente atiende a más de 200.000 personas; en su comedor social reparte más de 300.000 raciones de alimento; el albergue acoge más de 20.000 pernoctaciones y las Escuelas Infantiles, una en Valencia y otra en Torrent, atienden a 76 niños de entre 1 y 3 años. 

Junto a estos servicios, el departamento de Trabajo Social, a través de distintos programas, apoya la reinserción de las personas sin hogar, por medio del Centro de Día, asesoramiento, acompañamiento a familias monoparentales y servicios básicos de higiene y salud.

La Seguridad Social pierde 3.735 cotizantes extranjeros en la Comunitat en enero

VALENCIA.- La Seguridad Social ha perdido 3.735 cotizantes extranjeros en la Comunitat Valenciana en enero, un 1,85 por ciento menos respecto al mes anterior, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 197.458 ocupados, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración hechos públicos este martes.

   Por Regímenes, de los 197.458 afiliados, un total de 108.868 pertenecen al General; 27.595 al Régimen de Autónomos; un total de 46.858 al Agrario, 260 al Régimen del Carbón y un total de 13.876 al del Hogar.

   Asimismo, la Comunitat es la cuarta región con mayor número de cotizantes extranjeros, por detrás de Cataluña, Madrid y Andalucía.

El PSOE pide tres años de cárcel para Camps por el 'caso Gürtel'

VALENCIA.- Los socialistas valencianos, personados como acusación particular en el caso de los regalos de la red Gürtel al presidente valenciano, Francisco Camps, y a otros altos cargos de la Generalitat y el PP regional han presentado su escrito de acusación en el que piden tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para el líder popular.

El escrito de acusación plantea que los trajes y demás objetos recibidos por Camps (por un valor de 12.000 euros a los largo de tres años en distintas épocas) no son un caso de cohecho impropio (recibir dádivas en función del cargo que ostenta) sino de cohecho propio (recibirlas a cambio de adjudicar contratos).

La red Gürtel comenzó a hacer regalos a Camps, a su esposa y a sus hijos a raíz de que la empresa valenciana de la trama corrupta, Orange Market, consiguiera millonarios contratos de la Administración valenciana. En los cinco años de actividad de esta empresa, el Gobierno que presidía Francisco Camps le adjudicó cerca de 50 contratos, la inmensa mayoría a dedo, sin concurso y saltándose toda la normativa sobre contratación administrativa. Tomando como base esta evidencia, el PSOE pide la pena mayor contemplada en el código penal para este tipo de conductas.

El escrito de los socialistas solicita, igualmente, otras dos penas alternativas. Una de ellas, la de que Camps y los otros tres imputados hubieran cometido un delito de cohecho pasivo impropio al aceptar los regalos de la trama corrupta. Para ese supuesto el PSOE solicita unas penas mayores que las pedidas por la fiscalía: 49.500 euros para Camps y el mismo importe para los otros tres imputados: Ricardo Costa (ex secretario general del PP regional), Víctor Campos (exvicepresidente de la Generalitat) y Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo).

Los socialistas plantean por último y de forma alternativa que el comportamiento de los imputados sea constitutivo de una tercera forma de cohecho, recogida en el artículo 425.1 del Código Penal vigente en el momento de los hechos: "La autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado, incurrirá en la pena de multa del tanto al triplo del valor de la dádiva y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años". 

En este supuesto, el PSPV-PSOE solicita que les sean impuestas a los cuatro acusados las penas de suspensión para empleo o cargo público de dos años. Y además: para Camps, una multa de 46.074 euros; para Campos, 40.497 euros; para Costa, 21.975 euros, y para Betoret, 16.587 euros.

El escrito pide también, de forma accesoria, "el decomiso de los efectos provenientes del delito de cohecho, concretando de las prendas (trajes, abrigos, zapatos, chaqué, corbatas, americanas, esmoquin y pantalones), y en el caso de que no fuera posible, el comiso de otros bienes por su valor equivalente".

Ahora solo faltan las alegaciones del propio Camps y de los otros tres cargos del PP imputados para que el juez José Flors, que instruye la causa, decida si abre juicio oral con jurado popular que, según todas las previsiones, se celebraría entre septiembre y octubre de este año.

Rajoy tranquiliza a Camps y promete que le confirmará antes de 15 días

MADRID.- Todavía va a tener que sufrir un poco más, pero al menos ya tiene un horizonte temporal: 15 días. Es eso, o un poco menos, lo que tendrá que esperar Francisco Camps para ser designado oficialmente candidato del PP a las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana. Aún no hay fecha para reunir al Comité Electoral Nacional, explicó ayer Dolores de Cospedal, la secretaria general, pero será antes de la convención autonómica que se celebrará el 4 y 5 de marzo en Palma de Mallorca. Una cita para la que se quieren evitar los conflictos internos, a juicio de 'El País'.

El presidente de la Generalitat valenciana lleva semanas presionando a la dirección nacional para que adelante su nombramiento. El hecho de que siga formalmente en el aire -aunque todas las fuentes de la dirección insisten en que la decisión está tomada y será candidato- ha generado una enorme preocupación en el entorno de Camps. Tanto que Alfonso Rus, presidente del PP valenciano, llegó a exigir que se adelante y a insinuar que si no se ha hecho aún es porque Cospedal está presionando a Mariano Rajoy.

Rus ya había recordado que Camps apoyó a Rajoy tras la derrota de 2008, "cuando le faltaba la peseta para el duro". El sábado remató: "Hombre, cerremos ya el tema. Lo único que reivindicamos, que no es nada, es que lo hagan [la confirmación] lo antes posible". "A la Cospedal le dicen la dama de hierro, la fuerte. El fuerte es el presidente y él es el que marca los tiempos", remató Rus.

Estas palabras sentaron mal en la dirección nacional, harta de presiones. En principio querían retrasar el nombramiento hasta finales de marzo, a la espera de cualquier novedad judicial -ganar tiempo es siempre la estrategia favorita de Rajoy-, pero han concluido, según varios dirigentes, que es imposible llegar a la convención de Mallorca sin el asunto resuelto. Eso anularía cualquier mensaje que se quiera trasladar allí sobre el programa marco de las elecciones autonómicas del 22 de mayo.

Cospedal insistió en que no piensa anunciar la fecha del comité porque lo considera "una cuestión interna que no interesa a los ciudadanos". Sin embargo, sí se comprometió a que tenga lugar antes de la reunión de Mallorca.

La secretaria general trató en todo momento de restar relevancia a este asunto, aunque es la cuestión que centra las conversaciones internas. Eso sí, siempre en pasillos, porque ayer se reunió el Comité Ejecutivo y ningún dirigente hizo mención al asunto, ni siquiera para apoyar al valenciano. Camps, de nuevo, no acudió a la reunión, al contrario que otros presidentes como Alberto Núñez Feijóo (Galicia) o Ramón Luis Valcárcel (Murcia). Cospedal insistió en que si el valenciano no ha sido confirmado hasta ahora es "por un tema de tiempos y de plazos". Tampoco lo han sido otros presidentes autonómicos, explicó.

Sin embargo, nadie en el PP oculta que este retraso, que han hecho extensivo a todos los presidentes autonómicos para que no se notara tanto el motivo, solo obedece a una cuestión: las dudas de Rajoy en los últimos meses por el horizonte judicial de Camps.

Lo confirmará, aseguran, pero sin entusiasmo ni grandes actos de adhesión, porque él no quiere dimitir, como desearía la cúpula nacional, y el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por un presunto delito de cohecho -por su relación con la trama Gürtel- tendrá lugar en otoño, tras las elecciones.

El PP recurre a la desesperada para evitar más daños a Camps en Valencia

MADRID.- En un intento desesperado por reducir daños en el proceso judicial que está a punto de sentar en el banquillo por cohecho impropio a Francisco Camps, presidente valenciano, el PP presentó la semana pasada un recurso de apelación. Con él pretende que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Madrid revoque la decisión adoptada hace año y medio por el juez Antonio Pedreira de enviar parte de la causa a Valencia, que incluía indicios de otros delitos graves contra cargos del PP. Pedreira rechazó en diciembre de 2010 un primer recurso, de reforma, sobre este asunto, recuerda 'El País'.

Si prosperase, Camps habría salvado otra situación apurada y la causa entraría en una senda imposible de prever, dado que las pruebas con delitos más graves que el de cohecho regresarían al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no puede juzgar a Camps por ser presidente de otra comunidad autónoma.

No es la primera vez que el PP intenta entorpecer el proceso. De hecho, ha recurrido prácticamente cada movimiento de Pedreira, siempre para tratar de beneficiar a Camps. La estrategia, dirigida por Federico Trillo, responsable de Justicia del PP, en plena coordinación con los abogados de Camps, consiste en dilatar el proceso para que no culmine antes de las elecciones autonómicas. Así, Camps podrá decir que las urnas le han absuelto, y a partir de ahí tomar cualquier decisión.

Este tipo de estrategia, aunque da sus frutos -no habrá juicio antes de las elecciones-, tiene molestos a muchos dirigentes. Los retrasos benefician a Camps, pero no a Mariano Rajoy. De seguir así, tendrá que enfrentarse a la precampaña de las generales de 2012 con Camps sentado en el banquillo y el caso Gürtel en un momento judicial de máxima actualidad. Pero Trillo no ha recibido contraorden de Rajoy y mantiene su estrategia dilatoria.

El PP argumenta en su escrito que el traslado de una parte de la causa al tribunal valenciano "dificulta la acción popular" que está realizando y aclara que recurre para "defender el nombre y la honorabilidad" de este partido político, "dado que el Estado no está sabiendo velar porque no se produzcan las interesadas filtraciones a la prensa que se vienen produciendo desde 2009". Los populares ya han recibido varios avisos tanto de los fiscales como del juez de que están utilizando su personación en la causa de forma torticera. Están allí como acusación popular, esto es como supuestos ofendidos, pero actúan como una defensa más con recursos a cualquier movimiento del juez.

En su enésimo recurso, el PP entiende que la decisión del juez les obliga a incorporarse como parte "a otro proceso ya iniciado", esto es, en Valencia. El PP alega con tono de reproche que de acordarse la inhibición se verá obligado "a desplazarse a otra ciudad, a contratar al menos a otro procurador y a asumir el resto de perjuicios evidentes que de manera natural se deducen de todo cambio de esta naturaleza".

Además, sostiene el PP que la escisión de una parte de la causa y su atribución a un órgano distinto provocará "una mayor demora en la tramitación de los procedimientos, un riesgo de duplicidad de las diligencias que se practiquen y, lo que es más grave, un peligro de que se pueda romper la continencia de la causa, al tratarse de actuaciones que forman parte de un proceder similar y que tiene a unas mismas personas como presuntos autores".

El PP pide ahora que se revoque la inhibición acordada en julio de 2009 por el juez Antonio Pedreira para que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia instruyera nuevas pruebas, además del regalo de trajes, contra Camps y su Gobierno. El Tribunal Supremo ya determinó por unanimidad el 12 de mayo de 2010 que el juez valenciano José Flors podía seguir adelante con el caso por cohecho impropio.

El PP tiene ahora otra preocupación: la causa por cohecho propio, malversación y financiación ilegal que deriva de contundentes informes policiales. El Tribunal Superior de Valencia debe decidir en breve si acepta a trámite el asunto, después de meses de dilaciones también con recursos del PP. Los populares creen que el tribunal valenciano decidirá enviarlo al Supremo para que sea este quien decida si debe ser el tribunal madrileño o el valenciano quien lo investigue, lo que supondría una dilación más y un nuevo éxito de la estrategia de Trillo.

Fuentes judiciales creen sin embargo que el Tribunal valenciano sí aceptará la competencia y designará al juez José Ceres como instructor. La instrucción, pues, se iniciaría antes de las elecciones del 22 de mayo. En los informes de la policía y de la Inspección del Estado hay indicios de que al menos cuatro constructoras que recibían contratos multimillonarios de la Generalitat pagaron actos del PP valenciano. Además, hay contratos públicos -muchos de ellos irregulares- con la red Gürtel por valor de siete millones de euros y una presunta comisión ilegal de al menos un millón de euros en la visita del Papa.

José Manuel Naredo: "Los políticos han financiado megaproyectos sin sentido urbanístico"

MADRID.- Su despacho es una mezcla del espacio personal de un estadistico, un crítico y un apasionado por el mundo inmobiliario. "No volverá a darse una burbuja como esta, de tan grandes proporciones", asegura José Manuel Naredo (1942), quien en su último libro repasa cómo el cambio de modelo (alquiler por compra) durante el franquismo sigue azotando a España en la actualidad. "Los políticos han financiado megaproyectos sin sentido urbanístico"

¿Quiénes han tenido más culpa de la burbuja: políticos o banca?

Ambos por igual. Por una parte, el tándem banca-inmobiliarias ha organizado el negocio fomentado por los políticos que han tenido la llave a nivel local y regional. Las limitaciones presupuestarias de los ayuntamientos les han inducido a buscarse la vida para obtener financiación. Ese contexto es muy favorable a la connivencia de megaproyectos discrecionales que nacen entre bastidores al margen del sentido común de un plan urbanístico.

¿Se ha aprendido lo suficiente de esta burbuja inmobiliaria para que no se vuelva a repetir?

"La crisis debería servir para tender a un modelo de más vivienda social"

A corto plazo, más que aprender, lo que se impone es la coyuntura. Con este último boom del ladrillo, España ha pasado de ser uno de los últimos países en tasa de endeudamiento familiar a estar por encima de todos. Por tanto, cuando el ahorro de los hogares está devorado, es imposible que la burbuja se infle en poco tiempo. Hasta que se digiera todo el stock de viviendas, y se vaya amortizando y reduciendo el endeudamiento, la crisis seguirá cortando las alas a este modelo del andamio especulativo inmobiliario-financiero. Sin embargo, puede que dentro de 20 años nos hayamos olvidado de todo y vuelva a suceder.

¿Qué condiciones deben darse para evitar otro boom' del ladrillo?

Por una parte, el cambio del modelo productivo. Un aviso que la inversión extranjera ya ha mostrado trasladando el chiringuito a empresas de energía o países como Polonia o Cabo Verde. Por otra parte, tendría que haber una reorientación del parque de viviendas. Hay que tender a más fórmulas de alquileres y vivienda social.

"El modelo actual promueve la compra de vivienda para hacer negocio"

¿La corrección del stock' es más una cuestión de tiempo o más bien de reducción de precios?

Se puede facilitar el ajuste con la bajada de precios, pero el gran problema es que la demanda está muy de capa caída por la crisis. Además, existe el gran forcejeo en los precios porque en España no hay estadísticas de precios de mercado sino de las tasadoras que trabajan para las entidades financieras, que acaban siendo juez y parte. Los precios de tasación caen la mitad que los anuncios y eso no es real porque, al final, las operaciones se acaban realizando por debajo de lo que aparece en los anuncios.

Este año se van a construir 100.000 viviendas en España. ¿Es una cifra útil para corregir el stock' o se debería llegar a construcción cero?

La cifra es consecuente con el reequilibrio que se inició en 2010 y la escasez de demanda. El gran problema es que no hay una visión política clara para dar salida a la crisis. También echo en falta una crítica ciudadana que solicitase el aprovechamiento del stock para vivienda social. Eso denota que el país está en encefalograma plano.

¿Qué salida le daría a los pisos en manos de las cajas por los impagos?

Su conversión en vivienda social. El Gobierno se lo debería haber pedido a las cajas como pago al FROB.

El Gobierno vasco tiene intención de gravar los pisos desocupados. ¿Es una fórmula para aumentar el parque de vivienda social?

Sin duda. De hecho, en otros países hay experiencias en este sentido. En Francia ni siquiera existe una ley de vivienda, sino de cohesión social que dice que es impresentable que en una zona donde hay necesidad de viviendas las haya desocupadas. Existe un impuesto creciente que llega a ser casi confiscatorio y eso engrosa el stock de vivienda social que allí tiene mucha importancia.

Ahora se construyen urbanizaciones y no ciudades. ¿Se ha cambiado la necesidad de tener una vivienda por el lujo?

Sin duda. El modelo promueve la adquisición de las viviendas como objeto de inversión y de lujo para hacer negocio con el alza del precio. Eso ha generado búnkers de ricos con todas las comodidades frente a los guetos de pobreza.