sábado, 15 de julio de 2023

Tárbena, el pueblo alicantino que habla mallorquín desde hace 400 años


PALMA DE MALLORCA “Els habitants de tots els pobles de la Vall saben que són mallorquins, i aquest és el nom que tots els donen” [“Los habitantes de todos los pueblos de la Vall saben que son mallorquines, y este es el nombre que todos les dan”]. Así se refería en 1936 el filólogo Francesc de Borja Moll a un hecho insólito del que poco se había investigado hasta entonces: la presencia de una colonia lingüística mallorquina en la Marina Alta y parte de la Marina Baixa, en Alicante, concentrada principalmente en el municipio de Tàrbena, según reportaje de www.eldiario.es

Era −y es−, como defienden los historiadores, la herencia cultural de otro fenómeno singular, el de la emigración, en 1610, de decenas de mallorquines hacia el Regne de València para llenar el vacío que habían dejado los moriscos tras su expulsión de aquellas tierras, lo que acabó condicionando el habla de esas aisladas comarcas y desató mitos y leyendas.

El proceso migratorio llenó además estos territorios de apellidos mallorquines. Comenzaron a extenderse los Cifre, los Calafat, los Ferrer, los Estalrich, los Moragues, los Monjo, los Ginart... y términos originarios de la isla se hicieron cada vez más comunes, además de los topónimos y características fonéticas y léxicas propias de Mallorca. La población comenzó a contagiarse de los cuentos, refranes y juegos lingüísticos oriundos de la isla, ampliamente recogidos por Jordi Colomina i Castanyer en el estudio Mallorquinismes a Tàrbena i a la Marina Alta y posteriormente también desarrollados por Vicent Beltran y Josepa García.

Los historiadores apuntan, sin embargo, a que su uso ha ido reculando con el tiempo hasta quedar acotado a Tàrbena, donde el 'parlar de sa' ha pasado a formar parte de la idiosincrasia de esta localidad de apenas 620 habitantes.

Aun transcurridos 400 años de la repoblación, hoy en día pueden continuar observándose, gracias a la reivindicación de sus orígenes y a los trabajos llevados a cabo por los historiadores, determinados fenómenos que sólo encuentran explicación en la herencia de quienes allí se asentaron. Son, sin duda, la prueba más evidente de la importancia que tuvo la repoblación mallorquina en el Regne de València.

Este hecho ha despertado con el tiempo el interés de investigadores y curiosos e incluso ha dado pie a la celebración de una fiesta anual, la Festa del Parlar de Sa, por iniciativa del Centro de Estudios de la Repoblación Mallorquina (CERM): los habitantes de Tàrbena se dan cita cada mes de junio para reivindicar sus raíces mallorquinas en un encuentro que anima a la creación literaria en la modalidad lingüística 'tabernera', además de contar con premios, espectáculos y actuaciones musicales.

En concreto, los estudios sobre la colonia lingüística mallorquina en la Comunitat Valenciana arrancaron con la tesis sobre el dialecto catalán de Alicante llevada a cabo por Pere Barnils (1913), lingüista que, por primera vez, dio a conocer la presencia del artículo 'salat' −uso de los artículos 'es' y 'sa' en lugar de 'el' y 'la'− en Tàrbena y en la Vall de Gallinera.

Poco después, el profesor y religioso mallorquín Antoni Maria Alcover redactaría varias notas a raíz de su visita a estos pueblos, en 1918, publicadas en el Boletín del Diccionari de la Llengua Catalana.

Ninguna mención más se conoce al respecto hasta que Borja Moll, discípulo de Alcover, volvió sobre los pasos de sus antecesores al describir su estancia en la zona y las peculiares características de sus habitantes.

Atraídos por este fenómeno, tanto Borja Moll como Alcover se volcaron en investigar a qué se debía la presencia del parlar de sa, atribuyéndola finalmente a la repoblación llevada a cabo por parte de mallorquines desplazados a la zona tras la expulsión de los moriscos. “La causa de tot això ès que realment els habitants de la Vall de Gallinera descendeixen de Mallorca” [“La causa de todo esto es que realmente los habitantes de la Vall de Gallinera descienden de Mallorca”], señalaba Borja Moll en el Almanac de les lletres de Mallorca en 1936. Sin embargo, sería el historiador y geógrafo Josep Costa quien, a finales de los años setenta, al estudiar de forma sistemática la repoblación mallorquina en aquellas comarcas, daría carta de naturaleza a esta tesis.

Unas consideraciones que, sin embargo, han sido cuestionadas por algunos autores que, pese al rigor científico y la solidez documental de las investigaciones de Costa, continúan defendiendo el origen primordialmente autóctono de buena parte de la población de estas comarcas, fruto de las conclusiones alcanzadas en 1969 por Jaume Torres Morera, quien afirmó que la repoblación fue un fenómeno eminentemente local, que sus protagonistas eran principalmente cristianos 'viejos' valencianos y que las aportaciones foráneas apenas supusieron un 5,8% del total. 
La expulsión de los moriscos, el mayor éxodo de España

Todo comenzó el 22 de septiembre de 1609, cuando, bajo el reinado de Felipe III, se proclamaba el edicto real que decretaba la expulsión de los moriscos del Regne de València, a los que siguieron, en los años siguientes, los de Andalucía, Extremadura y las dos Castillas. Así rezaba el decreto de expulsión: “Que todos los moriscos de este reino, así hombres como mujeres, con sus hijos, dentro de tres días de como fuere publicado este bando, en los lugares donde cada uno vive y tiene y tiene su casa, salgan de él y vayan a embarcarse a la arte donde el comisario les ordenare, llevando consigo de sus haciendas los muebles, los que pudieren en sus personas, para embarcarse en las galeras y navíos que están aprestados para pasarlos en Berbería, adonde los desembarcarán sin que reciban mal tratamiento ni molestia en sus personas. Y el que no lo cumpliere incurra en pena de la vida, que se ejecutara irremisiblemente”.

Se calcula que, en total, fueron expulsados de España alrededor de 300.000 moriscos −los que había en un país de unos 8,5 millones de habitantes−, especialmente del Regne de València, lo que implicó que éste se quedara con un tercio menos de población −otras fuentes citan hasta dos terceras partes−.

Fue la culminación de la “limpieza étnica” iniciada más de tres siglos y medio antes, como la definió el historiador e investigador Antoni Furió en su Història del País Valencià, y el mayor éxodo registrado hasta el momento en la historia de España. Fue entonces cuando los isleños fueron llamados a cubrir un vacío.

“Sangría” demográfica, pérdida de mano de obra y menos ingresos

“La noticia cayó como una bomba. En el País Valenciano suponía despejar buena parte del territorio y que sectores productivos enteros quedaran sin mano de obra”, explican los historiadores Antoni Mas i Foners y Joan-Lluís Monjo i Mascaró en su obra Per poblar lo Regne de Valèntia... L’emigració mallorquina al País Valencià en el segle XVII, en la que señalan que la expulsión de los moriscos provocó, incluso, asombro en el resto de Europa “no sólo por la injusticia de la medida, sino también por el volumen de la empresa”.

El propio Papa protestó, ya que implicaba poner en peligro renegar de todo este alud de cristianos“, añaden.

Como ponen de manifiesto en su libro ambos investigadores, una pérdida de efectivos demográficos de esa magnitud debía de causar una merma repentina de los ingresos del fisco real y, sobre todo, de las rentas percibidas por los señores feudales propietarios de señoríos habitados mayoritariamente −o totalmente− por moriscos. “Tanto para unos como para otros era urgente proceder a la forestación de las tierras abandonadas”, señalan respecto a una tarea que comenzó casi al mismo tiempo que la expulsión, y que tropezaba con la tendencia hacia el estancamiento de la población del Regne de Valencia, claramente visible a finales del siglo XVI.

En este contexto, los señores valencianos tuvieron como primer objetivo “volver a poner en rendimiento sus tierras”. A tal efecto, y en primer lugar, buscaron repobladores valencianos. Sin embargo, como señalan Mas y Monjo, numerosos sastres, herreros y panaderos no eran campesinos de naturaleza y debían pasar a vivir de ciudades libres a tierras jurisdiccionales.

Los valencianos, por tanto, únicamente se quedaron cuando se les aseguraron las mejores tierras y condiciones, por lo que hubo que buscar campesinos en otros lugares. Y uno de esos territorios fue la isla de Mallorca.

En el momento de la expulsión de los moriscos, el entonces virrey de Mallorca, el valenciano Joan de Vilaragul, señor de la baronía de Olocau, era consciente de la “sangría demográfica” provocada por la deportación, así como de la urgencia de proceder a la repoblación, tal como explican los dos historiadores, quienes apuntan que no sería extraño que el virrey hubiese actuado de puente entre las autoridades mallorquinas y los señores feudales de las comarcas del Marquesat y la Marina con el objetivo de atraer a pobladores desde Mallorca. Una operación en la que, además, habría destacado el papel del Duc de Gandia, secundado de inmediato por otros señores feudales.
Comienza la emigración

“Cabe suponer que las autoridades mallorquinas no debieron de poner ningún impedimento a la iniciativa”, subrayan Mas y Monjo, dado que, añaden, los potenciales emigrantes eran las bolsas de población más pobres del Regne de Mallorca y, sobre todo, consumidores efectivos de víveres en épocas de carestía. En aquella época, la producción de cereales en la isla era insuficiente para el consumo de la población, lo que comportaba la necesidad de proceder a su importación. Los dos historiadores señalan, por tanto, que en los primeros decenios del siglo XVII, cuando la producción de cereales iniciaba su declive y la población mantenía su tendencia al alza, la situación “debía de ser especialmente crítica”.

Así las cosas, el 11 de octubre de 1611 el Gran i General Consell −entonces máxima autoridad político-administrativa de la isla−, en una sesión llevada a cabo con el fin de realizar el escrutinio anual de cereales, determinó que no hacía falta comprar más puesto que los mallorquines comenzaban a emigrar hacia el Regne de València.

“Las magnitudes del proceso −al menos para los contemporáneos− eran más que relevantes”, inciden los investigadores, quienes destacan que el éxito de la iniciativa, además de las facilidades ofrecidas por las autoridades, “es fácilmente explicable: bastaba con prometer −y que la promesa fuese avalada por las autoridades− tierra de sobra a menestrales, jornaleros y campesinos que, o bien no tenían, o les resultaba insuficiente para su subsistencia”.

Los repobladores mallorquines, “mano de obra barata”

De este modo, empujados por la necesidad, estos emigrantes se convirtieron en la “mano de obra barata” dispuesta a repoblar las tierras que los repobladores originarios del Regne de València abandonaban a causa del peso de las exigencias señoriales. Los historiadores apuntan a que, de la documentación existente en la actualidad sobre aquel histórico proceso migratorio, se extrae que las poblaciones más afectadas por aquel movimiento fueron los municipios mallorquines de Artà, Llucmajor, Manacor, Santa Margalida y Pollença. Pocos de aquellos emigrantes regresaron a la isla.

Sobre cómo se llevó a cabo la repoblación mallorquina, autores como James Casey apuntan a una afluencia masiva de colonos en el periodo en que se redacta la mayoría de cartas de población (1610-1611), seguida de una etapa de fuerte renovación entre la primera generación de repobladores hacia 1630 y, finalmente, una etapa de estabilidad y crecimiento de cada comunidad entre 1630 y 1640.

En palabras del historiador valenciano Manuel Ardit, la repoblación se llevó a cabo, de algún modo, siguiendo la ley de la oferta y la demanda: “La calidad de la tierra, su situación, las urgencias de los señores y diferentes circunstancias de este tipo influyeron en las exigencias, facilitando o dificultando el proceso de repoblación”, apunta el investigador en Els homes i la terra del País Valencià.

Las leyendas y mitos en torno a la repoblación mallorquina no tardaron en difundirse y la tradición oral hablaba incluso de que los mallorquines que se desplazaron al Regne de València eran en realidad xuetes −nombre con el que se conoce a los descendientes de una parte de los judíos mallorquines convertidos al cristianismo−, prisioneros y bandoleros.


https://www.eldiario.es/illes-balears/sociedad/pueblo-alicantino-habla-mallorquin-400-anos-historia-moriscos-leyendas-bandoleros_1_10314673.amp.html

Transición ecológica injusta / Miguel Ángel Cámara *

Durante los últimos años un buen número de países están adoptando profundos cambios normativos con objeto de acelerar la transformación hacia un futuro con cero emisiones netas. 

La transición ecológica, como indica la Organización Internacional del Trabajo, tiene como objetivo ecologizar la economía de la manera más justa e inclusiva posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás.

La mayoría de los gobiernos han incorporado los principios de la transición ecológica justa en sus estrategias a corto y largo plazo, que justifican por la emergencia climática. Sin embargo, los cambios acelerados, sin consistencia científico-técnica y sin transparencia, están provocando un creciente malestar en la población y ocasionando un alto coste para los trabajadores.

Los agricultores y ganaderos llevan tiempo señalando la excesiva rapidez del desarrollo de los postulados de la agenda 2030, a pesar de que informes del Centro Común de Investigación (JRC), órgano asesor de la Comisión Europea, ponen de manifiesto el enorme daño que causan al campo las políticas que se pretenden implantar tan aceleradamente.

En las últimas semanas, asociaciones agrarias denuncian que se han ocultado opiniones muy cualificadas que alertaban sobre las catastróficas consecuencias de la aplicación radical de varios de los objetivos de la Agenda 2030. Se advierte de que las normas agrarias de la UE, que materializan una aplicación extrema de la Agenda 2030, provocan que los agricultores estén abandonando sus explotaciones, ya que cada vez encuentran más dificultades para el desarrollo de su actividad

Las autoridades comunitarias imponen muchas restricciones a la actividad agraria a través de las estrategias de la Granja a la Mesa y por la Biodiversidad 2030 que podría llevar a la agricultura europea a la ruina, mientras son excesivamente permisivas cuando se trata de terceros países que además son competidores directos de los productores europeos.

El Gobierno español es el que con mayor ímpetu acomete estas estrategias a través de una amplia legislación, como las normas para la reducción de fitosanitarios y fertilizantes que provocan una caída de la producción. 

La estrategia de restauración de ríos por la que se destruyen pequeñas presas y azudes, en lugar de construir embalses para asegurar la disponibilidad de agua sin restricciones; o el plan de acción de aguas subterráneas, que persigue disminuir el regadío con el pretexto de que para en 2027 las aguas subterráneas no estén tensionadas.

La obsesión por situar el sector agropecuario en el centro de todos los males climáticos ha llevado a implantar un sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas para controlar exhaustivamente todas las actividades agrícolas, a costa del agricultor, que no se exige en ninguna otra profesión. 

Incluso, se condicionan los pagos de la PAC a que la administración califique las prácticas agrarias como sostenibles, en lugar de compensar a los agricultores para que puedan tener un rendimiento justo por su trabajo.

Las continuas iniciativas para restringir la actividad agrícola y ganadera están consiguiendo una cada vez mayor dependencia de terceros países y un empobrecimiento generalizado del campo, lo que ocasiona la despoblación de buena parte de España. 

El abandono del campo, la mala gestión del agua y la sustitución del regadío por parques eólicos o solares provocan el avance de la desertificación y un fuerte deterioro de la biodiversidad.

La transición injusta es consecuencia de la excesiva rapidez para conseguir la transformación ecológica, sin tener en cuenta los perjuicios que genera a los agricultores y ganaderos que producen nuestros alimentos. Sin planteamientos extremistas, con ciencia y talento es posible ganar el futuro contando con todos y justamente.

 

 (*) Oriolano y catedrático de Química Orgánica en la Universidad de Murcia

El joven abogado alicantino Alfonso Calero Romero, nuevo presidente federal de Jovempa hasta 2025


ALICANTE.- La Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (Jovempa), en su  reciente Asamblea General Ordinaria y Electoral, ha elegido como nuevo presidente federal para los próximos dos años, al joven abogado Alfonso Calero Romero, que sucede al empresario Hugo Quintanilla Ripoll, hijo del histórico dirigente empresarial y farmacéutico de origen murciano, Eliseo Quintanilla Almagro.

Licenciado en Derecho y máster de la abogacía por la Universidad de Alicante, Alfonso Calero Romero, ex brillante alumno del colegio Jesuitas, ejerce por cuenta propia, fundamentalmente en la jurisdicción de lo contencioso,  desde hace diez años en la ciudad y ha sido presidente de Jovempa-Alicante los últimos dos años.
 
Este abogado alicantino de 34 años, pertenece a una familia de larga trayectoria y tradición jurídica en la ciudad de Alicante ya que es nieto del legendario secretario general del antiguo Gobierno Civil de la provincia, Luis Romero Navarro, y sobrino carnal del inspector de Hacienda Luis Romero Requena, igualmente ex alumno del colegio Jesuitas, quien se acaba de jubilar como máximo responsable de la asesoría jurídica de la Comisión Europea en Bruselas. 

Además, su padre, Alfonso Calero del Castillo, es secretario general del Ayuntamiento de Jijona, y su madre, Paloma Romero Requena, es Jefa de Servicio de Gestión Patrimonial en el Ayuntamiento de Alicante. 

Su abuelo paterno, el más que prestigioso abogado cartagenero, Juan Calero Jordá, llegó a ser vicepresidente de la extinta Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, con su paisano, Francisco Oliver Narbona, como director general. Y su tía carnal, María Luisa Romero Requena, ejerce en Madrid como inspectora de Hacienda del Estado.

La nueva junta directiva que preside Alfonso Calero Romero para el período 2023-2025, está formada por ocho empresarias y once empresarios, representantes de las siete asociaciones comarcales de la provincia que integran la Federación.

En representación de:

Jovempa Alicante: Arturo Albaladejo Falcó, Juan Martínez Papí, Laura Nieves Díaz y María Rodríguez Villagordo.

Jovempa Vinalopó: Víctor Íñiguez Bellod y Julio Perpiñán Yáñez.

Jovempa Elche y Comarca: Adrián Antón Pacheco, Saray Selva García y Josefa Juan Espinosa.

Jovempa Vega Baja: Pedro Menarguez Sarabia y Rafael Legidos Ibáñez.

Jovempa Alcoià-Comtat: Javier Expósito Álvarez y Laia Santamaria Borrás.

Jovempa Marina Alta: Carolina Vallés Martí y María Benavent Alberola.

Jovempa Marina Baixa: Alejandro Gómez Molina, Dionisio Navarro Sánchez y Lucía Sánchez Pozo..

La nueva junta directiva está integrada por empresarios y empresarias de todas las comarcas de la provincia, pertenecientes a diversos sectores de actividad: abogacía, sector tecnológico, arquitectura y construcción, inmobiliario, seguros, asesoría y consultoría, servicios profesionales y comercio.

La izquierda pierde su último reducto de poder / Diego Aitor San José *


El golpe para la izquierda al quedarse sin el gobierno de la Diputación de Valencia va más allá de los cerca de 600 millones que dejará de gestionar en la corporación cada año. Tras la ola azul del 28 de mayo, la institución provincial aparecía como la isla de mayor tamaño en la que PSPV y Compromís podían constituirse como oposición a los ejecutivos del PP —algunos de ellos, como el de la Generalitat, con Vox— y comenzar a erigir la alternativa de la misma manera que lo hizo Carlos Mazón en 2019 en la Diputación de Alicante.  

Las formaciones que compusieron lo que antaño fue el Botànic estarán en la oposición en las principales instituciones de la Comunitat Valenciana. La Diputación de Valencia ha sido la última en sumarse a la lista de gobiernos de la derecha. Lo hace tras ocho años, igual que el Consell o el Ayuntamiento de València, lo que evidencia el cambio de ciclo vivido respecto a 2015. 

Así, el PP estará al frente de las tres diputaciones, dos de ellas con mayoría absoluta, y de los ayuntamientos de las tres capitales de provincia. Además, por supuesto, de la joya de la corona: la Generalitat, donde gobernará con Vox.   

La izquierda pierde así el último tren que tenía para mantener una parte del tejido de poder autonómico, más allá de lo que ocurra el 23 de julio con el Gobierno de España. Una derrota también en las generales supondrá un repliegue a niveles de poder de 2011. 

Mantenerlo daría algo de aire con la Delegación de Gobierno como voz y principal acicate frente al poderío del PPCV que controlará prácticamente todos los resortes institucionales.  

En caso contrario —tal y como apuntan las encuestas—, Gandia y sus 76.000 habitantes se convertirá en el principal bastión de las fuerzas progresistas, el territorio con más población donde los socialistas gobiernan, junto con Compromís, en la Comunitat Valenciana. Le siguen de cerca Paterna y Sagunt, municipios del cinturón rojo donde las fuerzas botánicas han perdido otra plaza de relumbrón: Torrent. 

No obtener el poder en la Diputación de Valencia tiene otro efecto en cadena: quedarse sin opciones para presidir la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, otro espacio —con mucha menos gestión y presupuesto— que podría haber servido como altavoz crítico frente a las acciones de los distintos gobiernos de la derecha. 

Sin los 187 votos que representa la corporación en la asamblea de la FVMP, esta está encaminada a que sea el PP quien la ocupe tras ocho años bajo el dominio socialista. 

La pérdida de poder implicará también una considerable disminución de la capacidad de contratación y todas las derivadas que ello trae en la vida interna de los partidos. No son pocos los nombres que quedan descolocados, desde perfiles que han ocupado responsabilidades de gestión hasta asesores. 

Además del influjo que tiene en las cuentas económicas de las formaciones. «El poder desgasta a quien no lo tiene». La frase del exprimer ministro italiano, Giulio Andreotti, resuena estos días en la izquierda.  

 

(*) Periodista