Medio Ambiente aumenta en un 28% la inversión en la Reserva Natural de les Illes Columbretes

CASTELLÓN.- La Conselleria de Medio Ambiente ha aumentado en un 28 por ciento la inversión en la Reserva Natural de les Illes Columbretes, que ha pasado de 540.000 euros en 2009 a 695.000 euros en el año 2010, según informó el director de la reserva, Constantino Simó, durante la celebración de la junta rectora, según informó la Generalitat en un comunicado.

Simó afirmó que la principal actuación prevista para 2010 es la restauración de las casernas de las Columbretes y su entorno, con una inversión de 225.000 euros. La adecuación interna del edificio, donde se alojarán los cuatro guardas de la reserva natural y marina, permitirá una mejora en la vigilancia y el mantenimiento de este espacio protegido, según el Consell.

Las casernas forman parte del patrimonio histórico de la reserva. Su origen se remonta a 1856, cuando se edifican las casas de los trabajadores que en aquel momento trabajaban en la construcción del faro de las Columbretes. Sobre las antiguas casas se erige la actual caserna de los guardas.

La habilitación de las casernas como residencia de los guardas trasladará al faro la sala de visitas y la exposición sobre las islas. Además, el faro acogerá un laboratorio sobre la reserva natural y otro sobre la reserva marina, en lugar del pequeño laboratorio que hasta el momento se hallaba en la caserna.

La Conselleria de Medio Ambiente ha invertido cerca de 400.000 euros en la recuperación para el uso público del faro de las Columbretes, lo que permitirá su utilización para la gestión de las reservas marina y natural y, en especial, para las actividades de seguimiento e investigación científica relacionada con les Illes Columbretes, apuntó la Generalitat.

En materia de biodiversidad, Simó destacó que 60 parejas de Halcón de Eleonor se han reproducido en la Reserva Natural de les Illes Columbretes. Estos datos del censo de la Conselleria de Medio Ambiente ponen de manifiesto las "buenas" perspectivas y la tendencia ascendente de esta especie en las islas, que acogen las únicas poblaciones de Halcón de Eleonor de la Comunitat Valenciana, según la administración autonómica.

Luna: "como diputado voy a utilizar todo aquello que caiga en mis manos y que sirva para pedir explicaciones"

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, aseguró hoy que "como diputado voy a utilizar todo aquello que caiga en mis manos y que sirva para pedir explicaciones, para exigir responsabilidades y para defender los intereses y los derechos de los valencianos. Hasta que alguien con poder suficiente, que afortunadamente no son Blasco, Clemente ni Camps, me lo impida, voy a seguir por esta línea", agregó, porque "no tengo problema en comparecer en ninguna parte".

Luna se pronunció de esta manera en los pasillos de las Corts en relación al anunció del PP de presentar una denuncia contra él por desvelar un secreto de sumario en sede parlamentaria, insistió en que ha obtenido el informe policial que ayer exhibió desde la tribuna de oradores por métodos "que no voy a desvelar" y "si alguien tiene interés y capacidad legal para preguntar eso, ya le contestaré oportunamente".

En cuanto a la denuncia anunciada por el PP, aseguró que esta "muy tranquilo" y espera "con sosiego y normalidad democrática lo que me presenten" ya sea denuncia o querella, una posibilidad, esta última "de la que he oído hablar a Blasco con mis propios oídos", afirmó. No obstante, Luna aclaró que él no es como el presidente de la Generalitat, Francisco Camps y no va a "retirar el saludo a nadie", ni a "exigir a nadie que deje de hablar con ellos".

El síndic socialista precisó que no sabe si el informe que ayer utilizó está en el sumario porque no esta personado en dicho proceso, aunque lo han pedido y, sobre todo, "el sumario es secreto y no sé si alguien sabe que ese informe está en el sumario". "Yo conozco el informe y el contenido del informe, lo que está dentro del sumario, no lo conozco", apostilló.

Por otro lado, consideró "extraordinariamente importante" que "después de lo que ha pasado, sigamos sin oír una palabra sobre cómo es posible que se adjudicara un contrato de 6,5 millones en los términos en los que se hizo, por un procedimiento negociado y sin publicidad, a una empresa que no se dedica a la instalación de pantallas y a sonorizar y que de ese dinero, según parece, un millón de euros vaya a parar a los bolsillos de la trama Gürtel. Eso es lo que hay que contestar".

"Lo que más tranquilidad le da en el sentido de que la información es auténtica, es que no sólo no contestan los que deberían y pueden contestar y conocen los contratos, sino que se vuelven contra mí por preguntar una serie de cosas. Eso me da la certeza de que estamos sobre la buena pista y que ahí hay de verdad una operación muy irregular", agregó.

De esta manera, Luna alegó que el secreto sumarial obliga a "guardar secreto de las actuaciones judiciales, no de la realidad social, y ahí están los contratos que existen antes de las actuaciones judiciales", un aspecto que ha dejado "muy claro" el Tribunal Constitucional, aseveró.

Por tanto, "si se sigue utilizando esa excusa, se sigue mintiendo para ocultar unos contratos que se han adjudicado irregularmente y eso es lo que tienen que contestar algunos". Asimismo, opinó que a los valencianos "no les preocupa cómo yo he obtenido unos datos, sino si esos datos son reales, si la operación ha existido y porque no dan explicaciones y n dejan ver papeles los responsables de la operación". "Un millón de euros les preocupa bastante", apostilló.

Archiveros y gestores piden que los diputados valencianos tengan acceso libre a los contratos de la Generalitat

VALENCIA.- La Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos Valencianos reclamó hoy que los diputados autonómicos tengan libre acceso a los expedientes de contratación y todo tipo de documentos administrativos generados por la Generalitat y demás administraciones públicas, ya que considera que esto "redundaría en una mayor transparencia en el uso de los archivos".

El colectivo indicó en un comunicado que la actual práctica de acceso a los fondos a través de la Conselleria o del departamento implicado "puede restringir la transparencia" en la consulta de expedientes, pues "abre la posibilidad de que los diputados reciban extractos y no la copia íntegra del original solicitado, dando lugar a controversias y diferentes interpretaciones como las reflejadas en los medios en torno a Sedesa o los contratos de Orange Market".

Frente a dicha práctica, la Asociación de Archiveros y Gestores propone la publicación periódica de la relación de ficheros y su exposición pública para que puedan ser consultados íntegramente, "cumpliendo su cometido de fuente de transparencia y garantía democrática en el ejercicio de la gestión pública".

La única guía archivística de la Comunitat Valenciana publicada hasta el momento tiene más de diez años, según la asociación quien, por este motivo, instó a las Corts Valencianes a legislar y arbitrar "fórmulas democráticas" para que el acceso directo a los documentos oficiales valencianos "sea cuanto antes una realidad en la línea propuesta por el Consejo de Europa en 2009 en su 'Convención para el acceso a documentos oficiales'".

Rus recomienda a los ayuntamientos recortar en gastos de personal y en aperitivos para hacer frente a la crisis

VALENCIA.- El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, recomendó hoy a los ayuntamientos "apretarse el cinturón" y recortar en gastos de personal y en 'picaetes' --en referencia a los aperitivos que en ocasiones se ofrecen con motivo de algunos actos-- con el objetivo de hacer frente a la crisis.

Rus realizó estas declaraciones a los medios de comunicación antes de presentar la ponencia 'La situación de los municipios frente a la actual crisis económica', enmarcada dentro del proyecto 'Dos miradas sobre la actualidad', celebrada hoy en la UNED de Valencia.

El responsable de la Diputación incidió en que los consistorios deben "apretarse el cinturón" pero, a su juicio, no deben ofrecer una imagen de que "todo se va a pique" porque "la gente solo voto a los triunfadores".

No obstante, señaló que los "triunfadores" no sólo deben ser políticos, sino también "gestores". "Es muy bonito estar en política y gastar el dinero de los demás y que ninguno te pida cuentas", resaltó Alfonso Rus.

En su opinión, "también tenemos que tirarnos la piedra --sobre nuestro tejado--, porque si la tiramos siempre en el de los demás, al final nadie tiene la culpa" y auguró que si desde las instituciones públicas no se ofrecen soluciones "nos tirarán a la calle".

Rus indicó que la gente "lo que quiere es que las cosas funcionen" y, en este sentido, la labor de los políticos es "dar respuesta a ese funcionamiento". En esta línea, comentó que los políticos tienen que "habituarse a la situación" actual de crisis económica. "Cuando uno tiene mucho dinero, se puede comprar un Mercedes; y cuando tiene menos tiene que ir en un coche más pequeño", puntualizó.

Preguntado por el origen de la crisis, aseguró que se debe a que "desde hace tres años la crisis estaba ahí y no la vieron", lo que, según dijo, ha generado una situación "muy mala". Asimismo, lamentó que "muchos esperan a que nos toque la lotería" a pesar de que "no han comprado lotería".

A su juicio, lo que se debe hacer desde las instituciones es "apretarnos el cinturón, gastar menos" y procurar que los ciudadanos "tengan un puesto de trabajo" ya que, tal y como recalcó, "es inviable salir de la crisis si la gente no tiene puestos de trabajo".

"Lo primero que hay que hacer es que la gente tenga la perspectiva de que puede trabajar", comentó Rus, quien añadió que, de este modo, se evitarán muchas visitas al psiquiatra. Sobre este asunto, precisó que desde que se inició la actual crisis el número de personas con problemas de depresión atendidas en el Hospital de la Ribera de Alzira ha aumentado un 20 por ciento.

Posteriormente, durante su intervención en el acto, Alfonso Rus hizo hincapié en que los ayuntamientos "tienen que dar ejemplo" y consideró que "es indispensable equilibrar el presupuesto". Además, acusó al Gobierno de "mentir al decir que no había crisis, disfrazándola de desaceleración, diciendo más tarde que estaba aquí y después que ya había pasado".

Por ello, Rus exigió al Ejecutivo central que la Comunitat Valenciana "reciba lo mismo que otras autonomías", y rechazó la subida de impuestos "en un momento de crisis como el actual".

Al ser preguntado por la labor de las diputaciones, Rus destacó el papel que llevan a cabo las mismas para "optimizar recursos" y su papel para los municipios pequeños, "que no podrían subsistir sin las ayudas de las corporaciones provinciales".

"Mi mayor preocupación es mantener el bienestar en los ayuntamientos", subrayó.

El PSPV cree que Rus "demuestra que no merece su cargo al avalar la censura en el MuVIM"

VALENCIA.- La secretaria general del PSPV en la provincia de Valencia y portavoz adjunta del grupo socialista en la Diputación, Carmen Martínez, manifestó hoy el presidente de la corporación provincial, Alfonso Rus, "demuestra que no merece el cargo que ocupa al avalar la censura", en relación a la retirada de la muestra fotográfica de L'Unió de Periodistes en el MuVIM, tras la decición de la institución provincial de suprimir algunas de las instantáneas de la sección de Política, la mayoría relacionadas con el caso 'Gürtel'.

En un comunicado, Martínez calificó de "lamentable" que el dirigente del PP "haya desaprovechado la oportunidad de rectificar" y haya optado por "abundar en la misma actitud".

En este sentido, se refirió a las declaraciones ayer de Rus, quien reconoció como un "error" la decisión de retirar las fotos, aunque aseguró que no repondrá la exposición e insistió en que si él hubiera conocido el contenido de la muestra previamente a su apertura no la hubiera autorizado porque era "únicamente contra el PP".

La dirigente socialista lamentó que el presidente provincial "amenazó de forma más o menos velada a quienes no opinan como él, sean periodistas, funcionarios, personas del mundo de la cultura o dirigentes políticos" y consideró que "al amenazar a los periodistas, amenazó a todos los que creen en una sociedad libre".

Del mismo modo, Martinez consideró que "al perseverar en su errónea actitud y avalar una decisión tan negativa como retirar las fotos de una exposición, Rus se convierte en un peligro para la libertad de expresión en la provincia porque no entiende que el respeto y la pluralidad son un pilar fundamental en la democracia", argumentó la dirigente socialista.

A su juicio, "cuando el presidente del PP afirma 'tomo nota' avisa a toda la sociedad para obligarla a rendir pleitesía a su figura y sus ideas, sometiéndolos, en caso contrario, a la misma censura que ha practicado con la Unió de Periodistes". De este modo, subrayó que "por mucho que Rus añore las prácticas habituales de tiempos oscuros de la historia, los socialistas no van a callarse".

La secretaria provincial del PSPV mostró su "tristeza" porque, en su oponión, "estas actitudes, han hecho que los valencianos y valencianas hayan hecho un ridículo espantoso en toda España, del que se ha hecho eco hasta la BBC". Lamentó, además, que el PPCV "no se dé cuenta del daño que está haciendo a la institución y a los municipios que representa Rus".

Asimismo, Martínez reiteró su apoyo al colectivo de periodistas y al profesor y ex director del MuVIM Román de la Calle, así como a todo su equipo por los "éxitos" cosechados en este museo. "Los ataques y los insultos que ayer pronunció Rus confirmaron el abismo cultural y de valores éticos que le separa de ellos", sentenció la dirigente socialista.

El 62% de las entidades locales que no rinde cuentas oculta al pleno los requerimientos de la Sindicatura de Comptes

VALENCIA.- El 62% de las entidades locales --80 entre municipios, mancomunidades, consorcios y entidades locales menores-- que incumplieron su obligación de presentar a la Sindicatura de Comptes las cuentas de 2006 antes del 22 de diciembre de 2008, no ha puesto en conocimiento de sus repectivos plenos del requerimiento efectuado por este órgano para que lo hicieran.

Asimismo, en el 80% de los casos tampoco se tiene constancia de que ni el presidente ni el pleno de la entidad lo haya exigido.

Según señaló la Sindicatura de Comptes en un comunicado, este órgano entregó en las Corts el 'Informe de fiscalización de las Entidades Locales que no han presentado la cuenta general correspondiente al ejercicio 2006' tras su aprobación el pasado 11 de diciembre y tramitación posterior.

En conjunto, son 80 las entidades locales que han incumplido su obligación de presentar las cuentas de 2006 antes del 22 de diciembre de 2008, fecha de aprobación del Plan Anual de Actuación de la Sindicatura para 2009. De estas 80 entidades, 60 son municipios, 9 mancomunidades, 9 consorcios y 2 entidades locales menores.

Del informe se desprende que "en general las entidades locales fiscalizadas han incumplido los plazos en lo que se refiere a aprobación del presupuesto y liquidación, así como a formación y aprobación de la Cuenta General".

De hecho, sólo un 11,3% aprobó en plazo el presupuesto y su liquidación; un 6,3% la formación de la Cuenta General, y el 5% la aprobación de ésta. De ello se deduce que "la falta de rendición es un incumplimiento más de los relativos al ciclo presupuestario".

Además, el 62,5% de las 80 entidades no puso en conocimiento de sus respectivos Plenos el requerimiento efectuado por la Sindicatura de Comptes por no presentar las cuentas. En el 80% de los casos "tampoco se tiene constancia de que ni el presidente ni el Pleno de la entidad lo haya exigido".

Entre las causas para no presentar las cuentas, un 52,2% señala la insuficiencia de medios, aunque sólo en 17 entidades (el 21%) el interventor lo hizo constar por escrito. La segunda razón argumentada es el retraso de la contabilidad (38,8%). Por último, 13 entidades (un 16,2%) atribuyen la no presentación al mal funcionamiento de la plataforma de rendición.

No obstante, seis de estas entidades no asistieron a los cursos de formación y 11 no accedieron a la plataforma hasta el 11 de septiembre de 2009, casi dos años después del plazo legal de rendición.

Respecto a los aspectos organizativos destacan que el 53,8% indica que no dispone de una relación de puestos de trabajo; 79 de las 80 entidades locales cuentan con, al menos, una persona dedicada a cuestiones contables; en el 56,3% de los casos los interventores acumulan una antigüedad de más de tres años en la entidad local.

Sin embargo, el 47,5% de los interventores señala que no ha asistido a ningún curso sobre la nueva instrucción de contabilidad.

El examen de la documentación de los ingresos y pagos seleccionados ha puesto de manifiesto "importantes deficiencias". Entre ellas, destaca la falta de control de gastos efectuados, así como pagos e ingresos no soportados documentalmente.

De ello se deduce que las entidades fiscalizadas "presentan graves deficiencias derivadas de la falta de fiabilidad de la contabilidad, de la ausencia de protección adecuada a los fondos públicos y de un incumplimiento de las normas presupuestarias y contables".

Un total de 16 entidades no han rendido ninguna cuenta desde 2006.Entre ellos están las localidades de la Vila Joiosa y Orxeta en Alicante; Algimia de Almoacid; Atzeneta; Benafigós y Navajas en Castellón y Andilla, Castielfabib; La Llosa de Ranes y Sueca en Valencia. Con posterioridad a la aprobación del plan de 2009, distintas entidades locales han rendido la cuenta de 2006 y/o ejercicios posteriores.

Los objetivos del informe son "conocer las causas de la no rendición, obtener información sobre su estructura y control interno, verificar el cumplimiento de los plazos relativos al ciclo presupuestario y realizar una revisión de la tesorería".

El PP confirma un año de suspensión de militancia para Costa

MADRID.- El Comité de Derechos y Garantías del PP, que se reunió esta tarde en la sede nacional del partido, ha confirmado la sanción de un año de suspensión de militancia para el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y el ex-secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, informaron en fuentes de la dirección del PP.

La noticia aún no era conocida a última hora de la tarde por uno de los sancionados, el diputado valenciano Ricardo Costa, quien se encontraba en Madrid asistiendo a la presentación de un libro de su hermano Juan. Ricardo Costa aseguró alrededor de las ocho de la noche, que aún no le habían comunicado nada.

La decisión de este jueves rompe diversos pronósticos, según los cuales la sanción le sería rebajada a seis meses. No obstante, los dos ya habrán cumplido la sanción cuando el partido tenga que hacer las listas para los próximos comicios municipales y autonómicos.

El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP se había reunido por última vez el pasado 8 de marzo, aunque en aquel encuentro el órgano disciplinario no tomó ninguna decisión.

Costa y Cobo llevan más de cuatro meses suspendidos cautelarmente de militancia, el primero por atribuirse la condición de secretario general del PPCV pese a que 'Génova' le daba por cesado, y el segundo por las críticas que vertió contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

El pasado 27 de enero se hizo público que los instructores de los expedientes de Costa y Cobo (los diputados Andrés Ayala y José Manuel Velasco, respectivamente) proponían que Costa y Cobo fueran sancionados con un año de suspensión de militancia, revisable a los seis meses.

El órgano disciplinario del PP comunicó dos días después a los dos afectados que disponían de quince días hábiles para presentar las alegaciones que consideraran oportunas. El 'número dos' de Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid hizo llegar sus alegaciones inmediatamente pero Costa optó por no presentarlas. Desde mediados de febrero está pendiente una reunión del Comité de Garantías, que se ha ido posponiendo hasta hoy.

El Comité de Derechos y Garantías del PP acordó la suspensión cautelar de militancia de Cobo el pasado 4 de noviembre, tras haber escuchado sus alegaciones esa misma mañana. El vicealcade de Madrid ya había pedido previamente perdón por las declaraciones que hizo en un medio de comunicación en las que aseguraba que era "de vómito" lo que el entorno de Esperanza Aguirre le estaba haciendo al ex ministro Rodrigo Rato.

El diputado valenciano insistió públicamente en que seguía estando al frente de la Secretaría General del PPCV cuando en 'Génova' lo daban por cesado. Su "actitud" fue el argumento que se esgrimió para adoptar esa decisión.

En los últimos meses, Costa ha seguido ocupando su escaño en el Parlamento valenciano. Hace una semana, el PPCV le nombró nuevo portavoz de la comisión de Desarrollo del Estatuto de Autonomía en las Cortes valencianas --pese a estar suspendido de militancia--, un puesto por el que percibirá un suplemento de unos 600 euros al mes.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, restó importancia a ese nombramiento alegando que "no tiene más relevancia ni trascendencia". "Es una cuestión que corresponde al PP de Valencia y está dentro de su propia autonomía", dijo hace unos días De Cospedal.

Las cárceles de la Comunitat registran un incremento de un 140,12% de población

VALENCIA.- Las cárceles de la Comunitat Valencia han registrado un incremento de un 140,12 por ciento de población en los últimos 10 años, seguida por Aragón, con un 127 por ciento, y Baleares y Galicia, con un 111 y un 110 por ciento, respectivamente. El incremento de población en los últimos diez años se ha notado especialmente en la Comunitat Valenciana.

El sindicato de prisiones ACAIP advierte de que la construcción de nuevas cárceles no conseguirá paliar la "saturación" actual. Además, indica que los presos extranjeros representan el 35 por ciento con 27.067 internos.

Según denuncia, un 25 por ciento de los internos precisan de asistencia por patologías mentales y que la tasa de reincidencia delictiva es del 55 por ciento.

Según dice ACAIP, la situación "pone de manifiesto las enormes carencias que padece y va a padecer el sistema penitenciario español y las graves consecuencias en el ámbito laboral que están padeciendo los profesionales penitenciarios" y vaticinan que no se cumplirá el objetivo marcado para finales de 2012 de un recluso por celda.

Una de las cárceles más masificada de España es el CIS de Valencia (314 por ciento).

El TUE condena a España por no aplicar la norma para prevenir accidentes con sustancias químicas peligrosas

LUXEMBURGO.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) condenó hoy a España por no aplicar la norma comunitaria para prevenir accidentes graves en que intervengan sustancias químicas peligrosas pese a que el plazo para hacerlo vencía en 2002.

La norma en cuestión obliga a las industrias donde se hallan cantidades importantes de sustancias peligrosas a elaborar planes de emergencia externos para limitar las consecuencias de accidentes graves.

Al observar que en España había establecimientos que no disponían de estos planes, Bruselas emitió en 2007 un dictamen motivado en el que exigía corregir la situación y llevó luego el caso ante el TUE.

Durante el procedimiento, España admitió que un total de 94 industrias cubiertas por la directiva no disponían de este plan de emergencia externo, pero alegó que la norma no establece un plazo para su elaboración.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia recuerda que el hecho que la disposición sobre la elaboración de los planes externos no establezca un plazo expreso no implica que los Estados miembros no estén sujetos a ningún plazo, pues si la realización de esos planes quedara aplazada indefinidamente, la obligación quedaría vaciada de contenido y el sistema de protección carecería de eficacia.

En este sentido, la sentencia apunta que las autoridades están obligadas a elaborar los planes dentro de un plazo razonable a partir de la comunicación de la información necesaria.

A este respecto, el Tribunal de Justicia constata que, de acuerdo con la directiva, la fecha límite en la que los titulares de los establecimientos debían haber comunicado a las autoridades competentes la información necesaria para la elaboración de los planes de emergencia externos se había fijado, a más tardar, al 3 de febrero de 2002.

Teniendo en cuenta que en España desde hace muchos años no existen planes de emergencia externos de todos los establecimientos afectados, el TUE estima que el período de tiempo transcurrido entre la fecha referida (el 3 de febrero de 2002) y la fecha en la que terminó el plazo fijado en el dictamen motivado de la Comisión (el 23 de diciembre de 2007), es claramente desproporcionado, de modo que no es posible justificar, en el presente caso, la falta de elaboración de los planes de emergencia externos del conjunto de los establecimientos afectados.

Finalmente, respecto a la elaboración de varios planes de emergencia externos durante el año 2008, el Tribunal de Justicia recuerda que, según reiterada jurisprudencia, la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación en la que se encontraba el Estado miembro al expirar el plazo señalado en el dictamen motivado de la Comisión, sin que los cambios posteriores puedan ser tenidos en cuenta.

La Generalitat valenciana coincide con Ordóñez en que primen criterios económicos en las fusiones de cajas

VALENCIA.- El conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, destacó hoy que la posición del Consell es "absolutamente coincidente" con el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en que los criterios para determinar un proceso de fusión, absorción o integración de las cajas de ahorros deben ser "económicos y no de otro tipo", así como que "caben las fusiones de las cajas dentro de una misma región" así como "con cajas fuera de esa región", ya que "no está vedada ninguna de esas posibilidades".

Camps, que se expresó de esta manera en los pasillos de las Cortes en relación a las declaraciones de ayer del Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sobre las cajas de ahorro, insistió en que "coincide" con él en que "lo más importante es la solvencia" de estas entidades.

Asimismo, apuntó que "no hay ninguna novedad" en que el Banco de España advierta de que tiene la facultad para intervenir en las cajas de ahorro porque "lo viene diciendo desde hace mucho tiempo". Así, señaló que lo que ayer dijo Fernández Ordóñez es que si hay determinadas cajas "que no acometen los procesos que deben de realizar", entonces, el Banco de España "tendrá que tomar las decisiones" que le vienen "otorgadas por Ley" siendo los criterios económicos "los únicos que se tengan en cuenta para tener en cuenta las uniones entre cajas de ahorro" ya sean "interregionales o intrarregionales".

El conseller explicó que la parte que se añadió "sobre la posición del Consell" es que Fernández Ordóñez "entendía que la posición del Banco de España está por encima de las decisiones que se puedan adoptar en las asambleas o consejos de administración", teniendo la entidad estatal "facultades de carácter disciplinario sobre estos órganos".

La Generalitat, sin embargo, como no tiene esas competencias lo que argumenta, "con carácter formal", es que "aceptaremos lo que decidan los órganos de administración de las cajas de ahorro valencianas". Además, como "tampoco" el Consell tiene "facultad disciplinaria" sobre los consejeros de las cajas "no podemos llegar tan lejos como lo ha hecho el Gobernador del Banco de España", indicó.

Camps, no obstante, se mostró convencido que si las declaraciones que "con carácter general" pronunció Fernández Ordóñez, "tuvieran que ver con carácter particular con una caja de ahorro valenciana, lo haría saber al Consell y a los consejeros" de las entidades financieras.

"A día de hoy -agregó--, el Gobierno de la Generalitat no tiene ninguna comunicación formal respecto de una posible problemática que afecte a las cajas de ahorro valencianas, que trajera consigo que fuera absolutamente necesario uno de los procesos a los que anteriormente he hecho referencia" --asociación, fusión, absorción o integración--.

Por otro lado, justificó --tras las críticas del PSPV-- su ausencia en el encuentro con el Gobernador del Banco de España en Valencia por cuestiones de "agenda" y la presencia del director del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, porque era su "homólogo". En este sentido, apuntó que su relación con el Banco de España "buenas" y aseguró que con Fernández Ordóñez tiene una "estupenda relación".

Por otro lado, el conseller, a preguntas de los medios, indicó que prevé que en el plazo de "dos meses", en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se aprobará el plan de reequilibrio de la Comunitat "sin ningún tipo de problema".

En este sentido, apuntó que la Comunitat continúa negociando este plan de reequilibrio con el Gobierno porque "quedan algunos flecos que se están discutiendo" que "no son contrarios, pero sí distintos". También están negociando las comunidades de Baleares, Cataluña, Canarias, Andalucía, apuntó.

El TSJM avala a Garzón para investigar el caso Gürtel

MADRID.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha valido la competencia del juez Baltasar Garzón para investigar la trama de corrupción ligada a varias administraciones del PP a raíz de las diligencias incoadas el 6 de agosto de 2008, informó la Fiscalía Anticorrupción.

En un auto, del que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Vieira, la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal madrileño ha desestimado los recursos del empresario Francisco Correa y ex viceconsejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente contra el auto de incoación de diligencias, a los que se adhirieron otros 21 imputados.

La desestimación se produce siguiendo el criterio planteado por la Fiscalía Anticorrupción. Los recurrentes alegaban una vulneración por parte del magistrado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional del derecho al juez predeterminado por la ley e inobservancia e infracción de las normas de reparto vigentes en la Audiencia Nacional.

En sus recursos, los abogados alegaron que las diligencias se abrieron en virtud de la denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción, la cual no fue remitida al juzgado Decano por reparto entre los Juzgados Centrales de Instrucción, sino que fue presentada directamente al Juzgado de Garzón.

Según el auto del TSJM, la Fiscalía aludía en la denuncia que los hechos guardaban relación con unas diligencias previas seguidas en el mismo Juzgado y pedía abrir unas nuevas para no perjudicar la investigación.

Por ello, recoge el auto, el juez "optó por una de las posibilidades que ofrecía el Ministerio Fiscal, que fue la apertura de una causa nueva con la correspondiente deducción de testimonio, asumiendo la competencia de su tramitación en aplicación estricta de las normas de reparto que entonces estaban vigente, que sólo obligaban en estos casos a dar cuenta al Decanato de esa nueva incoación".

El auto especifica que en las normas de reparto propuestas en Juntas de Jueces Centrales de Instrucción de 5 de noviembre de 2003 y aprobadas por la Sala de Gobierno el 24 de ese mismo mes, en su norma cuarta, apartado tercero, dispone que "los procedimientos que debieran incoarse en virtud de testimonio de particulares deducido por cualquiera de los juzgados Centrales de Instrucción, los instruirá el juzgado que conozca de la causa en que se haya acordado librar el referido testimonio".

Añade que "el Decanato sólo efectuará asignación directa por antecedentes cuando tras la oportunas comprobaciones se siga que existe identidad de asunto".

"Ninguna irregularidad, por tanto, cabe apreciar en la asunción por este Juzgado de la competencia para llevar este procedimiento", recoge el auto, que alude a "la abundante jurisprudencia que niega en estos casos la posibilidad de infracción del derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley".

Por todo ello, la Sala acuerda desestimar los recursos de Correa, Clemente y el resto de los imputados, confirmando el auto del 6 de agosto de 2008 por el que el juez Garzón abrió las diligencias para investigar la trama de corrupción denominada 'caso Gürtel', en el que actualmente hay cerca de 70 imputados.

El 5 de marzo de 2009, el magistrado se inhibió de la causa a favor de los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia por haber hallado indicios incriminatorios contra aforados de las citadas comunidades autónomas.

La anulación de parte de las intervenciones telefónicas ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los principales imputados en el 'caso Gürtel' y sus abogados en prisión no afectaría a la principal prueba de la instrucción: el 'pen drive' que la Policía incautó al supuesto contable de la 'red Gürtel', José Luis Izquierdo, en el piso de la calle Serrano, indicaron fuentes jurídicas.

La anulación de las intervenciones podría derivar en la impugnación de muchas pruebas obtenidas a raíz del contenido de esas conversaciones pinchadas, según indicaron las mismas fuentes. Sin embargo, una de las pruebas fundamentales de la instrucción son los datos contenidos en el 'pen drive' que la Policía incautó en el piso de Serrano, la sede central del entramado de Francisco Correa donde se encontraba la 'caja B' de la trama corrupta.

Esta memoria electrónica es clave para esclarecer muchos de los pagos hechos a los imputados, como a los tres diputados madrileños imputados en la trama: el ex diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco, el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid López Viejo y el ex diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch Tejedor. Además, recoge los movimientos de la contabilidad 'B'.

En el 'pen drive' se encuentran los archivos de 'excel' a nombre de cada uno de los diputados imputados, con pagos entre 2003 y 2007. A nombre de Benjamín Martín Vasco constan numerosos apuntes en concepto de viajes, gastos de boda, estancias en hoteles y joyerías, e incluso pagos en efectivo, con un saldo total de 345.166 euros.

Según señalaron las fuentes consultadas, el contenido de esta memoria podría sustentar muchas de las principales imputaciones en la causa y mantener en pie parte de la instrucción ante la previsión de que se anulen las citadas escuchas al afectar al derecho de defensa de los implicados en la trama de corrupción.

En su declaración, Izquierdo aseguró al juez Garzón que cumplía ordenes estrictas de Correa, quien le indicó en su día que tenía que aparecer en la contabilidad 'B' como Don Vito y con la denominación D.V.I.T.O, en alusión al Padrino.

Las deliberaciones sobre los recursos contra Garzón concluyeron el martes y en los próximos días se conocerá el auto que motive la decisión final de la Sala. Según publicó este miércoles el diario 'El País', la Sala anulará parte de las intervenciones de las comunicaciones entre los cerebros de la trama de corrupción y sus letrados en la prisión de Soto del Real.

Los magistrados Francisco Vieira, José Manuel Pérez Robledano y Emilio Fernández de Castro concluyeron el martes las deliberaciones de los 23 recursos presentados por los letrados defensores. Al parecer, Vieira y De Castro abogaron por anular parte de las escuchas, mientras que Robledano se mostró a favor de validar las mismas.

Precisamente en una de esas escuchas, de 6 de marzo de 2009, Francisco Correa planteó a su abogado la posibilidad de decir que el pen drive que se le incautó es "un montaje" hecho por "Izquierdo y Pepe Peñas", en referencia a los ex concejales del PP de Majadahonda José Luis Pañas Domingo y José Luis Izquierdo López que iniciaron el procedimiento a raíz de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

Visita del Papa

El portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, mostró en las Corts Valencianes un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales en el que se destaca que algunas empresas relacionadas con la trama 'Gürtel' "prepararon el terreno" en enero de 2006 para lograr los contratos de sonorización e instalación de pantallas durante la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia que se produjo siete meses después, en julio de 2006, con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias.

Luna, que exhibió dicho informe desde la tribuna de oradores de las Corts durante la sesión de control al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pero que luego rechazó facilitarlo a los medios, resaltó que una de las novedades de este documento es que concluye que la trama "ha actuado como conseguidor de contratos".

El portavoz socialista desveló la existencia de varias "cartas cruzadas" con fecha de enero de 2006 entre tres empresas del sector audiovisual que, posteriormente, fueron subcontratadas por Teconsa, adjudicataria del contrato.

Según Luna, estas empresas estuvieron "preparando el terreno" para lograr el contrato con RTVV de 6,5 millones de euros, de los cuales más de 900.000 euros "fueron para la trama", y recalcó que se utilizó a Teconsa como "pantalla" para lograr los contratos, ya que esta empresa pertenece al sector de la construcción y no al audiovisual, indicó.

En este sentido, apuntó que el Síndic de Comptes "puso de manifiesto que un contrato de esa naturaleza no se puede adjudicar de la manera que se hizo", a lo que el Consell "no hizo ninguna alegación al respecto", apostilló.

El portavoz del PSPV en las Corts, firmante de la querella contra el presidente Camps, algunos empresarios y el ex director de RTVV Pedro García, por financiación irregular, explicó que se incluyó a este último en la querella porque tenían "noticias de esto" pero carecían entonces del informe.

De este modo, explicó que el informe, de julio de 2009, procede de un 'pen drive' requisado por la Policía Nacional en un "registro en una casa de seguridad de la trama Gürtel" en la calle Martínez Campos, de Madrid, donde había documentos y plantillas 'excel' "con contabilidad de la trama".

Concretamente, se localizó en el 'pen drive' una carpeta designada como 'visita del Papa', con los "gastos e ingresos de la trama, que son muchos" y que "no va a ser anulado porque no son parte de unas escuchas", apostilló

En el informe, "se infiere que la organización liderada por Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, ha diseñado la operación y habrían recibido parte de los beneficios generados que se han repartido entre los participantes".

"La consecución del contrato de RTVV con motivo de la visita del Papa a Valencia obedece a la relación directa de la organización con el director general de dicha televisión Pedro García y con personas vinculadas a la Fundación que lo organiza. La organización ha actuado como intermediaria realizando una labor de conseguidor del contrato", leyó Luna, quien agregó que el documento contiene 80 páginas.

Así, Luna subrayó que la trama actuó como "conseguidor" del contrato gracias a la relación entre el ex director de RTVV, Pedro García, y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', presunto representante de la trama en la Comunitat.

El síndic socialista además recordó que el conseller de Economía, Gerardo Camps, dijo en las Corts, en octubre del año pasado, que la Generalitat había gastado en la visita del Papa 1,9 millones de euros y que "quedaría algún otro gasto mínimo más".

Pero, dos meses después, el Consell aprobó dos millones de euros más para la Fundación V Encuentro "sin ninguna explicación y sin que se sepa si los otros patronos de la Fundación han aprobado otro tipo de gasto". Pero "sí sabemos que hay impagos y reclamaciones" contra esta entidad, apostilló.

Por su parte, el actual director de RTVV, José López Jaraba, compareció el pasado 10 de marzo en la Comisión de control de RTVV en las Corts Valencianes, donde rechazó informar del contrato de adjudicación a Teconsa al señalar que dicha información está sujeta al secreto de sumario dictado por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investiga el caso Gürtel, Antonio Pedreira.

Cajas Rurales del Mediterráneo entrega hoy al Banco de España el reglamento de funcionamiento del grupo

VALENCIA.- Una treintena de representantes de las cajas rurales que conforman el Grupo Cooperativo Cajas Rurales del Mediterráneo (CRM) entregarán hoy a las 10.00 horas el reglamento de funcionamiento del grupo al Banco de España para su supervisión e introducción de aquellas mejoras que la entidad supervisora aconseje, según confirmaron hoy fuentes del grupo.

El proceso continuará con la presentación del documento a las Asambleas Generales de las respectivas entidades que se celebrarán a lo largo del primer semestre del próximo año, según informó el grupo en un comunicado.

El Grupo CRM, que está previsto que comience a operar durante el segundo semestre de 2010, supone la creación del primer grupo cooperativo de crédito nacional en número de cajas asociadas.

Las entidades que lo conforman son Ruralcaja, Crèdit Valencia y las cajas rurales de Torrent, Burriana, Altea, Algemesí, Alcora, Callosa d'En Sarrià, Nules, L'Alcudia, Alqueries, Cheste, Alginet, Betxí, Turís, Villar, Vilavella, Almenara, Xilxes y Vilafamés.

Cuenta con unos activos totales de 12.196 millones de euros, 634 oficinas y 2.687 empleados, lo que le posicionará "como líder de la asociación Española de Cajas Rurales".

El proceso para la constitución del CRM comenzó el pasado 31 de julio con la aprobación por parte de los consejos rectores de 17 entidades del protocolo de intenciones para la creación del grupo cooperativo. Posteriormente, se adherieron tres cajas rurales más: Crèdit Valencia, Caja Rural de Cheste y Caja Rural de Turís.

El CRM es un proyecto que se plantea "entre iguales, que se ha diseñado democráticamente con la participación de todas las entidades adheridas, y que permitirá que todas las cajas rurales participantes afronten los retos del sector desde su actual independencia", y que potenciará "no sólo las marcas individuales de todos sus componentes, sino también la esencia local de las cajas integrantes".

El Congreso aprueba la Ley contra el Blanqueo de Capitales con la abstención del PP

MADRID.- La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso aprobó anoche con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que se abstuvo, el proyecto de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, cuyo principal objetivo es evitar que el sistema financiero español y otros operadores económicos puedan ser utilizados para fines delictivos.

Fuentes socialistas confirmaron que la norma continuará su tramitación en el Senado por el procedimiento de urgencia, de manera que la previsión es que entre en vigor antes del 30 de abril, tras aceptar enmiendas de todos los grupos de la oposición.

El proyecto legislativo incorpora a la normativa española el contenido de la Directiva europea de prevención de estos delitos y los criterios para su aplicación. Así, obligará a los diferentes agentes económicos a identificar a sus clientes, detectar y comunicar operaciones sospechosas y abstenerse de realizar las que pudieran servir para blanquear dinero.

La nuevas obligaciones y medidas administrativas afectarán a los sujetos de carácter financiero y no financiero más expuestos a este tipo de delitos como son las entidades financieras y a profesionales como notarios, abogados, auditores, promotores inmobiliarios, joyeros y anticuarios, entre otros.

El blanqueo de capitales presenta dos tipos de riesgos, los sociales, que favorecen indirectamente la criminalidad al permitir al delincuente "legitimar" el producto del delito, y los económicos, que introducen distorsiones en los movimientos financieros, e indirectamente en los reales, ya que los flujos de inversión atienden a motivaciones de opacidad y no estrictamente económicas.

Los principales deberes administrativos de los sujetos obligados serán identificar y conocer a sus clientes habituales o esporádicos, establecer procedimientos y órganos internos de control, examinar operaciones sospechosas y comunicarlas al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Además, deberán abstenerse de realizar operaciones que consideren sospechosas de blanqueo, conservar los documentos durante un mínimo de diez años y formar a su personal para prevenir el blanqueo de capitales.

Entre los sectores de especial riesgo, la nueva Ley regulará por exigencia comunitaria las medidas relativas a las Personas con Responsabilidad Pública no residentes (PEPs en sus siglas en inglés), con lo que se reforzará el examen especial en el caso de cargos públicos españoles.

En el terreno de la prevención, la normativa considerará todos los delitos como subyacentes al blanqueo de capitales, incluido el delito fiscal, incorporará nuevos sujetos obligados como por ejemplo, a todo comerciante que reciba fondos en metálico en cuantía superior a 15.000 euros. Todas estas medidas se harán extensibles a la financiación del terrorismo.

Asimismo, la nueva Ley regulará las medidas de diligencia debida con el cliente, y hará distinción entre las simplificadas como la obligación de identificación del titular real de un producto u operación y las reforzadas para sectores o actividades de riesgo como la banca privada, los servicios de envío de dinero y las operaciones de cambio de moneda extranjera.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias será el órgano responsable de la coordinación de la política de prevención entre los 27. Asimismo, se reforzará la función contra el blanqueo del Banco de España (BE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGS).