VALENCIA.- El magistrado José Ceres, instructor del 'caso
Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
(TSJCV), ha imputado al exconsejero de Sanidad Manuel Cervera por la
contratación relativa al vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico
de Valencia en 2008, adjudicado a Orange Market S.L. y otras dos
empresas vinculadas con esta mercantil.
Así consta en una
providencia dentro de la pieza
cinco --en total hay seis-- del 'caso Gürtel', relativa a presuntas
irregularidades en los contratos suscritos entre diferentes
departamentos de la Administración valenciana con Orange Market S.L. u
otras empresas del grupo.
Manuel Cervera, quien está citado
para el próximo 19 de noviembre a las 11.00 horas, también fue diputado
'popular' y portavoz de Sanidad del PP en el Congreso de los Diputados,
hasta que el pasado 30 de agosto anunció que renunciaba a su escaño en
la Cámara Baja y que abandonaba la política "por motivos de tipo
personal y profesional".
El juez le ha citado a declarar ahora
en relación con el contrato para la elaboración de un vídeo sobre la
ampliación del Hospital Clínico en 2008, proyecto que, según la
investigación, presuntamente se dividió en cuatro contrataciones de
distintas Direcciones Generales dependientes de la Consejería de Sanidad
--tres sobre la misma cinta proyectada-- en favor de Orange Market S.L.
--dos de ellas-- y de otras dos sociedades supuestamente vinculadas a
esta mercantil --Easy Concept y Diseño Asimétrico--.
El
instructor cree que los hechos podrían suponer un fraccionamiento de la
contratación de diversos contratos menores de cuantía inferior a 12.000
euros con la presunta intencionalidad de eludir el debido procedimiento
administrativo de concurso eliminando la libre concurrencia en favor de
mercantiles de la trama.
Esto podría constituir un delito
continuado de prevaricación y, en su caso, de tráfico de influencias.
Además, no resulta descartable la posible existencia de un delito de
falsedad en documento público u oficial, según el magistrado instructor.
En la providencia, el magistrado especifica que se accede a la petición
del fiscal para que declare Cervera como imputado porque era el "máximo
responsable" de la Consejería de Sanidad en ese momento y dado que se
trata de contrataciones realizadas por diversas Direcciones Generales
para un mismo acto "que tienen como superior común" al consejero.
Asimismo, añade que las personas responsables de las Direcciones
Generales que han declarado niegan "reiteradamente que en realidad hayan
realizado" esas contrataciones; que la mayor parte de ellas "refieren"
al gabinete del consejero "o en ocasiones a este mismo como del
departamento del que partió, se decidió y en todo caso les indicó que
debían encargarse de los pagos originados pese a no haber realizado la
contratación, y ello con posterioridad al evento" que se realizó el 19
de febrero de 2008.
Además,
agrega que los responsables de las Direcciones Generales mencionaron que
desde el Gabinete se les indicó el sistema de pago "siendo inhabitual
el realizarlo máxime con dichas altas cuantías, por el sistema de 'caja
fija', dirigido a los gastos corrientes y de funcionamiento ordinarios".
El instructor destaca que dos personas del Gabinete
declararon que fue el entonces consejero "la persona que, en su despacho
profesional y aproximadamente unos siete o diez previos a la
inauguración del acto", les presentó a Álvaro Pérez --responsable de
Orange Market-- como la persona que se iba a encargar de organizar el
acto y que, a instancias de Cervera, "colaboraron en los distintos
aspectos que exigía su función para que se realizara el vídeo de forma
satisfactoria bajo las indicaciones del consejero". Además, resalta que
el jefe de Gabinete negó haber decidido las contrataciones y la forma de
pago.
El magistrado advierte de que el exconsejero podrá ser
objeto en su comparecencia de preguntas sobre su conocimiento sobre las
restantes contrataciones investigadas de la Consejería de Sanidad, como
los Premio Salud y Sociedad 2006 a 2008.
En la providencia, sin embargo, el juez rechaza la declaración como
imputados de los entonces responsables de la dirección General de Farmacia, José Enrique Clérigues; de Calidad y Atención al Paciente,
Pilar Ripo; de Asistencia Sanitaria, Luisa Carrera y de la Agencia
Valenciana de Salud, Luis Rosado --exconsejero-- y se reserva para "un
momento posterior" el pronunciamiento sobre la solicitud del fiscal
sobre estas personas, que ya han declarado como testigos.
El
magistrado también realiza dos nuevos requerimientos --con plazo de
cinco días en ambos casos-- a las Consejería de Bienestar Social e
Industria para que aporten la relación íntegra de quienes componían los
respectivos Gabinetes y pide que le remitan la constancia de existencia
de reuniones mantenidas en esos departamentos con responsables y
personas vinculadas a Orange Market.
En el caso de Bienestar
Social, el requerimiento afecta a los años 2006 y 2007 --cuando la
dirigía Alicia de Miguel, imputada en la causa-- y pide la relación de
las personas que componían el gabinete incluyendo asesores, secretarias y
personal eventual de los distintos departamentos, con mención del
cargo, naturaleza de la relación de servicio, nombramiento y cese.
Asimismo, reclama, con acompañamiento documental, de la constancia de
las reuniones.
En cuanto a Industria, la petición, en
idénticos términos, hace referencia a 2008. La reclamación de las
reuniones afecta a las mantenidas en ese tiempo en ese departamento, el
SEPIVA u Orange Market en relación a la presentación empresariales de la
Comunidad Valenciana y, en especial, sobre la elaboración de un vídeo
para el acto.
Asimismo, el magistrado ha acordado nuevas
declaraciones testificales en relación con la contratación sobre la Guía
de Comunicación y regalo de Navidad 2004 y sobre el Proyecto Cultural
Castellón pero en relación al Congreso de Software Libre 2005.
